Comuneros de San Antonio. Foto: Manuel Jacobo.

Manuel Jacobo (San Antonio Tlayacapan).- Como represalia por el exhorto de los habitantes de la comunidad indígena de San Antonio Tlayacapan, en el que pedían a los pobladores de la ribera que no compren terrenos que mantienen disputa legal, tres personas fueron criminalizadas por despojo. Entre los demandados se encuentra el actual delegado municipal, una mujer y una persona ajena a la comunidad.

El día lunes 17 de abril se acercó a la comunidad indígena la policía investigadora mediante Víctor Toscano. Él les mostró el oficio 447 y la carpeta 1609/2017, en el que señaló que estaban en proceso de investigación y que no podía dejar el expediente ya que no contaban con un abogado para poder hacer la entrega.

El día jueves tuvieron la primera cita con la Policía Investigadora en la que los habitantes de San Antonio preguntaron a la dependencia: “¿Por qué nos están achacando de que los estamos despojando si estamos dentro de nuestros terrenos?”. Por lo que en la dependencia les pidieron hablar con un abogado penalista y éste le sostuvo las pruebas del de que la comunidad indígena es dueña.

Como resultado de esta primera visita, se derivará un careo entre ejidatarios y la comunidad indígena, además los habitantes ya planean llevar el caso frente a instancias estatales en las que se incluyen Derechos Humanos, gobernación y otras dependencias por el atropello que están recibiendo los habitantes.

Otro de los acuerdos que se tomaron es que personal de la policía investigadora se presentará la próxima semana en la comunidad de San Antonio, en la que estará presente su abogado.

Una de las inconsistencias que marcan los pobladores es el hecho de que la policía investigadora recibiera el expediente pese que no se cuentan con los nombres correctos y completos, ya que en los documentos hacen el señalamiento de una persona mediante un apodo, “La Loba”, por lo que los habitantes piden que se integren bien las carpetas ya que la persona de dicho apodo dicen conocerle pero no pertenece a la comunidad.

Cabe mencionar que los habitantes habían realizado actividades de reforestación el día primero de abril y plantaron casi 100 árboles, los cuales fueron destruidos y los habitantes de la comunidad indígena señalan a los ejidatarios por dicha acción ya que “nos estuvieron vigilando mientras los plantábamos”, señaló la comunidad.

Además de que los habitantes piden respeto al proceso que mantiene medidas precautorias y sobre todo el respeto a la comunidad como tal, ya que cuentan con protección en distintos artículos como el 106 de la Ley Agraria, el artículo segundo de la constitución, el 27 constitucional y algunos acuerdos internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Finalmente, la comunidad y el ejido mantienen una disputa de tierras en las que desde el 2001 se tomaron medidas para que nadie pudiera vender o hacer cambio de uso de suelo en el área y que los ejidatarios no han respetado.