Entramado institucional y cambio de uso de suelo
La biodiversidad se verá afectada en caso de realizarse el proyecto.
Una investigación de Manuel Jacobo, con colaboración de Domingo M. Flores y Miguel Cerna
Desde su llegada al municipio de Chapala, Santa Cruz Inmobiliaria S.A de C.V. se dedicó a dividir, comprar y manipular a los ejidatarios para así poder manejar la asamblea interna a su antojo y comenzar los procesos de compraventa desde el año 2009, y paulatinamente fue involucrando a diversas instituciones que se prestarían a los sueños de la inmobiliaria.
Entre las instituciones que se vieron involucradas y que lejos de apoyar a los habitantes apoyaron a los que desarrolladores está el propio Ayuntamiento de Chapala, el Registro Agrario Nacional, la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, la Notaría Pública número 76, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), además de la Procuraduría Agraria.
Los funcionarios locales que se prestaron a realizar los cambios y entrega de documentos son el expresidente municipal de Chapala, Joaquín Huerta Barrios (2012- 2015), el exdirector de Catastro de Chapala (2012-2015), Juan Carlos Pelayo Pelayo, y el exdirector de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, José Barajas Gómez, quien trabajó con la administración (2015- 2018).
Además, dentro de los funcionarios estatales involucrados se encuentran el Procurador Agrario Mario Vladimir Avilés Márquez; el presidente del consejo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), Francisco Ayón López; el titular de la Unidad Departamental del Registro Público, Omar Pérez Contreras; el director del Registro Agrario, Apolinar Alatorre Rodríguez; el notario Pablo Prado Blagg y la secretaria de Medio Ambiente en Jalisco, María Magdalena Ruíz Mejía.
Para dar el primer paso en los planes del IPEJAL, se utilizó la “experiencia” del abogado Juan Carlos Contreras García, quien ofreció a los ejidatarios 80 pesos por metro cuadrado, por lo que algunos ejidatarios recibirían más de un millón de pesos por dos hectáreas, cosa que nunca pasó, y aunque algunos recibieron pequeñas cantidades nunca se formalizó completamente el pago de sus tierras.
Juan Carlos no sólo manipuló y compró con mentiras a los ejidatarios, también puso a funcionar el engranaje institucional para poder darle el sustento legal a las tierras que están bajo el régimen ejidal, según la resolución presidencial otorgada en 1919, y que para el proyecto necesitaban cambiar el uso agrícola y forestal de las tierras por el habitacional.
Una muestra de cómo se logró iniciar dichos procesos de compraventa queda sentado en el título de propiedad otorgado el 13 de enero de 2011 a la señora Martha Rodríguez García, quien no sólo obtuvo un título, sino que dejó precedente el registro público de la propiedad bajo el número 7769 avalado por el delegado del registro agrario nacional, Apolinar Alatorre Rodríguez, para comenzar las ventas legales y que no se pudieran generar inconvenientes.
Once días después de ese movimiento, se realizó la boleta registral de la parcela 24 Z0 P1/2 bajo el folio real 3622895, donde se asienta el primer registro formal siendo titular Martha Rodríguez donde firma el documento el jefe de la unidad departamental de la dirección del registro público de la propiedad y del comercio, Omar Pérez Contreras.
Aunque todos los locales sabían del proyecto y de los movimientos que las instituciones estaban generando, fue hasta el 17 de enero de 2012 cuando se le dio figura legal a la desarrolladora Santa Cruz Inmobiliaria.
Ya con la figura legal de la empresa, se comenzó con la compra de tierras, siendo el 18 de octubre de 2012 cuando se realizó el contrato de compraventa, en el que Martha Rodríguez le vende sus dos hectáreas a Santa Cruz Inmobiliaria de Chapala S.A. de C.V. ante el notario público No. 76, Pablo Prado Blagg, al igual que otros ejidatarios de Santa Cruz de la Soledad.
Ahora que la desarrolladora tenía la figura legal y había obtenido por lo menos 130 hectáreas mediante 19 avecindados, se comenzó la historia de atropellos, pues fragmentó, intimidó, amenazó y realizó intervenciones en las asambleas del ejido, logrando manipular a algunos de sus integrantes para lograr cambios que permitirían el despojo.
Entre los ejidatarios cooptados se encontraba el comisariado ejidal representado por su presidente, José Asunción Lomelí Cortés, su secretario José Abel Vázquez Hernández y su tesorero Mónico Lomelí López, quienes convocaron y firmaron actas que dieron paso a cambios fundamentales.
Así fue como se implantó al ejido un reglamento interno que terminó por afectar a los propios ejidatarios, para así tomar fuerza los empresarios y debilitar a la asamblea comunitaria.
El reglamento señala que si algún ejidatario sale de la comunidad sin pedir permiso a la misma asamblea, es motivo de suspensión o separación. De contar con inasistencia a por lo menos tres asambleas en un año, es motivo para privarlos de sus derechos como ejidatarios.
Actualmente están activos 64 ejidatarios. Se habían suspendido 42 que radican en Estados Unidos y 22 son los que podían tomar decisiones. A esto se suma que la asamblea había perdido 56 que fallecieron y cinco que se repiten en el censo.
Bajo esta intimidación y el dinero que la empresa prometió a los 33 ejidatarios que aprobaron los movimientos al reglamento interno (y que según algunos ejidatarios recibieron 240 mil por la venta de tierras) se dio a conocer la existencia de un fideicomiso por 390 millones de pesos (28.8 millones de dólares) en su momento.
El fideicomiso se realizó el 22 de agosto de 2012 entre el IPEJAL y Santa Cruz Inmobiliaria, donde se resaltaba que el primer predio a desarrollar sería de 53.7 del total de 450 hectáreas, mientras que el presidente del consejo del IPEJAL, Francisco Ayón López, negaba inversiones de este tipo mientras que unidad de transparencia daba cuenta de ello.
Con dinero, las tierras y la manipulación de la asamblea, el 27 de mayo de 2014 la inmobiliaria logró que las 130 hectáreas del cerro del Junco y 19 hectáreas del cerro del Cántaro dejaran de ser tierras de uso común del Ejido, para pasar a ser tierras de asentamiento urbano. Además, también juntaron las 149 hectáreas del Junco y el Cántaro junto a las 105 hectáreas que ya existían para asentamiento humano.
Con la conjunción de estas tierras lograron obtener un total de 254 hectáreas que se destinarían a la pequeña ciudad, dejando únicamente 15 hectáreas para uso común en toda la población. Todo esto mediante asambleas irregulares y con el apoyo e intimidación de la policía del municipio y del Estado de Jalisco.
Con estos cambios a la tierra, el ayuntamiento de Chapala en su administración 2012-2015, donde el presidente fue Joaquín Huerta Barrios y su síndico Moisés Sanabria Gálvez, se logró expedir en agosto de 2015, 130 cuentas catastrales en un solo día.
En ese periodo, el director de catastro era el exregidor del PAN, Juan Carlos Pelayo Pelayo, a quien le habían presentado un amparo que tenían los ejidatarios para que no se permitiera dicho movimiento, siendo ignorados.
Ante la embestida que se logró gracias a asambleas irregulares y el otorgamiento de cuentas catastrales (que si bien no son ilegales por contar el cambio de uso de suelo, se debió revisar la controversia interna existente), en 2015 como para despedir el fin de su administración, se abrió un juicio político en contra del presidente de Chapala Joaquín Huerta.
El juicio político se derivó del apoyo que ofreció el ayuntamiento a la inmobiliaria, y, principalmente, porque habían intentado hacer cambios mediante el cabildo para que el plan parcial permitiera hacer el desarrollo inmobiliario.
Ante el incumplimiento de pagos a los dueños de las tierras, la oposición creció y Martha Rodríguez fungió como autoridad del ejido una vez que José Asunción Lomelí Cortés y su mesa dejaran sus funciones y un sinfín de problemas.
Por tal motivo, el grupo minoritario y que apoyaba a la inmobiliaria promovió en abril de 2016 la destitución de Martha, lo que llevó a una lucha legal que en marzo de 2017 el Séptimo Tribunal en Materia Administrativa dio respaldo a la mesa directiva conformada por Martha Rodríguez García y que estaban a la espera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que se promoviera un amparo directo en el juicio.
Después de amenazas de muerte y la presión que ejerció Santa Cruz Inmobiliaria de Chapala S.A de C.V, Martha Rodríguez volvió a tomar las riendas del ejido con 54 votos a su favor en la asamblea realizada en el mes de septiembre, por lo que actualmente fungirá como la representante legal por tres años, dándole el revés a todas artimañas que habían incrustado los desarrolladores inmobiliarios y el mismo procurador agrario Mario Vladimir Avilés Márquez.
Justo antes de que Martha asumiera su cargo como presidente del ejido, el 30 de agosto de 2018 la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) aprobó el “Plan Parcial de Desarrollo Urbano, San Nicolás de Ibarra y Santa Cruz de la soledad” bajo el oficio SEMADET/DGPOT/0242/2018.
Lo que sirvió para que la Comisión de Desarrollo Urbano del municipio de Chapala ―quienes sesionaran el miércoles 26 de septiembre― y que según el director de Desarrollo Urbano de la administración 2015-2018, José Barajas, “Fue aprobado de manera casi unánime por la comisión del municipio”.
Sin embargo, en la última sesión de cabildo realizada por la administración de Javier Degollado González, fue rechazada gracias a que fue sometido a votación junto a otros puntos, y que de haber ido solo, no hubiese tenido ninguna traba.
Pese a todos los movimientos y el esfuerzo por debilitar a los ejidatarios, no se logró, y ahora la oposición está vigilante desde el máximo interno. Tampoco se tiene certeza sobre la venta de tierras en el cerro de San Francisco, ubicado en la delegación de San Nicolás, y que según una visita que realizó Laguna a los representantes ejidales de ésta delegación, no hay venta aún.
Aunque IPEJAL cuenta con siete fideicomisos que se tienen desde el 2009 al 2012 para la realización de distintos proyectos, no se sabe nada sobre el fideicomiso que se firmó con Inmobiliaria Santa Cruz S.A. de C.V.
Impacto y perturbación social que generaría la pequeña ciudad
“Yo creo que, si esto se lleva a cabo, estamos hablando de la segunda intervención más violenta desde el punto de vista cultural, geográfico y ambiental que ha experimentado la Ribera de Chapala”, explicó a Laguna vía telefónica el antropólogo Francisco Talavera Durón, quien ha estudiado los desarrollos inmobiliarios de Chapala.
Recordó que desde finales de 1960 y principios de 1970, la Ribera de Chapala experimentó una de las expropiaciones más fuertes. “Ahí fue donde ya empezaron a trabajarse este tipo de turismo residencial ¿no? De presencia de extranjeros, de presencia de hoteleros. Si se logra hacer esto [refiriéndose al desarrollo en Santa Cruz y San Nicolás], sería como la segunda intervención más violenta”.
Advirtió que actualmente las comunidades de la ribera están pasando por procesos de “desgarramiento comunal”, y que hay poblados que perdieron batallas en los 70 y otras se han fortalecido como es el caso de Mezcala y San Pedro Itzicán, que todavía están enfrentando de manera directa “al gran monstruo del despojo”, pero advierte que están desgastadas.
A decir de Francisco Talavera, es la presión de la Zona Metropolitana de Guadalajara que está creciendo desmesuradamente “Y está creciendo en un espacio muy reducido y la opción ‘¿natural?’ ―entre comillas y con signos de interrogación― para el desfogue de todas las calamidades de la ZMG es la Ribera de Chapala por la proximidad”.
En ese crecimiento a la ribera, la ZMG busca resolver sus conflictos sociales y ecológicos, pero señala que en los 70 estaba como prioridad el crecimiento urbano con turismo y que el actual es crecimiento urbano de interés social, lo que lo convierte en un círculo vicioso.
“Un círculo perverso que involucra a un trabajador que quiere hacerse de un patrimonio, que lo esclavizan durante 30 años y que también involucra a una mafia de constructores que hacen una serie de contubernios para construir vivienda de mala calidad” (sic), advirtió.
El antropólogo explicó el proceso histórico y la ambigüedad jurídica en cuanto a los regímenes de propiedad, pues en la zona hay ejidos y comunidades indígenas, y que algunas cuentan con sus títulos virreinales pero que no han sido reconocidas por el Estado como tal, lo que los hace “que tengan un nivel de estatus, o un nivel de ciudadanía mucho menor, y eso hace que tengan mucho menos herramientas para a defensa jurídica”.
Otro elemento muy fuerte es la situación atroz en la que se encuentran los pueblos de la ribera respecto a la salud y problemas ambientales, donde nadie hace nada por revertirlo.
En Santa Cruz, por ejemplo, hay presencia de enfermos renales que nos han sido volteados a ver. También está la contaminación por lixiviados que se generan gracias al antiguo basurero postrado sobre la parte alta y que culmina en la presa Los Sabinos en San Nicolás.
Según Talavera Durón, la combinación entre a falta de herramientas jurídicas, los problemas de salud que nadie quiere resolver y la desorganización comunitaria, hace que esto culmine en la venta masiva de tierras, y una vez que cambian de dueño, ya se empiezan a tomar acciones concretas: sanean aguas y hacen desarrollos armónicos.
“Es sumamente preocupante porque quizás se esté experimentando el mismo fenómeno que se experimentó en la Costa Alegre de Jalisco. Igual había ambigüedad jurídica, había desorganización comunitaria y había una necesidad urgente por tener dinero. Cuando tienes estos tres elementos, la tierra se vende a bajo precio y se vende sin tomar en cuenta las vocaciones de uso de suelo. Esto es muy preocupante” (sic), espetó el antropólogo.
El entrevistado culminó diciendo que parte de la solución es abrir un amplio proceso de consulta donde los habitantes cercanos decidan, y a la par hacer un equipo o un consejo consultivo integrado por expertos críticos e independientes que hagan una evaluación sobre los impactos ambientales y sociales que eso va tener.
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