El ayuntamiento intentará negociar con la empresa para ver si es posible pagar no completamente en metálico, sino también en especie
Manuel Jacobo (Chapala, Jal).- Por incumplimiento de contrato, el Ayuntamiento de Chapala podría pagar 90 millones de pesos a LED Lumina S.A. C. V., empresa a la que se le concesionó el servicio de alumbrado público del municipio durante la administración de Jesús Cabrera, actual diputado local y expresidente de Chapala.
En la sesión de cabildo de Chapala se dio a conocer que el juicio promovido por LED Lumina contra el Ayuntamiento finalmente fue ganado por dicha empresa, por lo que el ayuntamiento, notificado el 25 de enero, tiene un plazo para responder a la tercera Sala Unitaria. De no hacerlo, los ediles podrían ser detenidos hasta por 36 horas.
Durante la sesión de Cabildo celebrada el 28 de enero, Moisés Anaya aceptó que en la administración que él fungió como síndico, es decir, la de Jesús Cabrera, se hizo el contrato con LED Lumina, pero aseguró que el gobierno de Joaquín Huerta (2012-2015) fue la que decidió incumplirlo.
Como soluciones al problema, el Ayuntamiento buscará desde un recurso estatal extraordinario para afrontar los pagos hasta instalar una comisión de diálogo entre el gobierno de Chapala y LED Lumina para negociar o pagarle con lotes del patrimonio municipal.
En otras palabras, la primera acción será buscar las gestiones necesarias tanto con el Gobierno Estado, así como en el Gobierno Federal, y lograr conseguir recursos extraordinarios que pueda ayudar al municipio de Chapala a pagar. El edil Moisés Alejandro Anaya Aguilar señaló que el secretario particular del gobernador ya tiene conocimiento del caso.
“No me dio una respuesta específica, pero ya tiene conocimiento. Entonces vamos a seguir gestionando a través de los recursos estatales para ver si existe una partida extraordinaria que nos haga posible hacer este rescate, porque tiene que ser un rescate municipal con la cantidad que es”, espetó con admiración Moisés Anaya.
La segunda acción será realizar una Comisión Especial, la cual tendrá como objetivo el buscar alternativas de pago. Eso significa que deberán negociar con la empresa para no pagar los 90 millones o en su caso hacerlo en diversos pagos o realizar el pago con bienes municipales. Sin embargo, no será fácil debido a que en la última actualización que realizó la empresa, condenó al ayuntamiento a un pago de 90 millones, mientras que en 2015 la deuda apenas alcanzaba los 29 millones.
Esto se traduce a que Chapala deberá pagar intereses monetarios a razón del tres por ciento mensual sobre saldos insolutos establecido en la establecidos en la cláusula 5.5 del contrato de concesión, así como la pena convencional establecida en la cláusula 7 desde el mes de julio del 2012, fecha en que se realizó el contrato. Por otra parte, Moisés Anaya sugirió que en esta comisión especial se deberá señalar a la empresa su incumplimiento y las inconsistencias que existen tanto en el contrato como en el servicio ofrecido, lo que pudiera valer para hacer un acuerdo.
La tercera acción que buscará el ayuntamiento de Chapala es hacer un avalúo de todos los predios municipales con los que se pudieran hacer pagos a la empresa, y, al mismo tiempo, bucarán que los nuevos proyectos inmobiliarios hagan las donaciones de las áreas sesión y así contar con ellos para un posible pago.
“No hemos sacado un avalúo de los [terrenos] que tenemos; sin embargo, tenemos fe para que los próximos desarrollos que se avecinan puedan ya realizar las áreas de donación que corresponden, y en su momento, vuelvo a repetir, coveniar para que se vea la voluntad de pagar” (sic), explicó Anaya Aguilar.
La acción que no fue viable, aunque algunos regidores sí lo manifestaron como opción, fue el hecho de no pagar y que los integrantes del cabildo puedan tener un arresto en la prisión municipal por 36 horas. Moisés Alejandro Anaya explicó que no es una opción viable debido a que eso los condenaría a pagar un requerimiento de amparo por 10 mil pesos mensuales por cada regidor, y “entonces nos va a salir cada uno por 100 mil pesos”. Además, de hacer este proceso será “un cuento de nunca acabar y cada mes vamos a estar [estaríamos] pagando 100 mil y no vamos a llegar a ningún acuerdo, entonces es un dinero desfalcado de las arcas municipales y no nos vamos a prestar a eso” (sic), además de que estaría en riesgo el patrimonio particular de los funcionarios.
Pese a ser condenados al pago y a la mala experiencia de la pasada administración donde a Chapala le congelaron una treintena de cuentas bancarias debido a que se negaban a pagar los honorarios del abogado Abelardo Martínez Ayón, contratado por el exalcalde Joaquín Huerta (2012-2015) para defender el caso de los parquímetros instalados en la cabecera municipal y que ya no están en servicio, el edil municipal señaló que las cuentas del Ayuntamiento no están protegidas, pero confían en que legalmente no se puede hacer este tipo de acciones y confían en la legalidad de los procesos.
“No creo que se presten a tal barbarie, porque no se puede legalmente. Las cuentas y las participaciones no se pueden embargar ni congelar; sin embargo, tenemos un antecedente que nos preocupa. Esperemos no pase, pero confiamos en la legalidad”, dijo el alcalde de Chapala.
Tras ser cuestionado por su participación en el contrato celebrado en 2012 durante la administración del actual diputado local Jesús Cabrera Jiménez Moisés Anaya refirió: “Nosotros actuamos de buena fe. En su momento el alumbrado público estaba pésimo. Llegó esta empresa donde el municipio no efectuó ningún pago: Cambiaron todas las lámparas del municipio incluidas las de la avenida [Francisco I. Madero] y se vio reflejado el cambio. Sin embargo, la administración que nos siguió no efectuó ningún pago”. De esta manera, Moy Anaya culpó a Joaquín Huerta.
Por su parte, el regidor Javier Degollado González apuntó que la empresa ha tenido varias inconsistencias y que nunca pudo comprobar con los recibos de luz eléctrica que se redujo el gasto en la Comisión Federal de Electricidad. Asimismo, se insistió en la incorrecta figura jurídica de la empresa misma con la que se firmó el contrato. Además, se deben sumar todas las acciones legales incorrectas realizadas por los abogados defensores del Ayuntamiento de Chapala, pues en 2015 el exdirector jurídico Hermenegildo Ortega Real firmó la sentencia condenatoria emitida pese que ya no era funcionario y no avisó al propio ayuntamiento.
Led Lumina, S.A. de C.V en su denuncia exige el pago de dos años por la concesión del alumbrado público al municipio de Chapala, ya que según la concesión dada a la empresa por 20 años, el ayuntamiento debe pagar a la misma los ahorros generados por el consumo de energía eléctrica y costo de operación. Es decir, alrededor de 800 mil pesos mensuales.
Como si el juicio con Led Lumina no bastara, el juicio contra la empresa parquímetros MK IDEAS TECH S.A. de C.V. y COMERS, S.A. de C.V., está en camino por lo que podría ser requerido al ayuntamiento un pago de 44 millones.
Lo único bueno en este juicio es que la cantidad no puede ir sumando. “Esa cantidad no sube porque se congela, se congeló en un juicio que la administración.
El dato:
La empresa Led Lumina que ingresó cuando estaba como mandatario Emilio González Márquez, fue señalada de tener vínculos familiares con el mandatario estatal.
En ese año se realizó la concesión por 20 años a Chapala y a Autlán. De igual manera, Puerto Vallarta obtuvo una concesión por la que tendría que pagar 42 millones por el contrato anual. A su vez, Ensenada, Baja California, sostuvo una concesión por 15 años en la que pagaría 4.3 millones mensuales.
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