Arte público en Chapala
La escultura monumental denominada “Cristo el pescador”, ubicada dentro del lago, frente al malecón de Chapala, es motivo de desencuentros entre la autoridad federal y el gobierno municipal, pues la Comisión Nacional del Agua multó al ayuntamiento con un millón de pesos por no haber solicitado permiso alguno para su edificación e incluso se prevé que pudiera ser ordenada su demolición.
Lejos de ser un problema, esta situación merece ser una buena oportunidad para abrir un sano debate sobre el arte público en el municipio, las políticas y criterios que el ayuntamiento debería tener al respecto, los espacios adecuados para tal fin, el tipo de productos artísticos que merecemos tener y qué artistas podrían ser convocados.
Cuando Enrique Alfaro era presidente municipal de Guadalajara, dio a conocer un programa de arte público, que dio como resultado una cantidad nada despreciable de esculturas que se instalaron en diversos espacios de ese municipio. El propio Alfaro sufrió las consecuencias por haber impuesto una iniciativa que parecía más un capricho que un proyecto estructurado, pues nunca se pudo explicar a ciencia cierta por qué se seleccionó a esos artistas (casi ninguno escultor) y cómo fue que se ubicaron los espacios. Al final, el programa generó muchas críticas y hasta conflictos innecesarios.
Instalar arte público en la ciudad no es un juego de niños ni puede basarse en ocurrencias, pues se trata de infraestructura urbana costosa y que al final quedará para la posteridad sujeta a la crítica, como una evidencia de buenas o malas decisiones por parte de la autoridad.
¿Para qué sirve el arte público? Principalmente, para dignificar nuestro espacio común; para decorar nuestras calles, es decir, hacer de nuestras áreas públicas lugares más decorosos, más humanos, más habitables. También sirve para acercar a la población común al arte, pues el grueso de la sociedad suele ser ajeno y distante de los espacios culturales, museos y galerías, de tal forma que, si Mahoma no va a la montaña, entonces es la montaña la que tiene que ir hacia Mahoma. Y en última instancia, también existe el concepto de la estatuaria civil, o sea, la instalación de bustos y esculturas de personajes ilustres cuya memoria merece ser recordada por la sociedad.
A mi juicio, “Cristo el pescador” es un ejemplo de lo que no debe hacerse en materia de arte público, por varias razones. De entrada, que el gobierno promueva la instalación de arte religioso, vulnera el estado laico. Además, lejos de dignificar el espacio en el que se instaló, en este caso el lecho lacustre frente al malecón, lo degrada, pues la pieza carece de estética y obstruye uno de los paisajes más hermosos de Chapala. Por si esto fuera poco, no se consideró a ninguno de los artistas locales o avecindados en la Ribera (hay que tomar en cuenta que en ese tiempo todavía vivía Miguel Miramontes, el más prestigiado escultor de arte público en Jalisco). Para terminar, la escultura en cuestión parece más un capricho, una imposición, una negociación en lo oscurito con el párroco del pueblo.
Una verdadera política de arte público, la cual es muy necesaria, debe involucrar a diversos actores del municipio. De entrada, a la autoridad municipal, que es la responsable de salvaguardar nuestro espacio común y es, además, la que custodia los recursos públicos que se destinan para tal efecto. También se debe involucrar a los urbanistas, pues ellos deben tomar la decisión de cuáles son los espacios que habrán de destinarse para la colocación de piezas de arte, basados en criterios técnicos, para garantizar, entre otras cosas, la inclusión social (si el arte solo se instala en espacios turísticos, pues entonces el resto del pueblo seguirá degradado). Y para finalizar, se debe tener un equipo de curadores, pues en ellos recaerá la responsabilidad de decidir qué tipo de arte se instala y qué artista es convocado, para garantizar equidad y que la obra de arte sea aceptada por la sociedad. Políticas, no caprichos o imposiciones.
Esos diez millones de pesos que aparentemente costaría esa escultura que aún no está terminada, más el millón de pesos de multa que se suma al costo, en una obra deslucida y estorbosa que además podría terminar siendo demolida; es dinero que se tira a la basura. Un comité de técnicos profesionales, urbanistas y curadores convertidos en asesores del ayuntamiento, habrían logrado mucho más con ese recurso: dignificar varios espacios del municipio, principalmente aquellos hoy descuidados, en beneficio de la población local. Además, habrían logrado poner en alto los nombres de valiosos escultores originarios de esta región, como es el caso de Daniel Palma, Antonio López Vega y Rigoberto Navarro, a quienes hoy el ayuntamiento los tiene en el olvido.
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