Manifestación de padres de familia afuera del preescolar de San Nicolás cuyos hijos fueron abusados en el 2017: Foto: Archivo.

Arturo Ortega.- De acuerdo con la recomendación 40VG/2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las denuncias de violación y abuso sexual podrían alcanzar, además de las 17 víctimas, a otros 43 menores del jardín de niños “Fray Ruiz Cabañas y Crespo”, de la delegación de San Nicolás de Ibarra, en el municipio de Chapala. 

La maestra implicada de estos abusos se encuentra en prisión y la directora del preescolar -sobre la que pesa una orden de aprehensión- ha interpuesto varios amparos que se le han negado, por lo que hoy se encuentra prófuga de la justicia, según señaló Gustavo Pimienta Ruiz, asesor jurídico de “Por Nuestros Niños A.C”.

Sin embargo, aunque el Gobierno del Estado de Jalisco aceptó -el 23 de febrero- la recomendación de la CNDH, donde se instruye a la Secretaría de Educación Jalisco para que se lleve a cabo la reparación integral de acuerdo al marco normativo -estipulado por la Ley General y la Ley Estatal de Víctimas-, el Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dijo desconocer del abuso en contra de los niños de San Nicolás, así como la recomendación emitida por la CNDH respecto al caso. 

“No me pregunten cosas que no tengo preparado. Cuando quieran hablar de un asunto nomás avísame y yo con mucho gusto me preparo porque si me preguntas y no sé, mejor. Es que no lo tengo claro déjame preparar”, contestó el mandatario a los medios de comunicación, según la información publicada por Tele Diario, en su edición tapatía.

Las declaraciones del gobernador se dan pese a que el caso -dado a conocer en un principio por Laguna- fue difundido a nivel nacional y a que la recomendación está dirigida tanto al Gobernador del Estado, como al Fiscal General de Justicia de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, y al Director del Instituto de Ciencias Forenses, Gustavo Estrada. 

Y es que el abogado de las madres de los niños, Gustavo Pimienta Ruiz, desde abril de 2017, advirtió que los 17 casos conocidos públicamente eran solo el principio de dónde tenía que partir la investigación; de esta cifra solo cuatro acreditaron abuso sexual pero, a su ver, la determinación quedó corta “debido a los malos peritajes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF)”.

“¡Los niños dijeron la verdad, los padres tenían razón! Se ha demostrado que, por desgracia, no estaban equivocados. La historia ocurrida en el centro escolar: Juan Ruiz Cabañas y Crespo, del poblado de San Nicolás de Ibarra, del municipio de Chapala, Jalisco, y que salió a la luz, en marzo del año 2017, donde al menos 60 niños, de cuatro y cinco años, fueron víctimas de abuso sexual en manos del personal de ese espacio educativo, demuestra ampliamente el adulto centrismo de nuestro sistema”, publicó en un comunicado, Por Nuestros Niños, A.C, quien desde hace más de tres años han dado seguimeinto al caso. 

En el comunicado de prensa, se indica que “los funcionarios no se ajustaron a los principios que marca la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, particularmente, en su Artículo 2, inciso II, que dicta: “Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez”. 

En su momento, Semanario Laguna dio a conocer el tema -en el mes de mayo, del 2017-, cuando el testimonio de una madre, quien se mostró angustiada y preocupada por la situación, reveló detalles de lo que le hacían a su hijo “(…) le bajaba sus pantalones, le tocaba sus partes íntimas y le decía que si contaba [algo] nos iba a matar a su papá y a mí.(…) Mi hijo por las noches se levantaba llorando. Empezó a orinarse en la cama”, señaló la madre, quien al notar estos cambios decidió llevarlo con un especialista a quien le contó lo que la maestra de inglés le hacía. Días después se realizaron otras entrevistas con las mamás que llegaron a manifestarse afuera del plantel. 

Es por ello que la CNDH, solicita a las autoridades jaliscienses la reparación integral del daño, mediante el pago de una indemnización justa -tanto a los niños, como a los progenitores-; que sean, además, inscritos en el Registro Nacional de Víctimas y se les brinde atención psicológica y rehabilitación periódica.

Para saber: La recomendación de la CNDH fue entregada a las autoridades estatales, luego de la conferencia de prensa ofrecida por Nuestros Niños A. C. en Guadalajara -el 23 de febrero-, según lo compartido en redes sociales por la presidente de la asociación, María Antonieta Flores. No obstante, aunque ya se recibió una respuesta oficial por parte del estado, ésta no se ha dado a conocer a medios de comunicación.