El Ayuntamiento no les ha aclarado porque demolieron sus espacios de venta durante la remodelación del espacio público
El señor Luis y la señora María Guadalupe, frente a lo que eran sus locales que sin su autorización fueron convertidos en un montacargas (elevador) y un baño para discapacitados.
Héctor Ruíz Mejía/ Domingo M. Flores.- Con la remodelación del emblemático Mercado Morelos, algunos comerciantes estrenarán puesto, mientras otros, se quedaron sin mercancía y sin un espacio donde vender.
Y es que, tras meses de una odisea burocrática y de procesos legales irregulares, dos locatarios del emblemático Mercado Morelos, durante los trabajos de remodelación a los que ha sido sometido el edificio público, fueron desalojados de sus espacios de trabajo, que ahora ocupan un montacarga y un baño para personas discapacitadas.
Las autoridades “nos trataron como criminales”, expresó María Guadalupe, quien es arrendataria por más de 35 años, del ahora demolido local D1, y quien junto con el señor Jesús, su vecino en el mercado, y dueño del D-2, fueron despojados de sus espacios de trabajo y de su mercancía que guardaban en los mismos.
Antes de la remodelación, las autoridades, “dijeron que los puestos se iban a respetar, mandaron un oficio donde decía que los locales no se iban a modificar”, platicó Guadalupe, quién preocupada, relató a Laguna, como le fue dada sin más ni más, la notificación de que en un lapso no mayor a tres días, tendría que desocupar el local, pese a que, insiste, la premisa inicial de la autoridad municipal era que ningún locatario sería desalojado.
María Guadalupe, expuso que el dos de febrero, solicitaron una audiencia con el presidente municipal -la cual fue atendida solo por el Secretario General; Carlos Zúñiga Chacón y Angela Hernández- ya que no se había dado el correcto aviso del desalojo, pero los afectados y autoridades no llegaron a ningún acuerdo.
«A final de cuentas todos los arreglos fueron muy diferentes al proyecto original», manifestaron los afectados, quienes ya levantaron denuncia contra el gobierno municipal por despojarlos de sus puestos de trabajo y su mercancía, sin ningún motivo aparente.
Los entrevistados explicaron que después de la audiencia, la comunicación con los funcionarios del gobierno de Jocotepec fue solo a través de WhatsApp, para después ya no saber nada de ellos, pues no contestaban los mensajes. Volvieron a saber de los mismos cuando una mañana vecinos del mercado les avisaron que autoridades municipales se llevaron su mercancía y derribaron sus espacios comerciales, ubicados en la planta baja del edificio municipal.
De acuerdo a la relatoría de los hechos por parte de los comerciantes afectados, el cinco de febrero, a las 4:10 de la tarde, el funcionario Carlos Zúñiga Chacón, llegó al Mercado con policías para llegar a un posible acuerdo respecto a la reubicación de otro local, para la señora María Guadalupe y el local del señor Luis, pero tampoco se llegó a un acuerdo, ya que la información del lugar donde se supone estarían sus nuevos locales era ambigua
«Nunca nos dijo ( con exactitud) dónde iban a estar los locales”, informó Maria Guadalupe, expresando que solo le ofrecían la mitad de un supuesto «local CH», que ni siquiera aseguraba si existía. Ante la negativa, de no entregarles un nuevo espacio comercial, los afectados promovieron amparos ante el juzgado distrital.
María Guadalupe relató, que los abusos llegarona a tal grado, que recibió un documento con los sellos municipales donde se le pide, desista de sus derechos del local D-1 y donde autoriza la colocación del montacargas y en cambio se le ofrecía la mitad del mencionado “local CH” -no especificado-, acuerdo que, fue rechazado al carecer de respaldo; a Jesús nunca le llegó tal ofrecimiento.
«Los busqué para llegar a un acuerdo, no para renunciar a mis derechos”, comentó Guadalupe, quien al abstenerse de firmar, sufriría las consecuencias el 17 de febrero, al recibir la noticia de que su local, junto con el D-2 fue demolido en el transcurso de la madrugada y toda la mercancía llevada a la comisaría de policía.
Al día siguiente, después de presentar un acta circunstanciada ante la presidencia -que jamás fue atendida- sobre la ilegalidad de lo ocurrido, se levantó una queja también ante la Comisión de Derechos Humanos, acción que comentan, no sirvió de mucho, puesto que, no se ha logrado ni siquiera recuperar la mercancía, la cual aseguran se encuentra en malas condiciones y que le ha sido negada, pues quiere primero inspeccionar los daños antes de recibirla.
Para finalizar, los entrevistados señalaron que tras lo ocurrido, el funcionario de apellido Camarena, los ha condicionado, que por exhibir y hacer público el caso, repercutirá en el proceso para recuperar su mercancía, así como la reubicación de un nuevo local. Por su parte, los locatarios esperan una resolución justa y que se sigan los procedimientos tal y como marca la ley.
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