Habitantes de Ajijic tiraron rejas en terreno federal, que ahora, no solo han vuelto, si no que, en dos casos, sembraron en esos espacios para justificar su invasión
Agaves sembrados en terreno federal invadido para confundir a los defensores del terreno federal.
Sofía Medeles (Ajijic, Jal.)- Para taparle el ojo al macho, dos residentes acusados de invadir el terreno federal –a los cuales, con anterioridad, el grupo civil Pueblos Unidos de la Ribera ya le habían retirado malla ciclónica frente a su residencia-, decidieron cercar nuevamente el espacio, y esta vez, sembraron maíz y agave para justificar su supuesta concesión.
Las dos residencias que están tratando de seguir delimitando el terreno, se encuentran en la playa que está entre las calles Puerta Nueva y Tío Domingo en la delegación de Ajijic, y son prácticamente vecinos el uno del otro. La primera residencia, fue la que quitó el muro que estaba en construcción, y aunque cercó un espacio menor al de la vez pasada, sigue siendo una malla fija, y donde, además, sembraron maíz.
En cuanto a la segunda residencia -la cual activistas y pobladores calificaron como un robo descarado-, además de cercar un gran espacio, sembraron plantas de agave, las cuales, la opinión popular considera que sale de cualquier término de concesión agrícola.
José de Jesús Amaya, licenciado en Biología, con posgrados en Economía y Auditoría Ambiental, con 32 años de experiencia en consultoría empresarial sustentable, profesor con al menos 20 años, y ex funcionario público de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), aseguró que, haciendo un análisis rápido de la situación, es evidente que los propietarios de las casas, están haciendo mal uso de una concesión -en caso de contar con ella-, y si no, están incumpliendo con la ley de aguas nacionales, y la constitución, donde se implica no bloquear el libre tránsito por territorio nacional.
“Son parte de los bienes nacionales, es decir, les pertenecen a todos los mexicanos […] en caso del lago se considera zona federal o bien nacional una franja de diez metros a partir de la cota establecida (que es de 98.7)”, aseveró Amaya.
Además, comentó que la concesión mal utilizada, no equivale a propiedad privada sino a invasión, la cual se cataloga, cuando hay una barrera que impide el paso tanto a ciudadanos mexicanos, residentes, e incluso a la fauna silvestre si forma parte de su hábitat; en lo que respecta a las obras de mampostería, pasarían a formar parte de los bienes de la nación.
Comentó que, “pretender poner plantitas” para limitar el libre tránsito funge como pantalla, que sería catalogado como otro delito; la omisión de la verdad, y la emisión de información falsa a las autoridades.
“Es evidente que las personas quieren aparentar tener una concesión, pero es sólo una pantalla, ya que ésta se otorga para un fin específico, si es agrícola, entonces desde siempre se debió utilizar de esta manera, además la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) siempre es clara con los términos bajo los cuales se utilizarán, como se desarrollarán las actividades, de lo contrario, fácilmente se retirará el acuerdo”, agregó.
El entrevistado añadió que las invasiones han sucedido por décadas, porque la autoridad no ha hecho caso, o en el peor de los casos, hay impunidad. “Lo que deberían hacer (las autoridades), es atender caso a las denuncias ciudadanas, o por su propia cuenta, llevar a cabo la investigación correspondiente para ver quienes tienen o no concesiones, quienes cumplen con las condiciones de ésta y del impacto ambiental, y aplicar las sanciones correspondientes. Simpatizo con el movimiento, probablemente las acciones pueden ser mal vistas, pero también pienso que la sociedad está cansada de abusos”.
Por su parte, Unión de Pueblos de la Ribera, informaron a Laguna que sus acciones seguirán por la vía legal a favor de la preservación del terreno federal.
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