Los familiares deben comprobar mínimo 10 años sin verse con su pariente para ingresar al programa
Carlos Miguel Real Navarro, director de Derechos Humanos en el municipio de Chapala. Foto: J. Stengel
Jazmín Stengel.- Se abre el programa “Familias sin Fronteras” en el municipio de Chapala, que permite a los adultos mayores reencontrarse con sus hijos ausentes con estadía ilegal en Estados Unidos de América (EUA) y Canadá.
Alrededor de 40 personas asistieron al primer día de asesoría del programa, que tiene como objetivo facilitar el trámite de visa para mayores de 60 años de edad, que tienen por lo menos una década sin ver a familiares que residen de manera ilegal en el norte del continente. El sistema abrirá a partir del 15 de marzo.
La dependencia de Derechos Humanos en el municipio, recaba los datos de los interesados para ingresarlos a una plataforma digital. Son los consulados de EUA y Canadá quienes bajo sus propios criterios deciden quién califica para entrar al país y visitar a sus familiares.
Los requisitos para formar parte de este programa es contar con el pasaporte mexicano vigente, presentar la Clave Única de Registro de Población (CURP), acta de nacimiento tanto del interesado en viajar, como de la persona que se encuentra en el extranjero para visitar y dos referencias en cada país.
Los gastos tanto de los documentos como el boleto de avión corren por parte de los interesados, el gobierno solamente apoya en el proceso del trámite. Además, el familiar que recibe al visitante deberá firmar una carta responsiva que asegure la salud del viajante en el extranjero, agregó el director de Derechos Humanos en Chapala, Carlos Miguel Real Navarro.
En caso de que el familiar en el extranjero haya comenzado el trámite para solicitar su residencia, en uno u otro país, no se recomienda registrarse en el programa de Familias sin Fronteras, ya que un proceso puede perjudicar al otro, puntualizó el funcionario.
Este acuerdo entre gobiernos promete no afectar a los ciudadanos que residen de manera ilegal en los países vecinos. Es decir, a pesar de ser identificados por medio del trámite que el programa realiza, estos no serán extraditados.
Real Navarro también destacó el hecho de que sólo funcionarios públicos de Derechos Humanos autorizados en los diferentes niveles de gobierno, municipal, estatal o federal pueden realizar dicho trámite.
En caso de que una persona ofrezca el servicio de manera particular, lucre con ello o implemente gastos extras será considerado delito y “debe ser reportado a las autoridades”, externó el director municipal de Derechos Humanos.
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