Alrededor de 60 manifestantes exigieron la libertad de Omar O´Rourke en la Avenida Principal de Chapala. Foto. D. Arturo Ortega.

Arturo Ortega.-  Alrededor de 60 personas, entre familiares, amigos y allegados del empresario Omar O’Rourke Martínez, se manifestaron el 2 de mayo en el cruce de las avenidas Hidalgo y Francisco I. Madero en Chapala, para exigir justicia y su pronta liberación. Portando pancartas y coreando consignas como “¡Justicia para Omar!”, los manifestantes exigieron una revisión a fondo del caso que ha mantenido al desarrollador inmobiliario en prisión preventiva desde 2022, sin que hasta la fecha se haya dictado sentencia.

O’Rourke Martínez fue aprehendido junto con Carlo Alberto D. tras ser acusado por Christine Louise Wiener, hija de un antiguo socio comercial, de presunto fraude, asociación delictuosa y amenazas. A pesar de que Wiener había validado en 2018 las labores administrativas que realizaba Omar, en 2021 interpuso una denuncia que derivó en la orden de aprehensión emitida por el juez segundo de Chapala, Arturo González Santana.

Los familiares de Omar denuncian que el proceso ha estado marcado por múltiples abusos de autoridad e irregularidades legales, entre ellos embargos a familiares sin vínculo directo con el caso, afectaciones a la empresa familiar, y la negativa persistente a revisar la legalidad de la prisión preventiva, la cual excede ampliamente los plazos establecidos por ley.

La protesta también puso de relieve las graves fallas estructurales en el sistema judicial local. De acuerdo con el presidente del Consejo de Abogados de Jalisco, el juzgado que lleva el caso de Omar ha acumulado más de 2,000 quejas por corrupción, incluyendo prácticas como cobros por turnos, venta de rifas para comprarle un automóvil al juez, entre otros señalamientos.

La familia O’Rourke es reconocida en Chapala por su aportación al desarrollo económico y social del municipio, a través de proyectos inmobiliarios y turísticos como el Radisson Blu Resort & Spa Ajijic, así como por donaciones de terrenos para escuelas y centros culturales. Sin embargo, tras la detención de Omar, sus actividades están paralizadas, afectando directamente a la economía local y dejando sin empleo a decenas de personas.

“El mensaje es claro y preocupante: si esto le puede pasar a alguien con trayectoria, arraigo y respaldo público, ¿qué pueden esperar quienes no tienen recursos ni apoyo?”, expresó uno de los manifestantes.

El caso de Omar O’Rourke Martínez se suma a los miles en México donde la prisión preventiva se convierte en una forma de castigo sin juicio, evidenciando la urgente necesidad de una reforma profunda en los poderes judiciales estatales. Según los inconformes, no basta con rotar nombres o cargos, sino que se requieren mecanismos reales de evaluación ciudadana y contrapesos efectivos para garantizar una justicia verdaderamente imparcial y al servicio de la sociedad.