En los juzgados del Poder Judicial del Estado de Jalisco, con sede en Chapala, una red de corrupción institucional sigue operando con total impunidad, poniendo en riesgo a víctimas, defensores de derechos humanos y a cualquier ciudadano que exija justicia real.

Hoy, quienes alzan la voz con fuerza y claridad son las integrantes de la Red de Acompañamiento a Supervivientes de Violencia, un colectivo de mujeres valientes que ha apoyado durante años a víctimas de agresión, acoso y violencia de género. Este grupo, formado íntegramente por mujeres, ha denunciado que ellas mismas están siendo acosadas, violentadas legalmente y perseguidas por un abogado que se presume protegido por estructuras internas del mismo Poder Judicial.

Mientras sus denuncias de fondo son entorpecidas o bloqueadas, las demandas en su contra avanzan con velocidad inusual. Esta manipulación institucional ha sido posible —según señalan— gracias a vínculos de corrupción interna que permiten a ciertos actores usar a su favor juzgados, procedimientos y tiempos judiciales.

Esto no es nuevo. En octubre del año pasado, el Colegio de Abogados del Estado de Jalisco hizo público que tan solo el Juzgado Segundo Civil de Chapala acumulaba ya más de dos mil quejas formales por actos indebidos, como cobros irregulares para “acelerar” casos. Y sin embargo, ninguna autoridad ha emprendido una investigación profunda o sancionado directamente a los jueces responsables. El Consejo de la Judicatura del Estado apenas ha movido fichas menores. Traslados de personal. Reubicaciones. Ningún cambio real. Ninguna purga ética.

A este clima de impunidad se suma el caso del empresario Omar O’Rourke, detenido desde hace casi tres años en un proceso penal lleno de irregularidades, obstáculos y estancamiento. Su situación es grave, pero sobre todo ilustrativa: el sistema judicial tiene la capacidad de congelar, manipular o enterrar casos cuando así conviene al poder. Lo que le ocurre a Omar es una consecuencia del mismo patrón que hoy amenaza a las integrantes del colectivo: un sistema que puede castigar a quien denuncia, favorecer a quien paga y someter a quien se defiende.

La justicia en Chapala —como en muchas regiones del país— al parecer ya no opera como un principio constitucional, sino como un bien sujeto al mejor postor. Se paga por atención. Se paga por omisión. Se paga por retraso. Se paga por castigo. Quienes deberían ser guardianes de la legalidad, actúan como mercaderes del poder.

¿Qué tipo de sociedad estamos dispuestos a ser?
¿Cuántas mujeres más deben ser perseguidas por exigir justicia?
¿Cuántos ciudadanos deben caer en manos de jueces corruptos?
¿Qué tan lejos vamos a permitir que llegue este modelo de injusticia institucional?

Los ciudadanos de Chapala y de toda la ribera merecemos algo más que discursos vacíos o promesas administrativas. Merecemos justicia real: ética, funcional, profesional, transparente. Y quienes hoy levantan la voz —como las mujeres perseguidas del colectivo— no piden privilegios. Exigen lo que la ley ya reconoce: el derecho a no ser silenciadas por defender a otras.