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Atienden quejas de los manifestantes; gobierno pide la regularización de los transportistas de Chapala

Los funcionarios de estado: Javier de Jesús Lechuga Millán, director del Área de Desarrollo Político y Atención a la Problemática; Luis Pablo Guerrero Preciado, director de Gestión de Transporte del Gobierno; el presidente municipal de Chapala, Alejandro de Jesús Aguirre Curiel y los líderes de Uber’s Unidos, en la Ribera de Chapala.

Redacción.- Se atenderán los señalamientos por corrupción y abuso de poder por parte de la Policía Estatal; a cambio, se pidió a los transportistas autodenominados Uber’s de Chapala su regularización legal, se determinó durante la reunión del 18 de febrero, donde los manifestantes se reunieron con autoridades estatales en el Ayuntamiento de Chapala.

Los líderes de Uber’s Unidos, quienes encabezaron las manifestaciones el pasado 7 y 12 de febrero en contra de las unidades de policía estatal, fueron invitados el 18 de febrero a exponer su problemática frente a Javier de Jesús Lechuga Millán, director del Área de Desarrollo Político y Atención a la Problemática del Estado, de la Secretaría General de Gobierno Jalisco y Luis Pablo Guerrero Preciado, director de Gestión de Transporte del Gobierno Estatal.

Omar, líder de los manifestantes, abrió la mesa de diálogo y explicó la situación actual de corrupción que los habitantes de Chapala enfrentan a manos de las unidades CP-003, PA-024 y CP-028 de la Policía Estatal. Dichas unidades, no son del municipio, ya que la numerología de la Base de Policía Regional Estatal de Chapala comienza con las siglas PRJ, según investigaron los quejosos.

Se aclaró también, que los manifestantes provenientes de los municipios de Jocotepec e Ixtlahuacán de los Membrillos se sumaron a las manifestaciones en las últimas semanas, que bloquearon las principales vías de tránsito en Chapala, debido a que la Base de Policía Regional Estatal se encuentra en la cabecera municipal de este municipio, afirmó Omar.

Durante las conocidas «revisiones de rutina» que los elementos de la Policía Estatal realizan a vehículos privados, suele haber muchos casos de supuesta corrupción, «preguntan si somos halcones, nos cambian las placas, revisan los celulares, siembran bolsitas o te quitan el dinero», tampoco se quiere demandar en la Fiscalía por estar bajo amenaza, explicó el afectado.

Estos incidentes, de abuso de poder y violar la protección datos personales, no solo ocurren con unidades de transporte irregulares, sino también a civiles y comerciantes que han sido afectados, como se ha viralizado en el grupo de WhatsApp ‘Anti Tamaros’ que circula por la ribera de Chapala.

A ello, Javier de Jesús Lechuga Millán expresó su preocupación con la promesa de hacer una revisión y control de las unidades señaladas, bajo el mando del comandante Juan Bosco Pacheco Medrano, secretario General de Seguridad Jalisco, quien en su momento determinará si los elementos deben ser reemplazados o sólo reubicados en otra base.

Así como instalar un vínculo directo con el del Área de Desarrollo Político y Atención a la Problemática del Estado, de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, para atender las afectaciones de manera anónima y legal. «Los derechos de las personas deben ser respetados, pero también se tienen obligaciones», les recordó Lechuga Millán a los quejosos.

La atención se les prestará como particular en cada caso, ya que, al no estar registrados en la Secretaría de Transporte del Estado, ni en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), los transportistas están infringiendo la ley. «Es como si estuvieras robando un banco y te dispara un policía», ejemplificó el funcionario estatal.

Por su parte, Luis Pablo Guerrero Preciado, director de Gestión de Transporte del Gobierno Estatal, exhortó a los quejosos a escoger una de las plataformas dadas de alta en Guadalajara y su zona metropolitana: Didi, Uber y Siggo Drive o en su caso, presentar y registrar una nueva para la región de Chapala-Jocotepec.

Las plataformas «artesanales no autorizadas», como llamaron a los grupos de WhatsApp donde los choferes se organizan, no cuentan con ningún tipo de respaldo jurídico, seguridad o comprobantes fiscales, lo que los vuelve vulnerables a este tipo de situaciones, explicaron los representantes del Gobierno del Estado.

A su vez, si hay un operativo por parte de la Secretaría de Transporte Jalisco a transportistas públicos, “también les van a retirar los vehículos por ser un acto ilícito”, afirmó Guerrero Preciado. Una vez que regulen su situación pueden estar bajo la protección de un marco jurídico, seguros y representantes legales, además de prestar un servicio más seguro al pasajero.

Sin embargo, las plataformas registradas debido a sus cuotas por kilometraje no son rentables para los habitantes de la región. Ya que, los viajes cortos se cobraban entre los 20 y 30 pesos, según las aplicaciones, menos el 30 por ciento de comisión, la renta semanal del automóvil y la gasolina. Los choferes prefirieron abandonarlas.

Buscan “borrón y cuenta nueva” con comerciantes del malecón

 

Leticia Castro acompañada de sus agremiados de la Sociedad Única de Comerciantes del Malecón protestan por la falta de un padrón real.

Manuel Jacobo (Chapala, Jal).- Después del estira y afloja que han llevado los comerciantes del Malecón de Chapala y las autoridades municipales, se ha logrado el diálogo y posibles respuestas a sus peticiones para lograr orden en sus espacios de trabajo.

El mayor logro será la realización de un censo de giros y posesiones en el malecón que terminará desencadenando en concesiones para brindar una certeza jurídica a los comerciantes en el futuro y así solucionar las actuales problemáticas.

Todo se desencadenó a partir de la clausura de dos locales comerciales que pertenecían a los hijos de la líder Leticia Castro, misma que se llevará de forma jurídica hasta agotar el proceso y así culminar en la apertura, pero que sentará un precedente en cuanto a la regularización y posesión de parte de los comerciantes.

Según el Síndico Municipal, Isaac Alberto Trejo Gracián, la mayoría de peticiones que han derivado de los comerciantes hacía las autoridades vienen de la usencia de un ordenamiento actualizado, pues se trabajó con un reglamento que no contempla modificaciones históricas que se dan en el malecón como son los giros comerciales, los cuales se han cambiado a discrecionalidad, es decir, los que tienen permiso para venta de artesanías venden licor.

Otro de los malestares fue el exceso de comerciantes y que, según Trejo Gracián, últimamente se derivó al culminar la administración donde se otorgaron más de 100 permisos entre nuevos, reubicaciones, asignaciones y cambios de giro, lo que detonó en un desorden.

Para ir resolviendo las problemáticas, se pondrá una mesa permanente de trabajo donde estarán todos los líderes del malecón para poder comenzar con un nuevo reglamento.

Además, se hará un censo para tener una radiografía actual de cómo se encuentra el malecón y así conocer de primera mano quienes trabajan los locales y cuánto tiempo llevan haciéndolo.

Después, se propondrá una comisión mediante cabildo para aprobar el nuevo padrón de comerciantes dentro del malecón, con el objetivo de resolver caso por caso de manera colegiada mediante esta instancia. Será un borrón y cuenta nueva en cuanto se tenga un padrón actualizado.

Todo culminarán en concesiones para dar certeza jurídica a los comerciantes y así evitar lo que ahora está pasando: “Con el paso del tiempo ellos tendrán las formas de acreditar legalmente su posesión”, complementó Isaac Trejo.

El camino de problemas en el malecón ha sido difícil, pues el pasado domingo 27 de octubre, las autoridades fueron acusadas de usar la fuerza pública para retirar a una comerciante que se le había asignado un lugar pero que temporalmente le otorgaron otro espacio para vender camote.

Aunque las versiones se contraponen, lo cierto es que se contaba con permiso temporal para la vendedora, pero le atribuyen a una represalia política por haber participado en una protesta que realizaron los comerciantes en la ciudad de Guadalajara donde indicaban las irregularidades de las autoridades.

El dialogo no fue fácil de conseguir, pero finalmente se realizó el pasado miércoles 30 de octubre, en la Presidencia Municipal, donde la ausencia del Presidente Municipal, Moisés Alejandro Anaya Aguilar, retrasó el acontecimiento pero finalmente su equipo de trabajo lo resolvió, en conjunto con personal del Director de Área de Desarrollo Político y Atención a la Problemática del Estado, Javier de Jesús Lechuga.