CNDH

Denuncia Otto Morán golpes y agresiones de la policía de Jocotepec durante su detención

Otto Morán tuvo que usar collarín luego de las agresiones que denunció sufrir por parte de la policía de Jocotepec. Foto: Armando Esquivel.

Armando Esquivel.- Entre golpes y sometimientos de la policía de Jocotepec y escuchando agresiones verbales como “te voy a chingar”, “te voy a tablear”, entre otras, fue como Otto Morán Flores, activista de San Cristóbal Zapotitlán, narró su detención.

El joven de 32 años fue detenido después de una protesta contra un desarrollo inmobiliario, que se construye en el margen del lago y de que una patrulla de Movilidad municipal se le atravesara para dar preferencia a la inmobiliaria, quedando grabado el sometimiento, pero no fue todo, durante el trayecto a la celda, Otto asegura fue amedrentado.

“Mírame bien, hijo de tu puta madre, ya te agarramos, tú fuiste, tú vas a pagar, te crees muy verga, te crees muy muy, no importa que tengas influencias, conmigo te la vas a pelar, te voy a partir tu madre. Y me golpeaban, me cacheteaban y la verdad fue un trato muy, muy fuerte”, contó Otto a Semanario Laguna.

Luego del traslado, las agresiones no cesaron, por el contrario, el activista aseguró que le siguieron atacando e inclusive recibió maltratos por parte del director de la corporación.

“Ya una vez llegando a la comandancia, a la parte de afuera, se arrimó el director de Seguridad Pública, el ciudadano Néstor Humberto, tiene una estatura media, chaparro y gordito, me levanta de las greñas y le dice a un elemento, al comandante que me sujetó del cuello, de nombre Antonio le dice «Jefe, aquí tenemos un cabroncito que debe»”.

Luego de ser insultado, Morán comentó que el director lo comenzó a amedrentar. “‘Mírame bien, hijo de tu puta madre’, me dice el director de seguridad pública, me dice que lo vea a la cara, me levanta de las greñas, me dice que lo vea bien, que porque me iba acordar mucho de él, que no me iba a salvar de esa, que él se iba a encargar de que pague”, recordó Otto.

Seguido de las agresiones, lo trasladaron a los servicios médicos municipales para después ingresarlo a la comandancia, donde aseguró, lo siguieron golpeando. Según un parte médico, Otto contaba con esguinces, lesiones en tórax y condiciones en ambas muñecas, así como lesiones en el cuello.

“Posteriormente llego a las instalaciones de la comandancia, me golpean, me dejan en una celda separado y pues temo que me continúen golpeando, por lo cual ellos mirándome que ya traía el collarín y algunas lesiones, sobre todo en las manos, del dedo anular traía un sangrado, mucha sangre, se contuvieron, traía el cuello morado, las manos. Sí me dolía, me dieron dos, tres golpes, me golpearon ahí adentro en la celda, posteriormente pues ahí me dejan, me dejan y en la noche me cambian de celda, a una celda, uy, muy asquerosa, muy fea y ahí permanecí el resto de las 36 horas”, dijo el activista que se manifestó triste y furioso por la situación.

“Pues mi traslado fue muy crítico porque me iban tirando, humillando, golpeando, desde el momento de mi detención, me dieron un mal trato estos policías municipales, un trato inhumano. Que estoy triste, furioso, por el sistema judicial y la falta de capacitación de los elementos”.

Ante lo que señala como un claro caso de abuso y represión, Otto Morán acudió a presentar una denuncia contra algunos funcionarios públicos de Jocotepec.

“Presenté una denuncia por abuso de autoridad en contra de funcionarios del ayuntamiento, el síndico municipal, el director de movilidad y el director de seguridad pública, también de uno de los elementos de la policía municipal, presenté una denuncia en la cual narro la forma de la detención, que fue una detención ilegal, un abuso de autoridad”.

Morán dijo que en un inicio, el Ministerio Público no les quería recibir la denuncia, percibiendo un trato hostil por el personal de la Fiscalía de Jalisco.

Además, fue presentada una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dependencia que enviará el asunto a la misma dependencia, pero en su rama estatal.

“Hice la queja ante la Comisión de Derechos Humanos, de la cual aún no me han dado fecha para la ratificación, en donde estoy haciendo responsables a las autoridades por daños a mi patrimonio, mi vehículo y a mi persona”.

Morán Flores lamentó el actuar policiaco, comentando que uno de los involucrados en su caso, ya cuenta con antecedentes de mal actuar policiaco.

“Ya lo han hecho, alguno de ellos tiene un antecedente donde le dispara con un arma de fuego a un menor de edad, causándole una amputación de dedo. Es por lo cual sí tengo un poquito de temor en virtud de esa situación, de este elemento de la policía municipal que ya cometió un delito, una falta gravísima que debería estar en la cárcel y no andar trabajando en esta dependencia”, aseguró el entrevistado.

Respecto a las declaraciones del síndico municipal, el activista se dijo decepcionado de la respuesta oficial emitida por el Gobierno de Jocotepec.

“Muy mal, es evidente y es notorio que él está aceptado la responsabilidad, al hacer esas declaraciones en su página oficial, donde dice que yo estoy ofendiendo y que no van a dejar, incluso él acepta la culpabilidad de abuso de autoridad, que él fue el que dio órdenes a la policía municipal, tanto como la policía vial que viniera a entorpecer la manifestación que pacíficamente estábamos haciendo mis compañeros y yo”, consideró el activista.

En lo que concierne a su vehículo, le dicen que está en el depósito de Grúas Aguirre Jocotepec, en donde no le saben decir el motivo por el que el vehículo está ahí, mientras que en Movilidad no cuentan con ningún expediente. “La camioneta fue quien me invade la circulación, yo alcanzo a frenar y roza mi vehículo a la camioneta de movilidad”, aseguró Morán.

Luego de lo sucedido, el activista de San Cristóbal Zapotitlán, consideró que el pueblo, en lugar de intimidarse se enfureció, asegurando que más gente se está sumando al movimiento contra el desarrollo inmobiliario y el actuar de las autoridades.

OPINIÓN: DE NORTE A SUR

La propuesta del paquete económico para 2021 que el Ejecutivo federal envió a la Cámara de diputados tendrá un recorte de 13 por ciento para la CNDH.

Abigail Correa (Ciudad de México).- El colectivo feminista que tiene tomada las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México exhibe la desesperación de víctimas de la delincuencia. Pero también es un grito a las autoridades, que demanda la atención inmediata a solucionar casos de violación, desaparición, abusos de fuerzas policiales, entre otros.

La propia CNDH ha dado a conocer en diversas ocasiones la crisis que atraviesa México en el tema de derechos humanos. El país, desde hace años, enfrenta un entorno complicado en estas cuestiones debido a la inseguridad, la violencia, la falta de cumplimiento y aplicación de la ley, la corrupción, impunidad, así como ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Miles de desaparecidos, torturas, el desplazamiento de familias indígenas por disputa de tierras, la violencia de género, ataques contra periodistas y activistas ambientales, explotación y abuso contra migrantes, son delitos que van en aumento en el país.

La CNDH emitió 29 recomendaciones en lo que va del año. En 2019, en el mismo periodo se reportaron 59. Según el Informe de Actividades del 2019, con base en 167 expedientes de queja e inconformidad resueltos, el año pasado se emitieron 99 recomendaciones particulares y 15 por violaciones graves, además de 7 recomendaciones generales, para un total de 121 instrumentos recomendatorios.

De las 90 recomendaciones ordinarias, emitidas el año pasado, 78 fueron dirigidas a autoridades. Las seis que fueron destinatarias de mayor número de recomendaciones durante este periodo son el IMSS, con 21; la Procuraduría General de la República, con 13; la Comisión Nacional de Seguridad, con 10; la Fiscalía General del Estado de Chiapas y la Secretaría de la Defensa Nacional, con cinco casos cada uno; y los gobernadores de Chiapas y Veracruz, la SEP, la SEMAR y la SEMARNAT, con cuatro, respectivamente.

El descontento se debe a que, pese a que las recomendaciones de esta comisión se aceptan, se cumplen parcialmente y con lentitud. Basta mencionar que hay 5 casos que llevan más de 10 años sin que se cumplimenten.

Para el 2021, el presupuesto que recibirá la CNDH tendrá un recorte de 13 por ciento, es decir, 194 millones 301 mil 992 pesos, de acuerdo con la propuesta del paquete económico

que el Ejecutivo federal envió a la cámara de diputados. El presupuesto proyectado es de mil 679 millones 905 mil 810 pesos. “Para el ejercicio 2021 el objetivo es la renovación de la CNDH, es por ello que es necesario entablar una reingeniería institucional que permita hacer de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una institución más eficiente y menos costosa”, se lee en el documento. Lo importante es que la función de la Comisión, que es promover y proteger los derechos humanos, en especial ante la perpetración de abusos por parte de funcionarios públicos o del Estado, tenga efecto.

Desde el inicio del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador se mantiene un plan de austeridad estricto que tiene en descontento a algunos sectores. Asimismo, en los gobiernos anteriores las trasgresiones a los derechos humanos se dispararon; los funcionarios públicos negaron abiertamente el alcance de las desapariciones forzadas, la tortura y otras violaciones. La obstrucción de la justicia fue común en investigaciones, como la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Incluso el gobierno avivó extensas campañas de criminalización contra las víctimas.

Al respecto, el presidente López Obrador ofreció disculpas públicas y reconoció también que México está lleno de fosas clandestinas. Lo que esperan las víctimas es justicia. La sociedad mexicana necesita que además de combatir la corrupción, se consoliden las reformas al sistema de justicia penal de México. Efectuar plenamente las leyes históricas aprobadas en 2017 para combatir las desapariciones y la tortura y fortalecer el marco institucional del país para finalmente dar respuestas a las decenas de miles de familias de personas desaparecidas.

A decir de Gina Hinojosa y Maureen Meyer, expertas en el tema e investigadoras de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), “el gobierno mexicano debe garantizar mecanismos sólidos de control interno y externo sobre las fuerzas de seguridad y los agentes de migración de México. Esto debe incluir la garantía de la autonomía de la CNDH, que tiene un papel importante de supervisión sobre las instituciones gubernamentales”.

En el reporte El estado de derecho en México: 11 años después de las reformas de justicia penal, las especialistas destacan que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene la oportunidad de proporcionar a este sistema los recursos que necesita para enfrentar los desafíos. Para esto, señalan que es necesario el apoyo a las reformas de 2008, que exigieron la aplicación de un sistema penal acusatorio a escalas nacional y estatal. También se deben afianzar las dos leyes que México aprobó en 2017 para abordar la tortura y las desapariciones.

Del 1 de septiembre de 2019 al 30 junio de este año, 38 mil 467 personas fueron reportadas como desaparecidas, de las cuales 15 mil 837 siguen sin ser localizadas. En el Segundo informe de gobierno, se reportó la atención a mil 348 personas desplazadas de Tierra

Caliente y Costa Grande de Guerrero, así como la entrega de alimentos a 343 personas desplazadas de Chilón, Chiapas.

También menciona los ataques a periodistas y defensores de derechos humanos. El documento indica que 240 personas se incorporaron al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de manera que a junio de este año hay mil 258 personas inscritas: 396 periodistas y 862 defensoras de derechos humanos.

Sobre la violencia contra niñas y mujeres, se atendió a 150 mil 201 personas en los 48 Centros de Justicia para Mujeres distribuidos en 28 entidades, y en ocho estados se destinaron 124 mil 201 millones de pesos para fortalecerlos.

Son acciones positivas que se siguen opacando por el incremento de feminicidios en México, que entre enero y julio de 2020 alcanzaron 566 casos, “lo que representa un aumento de 5.4% respecto a 2019 (536) y de 9.6% respecto a 2018 (516)”.

DESDE EL CENTRO

La minera canadiense Equinox Gold contaminó mantos acuíferos de Guerrero, por lo que ejidatarios y campesinos padecen la falta de agua. La trasnacional se comprometió a mejoras en salud, infraestructura, becas y obras, pero no ha cumplido. Los pobladores que mantienen un paro en la mina Los Filos, demandan que la empresa cumpla con las cláusulas del contrato que signaron en 2019. Los campesinos sostienen que negociarán con las condiciones del ejido, “porque ya no vamos a tolerar más discriminación ni que la empresa se venga a burlar del pueblo”.