Una de las nuevas cabañas comerciales del malecón instalada en el estacionamiento. Foto: Armando Esquivel.
Armando Esquivel.- Antes de que se vayan, la actual administración del Gobierno de Jocotepec le está metiendo más puestos comerciales al malecón, lo que ha causado inconformidad en locatarios que hasta aseguran que dentro de la dirección de Padrón y Licencias, a cargo de José Luis Carreño Carreño, hay quien se está beneficiando, mientras que el presidente, José Miguel Gómez López, asegura desconocer el tema.
El primer día de agosto, de forma sorpresiva, llegaron trabajadores con sacos de cemento y demás material de construcción para hacer una terraza en la zona del estacionamiento, situación que causó el enojo de locatarios, llegando estos a manifestar su inconformidad y a parar la obra.
Los inconformes, que ni siquiera fueron consultados, acudieron al ayuntamiento, encontrándose con el alcalde José Miguel Gómez López y llegando al acuerdo para hacer la reubicación de lo que se quería instalar, quedando al final en la zona de los baños sobre la plancha del malecón. Al preguntar al presidente dijo que no hay nada irregular y que son un grupo de artesanas las que buscan el espacio.
Aunque se solicitó a la dirección de Padrón y Licencias conocer a qué grupo pertenecen las artesanas o si son creadoras dedicadas al oficio, no se obtuvo respuesta.
En la parte cercana a lo que eran chapoteaderos, casi al final del malecón, el jardín perdió lugar para dar paso a la instalación de cinco planchas de concreto en las que se montarán más espacios comerciales.
“Ya hay opiniones, ya de muchas gentes que de plano cuando ellos querían su espacio querían todas las facilidades y ahora cuando hay otras personas que quieren lugar se ponen como propietarios, con algunas gentes no con todos, ha sido una situación demasiada incomoda porque los que ya están ahí ya están como en calidad de dueños del malecón y no lo son”, dijo el presidente.
A pocos metros de donde se pretendía instalar la terraza, con gran avance se encuentra la construcción de otra cabaña comercial, que fue iniciada hace unos meses. “Esa va a ser boletaje de la estación del trenecito que anda ahí en el malecón”, dijo José Luis Carreño Carreño, titular de la dirección de Padrón y Licencias de Jocotepec.
En una charla por separado con diversos comerciantes, denunciaron que hay quien quiere hacer su “año de Hidalgo”, dándose el beneficio de tener un espacio comercial en la parte del estacionamiento y quitando vista al lago para quienes acceden al malecón. Según lo denunciado, quien tiene la concesión del tren infantil es un funcionario público del área de reglamentos. Ante esto, se preguntó a Carreño si había funcionarios públicos que cuenten con concesiones en el malecón.
“En su momento, ya hace como tres administraciones, había una lista de personas ¿entiendes? y puede ser que sí haya algún funcionario público pero que tiene su pedimento desde hace más de seis años, desde la administración de Manuel Haro”, dijo el director, para luego solicitar cerrar los cuestionamientos al estar “ocupadísimo”.
Al director de Padrón y Licencias también se le solicitó un listado de las personas a las que se les han otorgado espacios, pero bajo el argumento de que esos datos están protegidos, el funcionario no compartió la información.
El saber quienes tienen los espacios públicos concesionados es información de interés de la población, por lo que, ante la negativa del funcionario público, se solicitó ante el Sistema Nacional de Transparencia una solicitud de información con el folio 140285624000169 para conocer el listado de las personas a las que se les ha dado el beneficio en el malecón.
Al alcalde José Miguel Gómez López se le preguntó con todo y el nombre del funcionario involucrado si la acusación era verdadera o falsa, no dando respuesta al cierre de esta edición, pero sí comprometiéndose a pedir informes sobre el tema.
Al lado de la cabaña en construcción está otra en la que se venden boletos para paseos sobre el lago en embarcaciones y aunque en un inicio a los comerciantes les prometieron sólo sería usada para vender boletos, actualmente ya venden bebidas alcohólicas, algo que tampoco ha agradado a los demás locatarios.
“Tapan la vista y luego ya venden lo mismo, que concesionaron más lugares, pero contra el gobierno no se puede”, dijo Carolina, locataria del malecón.
También hubo quien considera que es competencia desleal el favorecer espacios. “No estoy de acuerdo porque se supone que ahí es el estacionamiento y pues ya tendría como un lugar más privilegiado por la entrada, yo que estoy aquí al final pues muchas de las personas ya no caminan hasta acá”.
Octavio, locatario con años vendiendo en el malecón, acusa que ya lleva un tiempo el que los espacios se han otorgado de manera privilegiada y a personas adineradas con cercanía al poder municipal.
“Ya están vendidas y comprometidas, están llenando a diestra y siniestra de cabañas, ya se van pues”, sentenció.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Internet.
Por Abigail A. Correa Cisneros.
En varios estados de la República Mexicana, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se fueron a paro, en desacuerdo con el gobierno federal, por la intención del recorte presupuestal que cancelaría 13 de 14 fideicomisos millonarios.
En días recientes se aprobó en el Congreso un recorte por 15 mil 450 millones de pesos (mdp), que afecta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral. Se trataba de beneficios estratosféricos que sólo benefician a los ministros y ministras.
En una iniciativa de Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, detallan que estos recursos no son administrados de manera transparente. Entre otras cosas, se trata de apoyo para gasolina, servicios ilimitados de peaje en autopistas, así como bonos, prestaciones y pensiones de los jueces magistrados. Estos beneficios son un insulto para los más necesitados.
Más aún cuando los magistrados se ponen de lado de los delincuentes. Estos beneficios ofenderían a cualquier trabajador común. Por esto parece inverosímil que los propios empleados del PJF tengan de cabeza las vialidades de la Ciudad de México y protestas constantes en otras ciudades (Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Sonora, Zacatecas, Tabasco, Baja California Sur, Yucatán, Morelos, Guanajuato, Chiapas, Oaxaca y el Estado de México), manifestándose en contra del recorte presupuestal.
Mientras las madres buscadoras padecen por falta de apoyo, las madres de jueces y ministros pueden festejar el Día de la Madre a todo lujo, pues la presidenta de la SCJN, Norma Piña, exige un bono de 24 mdp para celebrar a las progenitoras de los jueces; lo mismo para sus padres, a los que destinan 26 mdp.
No sólo eso solventamos los mexicanos, también el pago de su vestuario (235 mdp), lentes (90 mdp), para traslados 900 mdp y 282 mdp para sus acompañantes.
El presupuesto del Poder Judicial de la Federación, integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, para este año fue de 80 mil 646 mdp. Para 2024, la ministra presidenta Norma Piña solicita un aumento de cuatro por ciento, con el cual llegaría a 84 mil 792 mdp.
Este presupuesto no se verá afectado, lo único que se pretende es eliminar los excesos, así como las compensaciones complementarias. Actualmente hay tres fideicomisos de pensiones complementarias de mandos superiores, con un fondo de 833 mdp, destinado únicamente a 25 personas. Otras compensaciones complementarias para mandos medios y personal operativo, solo para 184 personas, con un fondo de dos mil 976 mdp. Finalmente, el destinado a jueces jubilados y magistrados, beneficia a 387 personas y el fondo es de cuatro mil 723 mdp.
DESDE EL CENTRO
Un grupo de indígenas otomíes que desde hace tres años tomó el edificio del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, hoy la Casa de los Pueblos Samir Flores, sufrió un ataque de aproximadamente 500 policías capitalinos, la madrugada del lunes. Desde el sismo de 2017 es notoria la indiferencia del gobierno, pues no les ha apoyado con un espacio para vivir, luego de desalojarlos en la colonia Juárez, de edificios dañados por el temblor. Además, denunciaron que un grupo de motociclistas realizaron disparos de arma contra ellos. Los otomíes recogieron los cartuchos y presentaron la evidencia durante una conferencia de prensa…
El gobierno de Israel negó un ataque que dejó cientos de muertos en un hospital de Gaza. Sin embargo, los crímenes de guerra cometidos por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, van más allá de este atentado, del cual se deslindan y culpan a Hamás. Recientemente, millones de personas en el mundo se manifestaron para frenar el genocidio contra Palestina, pese a represiones de algunos gobiernos como Francia, Alemania y Reino Unido, las multitudes exigieron alto a los ataques contra este pueblo.
Instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco.
Redacción. – Desde que inició a operar en Jalisco, en el año 2018, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC) ha recibido 58 denuncias en contra de exfuncionarios del Ayuntamiento de Chapala.
Del total de las denuncias emitidas, al menos 17 se encuentran en la etapa de investigación inicial, mientras que otras 14 se han derivado a otras dependencias, y en 17 más, la Fiscalía Especializada se ha abstenido de investigar.
Para concluir con el conteo, siete carpetas fueron enviadas al archivo temporal y en tres no hubo ejercicio de la acción penal.
La Fiscalía Especializada ha evitado dar a conocer los nombres de los exfuncionarios señalados, así como de sus denunciantes las circunstancias en las que se entablaron las denuncias.
La FECC del Estado de Jalisco es una institución con autonomía técnica, de gestión, administrativa y operativa que cuenta con agencias del ministerio público, áreas y unidades administrativas especializadas para poder cumplir con su fin que es investigar, prevenir y perseguir actos de corrupción.
Foto: Cortesía.
Redacción.- Una de las 10 factureras identificadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por realizar operaciones simuladas, tiene domicilio en Chapala Jalisco, según el oficio 500 – 05 – 2021 – 25924 , publicado el 27 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación.
Ya que corrió el proceso y no desvirtuaron las acusaciones, la señalada por el SAT se trata de la alquiladora Kaladze Maquinaria con Registro Federal del Contribuyente (RFC): KMA- 180530-TT0, con domicilio fiscal en el municipio ribereño.
Ésta empresa se suma a las 48 factureras ubicadas por el SAT y de las cuales, el estado de Jalisco cuenta con al menos 10 de ellas cuyos domicilios fiscales se ubican en Zapopán, Guadalajara con giros diversos como comercializadoras, papelerías, constructoras, renta de maquinaria como el caso de Chapala, entre otros.
“Es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quienes son aquellos contribuyentes que llevan a cabo éste tipo de operaciones” se señaló en el documento emitido por la dependencia federal.
Santiago Baeza.
Punto Niza, el desarrollo inmobiliario ubicado en la zona oriental del cerro de Lourdes en Chapala, es una bomba de tiempo. Con dos órdenes de suspensión definitiva y básicamente todos sus vecinos en contra, este exclusivo (y excluyente) fraccionamiento privado sigue en construcción, con el sospechoso aval de la autoridad municipal.
Muchos son los problemas que los quejosos señalan sobre este proyecto que realiza la empresa Urbanizaciones 3H, propiedad de Eugenio Horn, de los cuales, por razones de espacio sólo hablaré del más grave.
Antes de ser modificado, el terreno en el que se desplanta la obra era atravesado por un arroyo de temporal, que hasta hace poco tiempo era propiedad pública, es decir, del ayuntamiento de Chapala. Sin embargo fue privatizado y literalmente mutilado.
Ese arroyo tenía básicamente dos usos. En temporada de secas servía como un conector peatonal para que los vecinos del barrio del Tepehua pudieran bajar directamente hacia la carretera. Hoy una inmensa barda de piedra les impide el paso y les manda un mensaje contundente: el actual gobierno local no está para defender los derechos de los más necesitados, sino para venderse a los intereses de los más ricos y poderosos.
En época de lluvias el amputado arroyo servía para darle cauce a los escurrimientos pluviales propios del temporal y así evitar inundaciones y daños a las construcciones ya existentes, en un terreno de por sí riesgoso, debido a que en esa zona se ubica una falla geológica y un río subterráneo de aguas termales.
Por si eso fuera poco, estudios de mecánica de suelos que los propios vecinos pagaron con sus recursos para presentarlos a manera de prueba en sus múltiples denuncias, demuestran que en su composición geológica predomina un material denominado arcilla expansiva, y como su nombre lo indica, se trata de un mineral que al humedecerse se expande, provocando movimientos en la tierra que someten a las construcciones a un mayor riesgo.
Deforestación, eliminación de arroyos y dragado de declives a varios metros de altura en esa delicada montaña cuya composición geológica reacciona a la humedad, representa una ecuación cuyo resultado implica la posible pérdida de millones de pesos y hasta vidas humanas. Aún así, la dirección de Planeación Urbana del ayuntamiento de Chapala otorgó el permiso correspondiente, hay que decirlo, en la pasada administración.
Sin embargo, la presente autoridad municipal se mantuvo en la misma posición, no sometió a revisión el proyecto y lo más sorprendente es que ha hecho caso omiso a las suspensiones judiciales promovidas por los afectados. Obvio, su actitud resulta por demás sospechosa.
Expertos en este tipo de temas y que además conocen a la perfección el asunto, coinciden en lo que ellos consideran un evidente caso de corrupción en el que estarían implicados, tanto la empresa constructora como el propio ayuntamiento de Chapala.
Ponen como ejemplo la negativa por parte del ayuntamiento, a facilitarles copia del proyecto ejecutivo que la empresa debió entregar al gobierno municipal como parte obligada del trámite para la obtención del permiso y que dicho sea de paso, se considera información pública.
De hecho, se sospecha de que el ingeniero Gilberto Chairez Muñoz, actual director de Planeación Urbana en Chapala, habría sido contratado por Urbanizaciones H3 para elaborar el proyecto ejecutivo. Debido a que su firma es la que aparentemente lo hace responsable, este probable “juez y parte” estaría incurriendo en un evidente conflicto de interés. Bien haría la autoridad municipal en hacer público el documento, si es que le interesa desmentir el rumor.
La consulta se realiza a nivel nacional.
Redacción. – En Ajijic, municipio de Chapala, se podrá votar para llevar a juicio a los ex presidentes de México acusados de dañar a la nación, este próximo domingo cuando se instale la mesa de votación en la plaza de Ajijic, en horario de 10 de la mañana a tres de la tarde. La mesa de votación es ajena a algún partido político, esto al ser una propuesta ciudadana financiada por personas que viven en la población.
Los requisitos para votar son solamente el contar con credencial de elector (sin importar la entidad federativa del país) y llevar cubrebocas, con este par de requisitos, cualquier ciudadano puede participar en la consulta.
“¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los ex presidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial que garantice el debido proceso?” Esta será la pregunta que responderán las personas que acudan a la consulta.
Para más información puede consultar: https://www.juicioexpresidentes.mx/
El reclamo lo realizó el Presidente de Chapala, Moisés Alejandro Anaya Aguilar, el pasado ocho de junio.
Manuel Jacobo (Chapala, Jal).- A pesar de que el Ayuntamiento de Chapala está haciendo estudios -y paga por ellos- en las plantas de tratamiento de aguas residuales del municipio, la Secretaría de Finanzas descuenta directamente de las cuentas del municipio, es decir, se hace un doble pago.
Esta segunda retribución se deriva de la realización y comprobación con estudios que debe hacer el ayuntamiento, en cuanto al saneamiento de sus aguas, mediante la operatividad de sus plantas de aguas residuales; estos son requeridos por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en la plataforma digital y de no hacerlo les genera un recargo, multa o sanciones.
En el caso específico de Chapala, durante la administración de Javier Degollado González, se realizó un convenio por si no se presentaban estos estudios, de manera que la dependencia pudiera hacer el cobro de la multa o recargo al municipio directamente de sus cuentas; sin embargo, actualmente se realizan los análisis y automáticamente se continúa cobrado la sanción de los recursos del municipio.
“A nosotros nos han descontado un millón 800 mil pesos, porque en la administración pasada se firmó un convenio que directamente de finanzas se descontara en caso de incumplimiento”, explicó el Presidente, Moisés Alejandro Anaya Aguilar.
Por tal motivo, le hicieron la petición al Secretario de Gestión Integral del Agua, Jorge Gastón González Alcérreca, para que les ayudara a encontrar la devolución de los recursos de parte de la Secretaría de Finanzas.
“Quedamos de hacer una reunión de trabajo y ya, en lo particular, buscar por qué finanzas está haciendo, eso si sí estamos presentando la información y si estamos haciendo el saneamiento de nuestras plantas”.
De realizar dichas mesas de trabajo, el Director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIMAPA), Alfredo Ramiro Arana Hernández, y su equipo trabajarían con el personal de la CONAGUA y Secretaría de Finanzas.
El tema se trató el pasado ocho de junio, en una reunión que sostuvieron entre autoridades de la Comisión Estatal del Agua (CEA), CONAGUA, el Secretario Jorge Gastón y los presidentes municipales de la Ribera de Chapala.
A pesar de que en el vaso lacustre más grande de México se vive una serie de invasiones en la zona federal, el tema se redujo solamente a las plantas de tratamiento y no se planteó el tema de las invasiones.
Foto: Cortesía.
Redacción.– Al Poder Judicial del Estado de Jalisco no le importó la mala fama con la que cuenta el juez Jaime Gómez, ya que el acusado de corrupto no ha sido cesado, su “castigo” fue el cambiarlo al juzgado de Chapala.
Gómez cuenta con una decena de quejas en el Consejo de la Judicatura y dos denuncias en la Fiscalía Anticorrupción por su mal actuar como juez, siendo señalado por conceder órdenes de aprehensión contra personas con deudas mercantiles, pero en otros estados del país y sin tener competencia para esto.
Quien ahora se encargará de los asuntos registrados en El Salto, Ixtlahuacán de Los Membrillos y Jocotepec, también es señalado de participar en una red de corrupción, en la que, supuestamente, participan agentes del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de Jalisco y Juzgadores, quienes fabricaron pruebas penales para poder encarcelar personas.
Una de las víctimas es un socio de la empresa Sulfatos El Águila, así como a dos oriundos de Sonora, dueños de una Acuícola y un empresario en telecomunicaciones de la ciudad de Toluca.
A pesar de que magistrados federales han confirmado que Jaime Gómez, no tiene competencia para juzgar en otras partes, sus mismos compañeros en Jalisco lo siguen protegiendo, sin que ninguna autoridad se atreva a comentar el tema.
Abigail Correa. – La construcción de la Estela de Luz fue criticada hace diez años por el costo tan elevado que representó; pero nadie pudo evitar el capricho del ex presidente Felipe Calderón, quien tomó como pretexto los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución mexicana para construir este monstruo sin chiste en el Paseo de Reforma y desviar recursos públicos.
La Estela de Luz, que alcanza una altura de 104 metros -casi la mitad de la altura de la Torre Mayor, cuya altura es de 220 metros-, está formada por ocho columnas de acero inoxidable, de 45 toneladas cada una. La construcción se ubica en un espacio de 2 mil metros cuadrados, flanqueada por el edificio de la Secretaría de Salud y la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec.
El monto inicial era de 398 mdp, pero se triplicó y terminó costando mil 100 mdp más debido a que no se consideraron los estudios para poder hacer la cimentación, en particular los de viento y mecánica de suelo, según afirmó entonces el arquitecto César Pérez Becerril, responsable del proyecto inicial.
Pero hay más irregularidades que hoy vuelven a luz, luego de que abogados denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) al expresidente Felipe Calderón por su presunta responsabilidad en delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, usurpación de funciones y lo que resulte por la construcción del monumento.
Tras una supuesta licitación se encargó a la empresa III Servicios, dedicada a la administración de bienes inmuebles de Pemex, pero no a la construcción, entonces cómo es que obtuvo la licitación, además el entonces director fue destituido y se nombró en su lugar a Agustín Castro Benítez, hoy uno de los acusados, en 2011 la Secretaría de la Función Pública lo destituyó e inhabilitó por 12 años.
El promotor del fracasado partido político México Libre, Felipe Calderón, aceptó que hubo errores en las ingenierías de la obra que provocaron los retrasos, tardó más de un año en concluirse, y el aumento de los costos, incluso destacó que de no ser así probablemente la columna hubiera colapsado en el temblor de 2017. Pero siempre fue más factible cancelarla ¿o no? El ex mandatario estaba determinado, no tanto a hacer un monumento si no a construir la fachada para el desvío de recursos públicos.
El sexenio de Felipe Calderón no sólo pasará a la historia como el periodo donde se declaró una guerra que únicamente afecta a la sociedad civil, como el de Enrique Peña Nieto, también estuvo plagado de corruptelas, La Estafa Maestra, por ejemplo, el desvío de recursos públicos mediante un esquema ilegal de subcontratación, inició en el gobierno calderonista, el fraude fue de 30 mil millones de pesos, y sigue impune.
La Estela de Luz no es un caso aislado, en el sexenio de 2006 al 2012 se usaron organismos públicos para triangular recursos, como Turissste. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y trabajos periodísticos documentaron la entrega de contratos a empresas creadas exprofeso y con licitaciones dirigidas.
En ese entonces, el Sistema de Agencias Turísticas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Turissste) fue el encargado de organizar las ceremonias oficiales del presidente, así como los eventos de la Presidencia de la República, durante la administración de Calderón Hinojosa, asignando los contratos sin concurso de por medio.
El Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009 confirmó que hubo “opacidad en los procedimientos de adjudicación” de Turissste, al ser contratado por diversas dependencias públicas para el desarrollo de eventos que no corresponden con servicios turísticos, y que, a su vez, subcontrató a otras empresas, sin fundamentos ni motivos, el 100% de los servicios.
La empresa brasileña Odebretch no desaprovechó a los mexicanos corruptos y también se vinculó con el gobierno de Calderón. La ASF documentó en 2010 anomalías relacionadas con la refinería de Minatitlán, Veracruz, mismas que fueron reportadas al órgano interno de control en PEMEX en febrero del 2011 y pese a ello no se promovieron sanciones o acciones penales contra el poderoso consorcio.
Durante el último año de gobierno de Felipe Calderón, la compañía brasileña obtuvo dos contratos, el primero con el grupo formado por las empresas Río San Juan Construcciones, Técnicas Reunidas, y Constructora Norberto Odebrecht, con fecha de conclusión de los trabajos 7 de enero de 2008; el segundo con la empresa Ebramex, también subsidiaria del consorcio brasileño, con fecha de conclusión 4 de marzo de 2008.
Por ambos contratos Pemex Refinación debía pagar 634.9 millones de dólares, aunque de acuerdo con la auditoría hasta 2012 el sobrecosto era ya de 136 millones de dólares, más del 20% del costo inicial. Aunque la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en ese mismo año el gobierno de Calderón pagó 143 millones de dólares más. Al final los trabajos pagados a Odebretch superaron los mil millones de dólares. MCCI estimó el sobrecosto en 66%.
Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad hizo un recuento de la asignación de contratos petroleros a empresas ligadas con personajes del Partido Acción Nacional (PAN), durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Uno de los contratos que destaca, equivale a casi mil millones de pesos asignados a una empresa fantasma de Nuevo León, Servicios de Alquiler en Hidrocarburos (SAH), S.A. de C.V., entonces el director de Pemex era Juan José Suárez Coppel. La empresa mencionada tenía como socios a los hermanos Fernando y José Ángel Camarillo Cerda, y la esposa de este último, Rocío Guillén García, estas tres personas residían en dos viviendas humildes en la Privada Independencia de la colonia Moderna de Monterrey.
Los mismos tres socios aparecen como dueños de otra empresa, Desarrolladora Especializada en Inmuebles MJL, la cual estuvo involucrada en la reventa de un terreno, propiedad del municipio de San Nicolás. En dicha ocasión, el alcalde Carlos de la Fuente vendió el terreno en 21.8 millones de pesos. A los pocos días, este fue revendido en 70 millones.
En otro caso de corrupción, José Ferrara Redondo, esposo de Rocío Matesanz Santamaría, diputada federal del PAN hasta 2018, crearon la empresa Seadragon de México, solo un día después del lanzamiento de la licitación para la renta de una plataforma de perforación, es decir, fue creada mientras estaba el plazo para inscribirse a la licitación de la plataforma. La asignación del contrato alcanzó los 10 mil 300 millones de pesos. El titular de Pemex era Jesús Reyes Heroles.
Estos casos son por mencionar el cochinero que creó Felipe Calderón en el período en que México se inundó en lodo y sangre, hay más desfalco, como el caso de la transferencia de mil 384 millones al FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura), la ASF comprobó que los recursos no se integraron como aportación a un fideicomiso, sino que se utilizaron para incrementar el patrimonio de la entidad, y destinados a su vez para cuatro programas.
En los traspasos para el Túnel Emisor Oriente, la auditoría detectó que la Semarnat utilizó los recursos para constituir una especie de patrimonio para efectuar, hacia futuro y sin sujetarse al principio de anualidad, los pagos de la obra, lo que ocasionó que el ejercicio de los recursos de esta obra ya no se reflejen en los proyectos de inversión de la Semarnat ni se rindieran cuentas de ellos en la cuenta pública, porque sus erogaciones no fueron consideradas como gasto público y constituyeron un gasto paralelo.
En la misma figura de transferencia a fideicomisos, se aportaron 557 millones en 2011 para el Parque Bicentenario, pero esta, ya había recibido mil 294 millones entre 2009 y 2010 y su costo fue solo de 316 millones, por lo que en el fideicomiso utilizado para fondear la obra quedaron como disponibilidades mil 535 millones.
Hay decenas de obras, proyectos, licitaciones, etcétera, realizadas en el período 2006-2012 (y el siguiente sexenio fueron aún más) dotadas de irregularidades, unas cuantas investigadas y en las que hubo culpables sin castigo, solo una llamada de atención y un periodo para no ejercer, mismo que se pasan por el arco del triunfo, como hizo quien ahora demanda a Felipe Calderón.
DESDE EL CENTRO
Mientras algunos líderes campesinos llevaron a sus agremiados a las inmediaciones de la Cámara de diputados para extorsionar a los legisladores con el objetivo de llevarse más dinero del presupuesto, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de 13 mil 500 Centros Integradores de Desarrollo, para dar seguimiento en la entrega y aplicación de los apoyos dirigidos al rescate del campo, lo que beneficiará a comunidades rurales de alta y muy alta marginación… En este sentido, el titular de la SADER, Víctor Villalobos Arámbula afirmó que en la transformación del gobierno, se impulsan las acciones encaminadas al bienestar de los que menos tienen… El campo es uno de los pilares más fuertes de la economía nacional, luego de que durante el tercer trimestre de este año la balanza agropecuaria y agroindustrial generó un superávit de siete mil 336 millones de dólares, cifra superior en dos mil 250 millones de dólares en comparación con el mismo periodo del año anterior… Durante los primeros nueve meses del año las exportaciones agropecuarias y agroindustriales generaron 28 mil 538 millones de dólares, lo que representó un aumento anual de 9.1 por ciento respecto al periodo homólogo de 2018… Nació muerta la pretendida alianza de organizaciones campesinas creada para defender el presupuesto y que se unieron para firmar un documento de exhorto a la Federación, estas organizaciones son: Confederación Nacional Campesina (CNC), cuyo dirigente, Ismael Hernández Deras, es repudiado por los verdaderos cenecistas (UNORCA), (CNPA), Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), de Eduardo Orihuela Estefan, mejor conocido como el junior (CCI), Confederación Nacional Agronómica (CNA), (UCD) y la Confederación de Productores Forestales…Ayer se dio a conocer por diversos medios de comunicación que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, aseguró que se han congelado 330 cuentas bancarias ligadas al cártel de Sinaloa, lo que se da en el marco de la nueva estrategia iniciada por la presente administración para atacar el problema de la delincuencia organizada, mientras que el presidente de Estados Unidos, con su beligerante forma de hablar, aseguró que su país designará a los cárteles mexicanos de la droga como terroristas.
Miguel Cerna.- Para no incurrir en actos de corrupción que fomenten las malas prácticas de los elementos de Movilidad y Transporte de Jocotepec, el presidente José Miguel Gómez López pidió a la población no ofrecer dinero para evadir las infracciones.
Aunque Gómez López consideró que los 11 agentes que andan en las calles son gente “íntegra y buena”, no descartó que algunos se presten a actos de corrupción “por su necesidad”. En caso de verse envuelto en una situación de tal tinte, el primer edil pidió a los conductores grabar con su celular al agente cuando esté incurriendo en malas prácticas para sancionarlo.
“Si ustedes les dan un peso, para mi va a ser imposible (erradicarlo) porque una vez que alguien recibe un dinero por esa vía, ya nunca se le va a quitar, sabe que puede ganar más de lo que es su sueldo y eso ya da al traste con todo el trabajo que estamos haciendo. Ayúdenme a detectar este tipo de situaciones, no voy a permitir que nadie venga a corromper el trabajo que todo este gobierno está haciendo”, manifestó en la rueda de prensa que ofreció el pasado 15 de julio.
“Usted dígame, ¿cómo nos arreglamos?”, fue la sugerencia que recibió una mujer cuyo nombre prefirió omitir al ser infraccionada por estacionarse en línea amarilla, cerca de la placita de La Campana, cuando se bajó de vehículo para descargar algunos objetos, aunque no accedió a darle “mordida”.
Al contrario, decidió denunciar el caso en la dirección de Movilidad y Transporte, donde se enteró que el agente ya presentaba varias quejas por el mismo motivo. El importe de la infracción por estacionarse en un lugar prohibido que le iba a costar más de 800 pesos en la Tesorería Municipal (10 salarios mínimos), en la recaudadora solo tuvo que pagar 47 pesos.
“Y yo dije: ‘si le hubiera dado mordida, le hubiera dado 50 pesos y él me haya dicho que era poquito, me hubiera pedido de 100 a 200 pesos’. Después de que pagué me puse a pensar y dije ‘que arrepentida me hubiera dado, ¡no! Hice muy bien (en no dar mordida)”, comentó la ciudadana.
El presidente informó que los agentes tiene la orden de actuar con “flexibilidad y criterio”, por lo que pidió a los ciudadanos no dejarse asustar ni amedrentar para entregar dinero. Al contrario, pidió que se denuncien este tipo de actos de corrupción.
Los agentes municipales no pueden quitarle las motos a los ciudadanos si no reúnen cuatro elementos necesarios: no portar chaleco ni casco, circular sin licencia y sin los documentos en forma. Si solo se incurre en una o dos faltas, amerita sanción, pero no la retención del vehículo, a menos que se hayan presentado más de tres veces en las mismas faltas.
En cuanto al perfil de los elementos de tránsito del municipio, el presidente aseguró que les están solicitando hasta la preparatoria terminada, además de que buscan capacitarlos constantemente para mejorar su actuar en las calles.
Al respecto, los ciudadanos inconformes con los operativos viales denunciaron amenazas y hostigamientos personales de parte de algunos agentes, así como el incumplimiento de los protocolos al no portar el uniforme completo, al usar pantalones de mezclilla y no portar el gafete de identificación oficial.
© 2016. Todos los derechos reservados. Semanario de la Ribera de Chapala