fraude

Presidente de Jocotepec, José Miguel Gómez López. Foto: Captura de pantalla.

Armando Esquivel.- Nuevamente a Jocotepec han llegado las llamadas de extorsión, aunque esta vez, los estafadores han tomado fotografías de casas, placas de vehículos y hasta preguntan por familiares, según lo informado por el presidente de Jocotepec, José Miguel Gómez López.

“Hace apenas unos dos días que iniciaron llamadas de extorsión de algunas personas que se hacen pasar por el supuesto Cartel Jalisco Nueva Generación y que están en coordinación con el presidente municipal y hasta señalan mi nombre, es algo totalmente falso, es una mentira, no caigan en este tipo de extorsión”, dijo el alcalde en un video publicado en su cuenta de Facebook el 14 de septiembre.

A decir del presidente, han sido varias personas las que han recibido este tipo de llamadas, por lo que pidió no dejarse influenciar por el miedo, asegurando que son estafadores que sólo buscan engañar para obtener dinero.

“Están sacando datos que ponen en mucha tensión a las familias, tenemos reportes de comisariados ejidales, de productores, de directores, jefes, servidores públicos, de mucha gente a la que están amedrentando generándoles ese miedo, dándoles nombres, repito, de su familia o de sus bienes o de cómo hasta andan vestidos, es totalmente falso, son holgazanes que se están dedicando a extorsionar, estar infundiendo miedo para sacar dinero”, es parte de lo dicho por el alcalde.

Camiones en la zona del Bajío, al poniente de Ajijic. Archivo 2021.

Redacción.- Criminales de cuello blanco han puesto sus ojos sobre Chapala para apoderarse de terrenos en zonas federales, usando escrituras falsas y notarios corruptos que usurpan funciones, para así, expedir documentos apócrifos con los que intentan adueñarse de los espacios públicos.  

Tanto el Gobierno de Chapala, el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco y el Gobierno del Estado, han llamado a la población para denunciar malas prácticas de notarios públicos, esto luego de indagar que, en complicidad con particulares, han realizado la falsificación de documentos para adueñarse de terrenos en zonas federales.

Parte de una escritura, que Jaime Natera López, Presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, calificó como falsa al ser firmada por un notario que se encontraba suspendido y fuera de su jurisdicción.     

Las autoridades municipales, en coordinación con las estatales, han emprendido una estrategia para detener actos ilícitos por parte de notarios y personas que intentan apoderarse de terrenos en Chapala. La Dirección General de Delitos Patrimoniales y Financieros de la Fiscalía de Jalisco, cuenta con Carpetas de Investigación por irregularidades cometidas en el municipio. 

En el Colegio de Notarios de Jalisco pidieron responsabilidad a quienes quieran adquirir un bien, para que sea con base en la ley y, lamentando que gente que tachó como “gandalla”, se quieran apoderar de terrenos, asegurando que no se protegerá a ninguna persona que intente hacer actos ilícitos. 

“No vamos a solapar a nadie, también ahí tiene dos cosas, la dirección de catastro, que es la que participa con los avalúos y el registro público de la propiedad, creo que; no creo, estoy totalmente convencido de que esas escrituras no pueden dar seguridad jurídica”, dijo en entrevista a medios Jaime Natera López, Presidente del Colegio de Notarios de Jalisco.     

Desde hace diez años el problema de las invasiones en cerros y zonas de playa del Lago de Chapala ha ido creciendo de manera acelerada, sin que ninguna autoridad se haya atrevido a ponerle un alto a las invasiones que, en muchos casos, se sospecha que se han usado métodos de corrupción de particulares y notarios públicos, que buscan apoderarse de terrenos de la nación.    

Los notarios públicos que sí están avalados son: Jorge Chávez, Sergio Macías, Juan Carlos López, Sergio Macías (padre), Luis Enrique Ramos, Juan José Rodríguez, Adriana Villaseñor, así como fedatarios de La Barca, Ocotlán, Ayotlán, Tototlán y Atotonilco, con la condición de que estén presentes. El usurpar funciones para un trámite notarial cuenta con penas que van de dos a seis años de prisión. 

Foto: Cortesía.

Redacción.- Stephen “N” fue asegurado por elementos de la Fiscalía de Jalisco al ser acusado de fraude. El señalado fue localizado en Riberas del Pilar, cerca de las calles Santa Cristina y San Jorge, en el municipio de Chapala.

La persona fue asegurada por elementos de la Policía de Investigación bajo los protocolos establecidos en los que se le hizo saber de la orden de aprehensión en su contra por el delito de fraude específico.

El sujeto se encuentra en el reclusorio regional, a disposición del Juez de Control y Juicio Oral del Quinto Distrito Judicial, quien resolverá su situación jurídica.

At least 5 lots are  in dispute in Callejón de la Zapota, with residents resisting land takeover by Armida de la Parra Chavez and the Ceda family.

Redacción (Ajijic, Jal.)- Ajijic residents have denounced Armida de la Parra for invading their land, which they say they have been taking care of for generations until one day a new “owner” arrived with fake deeds.  They accuse Armida de la Parra Chavez, also known as Armida De La Parra De Espinoza De Los Monteros, of appropriating other people’s land, in alliance with a group of people dedicated to land theft, who go by the alias «Los Huizapoles». 

Mrs. Armida de la Parra has been associated in multiple occasions with the dispossession of lands in Chapala and even in Guadalajara, by expanding her property lines, sending machinery into other properties to “claim” the land saying she inherited it, and then tying up the owners in court for years.

In Ajijic  in in Rancho del Oro, she was denounced by the Indigenous Community of Axixix and recently the case in Villa Lucerna, where a trial has been going on for a year.  They claim that she is allied with the   Ceja family to help them takeover land.

The invasion reported by the locals, began in this land, which is being fought by the Flores family.

Several families gathered on Tuesday, May 11 to protect the properties located in Villa Lucerna which has been invaded after machinery was used to break wire fences. They stood to protect and area located towards the mountain of Ajijic, also known as «La Zapota», in order to stand guard and make sure that people in question do not enter the land to try to take it over. Thanks to the notice given to the Flores family by one of the affected parties, where machinery had been used to remove the fencing from the land, they arrived immediately and contacted the other neighbors to try to stop the invasion. 

The disputed land, 11 thousand square meters, along Callejón de la Zapota street, is divided among several owners, a point disputed by the lawyer handling the case on behalf of De la Parra, who said in an interview that this space is a single property. 

However, the problem appears to extend to 5 affected owners, one of whose property was invaded by the Ceja family, nicknamed «Los Huizapoles» -known in the town for illegally appropriating land- who drove a vehicle in the middle of the property. 

That day three owners met to block invasion; Manuel Pérez Ramos, Carmen Flores and María de Jesús García Flores. One of the family members  who own the invaded land, said she wanted to join with the other affected property owners and file a group lawsuit, in the hope that, since there are many people, it will be more relevant for the authorities and thus be able to fight what they consider an injustice.

Armida de la Parra.

The lawyer handling the case for De la Parra Chávez, -who did not want his name to be mentioned-  responded that the so-called invaders have a legitimate claim to the  land, including the Ceja family «los huizapoles» since they have deeds in Armida’s name, dating back to 1970, with supposed certified copies. 

He claimed that the deeds originated in the state of Jalisco and in the municipality of Chapala and emphasized that there was a confusion in the name of one of the parties involved, Armando Espinoza Montelongo came to light, who was confused with Fernando Espinoza de Los Monteros. 

Callejón de la Zapota, donde hay al menos 5 predios en disputa.

Redacción (Ajijic, Jal.).- Pobladores de Ajijic han señalado a una mujer como la responsable de invadir sus terrenos, mismos que dicen haber cuidado por generaciones y que de un día para otro tuvieron un nuevo dueño y hasta otras escrituras -de las que alertan que son falsas-. Armida de la Parra Chávez -también conocida como, Armida De La Parra De Espinoza De Los Monteros- es acusada de apropiarse terrenos ajenos, en complicidad con un grupo de personas dedicadas al fraude -que llevan por alias “Los Huizapoles”-. 

La invasión señalada por los locales, inició en este terreno, el cual está peleando la familia Flores.

De manera repentina, predios ubicados en Villalucerna fueron invadidos, en algunos hasta maquinaria metieron para romper alambrados, por lo que varias familias se reunieron durante el martes 11 de mayo -en la zona ubicada hacia la montaña de Ajijic, también conocida como “La Zapota”- con el fin de hacer guardias y cuidar que las personas señaladas no ingresen a los terrenos. Gracias al aviso que algunos de los afectados hicieron a la familia Flores -dueños del predio donde maquinaria se había metido a retirar el cercado-, éstos llegaron inmediatamente y se pusieron en contacto con los otros vecinos para buscar frenar la situación. 

Ese día se reunieron tres propietarios para evitar invasión: Manuel Pérez Ramos, Carmen Flores y María de Jesús García Flores, aunque el problema se extiende a cinco propietarios en total. En uno de los terrenos, la familia Ceja, apodada “Los Huizapoles», -conocidos en el poblado por apropiarse de tierras de manera ilícita- ingresó un vehículo en medio del predio.

Las familias que se juntaron a protestar, declararon tener ya en proceso denuncias en contra de Armida de la Parra. Una de las familiares del terreno invadido, expresó su deseo de unirse con los demás afectados e interponer una demanda grupal, con la esperanza de que al ser muchas personas, sea más relevante para las autoridades y así poder combatir lo que señalan como una injusticia.

El abogado que lleva el caso de De la Parra Chávez -quien no quiso que se mencionara su nombre-, como réplica, comunicó su versión de los hechos: según él, los llamados invasores son quienes reclaman sus derechos sobre los terrenos, incluyendo a la familia Ceja “los Huizapoles” contra quienes dijo, ya están procediendo, pues cuentan con escrituras a nombre de Armida, que asegura datan de 1970, con unas supuestas copias certificadas.

Afirmó que las escrituras tienen origen en el estado de Jalisco y en el municipio de Chapala e hizo hincapié en que hubo una confusión en el nombre de uno de los involucrados, que al hablar con la otra parte, salió a la luz el nombre de Armando Espinoza Montelongo, al cual confundieron con Fernando Espinoza de Los Monteros. 

Los predios en disputa -11 mil metros cuadrados, a lo largo de la calle Callejón de la Zapota- están divididos con varios dueños; sin embargo, el abogado que lleva el caso por parte de De la Parra, dijo en entrevista que ese espacio es un solo predio. 

ANTECEDENTES

La señora Armida de la Parra, ha sido relacionada en múltiples ocasiones con el despojo de terrenos en la Ribera de Chapala y hasta en la Zona Metropolitana de Guadalajara, contando con antecedentes registrados en distintos medios de comunicación, que retratan un patrón en el modus operandi.

Al respecto, según testimonios, la dinámica de apropiamiento de De la Parra comienza con una expansión de los límites de sus terrenos y con el tiempo procede a quedarse con predios completos, dando el argumento de que “fueron heredados por sus padres”, para después debilitar a los afectados haciéndolos pasar por largos y tediosos años de juicios, hasta conseguir su objetivo.

En Ajijic, se conoce un caso similar –relacionado con ella- en Rancho del Oro, problemas de esta índole que tuvo con la Comunidad Indígena de Axixix –quienes también la denunciaron- y recientemente este caso en Villa Lucerna, donde el juicio más largo, lleva un año. Además se le acusa de estar coludidos con la familia Ceja, alias “Los Huizapoles” a quienes usan como su “fuerza bruta” para establecerse en los predios.

Afirman ser el movimiento de los pobres, pero líderes se trasladan en 14 vehículos de lujo que alcanzan un valor de 11.2 millones de pesos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectó movimientos irregulares de dinero de las cuentas de líderes de Antorcha Campesina, por lo que fueron congeladas.

Se bloquearon las cuentas bancarias del dirigente de Antorcha Campesina en Puebla, Juan Manuel Celis Aguirre, de su esposa y tres empresas que habría utilizado para dispersar recursos ilícitos; así como de integrantes de la misma organización en el Estado de México.

El monto es de más de 2 mil 800 millones de pesos. Entre 2010 y 2020, la directiva recibió 658 mdp en efectivo. Además, entre 2014 y 2019 recibió transferencias interbancarias por 128 mdp, principalmente de sujetos relacionados al sector de la construcción. Y simultáneamente se enviaron transferencias bancarias por 18 millones de pesos, de ellos 3.6 millones llegaron a tres empresas fachada.

Este organismo priista siempre ha estado relacionado con la invasión de terrenos. Apenas ayer, colonos del Fraccionamiento Misiones de San Francisco, en Puebla, denunciaron ante la Secretaría de Gobernación del estado (Segob) que integrantes de esta organización invadieron decenas de viviendas deshabitadas, lo que provocó un conato de violencia la semana pasada. Desde 2016, en esta zona, al menos 700 inmuebles están invadidos.

En Tlaxcala, el representante de Antorcha Campesina, José Orlando Isidro Ramos, aseguró que el gobierno federal ha emprendido una persecución política imparable. Por lo pronto, la UIF detalló que en Puebla se bloquearon las cuentas del líder de la organización política, de su esposa y tres empresas que eran utilizadas para distribuir los recursos obtenidos de manera ilícita por la organización. También se retuvieron las cuentas de integrantes en el Estado de México, se bloquearon los saldos de la dirigencia y de personas físicas y empresas vinculadas con la organización.

Según la UIF, la dirigencia cuenta con 14 vehículos de lujo por un monto de 11.2 millones de pesos. Agrega que la organización sostuvo su estructura financiera mediante una red de

empresas constructoras, gasolineras, hoteles, farmacias, tiendas de conveniencia y agroindustria. El movimiento se autodenomina “la organización de los pobres en México”.

A finales del año pasado exigían 3800 millones de pesos del presupuesto de este año para 1500 obras de infraestructura que se harían en los territorios de Puebla y Estado de México, donde mantienen un auge entre simpatizantes. Sin embargo, las obras que llevan a cabo, supuestamente para apoyar a comunidades de escasos recursos, son deficientes o nunca se llevaron a cabo. En los inmuebles que construyen para supuesta ayuda a las comunidades necesitadas, cobran por su uso a las personas de escasos recursos.

Aseguran que son acusados de realizar ellos mismos las obras, pero lo niegan categóricamente, como varias veces se ha escuchado en los discursos del vocero del movimiento, Homero Aguirre. Sin embargo, alcaldes de los municipios de Chimalhuacán e Ixtapaluca, en el Estado de México, así como Xicotepec, San Martín Texmelucan y Tecomatlán, en Puebla, gobernados por Antorcha Campesina, con todo y que se les negó el registro como partido político, entregaron casi 500 millones de pesos a la empresa Acabados Arquitectónicos Frank, propiedad de la misma organización, para obras de uso exclusivo de los militantes.

Algunas obras no se llevaron a cabo o se hicieron con materiales deficientes. En Tecomatlán, Puebla, construyeron la casa de Cultura con Auditorio, una villa estudiantil, una escuela de Teatro y Música que beneficiaron al Instituto Tecnológico, propiedad de Antorcha Campesina, que cobra una mensualidad a estudiantes provenientes de la Mixteca poblana, en su mayoría se trata de hijos de campesinos.

El líder de Antorcha Campesina, Aquiles Córdova Morán y su familia, se desplazan en camionetas de lujo, Land Rover blindadas, valuadas en 5 millones de pesos cada una, para hacerse presentes en plantones donde “apoyan” a los miembros más pobres para exigir recursos al gobierno.

El organismo ya es investigado por lavado de dinero y robo de combustible o “huachicoleo”. ¿Le extrañará a alguien que pretendan sumarse al PRI o al PAN para contender a elecciones de Puebla, el próximo año?

En junio de 2017 Petróleos Mexicanos (Pemex) canceló definitivamente sus contratos con al menos cuatro gasolineras de Antorcha Campesina ubicadas en Tepexi, Libres y la capital de Puebla, debido a que la organización no pudo acreditar la procedencia del combustible que vendían, lo cual hace sospechar que procedía del huachicol.

El diputado federal poblano, Luis Eleusis Leonidas Córdova Morán, sería uno de los líderes de Antorcha Campesina a quienes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluyó en la cancelación de 10 cuentas bancarias. El representante popular que ingresó a la Cámara Baja del Congreso de la Unión por la vía plurinominal, es hermano del líder máximo del Movimiento Antorchista Nacional, Aquiles Córdova Morán.

Otro diputado federal de la organización que tiene sus finanzas bajo indagatoria es Brasil Alberto Acosta Peña, quien dijo que “sin aviso ni notificación alguna”, la UIF congeló sus cuentas bancarias.

Desde hace 44 años, Antorcha Campesina sólo se ha beneficiado de los más pobres, a través de la vivienda. Lo hizo con el apoyo de gobernantes como Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas.

El expresidente Peña Nieto facilitó a la organización varios asentamientos irregulares. Como el caso del Rancho Pimiango, en el Estado de México, 38 hectáreas que se adquirieron con una inversión de 250 millones de pesos, dinero en su mayor parte proveniente de recursos del Fondo Metropolitano del Valle de México. Se destinó a la reubicación de familias afectadas en la zona de Hidalgo y Carrizo que a cambio llenaron mítines en la campaña presidencial.

Sin embargo, el terreno fue lotificado en 2 mil 200 pedazos sin autorización alguna y vendido cada uno entre 125 mil y 150 mil pesos por Antorcha Campesina, cuando el propósito del rancho era la reubicación. Las ganancias que obtuvieron se dice que fueron entre 275 millones y 330 millones de pesos.

A los terrenos no llegaron agua ni luz, no hay caminos, los pobladores andan entre la polvareda. Eso sí, no faltan las pipas de agua, negocio de los líderes Antorchistas. Entre los requisitos para poder acceder a una vivienda está el de apoyar en mítines, pero incluso les cobran por su participación, el transporte más una cooperación.

Así sucedió el domingo 21 de junio de 2009, cuando Enrique Peña Nieto llenó el Estadio Azteca, se veía repleto de playeras rojas. Pero más que priistas, eran antorchistas desbordando el primer evento público y masivo del mexiquense hacia la Presidencia de México.

Hoy se relaciona al exmandatario con actos de corrupción investigados por el actual gobierno. Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, detenido por el caso Odebrecht, acusó a Enrique Peña Nieto en complicidad con el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de ser los responsables directos de recibir y gestionar parte de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Por ahí dicen que a todo marrano le llega su Nochebuena.

DESDE EL CENTRO

Las estimaciones más recientes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señalan que en México se cometen 10.5 asesinatos de mujeres al día, es decir, cada 2 horas y 29 minutos una de ellas es asesinada. Los feminicidios han aumentado en lo que va del año. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 549 hasta julio, mientras que en los primeros siete meses del 219 fueron 519… Aunque la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de León, Guanajuato, diga que las detenciones durante una manifestación pacífica de

colectivos feministas se realizaron por “actos vandálicos y agresiones a la autoridad”, no se justifican las agresiones cometidas por agentes de seguridad pública. Las detenidas fueron liberadas sin cargos, y señalaron que durante la detención fueron víctimas de amenazas, así como de violencia física, consistente en golpes y ahorcamientos. También se reportaron hechos constitutivos de violencia sexual en contra de al menos dos mujeres menores de edad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CN