Síndico municipal, Gamaliel Soto Pérez y la secretaria general, Lilia Alvarado Macías, durante la rueda de prensa del pasado viernes 29 de julio. Foto: Sofía Medeles.
Sofía Medeles.- El gobierno municipal de Chapala dio su versión respecto a la polémica clausura y desalojo de S.O.S. Chapala Rescue Solutions A.C. mediante una rueda de prensa, donde el síndico municipal, Gamaliel Soto Pérez y la secretaria general, Lilia Alvarado Macías, mostraron documentación sobre la situación del predio y del refugio que estaba ubicado en Ajijic.
El pasado 29 de julio los funcionarios mostraron los diferentes convenios de dación en pago al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), desde el año 2012, un requerimiento de posesión, además de distintos citatorios para hablar con la fundadora de S.O.S. y la ex representante de la Jefatura de Protección Animal, Ana Luisa Maldonado.
Clausura en el antiguo refugio administrado por SOS Chapala Rescue Solutions A.C. Foto: Sofía Medeles.
A lo largo de la rueda de prensa, se explicó la situación del predio, iniciando desde el convenio de dación del 2012, la rectificación y restructuración de este mismo en el año 2018, acordando pagar casi 39 millones de pesos que el municipio debía al Ipejal, otorgando tres predios del municipio, donde se incluyó el terreno ocupado por el refugio.
También se habló de la instalación de S.O.S. Los funcionarios presentaron un oficio fechado en agosto del 2021, en el cual la dirección de Ecología y la Jefatura de Protección Animal, expiden el documento como un permiso municipal para hacer eventos para la procuración de recursos, para el mantenimiento del centro de rescate, donde se menciona un convenio, el cual aseguraron Soto Pérez y Alvarado Macías, no cuentan con copia de este en los archivos del ayuntamiento.
Según la línea del tiempo que expusieron, fue a finales del 2021 cuando se acercaron al gobierno municipal los vecinos de la zona, para expresar su descontento con el refugio por el ruido excesivo, denuncia que llegó hasta la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. A inicios del 2022 fue cuando Ipejal les requirió el predio.
Requerimiento de IPEJAL presentado durante rueda de prensa. Foto: Sofía Medeles.
En los primeros meses de este año, el síndico y la secretaria general se acercaron con las personas a cargo de S.O.S. para negociar un espacio nuevo para el refugio. Según refirieron, se les mostraron varios predios en el municipio, los cuales la asociación rechazó porque no cumplían con sus especificaciones.
El 7 de marzo, reciben a representantes de la asociación para hacer un compromiso de desocupación, donde ellos mismos proponen un plazo de 30 días para desalojar y, después de eso, se les brinda una prórroga de “unos cuantos días” para terminar de mudarse, explicó Gamaliel Soto.
A un mes del vencimiento del plazo, se citó a Ana Luisa Maldonado, el día 21 de julio para solicitar el predio, y el día 22, para invitarla a hablar sobre el nuevo albergue. Finalmente, la clausura se realizó el pasado día 27.
En la rueda de prensa poco se habló sobre el nuevo refugio, ubicado en la agencia municipal Hacienda de la Labor, donde el síndico afirmó que actualmente tiene espacio para 40 perros, de los cuales seis ya fueron ocupados. Por otro lado, Lilia mencionó que el refugio ya está funcionando para los caninos que se recogieron.
En contexto, el anterior refugio tenía un gasto mensual promedio de 70 mil pesos. Al cuestionar a los funcionarios si ellos asumirán el gasto, comentaron que sí tienen la responsabilidad, pero que también se han acercado personas dispuestas a donar para el mantenimiento.
“El gobierno hace el gasto porque corresponde a Salud Pública, y se estará haciendo ese esfuerzo. Se tratará de llegar a un cupo con los que el gobierno pueda lidiar, y convenios con asociaciones para sobrellevar los gastos, aunque los servicios públicos son la prioridad del municipio, primero es la obligación con los humanos, sin dejar de lado a los animales”, añadió Soto Pérez.
El contrato de arrendamiento solo abarca dos años, ya que es el tiempo que la administración se puede obligar a rentar, pero esperan que el gobierno siguiente continúe con la labor, ya que afirmaron “es un esquema que funciona”. Sobre el pago que aportarían los vecinos del refugio pasado, en condición de que se reubicara, aseguraron que aún es un tema por definir el cómo se gestionará este recurso.
Autoridades municipales dentro del refugio, mientras se hablaba e intentaba negociar con las personas de S.O.S. Dog Chapala Rescue. Foto: Sofía Medeles.
Sofía Medeles.- Tras varios meses de desacuerdos entre la asociación S.O.S. Chapala Dog Rescue y personal del gobierno municipal, así como exhortos para desalojar, emitidos por el Instituto de Pensiones del Estado (IPEJAL), a quién pertenece el predio donde se ubica el refugio canino de Ajijic; finalmente fue clausurado el albergue el día 27 de julio y los perros removidos del espacio.
Momento de la clausura. Las autoridades se presentaron aproximadamente a las 10 A.M. y la clausura se efectuó después de las 7 P.M. Foto: Sofía Medeles.
Al momento de la clausura se contaban con 35 perros. 14 de estos viajaron el jueves 28 de julio a hogares y refugios en el extranjero. S.O.S. declaró que no quería que fueran alojados en el nuevo refugio, que habría inaugurado el Ayuntamiento de Chapala.
Integrantes de S.O.S. aseguran que el nuevo albergue no cuenta con la infraestructura adecuada, tanto estructural como de equipamiento y atención, que requieren los perros que ellos rescataron. El gobierno de Jocotepec les ofreció un predio en comodato por ocho años. Mientras el Ayuntamiento de Chapala solo les ofreció dos años. Por lo que se decidieron por la primera opción.
Durante las poco más de nueve horas que duró la confrontación, tanto las autoridades, como voluntarios y benefactores de la asociación (la mayoría personas de la tercera edad), se mantuvieron dentro del refugio. Pese a sentirse intimidados, se negaron a ceder a los 35 perros que aún resguardaban. Al no ponerse de acuerdo, miembros de S.O.S. decidieron enviar a los canes a otros refugios de la zona.
Perros del refugio a punto de ser trasladados a “The Ranch”, otra asociación rescatista. Foto: Sofía Medeles.
Fue alrededor de las 10 de la mañana cuando llegó el personal de la Dirección de Reglamentos, entre ellos, el director Sergio Armando Real Serrano, quien les pidió las licencias y de no proporcionárselas, les indicó que se les levantaría un acta de sanción. En ese momento solo estaban en el refugio cinco voluntarios, dos de ellos adultos mayores.
Al refugio llegaron ocho vehículos, entre los que se encontraban una unidad de bomberos y una camioneta del ayuntamiento, con jaulas transportadoras. Tiempo después, llegaron unidades de la policía municipal, y fueron al menos tres las que se quedaron hasta el momento de la clausura.
Según palabras del Director de Reglamentos, él no tenía conocimiento de la situación, si no que fue enviado por orden del síndico municipal, Gamaliel Soto Pérez. Real Serrano explicó que originalmente iba a una revisión de permiso, en caso de no tener, el procedimiento marca hacer una clausura.
Durante las nueve horas de tensiones se intentó negociar en varias ocasiones. Primero, entre los voluntarios y el Director de Reglamentos, donde se llegó a un acuerdo de realizar una clausura parcial, dándoles como plazo hasta el 15 de agosto para sacar a los caninos y las jaulas. Cuando habían aceptado el trato, tras comunicarse con personal del ayuntamiento, se les negó la extensión del plazo.
Camioneta municipal con jaulas de traslado. A diferencia de lo que se dijo en el primer comunicado del Gobierno de Chapala, no se trasladó a ningún perro al nuevo refugio, ubicado en Hacienda la Labor. Foto: Sofía Medeles.
Unas horas después, el asesor jurídico de Lakeside Friends Of The Animals, Jorge Avelar, intentó negociar cinco días más, a partir del miércoles 27, es decir, entregarían el predio el día martes 2 de agosto, petición que el síndico municipal, mediante una llamada telefónica, negó.
Durante la negociación se mantuvo contacto con el Director General jurídico de IPEJAL, Rodrigo Moreno Trujillo, quien primero aseguró no tener conocimiento de la situación, y en la última llamada con él, estaba de acuerdo con las órdenes de Soto Pérez de dejar inmediatamente el refugio, y llevarse a los perros a Hacienda de la Labor, al nuevo refugio.
Por su parte, el gobierno municipal aseguró en su primer comunicado, emitido el 27 de julio, que la clausura del albergue fue por la falta de licencia para operar y que, en cumplimiento con la ley de protección a la salud de los animales, los perros fueron trasladados al recién habilitado albergue municipal.
Este comunicado fue publicado alrededor de las 4 de la tarde del 27 de julio, cuando S.O.S. aún no tomaba la decisión de mover a los perros. Al día siguiente, en un nuevo desplegado, se aclaró que la asociación negó aceptar el ofrecimiento de llevar a los canes al nuevo refugio “Scruffy’s Doggie Oasis”. Los 35 perros fueron trasladados tanto a casas puentes, como a otras asociaciones rescatistas, una de ellas fue The Ranch, ubicada en Chapala.
El refugio de Ajijic, administrado por S.O.S. Dog Chapala Rescue, abrió sus puertas en el 2020, en manos de la administración pasada, encabezada por Moisés Anaya Alejandro Aguilar. Este refugio ha contado con problemas desde pocos meses de abierto, debido a que se encontraba en una zona residencial, por lo que los vecinos, interpusieron una demanda al ayuntamiento para retirarlo. Por otro lado, el predio que antes era municipal, pasó a manos del estado, por una negociación con IPEJAL, para saldar una deuda.
El Ayuntamiento de Chapala hizo el requerimiento del predio el 7 de marzo y le otorgó a S.O.S. 30 días para dejar las instalaciones y dar en adopción a los casi 100 perros que se encontraban ahí. El plazo expiró, y se les otorgó una prórroga de tiempo y fue hasta el mes de mayo cuando S.O.S. anunció que cerraría.
Como último acuerdo, a partir de la clausura, el día 27 de julio, tendrán un plazo de ocho días para extraer todas sus pertenencias, según información de Comunicación Social del Gobierno de Chapala.
Fachada del edificio del Gobierno de Chapala.
Arturo Ortega (Chapala, Jal). – El Ayuntamiento de Chapala buscará renegociar la deuda de recargos y actualizaciones por 17 millones de pesos con el Sistema de Pensiones del Estado, luego de que el organismo no reconociera un par de predios ofrecidos como pago durante la administración 2015 – 2018.
Y es que durante la administración presidida por el actual regidor priísta, Javier Degollado González se intentó renegociar y abonar a la deuda con Pensiones del Estado, mediante el pago de un par de predios municipales y los cuales no se vieron reflejados en la deuda y esto ocasionó que los recargos y actualizaciones se dispararan.
“Pensiones es un tema que durante muchos años, desde que el Gobierno Municipal se adhirió a esta institución, Pensiones se ha quedado con muchos activos del municipio, es decir que; siempre hay que pagar, hay que dar cumplimiento y eso es una responsabilidad de los alcaldes que estamos en turno”, explicó el alcalde de Chapala, Moisés Alejandro Anaya Aguilar al respecto.
Anaya Aguilar agregó que a pesar de que durante su administración (2018 – 2021) se han pagado las retenciones y aportaciones correspondientes a 9 millones de pesos, no ha sido suficiente para pagar el adeudo total de las aportaciones de los trabajadores del Ayuntamiento.
Es por ello que durante la sesión de cabildo del 14 de agosto, el presidente municipal solicitó la aprobación de los regidores del cabildo para buscar que Pensiones reconozca los terrenos que ya están escriturados a su nombre desde la administración pasada para detener el incremento de recargos y actualizaciones, además de renegociar el resto de la deuda.
La deuda del Ayuntamiento de Chapala con Pensiones del Estado asciende a los 38 millones 769 mil de pesos en la actualidad y los abogados del Ayuntamiento que vieron el caso, recomendaron reconocer la deuda, a pesar de que fue error de Pensiones el que los terrenos nunca se reflejaran en el sistema como abono a la deuda de entonces.
Esto quiere decir que el Ayuntamiento buscará que con el par de terrenos cuyo valor asciende a los 18 millones de pesos se paguen los 17 millones de recargos y actualizaciones y hacer un replanteamiento o renegociación de la deuda de los 21 millones 769 mil pesos restantes.
El Síndico del Ayuntamiento, Isaac Alberto Trejo Gracián expresó que es importante que los terrenos se consideren como abono a la deuda desde la fecha que se expidieron, en el 2018, y a pesar de que ya están a nombre de Pensiones, no reconoce su error luego de una lucha constante por parte del departamento jurídico municipal.
El Secretario General del Ayuntamiento, Sergio Cuevas Elvira, agregó que el pago no se puede evadir y que cada día que pasa los recargos y multas van en incremento, desde abril del 2014 a la fecha.
El alcalde recordó que la intención del pago a Pensiones con terrenos viene desde la administración de Joaquín Huerta (2012 – 2015) cuando adeudaba 15 millones de pesos y al momento hay dos vías; pelear jurídicamente y que los recargos sigan creciendo o pelear por el reconocimiento de los terrenos como abono y reestructurar la deuda.
La regidora emecista, Edith González expresó que hubo un mal manejo por parte de Pensiones y pidió que las cosas se hagan bien para que el Instituto de Pensiones no vuelva a cometer el mismo error.
Javier Degollado recordó que desde que Arturo Gutiérrez Tejeda fue alcalde (2004 – 2006) el Ayuntamiento adhirió a los trabajadores al Sistema de Pensiones y para la administración presidida por él mismo se ganó un juicio de 30 millones de pesos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La regidora panista, Lilia Alvarado Macías cuestionó si el punto era tan importante porque no se había incluido en los puntos de la minuta de la sesión y que no votaría por un punto de los que desconoce la documentación y el alcance legal de la situación.
El Regidor y exalcalde Gerardo Degollado a manera de explicación, calificó al Sistema de Pensiones como “una bola de rateros” pues en varias administraciones ha habido hasta 150 funcionarios de la institución, que se han pensionado con hasta 200 mil pesos de sueldo mensual.
También explicó que hasta el momento, ni un solo trabajador del Ayuntamiento se ha pensionado por el Sistema de Pensiones del Estado y que la necesidad de recurrir a este organismo obedeció a que el IMSS había rechazado la incorporación de los trabajadores del Ayuntamiento a su sistema porque existía un adeudo.
Antes, Pensiones del Estado se quedó con 26 hectáreas de Ajijic para resolver un adeudo que inició de nueva cuenta desde la administración de Joaquín Huerta y si no se resolvía pasaría como el caso de Led Lumina en el que Chapala ya perdió al menos 100 millones de pesos.
Anaya Aguilar recomendó a la siguiente administración no cotizar al personal de confianza para no incrementar el gasto a pensiones y solo pagar lo correspondiente a las cotizaciones de los trabajadores de base.
El punto se aprobó por mayoría de los regidores y con el voto en contra de Lilia Alvarado Macías.
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