Juicio

Antonio Cruces Mada, exsecretario de Salud del estado. Foto: Cortesía.

Redacción. – El Tribunal de Enjuiciamiento de Jalisco ratificó la sentencia de nueve años de prisión contra Antonio Cruces Mada, exsecretario de Salud del estado, por los delitos de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades. Este fallo reafirma la condena inicial dictada en octubre de 2022, tras un largo proceso judicial que incluyó la reposición del juicio debido a recursos legales interpuestos por la defensa del exfuncionario.

La investigación, liderada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, reveló que Cruces Mada autorizó la compra irregular de equipos de videovigilancia para hospitales y firmó contratos de servicios hospitalarios con recursos públicos. Estas acciones resultaron en un daño económico significativo al erario público3.

Además de la pena de prisión, el tribunal impuso una multa de 21,931 pesos y ordenó el pago de 5,746,397 pesos como reparación del daño. También se dictaminó la inhabilitación de Cruces Mada para ocupar cargos públicos durante seis años.

El caso se remonta a febrero de 2020, cuando el exsecretario fue vinculado a proceso. A pesar de los esfuerzos de su defensa por anular la condena, el tribunal consideró que las pruebas presentadas eran contundentes y ratificó la sentencia original. Los años que Cruces Mada ha pasado en prisión serán tomados en cuenta para el cumplimiento de su condena.

Este fallo marca un precedente importante en la lucha contra la corrupción en Jalisco, destacando el compromiso de las autoridades por combatir la impunidad y garantizar la transparencia en la gestión pública. La Fiscalía Anticorrupción calificó la resolución como una victoria significativa en su labor.

Aunque la defensa de Cruces Mada aún podría interponer nuevos recursos legales, el proceso judicial parece haber llegado a su conclusión. La sociedad y las instituciones estarán atentas a cualquier intento de revertir la decisión, mientras el exsecretario cumple su condena en prisión.

Zona usada como área de recreación por habitantes de El Chante y que pasará a ser propiedad privada por orden de un juez. Foto: Armando Esquivel.

Armando Esquivel.- Le apareció dueña a un espacio del malecón en El Chante, así como a parte del campo de fútbol y hasta una porción de la calle, luego de la decisión de un juez del Poder Judicial de la Federación ante un juicio contra el Ayuntamiento de Jocotepec. El Ayuntamiento logró rescatar el área deportiva, mientras la calle es negociada a cambio de otro terreno, pero la zona de convivencia que cuenta con un pequeño quiosco está dada como perdida.

Parte del ahora espacio público reclamada por un particular, con la división de la zona recuperada marcada en el cuadro color azul y la zona que fue ganada por la demandante dentro del cuadro rojo.

La conclusión legal se da luego de que Ana María Franco Rosas reclamó jurídicamente el espacio, señalando contar con una escritura emitida a inicios de los años 80 en la ciudad de Guadalajara y que fue hace algunas administraciones que “prestó” el lugar con la condición de ser temporal. También argumentó que existe una cuenta predial del terreno, según los datos obtenidos de la resolución.

La denunciante fue en contra del Ayuntamiento de Jocotepec y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), siendo 2 mil 006 metros cuadrados los reclamados, aunque se demostró que parte del espacio marcado en la escritura que abarca la cancha de fútbol, sí correspondía a zona federal, siendo casi la mitad del predio; el resto, exactamente mil 104.98 metros cuadrados, se dictó que la demandante cuenta con el derecho de propiedad.

Se determinó que 474.40 metros cuadrados corresponden a la superficie del vaso lacustre y 399.09 son correspondientes a la superficie de la Zona Federal del Lago de Chapala, es decir, el área de playa.

La zona que un juez le reconoció a Ana María Franco Rosas, quien también se identifica como Ana María Franco de Gleason, cubre una parte de la calle Ribera del Lago, espacio que está en negociación para que el ayuntamiento otorgue terrenos donados en nuevos fraccionamientos a cambio de que se deje libre la vialidad, pero la zona de convivencia que cuenta con andadores de cemento y un pequeño quiosco se considera como perdida al no haber resultados positivos en las negociaciones.

“Ya tenemos un acuerdo previo en el que le regresamos los mil ciento y tantos metros que se ganó judicialmente pero que nos respete la servidumbre de paso porque hay una calle que es común que la usen, entonces el dice que nos respeta esa servidumbre, pero ya sea que le paguemos los metros que le pierde o le restituyamos con otro inmueble”, dijo a Semanario Laguna Carlos Alberto Zuñiga Chacón, síndico de Jocotepec.

El síndico recordó que fue una antigua administración la que construyó en ese terreno que no está registrado como bien municipal y que en caso de que el ayuntamiento desacate la resolución, podría haber consecuencias legales como congelación de cuentas bancarias o embargos. “Estamos obligados a restituirles la posesión”, dijo Zúñiga Chacón.

Espacio en el que fue construido un pequeño quiosco y que pasará a ser de uso particular. Foto: Armando Esquivel.

El espacio denominado «La Puerta de San Juan” se encuentra sobre la calle Morelos y Playas de la Laguna, en un proceso con el expediente 153/2018-III, siendo Carlos Calderón Espíndola, Juez Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, quien dio la sentencia, asistido por Esperanza Margarita Gutiérrez León, secretario de juzgado que autorizó y dio fé con fecha del 23 de febrero del 2024 en la ciudad de Zapopan.

La escritura presentada para reclamar el lugar es la número 14 mil 451 con fecha del 24 febrero del año 1982, otorgada por un notario público suplente adscrito a la notaría 22 de Guadalajara, Jalisco. La cuenta predial es la “Rústica 002273”

Algunos pobladores consultados se mostraron inconformes con el caso y la resolución del juez Calderón Espíndola, como el señor Enriquez, que desde hace 25 años y junto con varios vecinos se ha dedicado al mantenimiento y defensa del malecón, pues asegura que no es la primera vez que sucede algo similar.

“Desde antes como unos 15 años, ya habían venido, aquí siempre quieren agandallar, quieren hacer desarrollos porque tiene vista al lago, ya habían ido con mi papá con un portafolio pero mi papá está como yo, no nos vendemos”, contó en entrevista Sebastían Enriquez Aguilar, quien cuenta con una concesión por parte de la Conagua que cubre parte del malecón, más no de la zona que están por perder.

Otro entrevistado lamentó el caso comentando que algunos pobladores ya están enterados, pero a fin de cuentas es la autoridad quien toma la decisión.

“Aquí lo que era el campo a un lado era del mismo gobierno pero apareció dueño, nos enteramos por la misma gente que venía a pelear el lugar. Yo que puedo decir, el gobierno es el que se encarga de tomar la última decisión, mucha gente va a la presidencia a poner quejas y todo pero a fin de cuentas se quedaron con él”, dijo José.

El tema también estuvo presente dentro de la décimo segunda sesión ordinaria del Cabildo jocotepense realizada el 5 de junio, donde se presentó el convenio judicial a los regidores para el avance en el intercambio de bienes y la revisión de avalúos, siendo aprobado el punto, mientras que José Miguel Gómez López, presidente de Jocotepec, resaltó que el municipio no tiene que ver en la resolución judicial.

“Ya es orden, pues qué me queda, ni modo que le quitemos ese espacio a la gente de El Chante, van a creer ‘no, lo vendió José Miguel’ o sea, les encanta el mitote a algunas gentes de todas las localidades y la cabecera hay mucha gente mitotera, entonces van a empezar a decir que yo lo vendí cuando no lo vendí, ni en cuenta”, dijo el alcalde en la sesión.

Fue el 22 de octubre del año 2013 cuando la demanda fue admitida por el Juez Primero de lo Civil de Chapala bajo el registro 1099/2013 foja 7. El 3 de abril del 2015 se dictó sentencia condenatoria, pero cinco meses después se ordenó la reposición del procedimiento. Por su parte, desde el 2018 el municipio intentó postergar la resolución, que se basó en una escritura creada en una posible ilegalidad al no tomarse en cuenta los metros anexados de la zona declarada como bien de la nación.

Por lo pronto se está en espera de los resultados de acuerdos para compensar el espacio de calle, mientras los pobladores abordados coincidieron en sospechar de un tema inmobiliario detrás del caso, tomando en cuenta la serie de conjuntos departamentales de lujo que invadieron a la población en los últimos tres años. Otros dicen que no será fácil que les quiten lo que consideran sus espacios públicos de recreación. “El Chante se respeta y se va a respetar, que nos disculpen pero El Chante no se va a quedar callado”, sentenció uno de los habitantes.

Modelo de parquímetros con sello de clausura de la administración 2012–2015 que inició la demanda. Foto Archivo

Arturo Ortega (Chapala, Jal).- Tuvieron que pasar más de siete años y tres administraciones municipales, para que el Ayuntamiento de Chapala pudiera librarse del problema generó la contratación e instalación de parquímetros en la cabecera municipal, sobre la Avenida Francisco I. Madero y Paseo Ramón Corona.

Con esta demanda resuelta, el Ayuntamiento ya no tendrá que pagar los alrededor de 100 millones de pesos que demandaba la empresa Mk Ideas Tech S. A. de C.V. y Comers S.A. de C.V. en el expediente 776/2014, de la Quinta Sala de lo Administrativo del Estado de Jalisco.

El alcalde interino, Isaac Trejo Gracián, dio a conocer la noticia el 21 de abril cuando compartió la publicación de un medio local, a través de sus redes sociales y lo confirmó un día después al publicar la imagen de la carátula del expediente con un mensaje que decía: “Inició un 16 de Diciembre del 2014 y terminó un 19 de Abril del 2021”. 

Carátula del expediente de la demanda de parquímetros.

El contrato de parquímetros fue firmado por el hoy diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), J. Jesús Cabrera Jiménez, en su calidad de presidente, y por el hoy candidato a alcalde por MC, Moisés Alejandro Anaya Aguilar, que por entonces fungió como síndico y presidente interino, durante la administración 2010–2012, bajo términos que resultaron desfavorables para las administraciones siguientes.

Pese a ser del mismo partido, en la siguiente administración, el alcalde panista Joaquín Huerta (2012 -2015), por presión de los ciudadanos, denunció a la empresa y calificó de “leonino” el contrato firmado por la empresa y la administración 2010-2012.

A la llegada de la administración de Javier Degollado González (2015-2018), se intentó llegar a un acuerdo con la empresa de parquímetros, pero al no aceptar las condiciones del Ayuntamiento, ésta denunció el pago de más de 40 millones de pesos por incumplimiento de contrato.

Pese a la defensa, lucha y desgaste, la posibilidad de que los parquímetros regresaran a operar a Chapala fue grande, esto derivado de la “traición de los funcionarios al pueblo de Chapala” y “lo ventajoso y sinvergüenza del abogado Abelardo Martínez Ayón”, quien debió de haber defendido al ayuntamiento, pero que realmente no lo hizo, según informaba Degollado González.

Luego de dos administraciones que no tuvieron éxito, el juicio se había dado por perdido hacia el final del mandato de Javier Degollado y el pago de la millonaria cifra a la empresa de los parquímetros casi era un hecho. 

Irónicamente fue hasta la administración 2018–2021, que presidió Moy Anaya, cuando el juicio de la concesión de parquímetros que firmó, se resolvió el 19 de abril con Isaac Trejo como presidente interino.

Además del juicio de los parquímetros, el mismo 19 de abril también se ganó una demanda en contra de un proveedor de autopartes que exigía el pago de casi cinco millones de pesos mediante una resolución del Juzgado Noveno de lo Mercantil del Partido Judicial con sede en Guadalajara.

La defensa de este juicio, inició ante el embargo de una cuenta municipal en el banco Banorte en diciembre del 2018, en contra de la empresa Autopartes JE S. A. de C.V., por supuestos adeudos adquiridos durante la administración que presidió Javier Degollado, actual edil de Chapala.

Foto: Cortesía.

Redacción.- En México la justicia ampara al pudiente, al corrupto y al mafioso, pero nunca al pueblo y eso lo sabe bien la comunidad de Mezcala. Resulta que las autoridades judiciales siguen dando largas al caso de despojo de tierras a la población por parte de Guillermo Moreno Ibarra y su testaferro, Crescenciano Santana Sánchez. Después de 20 años, sigue sin llegar la justicia a Mezcala.

Se pasan la bolita. Fue el 27 de noviembre cuando se emitió la sentencia de turnar nuevamente el amparo directo 121/2019 que debería resolver la restitución de tierras invadidas en el predio conocido como “El Pandillo”, posponiendo nuevamente la sentencia final que ha esperado por años la comunidad coca de Mezcala. 

La sentencia fue turnada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito a sus homólogos en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Señalando que el segundo tribunal resultaba incompetente para resolver la cuestión que se le planteaba, en razón de que; el diverso Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, ya había conocido del asunto cuando resolvió el recurso de revisión 390/16. 

Ahora será el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien resuelva en definitiva el asunto, y está pendiente que se asigne el número del expediente que le corresponderá al amparo. 

Por ahora, la comunidad está pendiente y a la espera de lo que emita el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito para que aplique la justicia y se confirme la sentencia dada al expediente 475/2013, donde se condena al empresario Guillermo Moreno Ibarra y a su testaferro Crescenciano Santana Sánchez, a restituir a sus legítimos propietarios la superficie de 10-00-00 hectáreas del predio “El Pandillo”, que ilegalmente ocupan. 

La comunidad considera que los antecedentes y la razón histórica han mostrado que las tierras comunales pertenecen a Mezcala y no a un empresario particular de la ciudad de Guadalajara. Considerando que el pasado 14 de mayo del año 2002 -los en aquel entonces integrantes del comisariado de bienes comunales, para la comunidad indígena de Mezcala de la Asunción, municipio de Poncitlán, Jalisco- acudieron ante los Tribunales Agrarios a reclamar la restitución de una superficie aproximada de 10-00-00 hectáreas, ubicadas en el predio denominado “El Pandillo”, sobre la cual se había posesionado ilegalmente el empresario.

Después de haberse sustanciado todo el procedimiento agrario, con fecha 10 de septiembre del año 2014 el Tribunal Unitario Agrario Distrito XV, emite resolución dentro del expediente 475/2013 conforme a la cual se condena a los mencionados Guillermo Moreno Ibarra y Crescenciano Santana Sánchez, a restituir a la Comunidad Indígena la superficie de 10-00-00 hectáreas que ilegalmente vienen poseyendo en el predio denominado “El Pandillo”, dicha resolución fue confirmada en todos sus términos con fecha 14 de febrero del año 2019 por el Tribunal Superior Agrario al resolver el recurso de revisión 470/2014-15, lo cual significa que el empresario demandado y su testaferro, se encuentran obligados a restituir a la comunidad indígena la superficie que ilegalmente ocupan. 

Inconforme con dicha determinación, el particular Guillermo Moreno Ibarra en compañía de su siempre fiel escudero Crescenciano Santana Sánchez, interpuso el juicio de amparo directo 121/2019 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual combate como último medio de defensa la resolución dictada por el Tribunal Superior Agrario dentro del recurso de revisión 470/2014-15, en dicho juicio de amparo, el empresario alega como defensa contar con la calidad de comunero integrante de la propia comunidad que lo demanda. 

Ahora, la comunidad de Mezcala tendrá que esperar a que las autoridades judiciales resuelvan la situación, confiando en que darán la razón a quienes se dicen despojados.  

Durante el primer domingo de recolección de firmas, en Ajijic se reunieron 87. 

Sofía Medeles (Ajijic, Jal.).- Alrededor de mil personas de los municipios de Chapala y Jocotepec firmaron la petición de juicio político a los ex-presidentes. 

Las firmas -que en su mayoría eran de personas de 35 años en adelante- fueron recolectadas a domicilio y durante dos fines de semana, se instalaron mesas de votación en las plazas principales de la cabecera municipal de Jocotepec, Chapala y el pueblo de Ajijic. 

De acuerdo a un conteo rápido de Esther Solano, una de las voluntarias de este ejercicio ciudadano, fueron poco más de 500 personas del municipio de Chapala las que firmaron. 

Solano, indicó que en la cabecera municipal, estuvieron cuatro días trabajando, logrando recolectar un promedio de 50 firmas diarias.

“A pesar de los comentarios negativos y burlas, que en realidad fueron pocas, me siento muy feliz ya que se logró y se sobrepasó la meta, demostrando que el mexicano ya está cansado de tantos engaños”, sentenció Solano. 

Por su parte, Julia  Valencia, Regidora de Morena en Jocotepec, informó vía telefónica que en su municipio se registraron alrededor de 550 firmas. 

“Me siento contenta por los resultados, ya que se llegó a la meta y se sobrepasó. Se requerían un millón 600 mil firmas y al final se reunieron 2 millones 600 mil (a nivel nacional). La gente fue muy amable y cooperaba muy bien al pedírselo. En cuanto a la gente que firmó, fue mucha más gente mayor que jóvenes”, manifestó la regidora.

Verónica Navarro, quien estuvo encargada de la mesa de firmas en la plaza de Ajijic, dio a conocer que durante el primer domingo se juntaron 87 firmas, acerca del segundo domingo, no dio cifras de la cantidad de firmas. 

“Invertí por anuncios, pósters, lonas, caballetes, servicios de mensajería a Ciudad de México, y mi tiempo, estoy contenta por la iniciativa que tomé, ya que esto despertó la admiración en algunos pobladores”, acotó con orgullo, Verónica. 

Para finalizar, Julia Valencia explicó que el siguiente paso -una vez aprobadas la legitimidad del millón 600 mil firmas- será que al 33 por ciento en la cámara de diputados y senadores autoricen el desafuero, para que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, dé la orden y comience la investigación de los expresidentes, Carlos Salinas de Gortarí (1988-1994), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012 ) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Hoja en la cual se reúnen las firmas.

Sofía Medeles.- La mayoría de ciudadanos (entrevistados por este medio en un sondeo en la zona centro de Ajijic) opinan que al igual que se pide se enjuicien expresidentes de la república, también se haga lo mismo con ex presidentes municipales,  ex delegados e incluso ex diputados.

Y es que la recolección de firmas para llevar a tribunales a expresidentes como Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas propuesta por Adrés Manuel López Obrador (quien invitó a los ciudadanos a organizarse para convocar la consulta antes de que venza el plazo, el 13 de septiembre) tuvo presencia durante el último fin de semana con mesas de voto en Chapala, Jocotepec y Ajijic.

La encargada de la mesa en la plaza principal de  Ajijic, manifestó que durante el domingo  cinco de septiembre se recolectaron alrededor de 80 firmas, pero este fin de semana espera se reúnan poco más, pues es “ya se está corriendo la voz”.  Por su parte, la regidora de MORENA en Jocotepec, Julia Valencia está abonando a la causa con una mesa de voto y recolectando firmas a domicilio. 

«Todos los mandatarios o las personas en cargos públicos deberían exponerse a este tipo de juicios por parte de la comunidad, la mayoría son unos zopencos, que les dan atole con el dedo a su pueblo y nosotros no hacemos nada por defendernos. Yo creo que eso nos pasa esta administración están todos cegados por la simpatía de Moy, sin embargo es el que más nos llena de puras promesas», sentenció Juan, uno de los entrevistados. 

Luisa, ha dicho que todos deben pagar por lo que hicieron, incluyendo al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, pues a su parecer, este último también ha dañado los intereses de los ciudadanos.  “Ya basta de estar agachados esperando cuál va a ser el mejor o peor presidente. Hagamos algo por México hoy», dijo. 

Laura (otra de las entrevistadas en el sondeo), reconoce la labor de los funcionarios públicos, pero considera que si hicieron mal no tienen porque estar exentos de un juicio, como cualquier ciudadano. «No creas que estoy tan de acuerdo con la junta de firmas, si son delitos se le juzga y ya, pero si esto le da voto y empoderamiento al ciudadano, yo estoy dentro», acotó. 

Para finalizar, el joven Luis, confesó que tiene mucho resentimiento contra los mandatarios, especialmente los integrantes de los gabinetes presidenciales. «Son los que menos parece que hacen, pero son los que más dañan y roban a la comunidad, ya que no están en el centro de atención, así que por mí que se les juzgue a cada persona que llegue a cualquier tipo de nivel político, es necesario para que México pueda progresar y salir de la miseria en la que se encuentra. «

El juicio de nulidad se realiza ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil y de Trabajo.

Manuel Jacobo (Chapala, Jal).- Porque consideran que no hubo un perjuicio al lago de Chapala debido a que el Ayuntamiento de Chapala ha realizado los estudios requeridos, se interpuso un juicio de nulidad para que le devuelva los recursos generados por dobles pago en estudios de plantas de tratamiento.

“Metimos un juicio de nulidad porque si se hicieron los estudios nomás no se subieron a la plataforma; los estudios están, las multas se generan en base a algo que fuiste omiso pero esa es una omisión de forma no de fondo, entonces los estudios se hicieron, no hubo un perjuicio al lago y eso es lo que estamos peleando”, explicó el Presidente de Chapala, Moisés Alejandro Anaya Aguilar. 

Desde hace unas semanas, Anaya Aguilar dio a conocer que la Secretaría de Finanzas descuenta unos estudios que se realizan a las plantas pero que la Comisión Estatal del Agua (CEA) no subió a una plataforma de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Según Moisés Anaya, hasta el momento se han descontado 3 millones 600 mil pesos, pues la multa de cada trimestre fue por un millón 800 mil pesos y a pesar de que no se ha cobrado un tercer trimestre, este les cobrarán y es superior a los dos millones de pesos.

Lo que significa que para ese entonces, Chapala habría realizado un doble pago por tres trimestres, lo que sumaría una multa innecesaria por 5 millones 600 mil pesos, mismos que todavía no tiene certeza de si les serán regresados para su utilización en obra pública. 

Ante los hechos, el Ayuntamiento de Chapala va a solicitar otras alternativas jurídicas para anular el convenio de retención de participaciones que se realizó durante la administración de Javier Degollado González.

A decir del primer edil, ese juicio tiene fondo y los argumentos necesarios para poderlo ganar y pese a que considera que el dinero no les será regresado, este sí servirá para los próximos estudios. 

Tanto el presidente como la totalidad de los trabajadores de gobierno, podrían ser suspendidos por un plazo de 15 días.

Miguel Cerna.- Por el incumplimiento en diversos juicios laborales, el Congreso del Estado de Jalisco avaló iniciar procedimientos de suspensión de cargos por 15 días del presidente municipal, José Miguel Gómez López, así como de todos los integrantes del Ayuntamiento.

Son al menos cinco los casos perdidos por el gobierno, por lo que las sanciones fueron solicitadas por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado por incumplimiento de diversos juicios laborales.

Al respecto, el primer Edil informó que de concretarse, acatará la suspensión, pues el municipio no cuenta con recursos para cubrir lo demandado, ya que pagar los laudos implicaría suspender los servicios básicos brindados a la población.

“Tengo algunos juicios que ya tengo que cubrir, no tengo dinero. Voy a hacer lo que hacía Andrés Manuel (López Obrador), cuando lo del fuero: sáquenme, métanme a la cárcel por incumplir, o sea voy a pagar los platos rotos de otros, pero ni modo, si yo agarro dinero que tengo para el mantenimiento del pago de la luz, del pago del agua, del pago de la basura, de los básico, pues voy a dejar al pueblo sin servicios y todo por pagarle a gente que te está exigiendo un laudo”, comentó enérgico.

Gómez López lamentó la actitud que han tomado decenas de trabajadores de confianza en administraciones pasadas -pues se han arrastrado demandas desde antes del año 2000- al demandar al ayuntamiento cuando su contrato se terminaba al finalizar el trienio.

“Yo sé que los exservidores que están demandando quieren hacer su vida de ahí, quieren recuperar su patrimonio o quieren alivianarse; no los juzgo, pero también no comulgo con muchos casos que la verdad tú dices, ‘¡por Dios Santo, como es posible que hayan ganado! Eran trabajadores de confianza’”, apuntó.

De concretarse la suspensión de él o de su ayuntamiento, el Alcalde informó que hará públicos los casos, con el fin de que la gente se entere de los motivos, aunque se reservará el nombre de los demandantes para evitar un “linchamiento social”, pues aseguró que algunos casos si son por injusticias laborales.

La falta de defensoría por parte del municipio en pasadas administraciones, ha sido una constante que ha generado los laudos, lo que evidencia que los departamentos jurídicos no trabajaron o se fueron dando por “deficiencia, ineptitud, incapacidad, corrupción o errores humanos”.

Gómez López recordó que, al asumir el cargo en octubre del 2018, heredó más de 150 juicios laborales que superaban los 100 millones de pesos, de los cuales solo se ha resuelto una veintena; sin embargo, para terminar el resto se requerirían alrededor de 30 millones de pesos para llegar a negociaciones, según cálculos del Presidente.

La petición fue realizada por el regidor Gerardo Degollado.

Manuel Jacobo (Chapala, Jal). – El Regidor de la fracción de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Gerardo Degollado González, pidió a su ex trabajador de confianza y director de Comunicación Social durante la administración 2007-2009, José Guadalupe Vidrio Oliva, se desista de cobrar un dinero que no le pertenece y que ganó con “un juico a base de mentiras”.

“Ahorita lo que queda es apelar a la ética de las personas que saben que no deben cobrar ese dinero, que mintieron para ganarlo y que es dinero de todos los chapalenses”, expresó el ex alcalde, Gerardo Degollado González.

El entrevistado le recordó a quien fuera su director de Comunicación Social que nuca fue despedido y que a partir de las artimañas que hicieron sus abogados fue falsificando el despido, ya que lo que no se le pagó fue su última quincena y aguinaldo.

Degollado González pidió al resto de demandantes que están en la misma situación que se desistan de la demanda. “Si quieren tanto a Chapala que se desistan porque aparte lo hicieron con mentiras o que vengan a decirme a mí que Gerardo Degollado los despidió, si nunca los despedí, entonces ¿cómo van a denunciar? Mintieron”.

Por su parte, el Presidente Municipal de Chapala, Moisés Alejandro Anaya Aguilar, mencionó que después de la reinstalación de Vidrio Oliva -realizada el 10 de septiembre-, éste no se ha presentado a laborar pese a que el Ayuntamiento cumplió con lo que estableció el tribunal.

Anaya Aguilar señaló que no sorprendería que Guadalupe Vidrio quiera volver a demandar o en su caso presente justificantes médicos para evadir su incumplimiento, pero el Síndico Municipal, Isaac Alberto Trejo Gracián, expuso que deberán ser comprobantes avalados por Clínica Municipal de Chapala.

Para finalizar, los funcionarios recordaron al demandante que la Ley de Funcionarios Públicos se modificó en 2012 y que la condición en la que ahora está ya no le favorecerá como lo hizo anteriormente, donde logró ganar un juicio de más de dos millones de pesos.

Abogado y el demandante saliendo de una oficina del Ayuntamiento de Chapala.

Redacción.– Regresa a laborar tras ganar una demanda, el ex director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Chapala, Guadalupe Vidrio Oliva, quien fue reinstalado el 10 de septiembre; además, el Gobierno de Chapala le tendrá que pagar más de dos millones de pesos por “salarios caídos”.

Fue durante la mañana del martes cuando, en compañía de su abogado, Guadalupe Vidrio acudió a palacio municipal para ser reinstalado. Respecto al pago por más de dos millones de pesos, aún no se otorga y hasta el momento se desconoce si habrá una negociación para reducir la millonaria cifra, si se dará el pago en parcialidades o si se realizará en una sola exhibición.

Vidrio fue director de Comunicación Social en la administración 2007 – 2009, presidida por el entonces priista y ahora de regidor de MORENA, Gerardo Degollado González.

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