legal

Por Lic. Diana Ortega. 

Como ya saben, mi amigo Chepe tiene varias dudas legales, en esta ocasión, platicamos sobre su negocio de tacos, el cual comercializa bajo su marca “Chepino Zorrillo”, pues bien, ahora ha decidido ampliar su negocio y expandirlo a diferentes ciudades, tiene a varias personas interesadas en entrar con él al negocio para vender tacos, pues les gusta su concepto futurista.

Lo primero que le pregunté a Chepe fue, ¿si él quería conceder el permiso de vender tacos bajo el nombre de su marca?, ¿cómo veía él a su negocio?, ¿deseaba que su restaurante de tacos fuera igual en los lugares en donde se abrieran nuevos con su marca? En caso de no verlos iguales al que él administraba, ¿qué cosas diferentes se imaginaba en los otros o si daría libre albedrío para que otras personas vendieran tacos bajo el nombre de su marca?

En conclusión de las respuestas que me dió, fue que Chepe quería darles permiso de usar su marca, pero que los dejaría decidir sobre que mesas querían poner en sus negocios, y la manera de administrarlos, que el solo quería ganar dinero por su marca, lo único que si deseaba que se respetara eran los colores y branding o marca que tenía, así como el manual de la imagen.

En mi opinión, Chepe no estaba listo para una franquicia y lo que él quería hacer era de momento otorgar permiso de uso de la marca con sus respectivos límites, por ende le recomendé que iniciara con licencias de uso de marca, en donde recibirá el pago por la renta de “Chepino Zorrillo” y los licenciatarios tendrán la autorización de comercializar, siempre y cuando sigan las reglas que Chepe establezca en dicha licencia, estas licencias pueden otorgarse por el tiempo que Chepe decida, pueden ser meses o años.

Si quieres conocer más información, no olvides leer el Semanario Laguna, La Noticia Como Es ¡Porque recuerda que es Tu Derecho!

Contacto: dianaortega@digitalveintiocho.com

Habitantes de Chapala recibiendo asesoría jurídica. Foto: Procuraduría Social de Jalisco. Foto Jazmín Stengel.

Jazmín Stengel.- El programa estatal “Te Respaldamos” que ofreció orientación jurídica por parte de la Procuraduría Social de Jalisco, asistió a 214 chapalenses, en la plaza de la cabecera municipal, el 16 de agosto, de los cuales, 123 recibieron asesoría gratuita y a otros 57 se les asignó un abogado patrocinado.

En el municipio de Chapala, los casos a tratar son en su mayoría de índole familiar, como custodias, pensiones alimenticias y divorcios. Aunque también se ofreció el servicio para cuestiones de derecho mercantil, civil y penal, entre otros, aseguró el presidente municipal, Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, a través de un comunicado de prensa.

El programa que se encarga de dar seguimiento a los casos que se encuentran fuera de las atribuciones del gobierno municipal también se encuentra en servicio, en las oficinas de la Procuraduría Social de la cabecera municipal de Chapala, sobre la avenida Pepe Guizar número 68, local 2 y 3, a cargo de Juan Carlos Márquez.

La asesoría legal gratuita se imparte a cualquier ciudadano que presente su credencial electoral. Mientras que, el acompañamiento durante el juicio completo se decide mediante un estudio socioeconómico, el solicitante debe ganar menos de 10 mil pesos al mes para ser acreedor al servicio o formar parte de un grupo vulnerable.

A la jornada número 27 del Programa Te Respaldamos en Chapala, acudió el Subprocurador de Servicios Jurídicos Asistenciales, César Trujillo, la Directora de Regiones Luz María Alatorre Maldonado, el titular de la Notaría número 5 del Municipio de Chapala, Sergio Ernesto Macías Ávila, Oscar Israel Rodríguez Razón, Juez 2do Civil de Chapala en representación del Magistrado Daniel Espinoza Licón y Juan José Salas Ramírez en representación de la diputada María Dolores López Jara.

El programa Te Respaldamos tiene como objetivo “llevar servicios legales y de justicia, así como tramitar juicios de manera gratuita, consolidando una justicia incluyente e integral en los municipios”, describió el procurador Juan Carlos Márquez. En lo que va de la administración estatal se han impartido 200 mil asesorías y patrocinado 180 mil casos en todo Jalisco aproximadamente.

Foto: Cortesía. 

Redacción.- Desde hace 22 años, la comunidad de Mezcala de la Asunción, Poncitlán, ha luchado contra un invasor, un empresario de Guadalajara de nombre Guillermo Moreno Ibarra, quien llegó a la localidad pegada al lago para, por la fuerza, influyentismo y corrupción, apropiarse de 12 hectáreas. 

En el 2019, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito XV resolvió en favor de la comunidad de Mezcala, por lo que el invasor tenía que regresar las tierras, pero esto no pasó, debido a la burocracia del poder judicial, sumado a la pandemia por COVID19. Moreno Ibarra interpuso un amparo, lo que retrasó que se cumpliera la sentencia.   

Al invasor se le acusa de usar prestanombres, hacer uso de amiguismo con políticos, de amenazas contra la comunidad y hasta de pagar para convertirse en comunero. En un inicio la comunidad de Mezcala planteó la posibilidad de defender su terreno con el poder y fuerza del pueblo, pero al final se decidió actuar por la vía legal, confiando en que las autoridades resolverán en su favor.  

Será en este mes cuando el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Zapopan deberá dictar la sentencia definitiva, en la que ya no se podrán interponer más recursos ni “artimañas” legales, por lo que la comunidad se encuentra a la espera de lo que pueda suceder, esperando que se haga justicia para Mezcala.

Modelo de parquímetros con sello de clausura de la administración 2012–2015 que inició la demanda. Foto Archivo

Arturo Ortega (Chapala, Jal).- Tuvieron que pasar más de siete años y tres administraciones municipales, para que el Ayuntamiento de Chapala pudiera librarse del problema generó la contratación e instalación de parquímetros en la cabecera municipal, sobre la Avenida Francisco I. Madero y Paseo Ramón Corona.

Con esta demanda resuelta, el Ayuntamiento ya no tendrá que pagar los alrededor de 100 millones de pesos que demandaba la empresa Mk Ideas Tech S. A. de C.V. y Comers S.A. de C.V. en el expediente 776/2014, de la Quinta Sala de lo Administrativo del Estado de Jalisco.

El alcalde interino, Isaac Trejo Gracián, dio a conocer la noticia el 21 de abril cuando compartió la publicación de un medio local, a través de sus redes sociales y lo confirmó un día después al publicar la imagen de la carátula del expediente con un mensaje que decía: “Inició un 16 de Diciembre del 2014 y terminó un 19 de Abril del 2021”. 

Carátula del expediente de la demanda de parquímetros.

El contrato de parquímetros fue firmado por el hoy diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), J. Jesús Cabrera Jiménez, en su calidad de presidente, y por el hoy candidato a alcalde por MC, Moisés Alejandro Anaya Aguilar, que por entonces fungió como síndico y presidente interino, durante la administración 2010–2012, bajo términos que resultaron desfavorables para las administraciones siguientes.

Pese a ser del mismo partido, en la siguiente administración, el alcalde panista Joaquín Huerta (2012 -2015), por presión de los ciudadanos, denunció a la empresa y calificó de “leonino” el contrato firmado por la empresa y la administración 2010-2012.

A la llegada de la administración de Javier Degollado González (2015-2018), se intentó llegar a un acuerdo con la empresa de parquímetros, pero al no aceptar las condiciones del Ayuntamiento, ésta denunció el pago de más de 40 millones de pesos por incumplimiento de contrato.

Pese a la defensa, lucha y desgaste, la posibilidad de que los parquímetros regresaran a operar a Chapala fue grande, esto derivado de la “traición de los funcionarios al pueblo de Chapala” y “lo ventajoso y sinvergüenza del abogado Abelardo Martínez Ayón”, quien debió de haber defendido al ayuntamiento, pero que realmente no lo hizo, según informaba Degollado González.

Luego de dos administraciones que no tuvieron éxito, el juicio se había dado por perdido hacia el final del mandato de Javier Degollado y el pago de la millonaria cifra a la empresa de los parquímetros casi era un hecho. 

Irónicamente fue hasta la administración 2018–2021, que presidió Moy Anaya, cuando el juicio de la concesión de parquímetros que firmó, se resolvió el 19 de abril con Isaac Trejo como presidente interino.

Además del juicio de los parquímetros, el mismo 19 de abril también se ganó una demanda en contra de un proveedor de autopartes que exigía el pago de casi cinco millones de pesos mediante una resolución del Juzgado Noveno de lo Mercantil del Partido Judicial con sede en Guadalajara.

La defensa de este juicio, inició ante el embargo de una cuenta municipal en el banco Banorte en diciembre del 2018, en contra de la empresa Autopartes JE S. A. de C.V., por supuestos adeudos adquiridos durante la administración que presidió Javier Degollado, actual edil de Chapala.

Localidad de Mezcala.

Han pasado 20 años desde que la comunidad indígena de Mezcala de la Asunción, municipio de Poncitlán, Jalisco, emprendió una lucha legal para recuperar sus tierras ancestrales. Actualmente las autoridades comunitarias piden que se concluya el proceso legal  que actualmente se encuentra en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 

El tribunal deberá emitir la resolución dentro del juicio de amparo directo 121/2019. Pues los tiempos legales ya se han retrasado por diversas razones, eso aunado al tiempo que la comunidad ha esperado para que le sean devueltas las tierras. 

En el amparo directo 121/2019 el empresario Guillermo Moreno Ibarra alegaba contar con la calidad de comunero integrante de la comunidad de Mezcala, misma que lo demandó por invasión de sus tierras comunales.  

Dentro de la resolución dictada por el Tribunal Superior Agrario y mediante el recurso de revisión 470/2014-15, el invasor pedía se le juzgara como comunero y no como particular, pues de forma fraudulenta obtuvo en la vía sucesoria del fallecido comunero Nicolás Indalecio Contreras el carácter de comunero en el año de 2012, esto con la finalidad de evadir la justicia. 

Pero el pasado 18 de diciembre de 2019, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, dentro del recurso de revisión 390/16, determinó de manera firme ratificar la sentencia emitida dentro del juicio de amparo 222/15-2 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa del Tercer Circuito, donde se había determinado  que el empresario Guillermo Moreno Ibarra: 

Debía de ser juzgado en su carácter de particular invasor, mismo que ostentaba en el año 2002 en que se le demando la restitución de la superficie de 10-00-00 hectáreas y no en el diverso carácter de “comunero”, mismo que obtuvo en forma amañada hasta el año 2012. 

Es por eso que interpuso el juicio de amparo directo 121/2019 que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito deberá resolver en los próximos días, y que la comunidad espera se condene al empresario Guillermo Moreno Ibarra y a su testaferro Crescenciano Santana Sánchez, a restituir a sus legítimos propietarios la superficie de 10-00-00 hectáreas del predio “El Pandillo”. 

Pues desde el pasado 14 de mayo de 2020, la comunidad mediante los integrantes del comisariado de bienes comunales acudieron ante los Tribunales Agrarios a reclamar la restitución de una superficie aproximada de 10-00-00 hectáreas, ubicadas en el predio denominado “El Pandillo”, sobre la cual se había posesionado ilegalmente el empresario Guillermo Moreno Ibarra, con el contubernio para ello del comunero Crescenciano Santana Sánchez. 

El pasado 10 de septiembre del año 2014 el Tribunal Unitario Agrario Distrito XV, emitió resolución dentro del expediente 475/2013 conforme a la cual se condena a los mencionados Guillermo Moreno Ibarra y Crescenciano Santana Sánchez, a restituir a la Comunidad Indígena la superficie de 10-00-00 hectáreas que ilegalmente vienen poseyendo en el predio denominado “El Pandillo”. 

Dicha resolución fue confirmada en todos sus términos con fecha 14 de febrero del año 2019, por el Tribunal Superior Agrario al resolver el recurso de revisión 470/2014-15, lo cual significa, que el empresario demandado y su testaferro se encuentran obligados a restituir a la comunidad indígena la superficie que ilegalmente ocupan. 

Inconforme con dicha determinación, el particular Guillermo Moreno Ibarra en compañía de Crescenciano Santana Sánchez, interpuso el juicio de amparo directo 121/2019 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual el invasor combate como último medio de defensa, la resolución dictada por el Tribunal Superior Agrario dentro del recurso de revisión 470/2014-15, del cual se pide concluya su proceso.  

Foto: Cortesía.

Judith Pérez Fajardo (Ciudad de México).- Después de difunto empiezan los problemas para los familiares porque no dejó sus papeles en regla. Esta situación es muy común en nuestro país, te explicamos las ventajas del por qué es buena idea hacerlo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) anotaron en 2012 que sólo uno de cada 500 mexicanos tiene un testamento. En 2018 el Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM) señaló que solo un poco más de cinco por ciento de la población mexicana que está en edad para otorgar testamento lo ha hecho. En este momento se observa una disminución en la demanda por el resguardo de la gente en sus casas provocado por el Coronavirus.

La cultura testamentaria es un tema que aún está rezagado entre los mexicanos. Todo mundo debería hacer un testamento para evitar problemas en el futuro, no importa cuántas pertenencias tenga, ya que hay quienes piensan que no tiene nada que heredar.

Cuidar nuestras finanzas es importante, y parte de esto conlleva saber qué va a pasar con ellas cuando ya no estemos. Estar bien informado evitará situaciones poco agradables a futuro.

Septiembre es conocido como Mes del Testamento, pero ¿qué es? Es un instrumento legal que expresa la voluntad de una persona para que sus bienes pasen a manos de uno o varios individuos después de morir. La persona que haga el testamento elegirá a manos de quién o quiénes quedarán estos bienes.

¿Cualquier persona puede hacer un testamento? La respuesta es Sí. Cualquier persona puede hacer un testamento siempre y cuando sea mayor de 14 años (16 ó 18 según el Estado de la República Mexicana donde radique). Este proceso se tiene que hacer ante un Notario Público el cual, se encargará de validar el mismo.

De igual manera, si en algún momento quieres cambiar tu testamento podrás hacerlo cuantas veces quieras, siempre y cuando se realice con el Notario. Si durante tu vida otorgaste varios testamentos, el último de ellos será el que cumplirá con tu voluntad y, por tanto, el único válido.

Una de las preguntas recurrentes que nos hacen en Prestadero es ¿qué pasa con las deudas que tengo cuando muera? El total del valor que conforma la herencia podría funcionar para el pago de la deuda o por lo menos, hasta donde su valor alcance. En caso de que la deuda sea mayor al total heredado, entonces los herederos no tienen la obligación de aceptar la herencia.

Cada institución en la que tengas una deuda al momento de morir, estipula sus propias políticas y procesos al respecto. Lo que es un hecho es que tus familiares deben reportar tu fallecimiento dentro de los 180 días posteriores al mismo. Por eso es importante tener finanzas sanas.

No heredes deudas, mejor aprende a organizarte para poder dejar un patrimonio que tus hijos puedan disfrutar al 100% sin tener que destinar una parte de ello a saldar asuntos pendientes que te correspondían a ti. Recuerda que tener finanzas sanas es heredar tranquilidad a tus familiares.

Foto: Cortesía.

Redacción.– Al Poder Judicial del Estado de Jalisco no le importó la mala fama con la que cuenta el juez Jaime Gómez, ya que el acusado de corrupto no ha sido cesado, su “castigo” fue el cambiarlo al juzgado de Chapala.

Gómez cuenta con una decena de quejas en el Consejo de la Judicatura y dos denuncias en la Fiscalía Anticorrupción por su mal actuar como juez, siendo señalado por conceder órdenes de aprehensión contra personas con deudas mercantiles, pero en otros estados del país y sin tener competencia para esto.

Quien ahora se encargará de los asuntos registrados en El Salto, Ixtlahuacán de Los Membrillos y Jocotepec, también es señalado de participar en una red de corrupción, en la que, supuestamente, participan agentes del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de Jalisco y Juzgadores, quienes fabricaron pruebas penales para poder encarcelar personas.

Una de las víctimas es un socio de la empresa Sulfatos El Águila, así como a dos oriundos de Sonora, dueños de una Acuícola y un empresario en telecomunicaciones de la ciudad de Toluca.

A pesar de que magistrados federales han confirmado que Jaime Gómez, no tiene competencia para juzgar en otras partes, sus mismos compañeros en Jalisco lo siguen protegiendo, sin que ninguna autoridad se atreva a comentar el tema.

Sumó Chapala 254 demandas por despidos laborales de 2007 a 2019

Manuel Jacobo (Chapala, Jal). – Aproximadamente 14 ex directores, una ex regidora, un ex presidente interino y asesor presidencial, el ex delegado de Ajijic y diversos trabajadores de la pasada administración, forman parte de la lista de 254 personas que demandaron al Ayuntamiento de Chapala por despido laboral. Las denuncias fueron presentadas durante el 2007 a octubre de 2019 –último corte-, según dio a conocer el Síndico Municipal, Isaac Trejo Gracián.

Al recibir la administración encabezada por Moisés Alejandro Anaya Aguilar, el Ayuntamiento ya contaba con 95 demanda laborales; sin embargo, fueron los empleados de la saliente administración encabezada por Javier Degollado los que más demandaron, iniciando 159 demandas contra el Ayuntamiento de Chapala por despidos injustificados y por presuntos pagos que se les quedaron a deber.

Y aunque se les invitó a acercarse para darles sus finiquitos y proporcionales, además de la quincena que no les pagó el alcalde Javier Degollado, éstos no estuvieron de acuerdo, pues como ha sentenciado el Síndico, esperan que el municipio les pague salarios caídos.

Entre los 14 directores, que demandaron al Ayuntamiento de Chapala y que laboraron en la administración 2015-2018, se encuentra la ex regidora del PRI, Martha Maldonado Esqueda y el ex delegado de Ajijic, Jesús Ernesto Medeles Córdova, además del expresidente interino y asesor presidencial, Modesto Hernández López.

Se suman a las demandas, el ex director de Comunicación Social, Carlos Arturo García Robles; el ex presidente municipal y ex director de Patrimonio, Guadalupe Padilla Castañeda y el ex Contralor Municipal, Juan José Baltazar Alvarado.

Además de la ex directora del Instituto de la Mujer, Elvira Crespo Vergara; el ex director de Protección Civil y Bomberos, Enrique Perales Miranda; el ex director de Desarrollo Social, Diego Beltrán González; el ex director de Participación Ciudadana, José Trinidad Mendoza González; el ex director de Reglamentos, Víctor Pérez Cárdenas

Pero también han demando el ex director de COMUDE, Ramón Gerardo Amezquita Delgado; el ex oficial de Registro Civil, Javier Núñez Corona; el ex director de Mercados, Pedro García Rivera; el ex director de Adquisiciones, Magdaleno Enciso Fuentes; Director de Desarrollo Rural, Carlos Santiago Ayala.

El director Jurídico y del Instituto de Transparencia, Rodolfo Sergio García Trujillo, además de demandar, es el litigante –abogado patrono- de por lo menos 25 de los demandantes.

Actualmente ya fueron saldadas otras demandas, entre las que se encontraba la realizada por el ahora Regidor Javier Degollado González, dentro de las que quedan pendientes, se incluyen diversos trabajadores de confianza y que no pueden ser reinstalados, sentenció el Síndico Isaac Trejo Gracián.

“Aquí es un tema de tener vergüenza; creen que va a sacar un beneficio personal a costa del municipio, están siendo engañados”, manifestó Trejo Gracián para señalar que muchos funcionarios demandantes eran empleado de confianza y no podrán acceder a salarios caídos, ya que al finalizar la administración de Javier Degollado automáticamente termina su contrato, como lo marca la nueva reforma laboral.

Trejo Gracián también dio a conocer que, aunque el director de Obras Públicas (2015-2018) Rodrigo Paredes, no demandó al Ayuntamiento sí se llevó la caja de ahorro de los trabajadores por lo que se ha abierto una investigación en su contra, como al extesorero Roberto Molina Salazar.

Sin embargo, lo más preocupante es que el Ayuntamiento de Chapala ya cuenta con 16 laudos (sentencias o demandas ganadas por el trabajador) -que suman la cantidad de 5 millones 967 mil 61 pesos, hasta el último corte-, entre el que destaca el pago al ex director de Comunicación Social (2007-2009), José Guadalupe Vidrio por poco más de dos millones 300 mil pesos, seguido por Paulo Arrollo García con un laudo de más de un millón de pesos o la segunda demanda ante el incumplimiento del ayuntamiento en un laudo de un millón 400 mil pesos a Rosa Isela Berenice Delgado. Ésta última, aunque ya tenía un laudo ganado, se le volvió a contratar durante el gobierno de Javier Degollado y nuevamente demandó al municipio por despido injustificado, como también lo hizo Vidrio Oliva.

El Síndico Isaac Trejo, el alcalde de Chapala, Moisés Anaya Aguilar y el Secretario General Sergio Cuevas Elvira. 

Redacción. – El Tribunal de Justicia Administrativa, ha ordenado el arresto por 36 horas para Moíses Anaya Aguilar, presidente de Chapala, así como a los regidores ante la falta de pago por el caso Led Lumina, que se arrastra desde la administración del ahora diputado local, Jesús Cabrera Jiménez.

El conflicto legal por el pago de las luminarias inició en la administración 2010 – 2012, con la aprobación de la concesión de las luminarias a la empresa Led Lumina para el cambio de lámparas, aunque la empresa asegura que nunca se les pagó, señalando que los pagos se darían con el ahorro en energía eléctrica generado por las lámparas instaladas y afirman contar con los recibos de luz que lo prueban.

En ese entonces el presidente de Chapala era Jesús Cabrera Jiménez y Moisés Anaya servía como Síndico del ayuntamiento. 

La orden de arresto busca ejecutarse en un tiempo máximo de cinco días, a partir del lunes 17 de junio, por lo que, al menos que el presidente de Chapala consiga un amparo, él y sus regidores serían arrestados a más tardar el viernes 21 de junio.

Luego de pasar por tribunales, la sentencia se dictó desde el año 2015, sin embargo, no fue cubierta por esa administración, por lo que la cantidad creció llegando ahora una cantidad que podría superar los 100 millones de pesos.

Por ahora el ayuntamiento de Chapala se ha mantenido callado sin tener pronunciamiento respecto al tema.