Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, el desperdicio de alimentos en México alcanza el 34.7 por ciento de lo que se produce.
En tiempos de crisis es inverosímil que teniendo los medios para paliar un problema se opte por empeorar la situación. El país se enfrenta a una cruda realidad, debido a que la pandemia de covid-19 golpeó desde mediados del año los mercados internacionales y, como ya sabemos, México tendrá que crear estrategias que minimicen estas consecuencias económicas.
Se calcula que cada año en nuestro país el desperdicio de alimentos es de 20 millones de toneladas, equivalente a 25 mil millones de dólares. Con esta cantidad podrían comer al menos 7.01 millones de mexicanos que padecen hambre, de los 23 millones que sufren esta situación.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el mundo se pierden 14 por ciento de los alimentos antes de llegar a los anaqueles. Si ampliamos el panorama, nos daríamos cuenta de que no sólo se pierde la comida, también los recursos naturales utilizados en su producción lo que afecta más al cambio climático.
El hambre golpea a 690 millones de personas en el mundo, y se prevé que para 2030 la cifra aumente a 840 millones. El desperdicio de alimentos es mayor en los países del Sur en desarrollo: 20,7 por ciento en Asia meridional y central, 14 por ciento en África subsahariana y 11,6 por ciento en América Latina y el Caribe, a diferencia del 5,8 por ciento en países más desarrollados como Australia y Nueva Zelandia.
De acuerdo con la FAO, hay que entender como desperdicio a la disminución en la cantidad o calidad de los alimentos como resultado de las decisiones y acciones de los minoristas proveedores de servicios alimentarios, como los restaurantes, y los consumidores. Los alimentos que no llegan a consumirse implican desperdicio de recursos como: la mano de obra, la tierra, el agua, el suelo y las semillas, transporte, almacenaje, y aumentar en vano las emisiones de gases de efecto invernadero.
Las principales pérdidas afectan a raíces, tubérculos y cultivos oleaginosos (25 por ciento), frutas y hortalizas (22), productos cárnicos y de origen animal (12), y también cereales y legumbres (8,6 por ciento).
Hay soluciones que se deben poner en marcha para evitar que el hambre siga siendo de los principales problemas actuales. La FAO propone el uso de tecnologías para la gestión poscosecha, envasado de alimentos más apropiados, hábitos de consumo más adecuados, políticas gubernamentales destinadas a reducir el despilfarro de alimentos, y redistribución de los excedentes inocuos a personas necesitadas a través de bancos de alimentos.
De acuerdo con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, el desperdicio de alimentos en México alcanza el 34.7 por ciento de lo que se produce, esto significa el 2.5 por ciento del valor de toda la producción o del Producto Interno Bruto (PIB). El investigador, Jorge Arturo Morton Treviño, refiere que las cifras son alarmantes: de la carne de cerdo asciende al 40 por ciento; pescado, 37 por ciento; res, 35 por ciento; pollo, 29 por ciento, y tortilla, 28 por ciento.
El impacto ambiental es de casi 37 toneladas de dióxido de carbono; un costo económico equivalente a 16 millones de vehículos, además del desgaste de agua y suelo. Es un alto costo para todos los sectores: social, económico y ambiental, por lo que se debe establecer una política de Estado, donde la ciudadanía participe para no seguir golpeando la economía y la salud.
Lo más importante es la información, a la que todos los ciudadanos tenemos derecho. Se deben promover estrategias contra el desperdicio, invertir en tecnología e infraestructura para almacenar alimentos, dinámicas de las centrales de abasto y terminar con barreras legales; así como promover estándares sanitarios y fitosanitarios.
Los bancos de alimentos ya atienden a una población rural y urbana que apenas pueden adquirir algún producto de la Canasta básica. Actualmente tienen presencia en el Estado de México, Chihuahua y Puebla. Sin embargo, no es suficiente. El gobierno debe tener una participación importante en evitar que se sigan desperdiciando alimentos, así como los recursos que utilizamos para obtenerlos. A pesar de las leyes existentes que involucran a los hoteles y restaurantes para la recuperación de alimentos y que sean destinados a los más necesitados, se siguen desperdiciando toneladas anualmente, y la economía del país se continúa afectando.
DESDE EL CENTRO
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, publicaron un estudio que muestra que los trabajadores latinos de las plantas
procesadoras de alimentos, fábricas y la agricultura estadounidense, han sufrido un mayor impacto que cualquier otro grupo étnico o racial por la covid-19. Aunque los latinos son solo el 37 por ciento de la fuerza laboral en las plantas procesadoras de carne y sitios de trabajo similares en todo el país, 73 por ciento de ellos han tenido un diagnóstico de infección por el coronavirus, según el informe.
En el Senado de la República se aprobó por mayoría el dictamen que avala la minuta por la que desaparecen 109 fideicomisos. Inconformes, realizaron una manifestación para repudiar este acto y externar su decepción con las políticas del actual gobierno… La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la Miscelánea Fiscal para 2021 que actualiza las tasas de ISR aplicables a las plataformas digitales. Se pronunciaron a favor 291 votos, 142 en contra y una abstención. Significa que empresas como Uber o Didi tendrán una tasa de retención de Impuesto sobre la Renta (ISR) de 2.8 por ciento; a los servicios de hospedaje como Airbnb, de 5 por ciento y a las plataformas que enajenan bienes y prestan servicios como Amazon y Netflix, de 2.4 por ciento. abicorrea79@hotmail.com
Los indígenas mantienen la resistencia en defensa de sus tierras, protegiéndolas de proyectos de muerte.
Abigail Correa (Ciudad de México).- Hace 528 años, los pobladores de América fueron torturados y asesinados por los europeos que llegaron a saquear una tierra próspera. La historia habla primero del encuentro de pueblos. “Arribaron los llenos de conocimiento para salvar a los incivilizados que tenían que dejar su salvajismo”.
Estamos al tanto de la historia de quienes habitaron este territorio hace 500 años y mucho más atrás. También fueron conquistadores que entre pueblos se disputaban territorios y cuya cosmogonía incluía ofrendas de vida. Por otra parte, eran civilizaciones que comprendían muy bien el movimiento de los astros y otras ciencias más avanzadas, incluso que las que se tenían en el viejo continente.
Su conocimiento en plantas medicinales se sigue utilizando hasta el día de hoy. Fueron grandes ingenieros y arquitectos, construyeron grandes ciudades y edificaciones en medio de lagos, entre otras cosas en las que destacaron, como la agricultura y los textiles. En fin, conocemos la historia, hay americanos que hablan de dejar atrás el rencor por la masacre de estos pueblos e incluso sostienen que una disculpa del gobierno español es ridícula en esta época.
Recientemente se movió la estatua de Cristóbal Colón que ocupaba un espacio en Avenida Reforma de la CDMX para restaurarla en un taller del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), acción celebrada por muchos porque ya es hora de que se deje de reconocer “al genocida y traficante de menores”, aunque otros opinen que es parte de nuestra historia y que, sin esas estatuas, no sabríamos de dónde venimos.
Hace algunos años que en México se habla de estos eventos como un encuentro de culturas. Pero para muchos, la conquista sigue vigente. El saqueo de las riquezas naturales de América no ha cesado, en nuestro país, el Congreso Nacional Indígena se manifestó al respecto.
Las comunidades indígenas NaSavi, Me´pháá, Nahua, Ñamnkué, Mestizas y Afro mexicanas de Guerrero, señalaron que “a 528 años del inicio de la guerra de exterminio en contra de los pueblos indígenas, queremos decir fuerte y claramente, que esa guerra en nuestra contra continúa. En pleno siglo XXI nuestros niños y niñas, siguen muriéndose por la desnutrición, sobrevivimos con la escasez de agua y alimentos, en viviendas con problemas de hacinamiento e insalubridad”.
Actualmente, hay que referirse a esa conquista que comenzó con la llegada de los españoles como que son hoy los poderosos quienes pretenden exterminar a los defensores de los recursos naturales por su significado para la industria de la minería y la energía. Desde grandes corporaciones hasta personajes de la política que venden los países, como en sexenios pasados se hizo con México, al mejor postor, o que se aprovechan formando parte de las empresas que explotan al país.
Una forma de desaparecer a los pueblos originarios, es también privandolos de la atención médica. En los estados más pobres, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Guerrero, acuden brigadas de salud conformadas por uno o dos médicos para atender a cientos de pobladores, si es que hay personal disponible. La falta de agua limpia, la contaminación y los proyectos de muerte amenazan a esta población.
“La educación en nuestras comunidades está representada por primarias o secundarias repletas de niños y niñas malnutridos, maestras y maestros mal pagados. Los pocos que logran una educación superior se olvidan de sus pueblos, si de por sí en las ciudades no encuentran un trabajo digno, mucho menos en su comunidad. El trabajo en el campo cada vez da menos para sobrevivir, las oportunidades de trabajo son prácticamente nulas y es ahí donde la delincuencia organizada y el alcoholismo se presentan como terribles pero cercanas alternativas”, señaló el Congreso Nacional Indígena.
Es un llamado al gobierno, porque estas comunidades sufren no sólo por la miseria en que se encuentran, sino también porque sus territorios se han convertido en campos de batalla entre cárteles de droga, partidos políticos, empresas extractivas y múltiples religiones. “Mientras nosotros como pueblos indígenas seguimos siendo carne de cañón en todas esas batallas, solo nos buscan para poner el cuerpo y la vida, porque los beneficios y el saqueo se siguen perpetuando desde el poder, que claramente, no es indígena”.
¿Hasta cuándo se seguirá ignorando a estos grupos? Tras más de 500 años desde la llegada al nuevo mundo, los pueblos originarios exigen respeto a su cultura, tradiciones y territorios arrasados por la pobreza, el crimen organizado y empresas extractivas. En cambio, los siguen exterminando.
DESDE EL CENTRO
El expresidente, Felipe Calderón, niega su complicidad en el saqueo a la nación. Además, dejó el camino libre para que Enrique Peña Nieto continuara con el robo. Se dio a conocer que cuatro meses antes de que Calderón concluyera su mandato, se firmó por 19.8 millones de dólares, un contrato para capacitar durante hora y media a tres personas. Señalan a la empresa Nunvav Inc como “pieza clave para la triangulación de recursos para el caso García Luna”, misma que también obtuvo nueve contratos con el gobierno de Enrique Peña Nieto, por 390 millones de dólares… El pasado 11 de octubre se celebró el Día Internacional de la Niña, lo cual no tiene lugar en México por tantas desapariciones y asesinatos en contra de ellas. Asimismo, la ONU y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) calculan que actualmente hay 9 millones 602 mil niñas en condición de pobreza, es decir, el 49 por ciento de la población femenina entre 0 a 17 años en México… El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Víctor Villalobos Arámbula, presentó en español el informe Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2020-2029, donde habló de los subsidios destinados al campo, y mencionó que se han convertido en “poderosos incentivos para aumentar la productividad y la competitividad de los pequeños productores”. Agregó que México ha mostrado un fuerte compromiso por mantener un entorno macroeconómico estable, políticas fiscales y productivas con responsabilidad y sentido social, cuyos resultados reflejan una competitividad creciente, mayor productividad, mano de obra calificada, innovación y liberalización comercial.
Opinión: Facetas de México
Pascacio Taboada Cortina/Jorge Martínez Cedillo.- Las declaraciones de Agustín Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales, referentes a que la pandemia de Coronavirus provocará un fuerte desequilibrio económico que obligará a cambiar el rumbo del crecimiento, el empleo e ingreso, incluso la bancarrota; son para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reflexione. De no escuchar, la perspectiva en el corto y mediano plazo, será la debacle económica para México y para muchas naciones afectadas por el fenómeno sanitario.
Lo anterior, implica que los gobiernos deben ser meticulosos en dos aspectos fundamentales de temas específicos y primarios de la administración pública: cuidar el “deber y el haber”, para decirlo de manera elemental a quienes administran presupuestos y recursos enfocados al desarrollo nacional. Esto significa un grito de alerta para el gobierno federal, gobiernos estatales y municipales.
Los efectos de la pandemia de Covid-19, dijo Carstens, cambiarán el rostro de la economía mexicana. “Muchos sectores económicos que sufren ahora, no tienen posibilidades reales de recuperación”, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas que han tenido que cerrar por falta de financiamiento suficiente de parte de la Federación y de los esquemas financieros privados.
El mismo Alfonso Romo, empresario muy fuerte y actualmente coordinador de la Oficina de la Presidencia en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, reconoció en días pasados, durante el acuerdo firmado entre gobierno y empresarios para impulsar el desarrollo de proyectos de inversión que,“la inversión privada representa el factor más importante en la aportación de recursos para dinamizar la economía, el empleo y la inversión estructural”.
El ex gobernador del Banco de México, precisó que “al principio se pensaba que la crisis iba a ser transitoria, pero ha durado más tiempo, y se espera que se prolongue hasta que la acción gubernamental pueda prevenir el espectro de bancarrota”. La crisis económica por la pandemia ha permeado en prácticamente todos los sectores; se manifiesta en procesos de recesión, desempleo, pobreza y bancarrota.
Hace unas semanas, la OCDE (Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico) informó sobre las perspectivas de crecimiento económico de México, lo que se llama Producto Interno Bruto (PIB) tendría este año una caída del 9.5 por ciento. Esto debe calificarse como muy preocupante, porque significa que la población mexicana se verá en una situación de serio compromiso en cuanto a los niveles de pobreza.
Si de por sí, México enfrenta serios problemas de pobreza, heredados en cierta magnitud de administraciones pasadas, en particular en comunidades rurales y en la periferia de poblaciones urbanas donde el INEGI ha estudiado y publicado índices de pobreza de poco más del 50 por ciento, es de suponer que el número de pobres en el marco de una población de 127 millones de habitantes que tiene el país, aumentará de manera notable, con todo y que el gobierno de México insiste en que no recurrirá a préstamos internacionales -aunque tiene créditos abiertos- ni aumentará el sistema impositivo.
A este respecto, es de señalar que funcionarios de la Secretaría de Hacienda, entre ellos el subsecretario Gabriel Yorio, y el mismo titular de esta dependencia, Arturo Herrera, afirman que no están de acuerdo en las sugerencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el sentido de aplicar una reforma tributaria temporal, que permita aumentar los ingresos fiscales entre 3 y 4 puntos del PIB y, por otra parte, posponer el plan de construcción de la refinería “Dos Bocas”.
En estas condiciones, no es ocioso señalar que la deuda externa mexicana es del 44 por ciento del PIB. Este porcentaje se incrementará 10 puntos por intereses y como consecuencia de la disminución del mismo PIB, la cual podría estimarse en el 9 por ciento en 2020.
Hay que añadir que la problemática económica de México se agravará por el resurgimiento del robo de combustibles, problemas de paros en los sistemas de transporte carretero y ferroviario, así como de tomas de casetas de peaje por problemas de tipo social. Todo esto, ha perjudicado fuertemente la economía nacional en el corto plazo.
Se estima que en el mundo se pierden alrededor del 14 por ciento de los alimentos producidos cada año.
Jorge Martínez Zedillo (CIUDAD DE MÉXICO).- En tiempos de pandemia por Coronavirus, es urgente que la población del mundo –y de México en particular—cree mayor conciencia sobre la necesidad de evitar el desperdicio de alimentos en los diversos procesos de producción, manejo, transporte, distribución y comercialización.
Rafael García del Horno, secretario de Finanzas de la Fundación Mejoremos el Campo, mencionó que en el mundo se estima que se pierde alrededor del 14 por ciento de los alimentos producidos cada año, y en México al menos 20 millones de toneladas anuales van al tiradero.
De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) –que el año pasado instituyó el “Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos”—en el mundo persisten alrededor de mil millones de personas desnutridas, por lo que no se justifica, de ninguna manera, echar al basurero cantidades extraordinarias de alimentos.
Dijo que, en el caso de México, de acuerdo con datos del INEGI y CONEVAL, más del 50 por ciento de la población, especialmente rural y suburbana, padece en algún grado desnutrición, debido a los índices de pobreza y falta de orientación tanto de productores de diversos alimentos, como de derivados industriales, se agrega la nula o escasa infraestructura para el manejo de diversos productos alimenticios en diversas regiones del país.
En otro orden, García del Horno, reconoció que el desperdicio de alimentos es cruel en un mundo donde el número de personas afectadas por el hambre ha aumentado lentamente desde 2014, y cada día se pierden o desperdician millones de toneladas de alimentos, y se hace muy poco por evitarlo.
El desperdicio de alimentos también ejerce una presión muy fuerte sobre la base de recursos naturales y el medio ambiente, agotando el potencial de recursos naturales y generando gases de efecto invernadero.
En el ámbito mundial, alrededor del 14 por ciento de los alimentos producidos se pierde entre la cosecha y la venta al por menor.
Considera la ONU y su filial FAO, que cuando los alimentos se pierden o se desperdician, simultáneamente se da una pérdida de todos los procesos que se utilizaron para producirlos, como el agua, la tierra, la energía, la mano de obra y el capital. Todos estos recursos también se pierden, se desaprovechan.
Recomendaron esos organismos a los gobiernos de todo el mundo, acciones nacionales y regionales para dar el uso adecuado a los excedentes de producción y procurar que lleguen a las clases más necesitadas.
Afirmó que la pérdida y el desperdicio de alimentos, requiere de la participación de todos quienes tienen en sus manos los diversos esquemas de producción, recolección, transporte, distribución y comercialización, a fin de maximizar el destino final para su consumo.
Foto: Cortesía.
Para la temporada otoño-invierno, se pronostica el ingreso a México de 54 frentes fríos, cifra mayor al promedio, que es de 44. Así lo informaron la directora general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez Cisneros; la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, y el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Jorge Zavala Hidalgo.
El titular del SMN detalló que, estadísticamente, la temporada de frentes fríos inicia en septiembre y concluye en mayo, aunque algunos sistemas pueden desarrollarse fuera de estos meses. Precisó que en la primera quincena de septiembre ya ocurrieron 3 frentes y para la segunda quincena se prevén entre 2 y 3.
Detalló que en septiembre los sistemas invernales comienzan a ingresar por la frontera norte y que de noviembre a abril los sistemas invernales son de intensidades de moderadas a fuertes y generan temperaturas bajas. Cuando un sistema frontal es muy intenso y se desplaza sobre el Golfo de México, la Península de Yucatán, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, genera el “evento de Norte”, con oleaje muy elevado e incremento del nivel del mar en el Golfo de México.
Indicó que en esta temporada también se registran las tormentas invernales, principalmente durante los últimos y primeros meses del año, así como los ríos atmosféricos, fenómenos que ingresan una gran cantidad de nubosidad desde la zona del Océano Pacífico, provocando lluvias de intensas a torrenciales.
Las consecuencias de los fenómenos invernales son, en general, temperaturas bajas, lluvias de intensas a puntualmente torrenciales, vientos fuertes y oleaje elevado, efectos que dependen de las características de cada sistema.
Por otro lado, informó que actualmente se desarrolla una zona de baja presión en el suroeste del Golfo de México, cuya probabilidad de desarrollarse a ciclón es de 90% en el pronóstico a 48 horas. Se localiza aproximadamente a 195 kilómetros al este-noreste de Tuxpan, Veracruz, con desplazamiento lento hacia el norte. Se pronostica que hoy continúe organizándose y que mañana evolucione a depresión tropical, fortaleciéndose rápidamente a tormenta tropical.
Su circulación favorecerá, durante los próximos días, nublados y lluvias de intensas a torrenciales en zonas de Chiapas, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, así como vientos con rachas muy fuertes y oleaje elevado en costas del Golfo de México.
Blanca Jiménez Cisneros subrayó que, en la temporada, de manera especial, se vigilarán las presas y ríos de Chiapas, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz, debido a que se ubican dentro de la zona con más efectos de los sistemas invernales.
Puntualizó que para mantener protegida a la población y los bienes de la sociedad y de la Federación, Conagua cuenta con 21 Centros Regionales de Atención de Emergencias (CRAES), distribuidos estratégicamente en el territorio nacional y dotados de personal capacitado y equipo especializado para atender a la población y reaccionar de manera inmediata ante emergencias hidrometeorológicas.
Por su parte, Laura Velázquez Alzúa, anunció que el Gobierno Federal realiza acciones centradas en prevención y apoyo a la población más vulnerable con un protocolo de monitoreo, comunicación, alertamiento, difusión y prevención, así como preparación, atención a emergencias y recuperación.
Exhortó a la población a seguir medidas de autoprotección como vestir ropa gruesa o varias prendas; consumir alimentos ricos en vitaminas A y C; cubrir nariz y boca al salir a exteriores; evitar calentadores que produzcan monóxido de carbono; y prestar atención particular a las personas de la tercera edad y niños.
Finalmente, los tres funcionarios coincidieron en que se trabaja de manera permanente con otras dependencias, como SEDENA, SEMAR, CFE, así como con instancias de los tres órdenes de gobierno para mantener protegida a la población y a su patrimonio, ante cualquier emergencia.
Foto: Cortesía.
Luis Tovar (Ciudad de México).- El 6 de abril de 2005 durante el juicio de procedencia de desafuero, Andrés Manuel López Obrador, entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, señaló ante el pleno de la Cámara de Diputados lo siguiente: “Un empresario me contó que el 10 de junio del año pasado, en una reunión en casa de Rómulo O’Farrill, ese grupo compacto de intereses creados le dijo al ciudadano presidente, palabras más, palabras menos: Nos has quedado mal, no has podido llevar a cabo las privatizaciones y la reforma fiscal, pero eso ya no es lo que nos importa. Ahora lo único que te pedimos es que, por ningún motivo permitas que ese populista de Andrés Manuel llegue a la Presidencia”
AMLO se refería a Vicente Fox, el ciudadano presidente cuyo patético desempeño dejaba a Acción Nacional con sus posibilidades de triunfar en el proceso electoral de 2006 pendiendo de alfileres. En el mismo discurso remarcaba el tabasqueño: “Tal vez, a partir de entonces o de una lectura febril de las encuestas, al presidente de la República se le volvía una obsesión hacer campaña en mi contra. Eso es lo que explica este desafuero, tramado desde Los Pinos”.
Aunado al desafuero, se generó la llamada “guerra sucia” en la que se utilizó todo el poder del Estado y la influencia de los medios de comunicación a través de los spots donde se comparaba a AMLO con Hugo Chávez, se alertaba sobre la posible crisis económica, la pérdida del patrimonio o la tendencia de Andrés Manuel de convertirse en un dictador en caso de ganar la presidencia. De los más impactantes spots se encontraban aquellos que culminaban con una voz en off que decía: “López Obrador, un peligro para México”.
Guardando toda proporción, en el Estado de Hidalgo se vive una situación similar, no existe una sola encuesta seria que no augure una realidad: el PRI perderá la próxima elección para elegir gobernador en el Estado del General Felipe Ángeles. Pero, ¿Cómo habría de ganar el PRI? ¿De qué forma podría (cuando menos) tener una votación digna si el Estado tiene un alto rezago social? Según cifras del INEGI y del CONEVAL, en Hidalgo el 43.8% de la población se encuentra en pobreza, el 6% en pobreza extrema y la población indígena hablante de una lengua tiene el 74.9% de pobreza en relación al no hablante que es del 34.4%. Más datos: en materia de seguridad la entidad ocupa el séptimo lugar nacional en el delito de violación, se encuentra entre los primeros diez estados por el delito de trata de personas, además de que los feminicidios se presentan de manera alarmante ocupando hasta la primera mitad de 2020 el lugar número 16. En materia de educación, el rezago alcanza el 35.5% lo que lo coloca en el lugar número 10 a nivel nacional.
Esta realidad que aqueja al Estado ha alcanzado al gobernador, y sí, en su saber está que no existe la mínima posibilidad de ganar la elección, por eso ha optado por realizar una serie de acuerdos que le garanticen perder la contienda electoral, por decirlo de alguna forma “acordada”, el problema es ¿Con quién? ¿Quién podría garantizar al gobernador saliente un pacto en el que se realice una transición sin mayor contratiempo con lo que esto implica? La respuesta es más que clara: Con todos, excepto con lo que muchos, de manera peyorativa señalan como grupo universidad.
Y es que en el Estado de Hidalgo ganará Morena la elección, eso es previsible, tanto como lo es el hecho de que Gerardo Sosa Castelán es quien posee más adeptos entre la sociedad y los morenistas para ser quién encabece la candidatura. De ahí se originan las acciones que emprende el gobierno del Estado contra la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) sin considerar que la confrontación política, el revanchismo y la guerra sucia no sólo afectan la participación electoral (cuya consecuencia puede ser el abstencionismo que dicho sea de paso beneficiaría al gobierno priista) también afecta a la comunidad estudiantil, lo que de por sí es grave.
No existe la menor duda: el presidente del patronato ha sido sometido al linchamiento mediático tras su detención para regocijo del gobernador. Se ha desatado toda una campaña de desprestigio replicada en medios nacionales con señalamientos más que atroces, tan solo por la venganza política de unos cuantos o de una sola persona. Así como en el desafuero de AMLO, pareciera que, a los intereses de un grupo compacto, le ha dejado de importar el destino de Hidalgo, parece que lo que verdaderamente les importa es no permitir, por ningún motivo, que Sosa Castelán llegue, ya no a la gubernatura, ni siquiera a la contienda. Es decir, igual que señaló AMLO en su caso y comparándolo con la situación actual del Estado, tal vez, a partir de una lectura febril de las encuestas, al gobernador se le vuelve una obsesión hacer campaña sucia contra Sosa Castelán.
En fin, no logro entender cómo es posible que, en este caso, como en el desafuero, los intereses políticos y económicos actúen de manera vil y vulgar. Por esa razón, al igual que la comunidad estudiantil, organizaciones sociales, culturales y demás colectivos independientes, desde mi humilde posición me sumo a la demanda de que se respete el Estado de Derecho y que exista un juicio justo en el que se esclarezca la realidad de los ataques tanto a la universidad como al ex rector. Desde esa misma posición, solicitaría a López Obrador, se revisen los intereses que posiblemente relacionen a funcionarios de la Secretaría de Hacienda con el gobierno del Estado de Hidalgo, de esta administración y de la anterior. En una de esas ni siquiera está informado el presidente de la verdadera situación.
En este país supuestamente existe la presunción de la inocencia, pero también existe la persecución política desde siempre, por eso mientras no exista un juicio justo, Gerardo Sosa no es un delincuente, es un perseguido y preso político que ha hecho de la UAEH una de las instituciones educativas más prestigiadas del país y de América Latina.
Luis Tovar, contacto: 55 30 58 61 83
La propuesta del paquete económico para 2021 que el Ejecutivo federal envió a la Cámara de diputados tendrá un recorte de 13 por ciento para la CNDH.
Abigail Correa (Ciudad de México).- El colectivo feminista que tiene tomada las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México exhibe la desesperación de víctimas de la delincuencia. Pero también es un grito a las autoridades, que demanda la atención inmediata a solucionar casos de violación, desaparición, abusos de fuerzas policiales, entre otros.
La propia CNDH ha dado a conocer en diversas ocasiones la crisis que atraviesa México en el tema de derechos humanos. El país, desde hace años, enfrenta un entorno complicado en estas cuestiones debido a la inseguridad, la violencia, la falta de cumplimiento y aplicación de la ley, la corrupción, impunidad, así como ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Miles de desaparecidos, torturas, el desplazamiento de familias indígenas por disputa de tierras, la violencia de género, ataques contra periodistas y activistas ambientales, explotación y abuso contra migrantes, son delitos que van en aumento en el país.
La CNDH emitió 29 recomendaciones en lo que va del año. En 2019, en el mismo periodo se reportaron 59. Según el Informe de Actividades del 2019, con base en 167 expedientes de queja e inconformidad resueltos, el año pasado se emitieron 99 recomendaciones particulares y 15 por violaciones graves, además de 7 recomendaciones generales, para un total de 121 instrumentos recomendatorios.
De las 90 recomendaciones ordinarias, emitidas el año pasado, 78 fueron dirigidas a autoridades. Las seis que fueron destinatarias de mayor número de recomendaciones durante este periodo son el IMSS, con 21; la Procuraduría General de la República, con 13; la Comisión Nacional de Seguridad, con 10; la Fiscalía General del Estado de Chiapas y la Secretaría de la Defensa Nacional, con cinco casos cada uno; y los gobernadores de Chiapas y Veracruz, la SEP, la SEMAR y la SEMARNAT, con cuatro, respectivamente.
El descontento se debe a que, pese a que las recomendaciones de esta comisión se aceptan, se cumplen parcialmente y con lentitud. Basta mencionar que hay 5 casos que llevan más de 10 años sin que se cumplimenten.
Para el 2021, el presupuesto que recibirá la CNDH tendrá un recorte de 13 por ciento, es decir, 194 millones 301 mil 992 pesos, de acuerdo con la propuesta del paquete económico
que el Ejecutivo federal envió a la cámara de diputados. El presupuesto proyectado es de mil 679 millones 905 mil 810 pesos. “Para el ejercicio 2021 el objetivo es la renovación de la CNDH, es por ello que es necesario entablar una reingeniería institucional que permita hacer de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una institución más eficiente y menos costosa”, se lee en el documento. Lo importante es que la función de la Comisión, que es promover y proteger los derechos humanos, en especial ante la perpetración de abusos por parte de funcionarios públicos o del Estado, tenga efecto.
Desde el inicio del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador se mantiene un plan de austeridad estricto que tiene en descontento a algunos sectores. Asimismo, en los gobiernos anteriores las trasgresiones a los derechos humanos se dispararon; los funcionarios públicos negaron abiertamente el alcance de las desapariciones forzadas, la tortura y otras violaciones. La obstrucción de la justicia fue común en investigaciones, como la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Incluso el gobierno avivó extensas campañas de criminalización contra las víctimas.
Al respecto, el presidente López Obrador ofreció disculpas públicas y reconoció también que México está lleno de fosas clandestinas. Lo que esperan las víctimas es justicia. La sociedad mexicana necesita que además de combatir la corrupción, se consoliden las reformas al sistema de justicia penal de México. Efectuar plenamente las leyes históricas aprobadas en 2017 para combatir las desapariciones y la tortura y fortalecer el marco institucional del país para finalmente dar respuestas a las decenas de miles de familias de personas desaparecidas.
A decir de Gina Hinojosa y Maureen Meyer, expertas en el tema e investigadoras de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), “el gobierno mexicano debe garantizar mecanismos sólidos de control interno y externo sobre las fuerzas de seguridad y los agentes de migración de México. Esto debe incluir la garantía de la autonomía de la CNDH, que tiene un papel importante de supervisión sobre las instituciones gubernamentales”.
En el reporte El estado de derecho en México: 11 años después de las reformas de justicia penal, las especialistas destacan que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene la oportunidad de proporcionar a este sistema los recursos que necesita para enfrentar los desafíos. Para esto, señalan que es necesario el apoyo a las reformas de 2008, que exigieron la aplicación de un sistema penal acusatorio a escalas nacional y estatal. También se deben afianzar las dos leyes que México aprobó en 2017 para abordar la tortura y las desapariciones.
Del 1 de septiembre de 2019 al 30 junio de este año, 38 mil 467 personas fueron reportadas como desaparecidas, de las cuales 15 mil 837 siguen sin ser localizadas. En el Segundo informe de gobierno, se reportó la atención a mil 348 personas desplazadas de Tierra
Caliente y Costa Grande de Guerrero, así como la entrega de alimentos a 343 personas desplazadas de Chilón, Chiapas.
También menciona los ataques a periodistas y defensores de derechos humanos. El documento indica que 240 personas se incorporaron al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de manera que a junio de este año hay mil 258 personas inscritas: 396 periodistas y 862 defensoras de derechos humanos.
Sobre la violencia contra niñas y mujeres, se atendió a 150 mil 201 personas en los 48 Centros de Justicia para Mujeres distribuidos en 28 entidades, y en ocho estados se destinaron 124 mil 201 millones de pesos para fortalecerlos.
Son acciones positivas que se siguen opacando por el incremento de feminicidios en México, que entre enero y julio de 2020 alcanzaron 566 casos, “lo que representa un aumento de 5.4% respecto a 2019 (536) y de 9.6% respecto a 2018 (516)”.
DESDE EL CENTRO
La minera canadiense Equinox Gold contaminó mantos acuíferos de Guerrero, por lo que ejidatarios y campesinos padecen la falta de agua. La trasnacional se comprometió a mejoras en salud, infraestructura, becas y obras, pero no ha cumplido. Los pobladores que mantienen un paro en la mina Los Filos, demandan que la empresa cumpla con las cláusulas del contrato que signaron en 2019. Los campesinos sostienen que negociarán con las condiciones del ejido, “porque ya no vamos a tolerar más discriminación ni que la empresa se venga a burlar del pueblo”.
Se puede convertir en la primera crisis en las relaciones comerciales y diplomáticas entre EU, México y Centroamérica.
El proceso electoral y el posible cambio de partido y de presidente en Estados Unidos, afectará de manera fundamental al fenómeno de migración hacia el país del norte. Será notable en lo que corresponde a los mexicanos y centroamericanos, que cruzan esa frontera en un promedio de un millón al año en la búsqueda de empleo mejor remunerado que en sus países de origen. Esta perspectiva se podría convertir en la primera crisis en las relaciones comerciales y diplomáticas entre EU, México y Centroamérica a partir de 2021.
En la administración de Donald Trump la represión para impedir el paso a territorio norteamericano fue violenta. Sólo se detuvo con la colaboración de diplomáticos mexicanos y con el apoyo 17 mil elementos de la Guardia Nacional Mexicana, hecho que provocó protestas notables tanto en la frontera norte del país como en la del sur, por donde se da un flujo natural de hondureños, guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses, a los que se unieron migrantes de países africanos. En este freno migratorio influyó definitivamente la presencia de la pandemia del Covid 19.
Es de señalar que, en los últimos meses a partir de marzo, cuando la pandemia se empezó a manifestar por la vía de los contagios, ha habido diversas tensiones en los límites fronterizos, derivados del narcotráfico, de las relaciones comerciales de importaciones y exportaciones alimentarias; la exigencia por parte del gobierno de EU, del pago con agua de las presas mexicanas fronterizas, con base en el Convenio entre EU y México para el intercambio hidráulico, firmado desde 1944.
La migración de mexicanos a EU se viene presentando desde hace muchas décadas. Gran parte del desarrollo industrial, de la agricultura y otras actividades económicas importantes en el país del norte, se debe al trabajo intenso de los migrantes mexicanos. Así, el potencial económico e industrial y agrícola en particular, se debe al trabajo de los migrantes, como ha ocurrido en California, Texas, Arizona y otras muchas entidades de la Unión Americana.
Así, hay que reconocer que los migrantes mexicanos, en los inicios del siglo pasado, prácticamente todos eran trabajadores del campo. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, se incorporaron en otras actividades laborales. La prestación de sus servicios ya no era temporal, sino que pasaban gran parte del año en fuentes de trabajo permanentes, a lo cual correspondía un mejor ingreso.
Ha habido vaivenes en el proceso de migración, dependiendo de las condiciones económicas, fundamentalmente de parte de México, que reflejan aumentos en las migraciones de co-nacionales hacia el norte, como fueron los casos de crisis financieras en las décadas de 1980 y 1990, así como en la primera década del 2000.
Dentro del territorio mexicano, existen cerca de cinco millones de migrantes centroamericanos que prestan servicios temporales en las cosechas de café de estados como Chiapas, Veracruz y Oaxaca. O de hortalizas y frutas en Baja California, Sonora, Baja California Sur, Sinaloa y Colima. Muchos de ellos temporalmente cruzan la frontera para incorporarse en cuadrillas a las cosechas de hortalizas y legumbres en California y Arizona.
En los últimos años han sido notables las migraciones de hombres, mujeres y niños de los países centroamericanos con aspiraciones de instalarse en territorio de EU, debido a la pobreza, etapas recurrentes de violencia y por una circunstancia de falta de empleo por la terminación de proyectos norteamericanos de cultivo de frutas tropicales con destino final en la atención de demanda de la población de EU.
En la presente administración de Estados Unidos, familias que se incorporaron al sistema de migración, fueron tratadas de manera inhumana, al ser separados los niños de sus padres y ubicados incluso en corrales, como si fueran animalitos.
La pandemia de Coronavirus ha sido factor importante en la disminución de la migración. Así, en abril y mayo se tienen datos de que disminuyó el flujo, aunque se tiene la expectativa de que este fenómeno reincida en agosto, septiembre y octubre, frente a la necesidad de empleo e ingreso con resultados funestos, sobre todo para las familias de condición económica insegura o de plano de pobreza extrema.
Se ha anunciado que la economía mexicana disminuya en números jamás vistos en los últimos 50 años, hasta en un nivel cercano al 20 por ciento, con una caída vertical en el Producto Interno Bruto, de 10 puntos porcentuales. Todo ello, debido, por una parte, a la pandemia y, por otra, por malas políticas públicas del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
Este gobierno da preferencia al chismorreo cotidiano relacionado con la corrupción, en lugar de trabajar de manera incansable que es lo que se espera de un presidente que abrigó grandes expectativas de trabajo y mejora económica de los mexicanos. Trabajo, trabajo y más trabajo, es lo que se requiere en un país, como México, donde más del 50 por ciento de sus habitantes (de un total de 127 millones de habitantes) se encuentran en una condición de pobreza, de los cuales 26 millones padecen pobreza extrema.
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Modelo de producción agrícola actual es insostenible desde la perspectiva económica y ambiental.
Ernesto Perea (CDMX) – La polémica en torno al glifosato en México abre la oportunidad de plantear la urgente necesidad de cambiar el modelo de producción agrícola actual, basado en el uso de agroquímicos, que ya es insostenible, por una agricultura más eficiente, rentable y sustentable, recurriendo a prácticas como la reutilización de residuos de cosecha enriquecidos con bioinsumos e incursionar en procesos de desarrollo que plantea la economía circular.
En nuestro país cada año se generan alrededor de 45 millones de toneladas (mt) de esquilmos en los diez principales cultivos, maíz, sorgo, trigo, frijol, arroz, cebada, soya, algodón, cártamo y ajonjolí; el rastrojo y olote de maíz aportan 25 mil 500 mt, las pajas de sorgo, 6 mil 600 mt y de trigo, 4 mil 500 mt, lo cual representa poco más del 81% de los residuos de cultivos, según datos del Colegio de Postgraduados.
De estos esquilmos 20% se destina a alimento animal, en promedio, y el resto no tiene un uso adecuado y se convierte en un problema. Diversos estudios han validado que de la producción de maíz que se obtiene en una hectárea 46% es grano y 54% rastrojo; en pajas de sorgo, trigo y cebada, el porcentaje de grano representa 47% y 53% de materia seca. De los derivados de la caña de azúcar sólo alrededor del 20% de las puntas de caña y 10% del bagazo se usan para alimento pecuario y el resto es una alternativa viable para aprovecharlos con la adición de bioinsumos.
El director de la empresa de base biotecnológica Biofábrica Siglo XXI, Marcel Morales Ibarra, expone que en el contexto actual la “economía circular” está siendo revalorada en el mundo, el reúso de materiales en diversos sectores y de desechos agropecuarios para el campo y su combinación con otros bioinsumos, como el caso de los biofertilizantes, puede convertirse en una opción rentable y sustentable para la producción agrícola, que permita incrementar rendimientos, disminuir el uso de agroquímicos y bajar costos, respetando los recursos naturales y el medio ambiente.
Una tendencia que se está fortaleciendo en el ámbito global es el reciclaje de residuos agrícolas en los cultivos, como es el caso de la caña de azúcar, café o maíz; así como desechos pecuarios de la producción ganadera. Estos materiales pueden ser reutilizados en la agricultura, como aportación de materia orgánica a los suelos, pero, además, se les puede dar un valor agregado si se le incorporan bioinsumos que ya han probado su eficacia en campo.
Morales Ibarra subraya que en México miles de toneladas de residuos orgánicos de distintas industrias como la agrícola o la ganadera podrían ser reincorporadas al suelo adicionándoles biofertilizantes, lo que generaría un círculo virtuoso: primero, al disminuir el uso de agroquímicos altamente contaminantes por bioinsumos amigables con el medio ambiente; segundo, al aprovechar desechos orgánicos que hoy no tienen un tratamiento útil; y tercero, propiciaría la recuperación de la diversidad y actividad microbiológica de los suelos agrícolas, regresando la fertilidad a los mismos.
Para el experto en temas agrícolas, uno de los principales retos que representa el aprovechamiento de estos residuos, es el alto volumen que demanda su uso. Las compostas en general requieren aplicar de 15 a 20 toneladas por hectárea, lo que eleva mucho los costos y complica su manejo. En cambio, si se enriquecen con productos biológicos como los biofertilizantes microbianos (productos hechos a base de bacterias y hongos benéficos para las plagas), su nivel de eficiencia se multiplica, logrando disminuir significativamente los volúmenes requeridos de aplicación e incrementando la producción, lo que se traduce en aumento de rentabilidad.
Alto potencial en compostas enriquecidas con microorganismos
En algunos ingenios del país, se utiliza la práctica del composteo de la cachaza para su aplicación en el cultivo de la caña de azúcar, sin embargo, la aplicación requerida de esta composta es del orden de 20 toneladas por hectárea, lo que significa altos costos de transporte y aplicación, por lo que dicha práctica no se ha extendido entre los productores de este cultivo.
La cachaza es un residuo que se produce durante el proceso de producción del azúcar de caña, particularmente del proceso de clarificación del jugo. Durante la zafra se producen miles de toneladas de cachaza, las cuales frecuentemente se consideran un desecho y una fuente de contaminación. Empero, la cachaza tiene un alto contenido de carbono (fuente de energía), fósforo, nitrógeno y calcio (nutrientes esenciales para las plantas), por lo que, procesada adecuadamente, se convierte en un valioso recurso para la fertilización de cultivos y mejoramiento de suelos.
Tenemos experiencias que ya tienen un proceso de evaluación y validación, por ejemplo, “cuando enriquecemos la composta con los biofertilizantes, su volumen de aplicación disminuye a máximo cuatro toneladas por hectárea, teniendo rendimientos muy superiores que con la aplicación de las 20 toneladas de la composta únicamente. Esto se traduce en una disminución de los costos de aplicación, haciendo más sencillo su manejo por parte del agricultor”, subraya el especialista.
Con esta combinación, además, se reduce la aplicación del fertilizante químico de 30% a 50%, con respuestas en la producción superiores a las obtenidas con la aplicación del 100% del fertilizante químico. En este sentido, en diversas regiones cañeras en las que se ha trabajado con este bioinsumo se han incrementado los rendimientos hasta en un 40%, disminuyendo la fertilización química hasta en un 50%, puntualiza Morales Ibarra.
Foto: Cortesía.
En el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, se dicen preocupados por el impacto del Covid-19 en el mundo laboral, dicen será difícil recuperar la estabilidad ante el número de empleos que se perderán en esta emergencia sanitaria.
El senador Gómez Urrutia, puntualizó que, en el caso de México, de acuerdo al último informe del Instituto Mexicano del Seguro Social, el desempleo alcanzó poco más de 800 mil personas de enero a mayo, pero se prevé que de prolongarse la epidemia se pierdan dos millones de empleos formales y más de 10 millones informales. A nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha mencionado que se llegará a los 300 millones de personas desempleadas formales y 300 millones más informales, y eso, sin duda, pondrá a prueba la capacidad de respuesta de los gobiernos.
En un encuentro virtual entre los titulares de la organización, de la que el dirigente sindical, Napoleón Gómez Urrutia es miembro propietario, expuso que el reto es recuperar las plazas de trabajo en el menor tiempo posible y promover políticas públicas para fortalecer la creación de empleos, así como proteger a los trabajadores en situaciones de emergencia sanitaria, medidas que acertadamente está implementando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero es necesario considerar la creación de un seguro de desempleo, que aún no se contempla en la legislación.
Refirió que en el próximo periodo ordinario de sesiones del Senado de la República, propondrá en su calidad de presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social considerar mecanismos de ayuda ante situaciones de este tipo; apoya otras propuestas como la renta básica universal presentada por legisladores del grupo parlamentario de Morena y la urgencia de frenar la subcontratación ilegal y regular esta práctica, lo cual significará mayores ingresos y prestaciones para los trabajadores.
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