Para lograr seguridad alimentaria es importante preservar los suelos, el agua y la biodiversidad.
Abigail Angélica Correa Cisneros (CDMX).- El gobierno de la 4T demuestra su compromiso en materia ambiental. Contribuye con acciones desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con organismos nacionales e internacionales, con el proyecto del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) “Integración de la Biodiversidad en la Agricultura en Paisajes Rurales de México”.
El objetivo primordial es producir alimentos con un enfoque territorial que considere prácticas agronómicas más sustentables con la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, lo que también da una importante participación a los ciudadanos.
Se trata de un fondo fiduciario multilateral que apoya la acción ambiental en los países y es el principal mecanismo de financiamiento para múltiples convenciones ambientales de la Organización de las Naciones Unidas. El proyecto aportará 10 millones de dólares en cinco años, para que la Secretaría y la organización ambiental Conservación Internacional México, fortalezcan la conectividad biológica entre territorios, promover prácticas de producción sustentable y acceso a mercados de pequeños productores y medianos productores en seis regiones seleccionadas de nuestro país.
Son acciones importantes, porque atravesamos tiempos difíciles debido al cambio climático que complica cada vez más la producción de alimentos. Sin embargo; en nuestro país, con estas iniciativas, se atenderán problemáticas en materia de biodiversidad, degradación de la tierra, productos químicos y aguas internacionales. El GEF realiza donaciones a países para enfrentar estos desafíos, a la vez que contribuye a objetivos clave de desarrollo sostenible, como la seguridad alimentaria.
Es la primera vez en México que la Secretaría de Agricultura lidera un proyecto del GEF de forma multisectorial —hasta ahora sólo los realizaba el sector ambiental—, lo que refleja el rumbo que esta administración le ha dado al sector productivo.
El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, destacó el alcance de este proyecto que sin duda fortalecerá los objetivos de integrar la biodiversidad y la agricultura del país –con una visión integral, incluyente y sustentable—, además de alinear recursos para lograr un desarrollo más equitativo en el campo mexicano.
El titular de la Sader tiene claro que es primordial el manejo óptimo de los recursos naturales, así como la conservación y aprovechamiento de la biodiversidad, porque mediante prácticas agrícolas adecuadas la calidad de vida de la gente del campo también mejorará y disminuirá la brecha social y económica entre los productores.
La coordinadora del proyecto, Sol Ortiz García, aseguró que esta iniciativa tiene el objetivo de integrar la biodiversidad en la gestión de paisajes rurales, con un trabajo multisectorial, a través de la implementación de políticas y prácticas sustentables en la agricultura, así como la concurrencia de recursos públicos a las necesidades territoriales detectadas a través de los análisis que el proyecto GEF, AGRIBIOMEX, pueda identificar.
DESDE EL CENTRO
Reconocer el trabajo de los jornaleros mexicanos debería comenzar por nuestro gobierno. En México, desde hace décadas es incierta la paga que obtienen por un día de trabajo, mientras que en otros países hay un sueldo establecido. La Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) demandó que el Consejo de representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) fije el monto de salario mínimo profesional para las personas jornaleras agrícolas en por lo menos 300 pesos diarios. En un pronunciamiento, expuso que en México se estima que más de 2.04 millones de personas se dedican a esta actividad en los campos agrícolas, no obstante, “este número puede alcanzar más de 8 millones si se considera a las familias que les acompañan”… Es de celebrar la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, de no avalar y no firmar un decreto que permitía el uso de glifosato. La Campaña Nacional Sin Maíz no hay País y Greenpeace, consideraron que ahora se abre la oportunidad para que exista un decreto presidencial que responda a los más de 20 años de lucha campesina, de comunidades, ciudadanas(os), científicas(os), académicas(os) y organizaciones que han exigido en repetidas ocasiones se tome acción determinante para la prohibición de transgénicos y glifosato en el país y en defensa de la soberanía alimentaria de México. abicorrea79@hotmail.com
Foto: Cortesía.
Dinorah M. Palmeros.- En nuestro país, la democracia instaurada como su forma de gobierno propicia una libertad abundante, completa y total en comparación con naciones en las que su gobierno restringe a sus habitantes de poder opinar, actuar, exigir e incluso las mantiene dentro de su límite territorial haciendo casi imposible el poder salir.
La libertad que se nos ha otorgado -y a la que tenemos derecho como individuos dentro de una sociedad democrática- únicamente se limita al cumplimiento de una serie de reglas, mismas que mantienen en cordialidad la convivencia entre seres humanos y son de producto de las costumbres que las sociedades imponen a sus integrantes para vivir en paz.
En los últimos años, hemos llegado al punto crítico en el que esta libertad social parece ser demasiada y sin ningún tipo de obstáculo que la frene. Un claro ejemplo es el descontrol vehicular al que debemos enfrentarnos todos los días -a cualquier hora- y que ha aumentado en la última década.
En teoría, todas las calles del pueblo están marcadas con una flecha cuya función es indicar la dirección en la que debe dirigirse cualquier vehículo, con el fin de agilizar el tránsito. El gobierno al mando realiza el acomodo de la vialidad y este debe ser respetado y cumplido por los habitantes -quienes, en caso de estar en desacuerdo, tienen el derecho de proponer un cambio-; además de otorgar a un grupo de personas, con el título de “Policía vial”, el poder de reprender a quienes no cumplan con el reglamento. Sin embargo, los últimos años me he cuestionado la existencia de esta autoridad encargada de la buena circulación pues cada vez es menos frecuente encontrarla llevando a cabo su función y en las pocas ocasiones en que se permite trabajarla, su visión periférica se reduce y se limita a la corrección de unos pocos malos conductores, aplicando la filosofía de “Yo solo cuido hasta aquí, allá ya no”.
Como consecuencia de esta irregularidad, hacemos uso sin medida de nuestra libertad, de manera que elegimos cumplir o ignorar las leyes. Nos encargamos de asumir el puesto, las funciones y beneficios de dicha autoridad por lo que nos otorgamos el permiso de quebrantar las normas o nos conferimos el poder de reprender a quienes lo hacen.
Es sencillo suponer que nada pasa mientras nadie nos ve convertir una calle de sentido único en una de doble -especialmente si la prisa o la desvergüenza son las que conducen y llevan el control del vehículo-, lo importante es llegar a nuestro destino y lo que poco o nada importa es encontrarnos con otro conductor al que le podríamos bloquear el paso, especialmente cuando se trata de una calle angosta que conduce directamente a la plaza o al mercado.
Somos perfectamente capaces de exigir nuestros derechos y el cumplimiento de las leyes en tanto estas nos beneficien, pero olvidamos nuestros deberes como parte de la sociedad, dejamos a un lado nuestra participación responsable, especialmente si demanda algún tipo de esfuerzo.
Es decepcionante saber que este es el entorno en el que un pueblo que gozaba de cierta tranquilidad y se desenvuelve ahora en el caos vehicular de forma cotidiana, mientras pierde cada vez más su percepción del orden.
Patrick O’Heffernan
In the late 1960s, after a century of complaints, the governors of the North American states of California and Nevada approved a bi-state compact to protect Lake Tahoe, the largest freshwater lake west of the Rocky Mountains. They created the Tahoe Regional Planning Agency to oversee development around Lake Tahoe, which is slightly smaller than Lake Chapala. TRPA was approved by the United States Congress and tasked with creating a plan with the local cities and agencies. Today that plan is enforced by TRPA and federal, state, and local governments that strictly regulate development.
Lake Chapala is now facing the same kind of crisis Lake Tahoe faced 60 years ago. But Lake Chapala is far more vital to the people of its surrounding states and towns than the mostly recreational Lake Tahoe is. Lake Chapala, Mexico’s largest natural lake, is the linchpin of a gigantic eco and economic system, the River Lerma-Lake Chapala drainage basin, which includes more than 8 million people, 3,500 diverse industries, 750,000 hectares of irrigated farmland and 14 cities with populations in excess of 100,000. And it is under deadly stress.
Lake Chapala is beset by pesticide runoff, dehydration, algal blooms, high phosphorus levels, heavy metals, aquatic weeds, sewage, and loss of shoreline. Driving much of this is illegal appropriation of the Federal shoreline and water – illegal dumping in Jocotepec for merry-go-rounds, illegal building on the beach in Ajijic by restaurants, illegal filling for farms in Riberas, garbage dumped in the lake from west Ajijic to Chapala, illegal fishermen, untreated sewage – they are all killing the lake.
Why? Because there is little to no enforcement.
Chapala, Jocotepec, Jalisco and the Federal governments all have agencies whose responsibility is to protect the Lake we all love, the largest lake in Mexico. And they all fail.
The problem is not weak laws, or lack of scientific expertise, or ignorance of the problems or corrupt or underperforming officials. It is lack of political will.
As far back as 1997, there was call for international pressure on Mexico, similar to the Canadian lobbying that led to the conservation of Monarch butterfly habitat, to detail the Lake’s problems and develop a multi-state, regional-national effort to save the Lake. But this takes will and money. The agencies whose job it is to protect the Lake are underfunded, overworked and undercoordinated. And that is the failure, not of the good people who manage and staff the agencies, but of political will to give them the authority and resource they need to succeed.
The Lakeshore is Federal, but the local office of the Federal agency is understaffed – so much so that when Chapala Mayor Moisés Anaya Aguilar took its director on a tour of illegal appropriation of Federal shoreline he was told that there are too many problems and too few resources to do much. Local agencies have no authority to act and Federal agencies have no capability to act. And AMLO has other priorities.
Some progress is being made, mostly in uncoordinated fits and starts. There is a move to devolve enforcement authority to the local governments. But that will be a wack-a-mole game that ignores the major problems and will meet fierce pushback. Without a regional plan, progress monitoring, funds from the Federal government for enforcement officers and equipment, sewage treatment plants, shoreline rehabilitation, and prosecution, it will fail.
Which is where political will comes in. The lake can be protected if the people demand it. In this week’s Laguna, reporter Sofia Medeles chronicles how the online complaints of a citizen finally prodded coordinated governmental action to stop illegal beach appropriation by the Maria Isabel restaurant in Ajijic. It will take many –thousands – of citizen complaints to get the sewage treatment plants built, stop the pesticide runoff, prosecute the lakeshore invasions, and regulate fishing and tourism to save the Lake. And it may take international pressure to get the Federal government to generously fund state and local agencies and give them the authority to get the job done.
The Tahoe Regional Planning Agency could be a model for Lake Chapala’s future. A scientifically-based plan with clear progress benchmarks backed up by determination in state, federal and local governments overcame lethargy and opposition in Lake Tahoe. It might work here. But it took the people of California and Nevada 100 years of complaining, pressuring and voting to create the political will. Lake Chapala does not have 100 years
Foto: Cortesía.
Ahora como ayer la muerte silenciosa de los pueblos indígenas sigue dañando a los aún millones de personas consideradas como los pobres de los pobres, los vulnerables de todos los sistemas y cuya desaparición silenciosa, ominosa, es una herida abierta que el gobierno de la Cuarta Transformación tiene la obligación de curar por el bien de todos.
Este 20 de noviembre se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana, en la que no se conoce el número exacto de muertos, pero que van desde un millón a dos millones, debido a que según el censo de Población de 1910 éramos 15 millones 160 mil 369 habitantes y en 1921 (a pesar de que el movimiento armado concluyó el 1917), México tenía 14 millones 334 mil 780 habitantes.
En esta guerra intestina, más de la mitad de los combatientes pertenecían a los pueblos originarios de México, sin embargo, la cantidad de los que perdieron la vida nunca se supo en realidad, porque algunos de ellos ni siquiera tenían acta de nacimiento y murieron silenciosamente.
Pero la aniquilación que parecía haberse detenido con el triunfo de la Revolución continuó, pero más callada, la explotación, pérdida de oportunidades, abuso de empresas nacionales y extranjeras hacia las comunidades indígenas, fueron diezmando a la población de las comunidades originarias al grado de la aniquilación.
El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados, en la LXIII Legislatura, destacó en su estudio “La Constitución de 1917: La Cuestión Indígena” que La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se promulgó el 5 de febrero de 1917, no hubo una mención explícita y directa de los pueblos originarios, México vivió una gran transformación en todos sus órdenes.
Sin embargo, dee esta Carta Magna (de 1917) “se generó un conjunto de instituciones que abarcaron y atendieron diversas esferas del quehacer político, social y económico. En ese sentido, la cuestión indígena no fue ajena. Desde el gobierno se alentaron visiones, concepciones y políticas que fluctuaron entre la integración de los indígenas a la sociedad y, en consecuencia, al desarrollo económico y social del México del siglo xx”.
Empero, esto no se logró y el exterminio silencioso siguió avanzando hasta nuestros días, el 7 de agosto pasado, el INEGI, destacó que de acuerdo con los datos de censos y conteos de población históricos, la tasa de hablantes de lenguas indígenas de 5 años de edad o más se redujo de un 16.0% en 1930 a 6.6% en 2015. Es decir más de nueve por ciento.
Es decir que en México reside una población de más de 125 millones de personas, de las cuales sólo seis millones 695 mil 228 personas de 5 años de edad o más hablan alguna lengua indígena, 50.9% son mujeres y 49.1% hombres.
Los pueblos indígenas, están concentrados en los estados más pobres del país, establecidos principalmente en el sur, oriente y sureste del territorio nacional, en las entidades de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y Yucatán, donde en conjunto aglutinan al 61.09% de la población total de habla indígena.
En las zonas indígenas de los referidos estados, si hubo Revolución no se enteraron, no se acuerdan o no les importa, las condiciones de pobreza y vulnerabilidad se vuelven cíclicas y generacionales gracias al olvido a que se les condenó por las administraciones anteriores.
Las promesas ya no las creen, la esperanza se volvió una moneda que se cambiaba en cada proceso electoral y ahora, en una nueva conmemoración del Día de la Revolución, ellos seguirán exigiendo lo mismo que hace 120 años, tierra, libertad y justicia, en alguna de las 364 lenguas o variantes lingüísticas que existen todavía en el país.
El CEDRSSA en su investigación, “La Población Indígena Como Agente Económico en los Mercados Locales” publicada este año, advierte que “La población indígena en México históricamente ha estado marcada por altos niveles de carencias sociales y económicas que denotan condiciones de mayor pobreza y vulnerabilidad en relación con el resto de la población”.
En este contexto, de la población indígena, 55.5 por ciento habita municipios de alta y muy alta marginalidad, mientras que 87.5 por ciento de los municipios indígenas se encuentran en condiciones de alto y muy alto grado de marginalidad, lo que refleja el grado de abandono en que se ha tenido a este sector de la población.
Es momento de cumplir con las expectativas y saldar las deudas con los pueblos originarios y no orillarlos nuevamente al abandono, como se está haciendo, al Programa para el Fortalecimiento Económico de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Proeci) se le aprobaron 806.9 mdp pero se modificó al segundo trimestre de 2020 a 795.5 mdp, habiéndose autorizado un gasto de 62.5 mdp y pagado 28.3 mdp, lo que representó un avance anual de 3.6 por ciento y de 45.4 por ciento al periodo, según el Segundo Informe Trimestral de SHCP, 2020.
DESDE EL CENTRO
Será en México donde se sigan los cargos en contra del general Salvador Cienfuegos Cepeda, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La investigación se basará en la de las autoridades estadunidenses y que hace seis días se hicieron llegar a la cancillería mexicana. Sobre el general pesan cuatro cargos relacionados con presuntos vínculos con el cártel del H-2, para brindar protección y permitir el tráfico ilegal de droga hacia el país del norte, y lavado de dinero…El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) informó que de acuerdo con el último reporte sobre Covid-19 en poblaciones que se reconocen como indígenas el total de casos acumulados en el país es de 10 mil 877, y han ocurrido mil 543 muertes en esta población.
· Urgen acciones sanitarias preventivas por la proliferación de vectores y mosquitos transmisores
· Apenas evaluarán daños, cuando ya deberían organizarse brigadas sanitarias, dice dirigente campesino
Por: Jorge Martínez Cedillo.
El apoyo sanitario preventivo para la población de todos los estados del sur-sureste del país afectados por inundaciones, deberá ser prioritario, a la par de la pandemia de Coronavirus que afecta a México y a muchos países del mundo. “Esto, para prevenir a los habitantes de esas regiones por enfermedades tropicales debido a la proliferación de mosquitos y otros insectos transmisores”, señaló el dirigente campesino Rafael García del Horno.
Luego de la visita que este fin de semana hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador “en Jeep”, a diversas comunidades rurales de Tabasco, García del Horno, secretario de finanzas de la Fundación Mejoremos al Campo, expresó que “no es necesario esperar evaluaciones hasta la siguiente semana”, como lo han planeado instituciones federales. “La atención tendría que ser inmediata a través de brigadas sanitarias”, recalcó el dirigente.
Consideró que el aspecto de la salud humana se verá fuertemente presionado por la simultaneidad de la pandemia de Coronavirus 19, pero puntualizó que la sanidad vegetal y pecuaria en la región del sureste, tendrá que recibir también fuerte impulso del gobierno.
Esto, añadió, porque la alta humedad y la temperatura tropical propiciarán la aparición de plagas y enfermedades, no sólo referentes a las actividades agrícolas y ganaderas, sino lo más preocupante que es el riesgo de que los habitantes Veracruz, Chiapas y Tabasco resulten afectados por enfermedades tropicales, como el Dengue, Malaria, Paludismo y Cisticercosis, entre otras, por proliferación de mosquitos y otros insectos transmisores.
Respecto del tema de la sanidad vegetal y animal del sureste, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, entrevistado por periodistas en la gira del presidente, señaló que “será hasta la próxima semana que se hará una evaluación de daños para planear la forma de atención a miles de pequeños productores del campo y de las ciudades que quedaron bajo el agua”.
“Constatamos que lo que piden los productores de esa región, es acceso a créditos, acompañamiento técnico y apoyos institucionales para la recuperación de sus bienes”, señaló el funcionario.
El funcionario federal anunció que “la semana que entra estarán en esta región técnicos del SENASICA”, para analizar la problemática sanitaria relacionada con aspectos fito y zoosanitarios, y el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, junto con los productores.
A este respecto, dijo el dirigente García del Horno, “hacen falta los recursos del FONDEN. La afectación de fenómenos naturales, como los ciclones y huracanes, no son culpa de los productores del campo, de manera que los daños deberían ser con cargo al gobierno”.
De acuerdo con evaluaciones sobre los daños a plantaciones de plátano por el exceso de lluvias e inundaciones, se sabe que el 50 por ciento de las plantaciones resultaron dañadas, lo que asociado a la pérdida de producción, resalta los daños al ingreso de los productores y jornaleros de la región.
Además, el plátano es susceptible a la Sigatoka Negra. Este problema sanitario se ha venido controlando desde hace tiempo, pero ahora es urgente tomar acciones conjuntas para evitar daños cuantiosos por la enfermedad.
Las exportaciones agroalimentarias entre enero y agosto de este año alcanzaron los 26 mil 299 millones de dólares, un incremento a tasa anual de 2.84 por ciento.
El compromiso de la Cuarta Transformación para erradicar los grandes problemas que tiene México es un aliciente para muchos ciudadanos. Recientemente, el secretario Víctor Villalobos Arámbula participó en el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y destacó un punto muy importante, el fomento a las redes de producción social, sustentabilidad y políticas de inclusión productiva, que son los puntos esenciales para que el país tenga seguridad alimentaria y nutricional.
Como ya se ha comentado en este espacio, son los propios pobladores quienes tienen un papel importante en este tema. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural destacó que ahora la política para el campo está orientada al fortalecimiento de los territorios rurales, con el objetivo de transformarlo en un espacio de vida digna y de reconocimiento del potencial productivo de los pequeños productores, quienes son efectivos promotores y detonadores del desarrollo rural.
Sobre todo, en esta crisis que atraviesa el mundo, los estragos de la pandemia por SARS-Cov-2, afectan a muchas naciones y México no es la excepción. Con medidas que fortalezcan el trabajo en el campo el golpe por la covid-19 podría ser menor. Es decir, por medio del fortalecimiento de las redes de producción social, mayores acciones de sustentabilidad en los sistemas alimentarios y la instrumentación de políticas de inclusión productiva en el sector agropecuario y pesquero se podrá alcanzar una soberanía alimentaria.
La superación del hambre y la nutrición nos obliga a producir los alimentos que nuestra sociedad está demandando, mediante el aumento de la productividad agrícola, principalmente en las pequeñas unidades de producción que también contribuyen a la seguridad alimentaria con soberanía, recalcó el secretario Villalobos Arámbula.
Es importante resaltar que la estrategia actual para las zonas rurales está encausada en apoyar prioritariamente a los productores de pequeña y mediana escala, con el objetivo de lograr una agricultura equitativa y que sea fuente de bienestar. Para ello se está
trabajando en el fomento a la productividad, a través de precios de garantía, propicia mayor ingreso a los productores de pequeña escala y aumento en la producción de granos básicos, en tanto que la entrega de fertilizante contribuye a incrementar el volumen de las cosechas de los agricultores.
Los programas de apoyo social con enfoque de género son instrumentos de desarrollo, no sólo asistenciales, y se basan en el reconocimiento de que los proyectos productivos –atendidos por mujeres— también tienen efectos directos en la seguridad alimentaria y en la nutrición, aseveró el secretario.
Qué bien que los puntos clave de esta administración tienen que ver con la producción de alimentos basada en criterios sustentables y en la preservación de los suelos y el agua, beneficiará a muchas familias, porque incluye también a las ciudades, además del campo. Adquirir la canasta básica será más accesible y la preservación del medio ambiente también encaja en estas políticas.
Los resultados se pueden ver en el superávit agroalimentario a agosto, que fue de 30.91 por ciento, superior al registrado durante 2019.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reportó que, con base en estadísticas del Banco de México, en estos ocho meses del año el saldo de la balanza comercial fue de ocho mil 839 millones de dólares, superior incluso al registrado durante todo 2019 y mayor en más de dos mil millones de dólares al alcanzado en el mismo lapso del año anterior.
En lo que corresponde a las exportaciones agroalimentarias, se ubicaron en 26 mil 299 millones de dólares, entre enero y agosto del este año, lo que equivale a un aumento en términos anuales de 2.84 por ciento. En cuanto a las exportaciones agropecuarias (que incluye a productos agrícolas, ganaderos y pesqueros, entre otros), éstas aumentaron 4.13 por ciento, para totalizar los 12 mil 628 millones de dólares.
Lo anterior, señaló la dependencia federal, consolidó un superávit de cuatro mil 384 millones de dólares, superior en 26.22 por ciento al reportado en el mismo periodo del año anterior.
Por su parte, las ventas agroindustriales del país crecieron a tasa anual en 1.67 por ciento, lo que las ubica en 13 mil 671 millones de dólares, con un superávit de cuatro mil 455 millones de dólares, superior en 35.87 por ciento al registrado en el lapso homólogo anterior.
Los productos agroalimentarios con mayores ventas entre enero y agosto de 2020 fueron la cerveza, con ingresos por dos mil 941 millones de dólares; aguacate, dos mil 095 millones de dólares; tomate (jitomate), mil 742 millones de dólares; tequila y mezcal, mil 474 millones de dólares; pimiento, 989 millones de dólares, y productos de panadería, 961 millones de dólares, entre otros.
En tanto, los bienes agroalimentarios que aumentaron su demanda son carne de porcino, con un incremento de 39.2 por ciento; café sin tostar, 30.27 por ciento; pimiento, 20.74 por ciento; cebolla y ajo, 17.63 por ciento; tequila y mezcal, 15.70 por ciento, y pepino y pepinillos, 13.45 por ciento.
Destaca que, durante el periodo de referencia, el comercio agroalimentario total de México con el mundo fue de 43 mil 759 millones de dólares, de los cuales el 60 por ciento corresponde a las exportaciones realizadas por el país.
DESDE EL CENTRO
El mundo dio un respiro al saberse la derrota del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sus aspiraciones a seguir en la Casa Blanca. Aunque aún no sabemos a ciencia cierta qué pasará entre las relaciones bilaterales cuando Joe Biden asuma la presidencia, lo cierto es que de seguir gobernando el republicano las consecuencias para el mundo sí serían catastróficas debido a su rechazo en políticas que combaten el cambio climático. Expertos hablan de las posibles presiones que se presentarían con el triunfo de Biden, que tienen que ver con el T-MEC y el impulso de las energías limpias; sin embargo, podrían ser también benéficas para México… Vergonzosa la reacción de las autoridades en Cancún, al dispersar a punta de balazo una manifestación por el feminicidio de dos jóvenes. Afortunadamente, el director de la Policía Municipal de Cancún, Eduardo Santamaría, fue separado del cargo, así lo confirmó la presidenta municipal de Cancún, Mara Lezama. La violencia contra las mujeres tiene que parar… La Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato del periodista Israel Vázquez Rangel, cometido este 9 de noviembre en el municipio de Salamanca, Guanajuato, mientras realizaba una cobertura informativa. “El asesinato del señor Vázquez Rangel, precisamente mientras realizaba su trabajo informativo, ratifica la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchos periodistas en México, especialmente aquellos que desarrollan su importante labor en zonas de alto riesgo. Debemos tener siempre presente que su trabajo es un pilar de toda sociedad democrática y del Estado de derecho”, señaló Guillermo Fernández – Maldonado, Representante de la ONU-DH en México.
Por: ABIGAIL A. CORREA CISNEROS
El Obispo Arturo Lona Reyes, abogó durante más de 50 años por los derechos de los indígenas mexicanos. Falleció el sábado pasado debido a complicaciones derivadas de la covid-19, a un día de cumplir 95 años.
Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el obispo tuvo una importante participación en la defensa de los derechos de los pueblos originarios. Así lo documentaron los reporteros Guillermo Correa y Salvador Corro en varias publicaciones para la revista Proceso.
Hace décadas que los indígenas mexicanos exigen el cese a la represión, sobre todo para los defensores de la tierra y de sus derechos humanos. Todavía sufren la pérdida de sus tierras, sigue avanzando la tala de bosques y selvas donde viven y la persecución que sufren de caciques y narcotraficantes.
El mes pasado se conmemoraron 528 años de la conquista. A pesar de que hoy se conoce como el Encuentro de dos culturas, para los indios mexicanos, así como para varios grupos más del resto de Latinoamérica, el 12 de octubre es un día de luto. El Obispo Arturo Lona, decía hace 28 años sobre la conquista y los “500 años de evangelización», que alrededor de ello «hay un tono demasiado triunfalista» y que eso «desconcierta». Señalaba las atrocidades cometidas y lamentó que «si la conquista fue hace cinco siglos, ahora sigamos nosotros».
Arturo Lona, fue conocido como «el obispo de los pobres» por su larga lucha por sacar a los indígenas de la marginación. «Hoy en nuestro mundo indígena cada vez va desapareciendo la alegría y todo es angustia. Los indios andan como ovejas sin pastor», dijo Lona.
El religioso tomó los hábitos en 1952 y el obispado en 1972 en la Catedral de Tehuantepec, Oaxaca. Gracias a su impulso y la ayuda a los necesitados, creó dos cooperativas de producción de café orgánico y una más de ajonjolí, cuyas exportaciones tienen como destino Europa. Las ganancias se reparten entre los productores originarios de la zona que el obispo convirtió en socios.
En su diócesis de Tehuantepec, existen ocho etnias. Mixes y zapotecos de la montaña se han organizado, a través de la Unión de Comunidades Indias de la Región del Istmo (UCIRI), en cooperativas de consumo, transportes y servicios, que han sabido aprovechar todo el proceso de su producción de café; y que hasta se trabaja en el descubrimiento y comercialización de plantas medicinales.
Sostenía que, para los indígenas la celebración de cada 12 de octubre no importa: “Porque nos hemos hecho la pregunta: ¿Qué es lo que vamos a festejar? Si en el aspecto de conquista les quitaron su cultura, sus tierras y prácticamente fueron esclavos de las minas. En cambio, trajeron regalos de Europa, como la viruela negra que acabó con millones de indios, entre otras calamidades”.
«En lo religioso también tenemos que aceptar que hubo muchos errores en la evangelización. Sabemos que la historia es de luces y sombras, pero en respuesta a esa deuda que tenemos con el mundo indígena, es que fundamos la Comisión de Derechos Humanos Tepeyac, porque el papel prioritario es trabajar por la liberación de los presos injustamente. Luego pasamos a la lucha por la tierra y para que los indios recuperen lo que es suyo, eso sí lo celebramos. Por ahí va más bien nuestra conmemoración, con hechos.»
Cuando surgió el Tratado de Libre Comercio, el obispo sentenció: «Hay un hecho, que los indígenas estorban para esa manía de entrar al Primer Mundo y que, es cierto, se hará sobre cabezas y sobre sangre india. Todo un calvario es lo que les espera, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio. Y si ya ahora es difícil andar con ellos, ¿quién va a estar? No es solamente el campesino, también los obispos que estamos con él estorbamos». Por ejemplo, con la nueva Ley Agraria, «se van a convertir en asalariados de la misma tierra que vendieron. Eso es inhumano. Se nos vienen días muy fuertes».
Lona Reyes se convirtió en obispo emérito en el año 2000. Siempre apoyó los intereses de los pueblos indígenas, últimamente en contra de megaproyectos mineros y eólicos contemplados en el Istmo y también contra la tala inmoderada en los zoques de Chimalapas.
En 2008, recibió el galardón de la edición 16 del Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo, por su defensa y promoción de los derechos humanos de los pobres e indígenas de Huejutla, Hidalgo, y de Tehuantepec, Oaxaca. Su mayor logro educativo fue la Universidad Indígena en la zona mixe de la región del istmo de Tehuantepec.
Privilegió la educación de los jóvenes indígenas, fundó 15 bachilleratos maristas en zonas rurales, y hace 13 años también una universidad de la orden de los jesuitas que ha dado cobijo a seis generaciones de pobladores de la zona norte del Istmo.
En 2016 encabezó, junto con organizaciones civiles y sociales, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Tepeyac -que presidía, y el Comité Regional de Defensa de los Chimalapas, a cargo de Miguel Ángel García-, una caravana con 11 camionetas llenas de ayuda humanitaria para la comunidad zoque de San Francisco la Paz, que pertenece a Santa María Chimalapa.
El obispo Lona Reyes, impulsó la teoría de la liberación en el Pacífico Sur, junto con el arzobispo de Antequera Oaxaca, Bartolomé Carrasco Briseño, y el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, lo que les valió el hostigamiento y hasta persecución de las autoridades eclesiásticas.
Como reportaron varios medios en su momento, el obispo Arturo Lona sufrió 11 atentados por encabezar manifestaciones de apoyo a los migrantes, la resistencia de los indígenas a megaproyectos y la lucha contra cacicazgos políticos e invasiones en territorio de los Chimalapas. El ataque más reciente ocurrió en septiembre de 2015, cuando la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ordenó la aplicación de medidas cautelares al obispo emérito de Tehuantepec ante la nueva amenaza de muerte, ahora de parte de presuntos invasores chiapanecos que pretenden asentarse en el territorio de los Chimalapas.
Abogó también por los indígenas presos injustamente, acusados de delitos contra la salud, es decir, de narcotráfico. La Cuarta Transformación se comprometió a revisar estos casos y condonar a los acusados. Es de conocimiento nacional -gracias a las investigaciones de visitadores y de organismos no gubernamentales que defienden los derechos humanos-, que muchas de estas detenciones se hacen sin orden de aprehensión y con violencia; se les prefabrican declaraciones y las confesiones son arrancadas mediante tortura.
Las cosas parecen no haber cambiado desde hace 30 años en México. En lo que se refiere a los problemas que sufren los pueblos originarios, las acciones de los gobiernos de los últimos sexenios en realidad no han significado progreso ni destacan beneficios para ellos. Desde entonces, el crimen organizado acecha los territorios donde habitan estos pueblos y las autoridades no han logrado impedir que tengan cada vez más presencia.
DESDE EL CENTRO
Las elecciones de Estados Unidos siguen estando muy parejas. A esta hora el candidato republicano, Donald Trump, ya se proclamó con la victoria. Sin embargo, todavía hay esperanzas de que salga de la casa blanca. Siguen las miradas en la jornada electoral, esperemos que 2020 no castigue más al mundo… El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Manuel Villalobos, sostuvo ante legisladores, en comparecencia virtual, que la irrupción de la pandemia de Covid-19 no detuvo al campo: “México ha logrado mantener la disponibilidad y la distribución de alimentos. No hubo desabasto generalizado y el flujo comercial de nuestras exportaciones aumentó, en tanto que las importaciones disminuyeron. La economía cayó 9.8 por ciento y el campo tuvo un comportamiento más positivo con 2.7 por ciento”. El funcionario sostuvo que la producción de granos básicos tendrá un incremento de ocho por ciento este año respecto a 2019, y se prevé que se aproxime a 34 millones de toneladas. “Nuestra balanza comercial agroalimentaria se mantuvo favorable con un superávit que alcanzó 8 mil 839 millones de dólares de enero a agosto. Esto es un incremento del 31 por ciento a tasa anual”.
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Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, el desperdicio de alimentos en México alcanza el 34.7 por ciento de lo que se produce.
En tiempos de crisis es inverosímil que teniendo los medios para paliar un problema se opte por empeorar la situación. El país se enfrenta a una cruda realidad, debido a que la pandemia de covid-19 golpeó desde mediados del año los mercados internacionales y, como ya sabemos, México tendrá que crear estrategias que minimicen estas consecuencias económicas.
Se calcula que cada año en nuestro país el desperdicio de alimentos es de 20 millones de toneladas, equivalente a 25 mil millones de dólares. Con esta cantidad podrían comer al menos 7.01 millones de mexicanos que padecen hambre, de los 23 millones que sufren esta situación.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el mundo se pierden 14 por ciento de los alimentos antes de llegar a los anaqueles. Si ampliamos el panorama, nos daríamos cuenta de que no sólo se pierde la comida, también los recursos naturales utilizados en su producción lo que afecta más al cambio climático.
El hambre golpea a 690 millones de personas en el mundo, y se prevé que para 2030 la cifra aumente a 840 millones. El desperdicio de alimentos es mayor en los países del Sur en desarrollo: 20,7 por ciento en Asia meridional y central, 14 por ciento en África subsahariana y 11,6 por ciento en América Latina y el Caribe, a diferencia del 5,8 por ciento en países más desarrollados como Australia y Nueva Zelandia.
De acuerdo con la FAO, hay que entender como desperdicio a la disminución en la cantidad o calidad de los alimentos como resultado de las decisiones y acciones de los minoristas proveedores de servicios alimentarios, como los restaurantes, y los consumidores. Los alimentos que no llegan a consumirse implican desperdicio de recursos como: la mano de obra, la tierra, el agua, el suelo y las semillas, transporte, almacenaje, y aumentar en vano las emisiones de gases de efecto invernadero.
Las principales pérdidas afectan a raíces, tubérculos y cultivos oleaginosos (25 por ciento), frutas y hortalizas (22), productos cárnicos y de origen animal (12), y también cereales y legumbres (8,6 por ciento).
Hay soluciones que se deben poner en marcha para evitar que el hambre siga siendo de los principales problemas actuales. La FAO propone el uso de tecnologías para la gestión poscosecha, envasado de alimentos más apropiados, hábitos de consumo más adecuados, políticas gubernamentales destinadas a reducir el despilfarro de alimentos, y redistribución de los excedentes inocuos a personas necesitadas a través de bancos de alimentos.
De acuerdo con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, el desperdicio de alimentos en México alcanza el 34.7 por ciento de lo que se produce, esto significa el 2.5 por ciento del valor de toda la producción o del Producto Interno Bruto (PIB). El investigador, Jorge Arturo Morton Treviño, refiere que las cifras son alarmantes: de la carne de cerdo asciende al 40 por ciento; pescado, 37 por ciento; res, 35 por ciento; pollo, 29 por ciento, y tortilla, 28 por ciento.
El impacto ambiental es de casi 37 toneladas de dióxido de carbono; un costo económico equivalente a 16 millones de vehículos, además del desgaste de agua y suelo. Es un alto costo para todos los sectores: social, económico y ambiental, por lo que se debe establecer una política de Estado, donde la ciudadanía participe para no seguir golpeando la economía y la salud.
Lo más importante es la información, a la que todos los ciudadanos tenemos derecho. Se deben promover estrategias contra el desperdicio, invertir en tecnología e infraestructura para almacenar alimentos, dinámicas de las centrales de abasto y terminar con barreras legales; así como promover estándares sanitarios y fitosanitarios.
Los bancos de alimentos ya atienden a una población rural y urbana que apenas pueden adquirir algún producto de la Canasta básica. Actualmente tienen presencia en el Estado de México, Chihuahua y Puebla. Sin embargo, no es suficiente. El gobierno debe tener una participación importante en evitar que se sigan desperdiciando alimentos, así como los recursos que utilizamos para obtenerlos. A pesar de las leyes existentes que involucran a los hoteles y restaurantes para la recuperación de alimentos y que sean destinados a los más necesitados, se siguen desperdiciando toneladas anualmente, y la economía del país se continúa afectando.
DESDE EL CENTRO
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, publicaron un estudio que muestra que los trabajadores latinos de las plantas
procesadoras de alimentos, fábricas y la agricultura estadounidense, han sufrido un mayor impacto que cualquier otro grupo étnico o racial por la covid-19. Aunque los latinos son solo el 37 por ciento de la fuerza laboral en las plantas procesadoras de carne y sitios de trabajo similares en todo el país, 73 por ciento de ellos han tenido un diagnóstico de infección por el coronavirus, según el informe.
En el Senado de la República se aprobó por mayoría el dictamen que avala la minuta por la que desaparecen 109 fideicomisos. Inconformes, realizaron una manifestación para repudiar este acto y externar su decepción con las políticas del actual gobierno… La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la Miscelánea Fiscal para 2021 que actualiza las tasas de ISR aplicables a las plataformas digitales. Se pronunciaron a favor 291 votos, 142 en contra y una abstención. Significa que empresas como Uber o Didi tendrán una tasa de retención de Impuesto sobre la Renta (ISR) de 2.8 por ciento; a los servicios de hospedaje como Airbnb, de 5 por ciento y a las plataformas que enajenan bienes y prestan servicios como Amazon y Netflix, de 2.4 por ciento. abicorrea79@hotmail.com
El 60 por ciento de las calorías que consumimos provienen sólo de cuatro especies: maíz, trigo, arroz y papas.
Opinión: FACETAS DE MÉXICO
Por: Pascacio Taboada Cortina/Jorge Martínez Cedillo
A propósito de la celebración del “Día Mundial de la Alimentación”, promovido en 1979 por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), cada 16 de octubre, cabe hacer notar que, independientemente de los efectos que la pandemia de Coronavirus ha causado en el ánimo de los mexicanos y de la población de todo el mundo, el evento pasó a un estatus de olvido.
Esto ocurre en un país como México en el que, de acuerdo con estudios del INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática), su población rural y suburbana padece graves problemas por desnutrición hasta en el 50 por ciento del total de habitantes del país, posiblemente debido a altos índices de pobreza y pobreza extrema, o por una mala distribución y variedad de los alimentos.
En el caso de México, es público y notorio que la producción de alimentos, su transformación, distribución y comercialización demandada por casi 127 millones de mexicanos –aparte de la población “flotante” de turistas, visitantes y empresarios extranjeros que visitan con frecuencia este país—son elementos no prioritarios para la política de desarrollo económico y social del presente gobierno.
Por supuesto que esto no ocurre con la política de producción y transformación energética. Ahí están los avances en obras nuevas para la extracción petrolera; los “extraordinarios y fantásticos avances de construcción del Tren Maya, de Dos Bocas y del Aeropuerto de Santa Lucía; del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y de “al menos seis aeropuertos nuevos en la península de Yucatán”.
Esto, sin dejar de mencionar los novedosos, cuantiosos y prioritarios programas sociales, tales como “Sembrando Vida, Bienestar de los Adultos Mayores” “Jóvenes Construyendo el Futuro, que navegan en un vendaval sin rumbo”, parafraseando al gran cubano Celio González.
Apuntamos que también pasó desapercibido el anuncio de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, donde, como resultado de un sesudo análisis de restructuración administrativa en esta dependencia, se llegó a la conclusión de que la Subsecretaría de Agricultura “no servía para nada” y fue dada de baja por acciones de “austeridá republicana” y uso eficiente de los escasos recursos presupuestales.
Mejor volvamos al “Día Mundial de la Alimentación”. El lema de este año fue “Cultivar, Nutrir y Preservar”. Esto, porque, de acuerdo con la FAO, históricamente se han utilizado entre 8 mil y 10 mil especies distintas para alimentar a la humanidad. La misma organización afirma que ha habido una lamentable pérdida de biodiversidad en la materia, al grado de que, hoy, se producen y distribuyen comercialmente alrededor de 150 especies.
Pero ‘aún hay más’: el 60 por ciento de las calorías que consumimos, provienen sólo de cuatro especies: maíz, trigo, arroz y papas. Creemos que esto obliga a los gobiernos de todo el mundo a la necesidad de diversificar el patrón de cultivos y buscar cómo nutrir mejor a los habitantes de este Planeta, por virtud de que la principal necesidad no es tener lleno el estómago, sino que los alimentos sean nutritivos.
Hoy, indica la FAO, sólo nueve especies de plantas alimenticias, representan el 66 por ciento de la producción agrícola total, a pesar de que existen en el mundo unas 30 mil especies de plantas comestibles.
Los problemas de hambre en determinados sectores de la población mundial, no terminan, no, ¿pero cuándo? Aumentan irremediablemente, conforme crece el número de habitantes.
Según la misma FAO, más de 2 mil millones de personas no tienen acceso regular a alimentos inocuos, nutritivos y suficientes.
Esta organización, advierte que la demanda mundial de alimentos aumentará, dado que se espera que la población de todo el orbe, aumente casi a 10 mil millones de habitantes para el ya próximo 2050.
La FAO reconoce que casi mil millones de personas padecen hambre. Sin embargo, por efecto de la pandemia de Coronavirus, podría darse un incremento de hasta 132 millones de personas, dependiendo del índice de crecimiento económico.
Los indígenas mantienen la resistencia en defensa de sus tierras, protegiéndolas de proyectos de muerte.
Abigail Correa (Ciudad de México).- Hace 528 años, los pobladores de América fueron torturados y asesinados por los europeos que llegaron a saquear una tierra próspera. La historia habla primero del encuentro de pueblos. “Arribaron los llenos de conocimiento para salvar a los incivilizados que tenían que dejar su salvajismo”.
Estamos al tanto de la historia de quienes habitaron este territorio hace 500 años y mucho más atrás. También fueron conquistadores que entre pueblos se disputaban territorios y cuya cosmogonía incluía ofrendas de vida. Por otra parte, eran civilizaciones que comprendían muy bien el movimiento de los astros y otras ciencias más avanzadas, incluso que las que se tenían en el viejo continente.
Su conocimiento en plantas medicinales se sigue utilizando hasta el día de hoy. Fueron grandes ingenieros y arquitectos, construyeron grandes ciudades y edificaciones en medio de lagos, entre otras cosas en las que destacaron, como la agricultura y los textiles. En fin, conocemos la historia, hay americanos que hablan de dejar atrás el rencor por la masacre de estos pueblos e incluso sostienen que una disculpa del gobierno español es ridícula en esta época.
Recientemente se movió la estatua de Cristóbal Colón que ocupaba un espacio en Avenida Reforma de la CDMX para restaurarla en un taller del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), acción celebrada por muchos porque ya es hora de que se deje de reconocer “al genocida y traficante de menores”, aunque otros opinen que es parte de nuestra historia y que, sin esas estatuas, no sabríamos de dónde venimos.
Hace algunos años que en México se habla de estos eventos como un encuentro de culturas. Pero para muchos, la conquista sigue vigente. El saqueo de las riquezas naturales de América no ha cesado, en nuestro país, el Congreso Nacional Indígena se manifestó al respecto.
Las comunidades indígenas NaSavi, Me´pháá, Nahua, Ñamnkué, Mestizas y Afro mexicanas de Guerrero, señalaron que “a 528 años del inicio de la guerra de exterminio en contra de los pueblos indígenas, queremos decir fuerte y claramente, que esa guerra en nuestra contra continúa. En pleno siglo XXI nuestros niños y niñas, siguen muriéndose por la desnutrición, sobrevivimos con la escasez de agua y alimentos, en viviendas con problemas de hacinamiento e insalubridad”.
Actualmente, hay que referirse a esa conquista que comenzó con la llegada de los españoles como que son hoy los poderosos quienes pretenden exterminar a los defensores de los recursos naturales por su significado para la industria de la minería y la energía. Desde grandes corporaciones hasta personajes de la política que venden los países, como en sexenios pasados se hizo con México, al mejor postor, o que se aprovechan formando parte de las empresas que explotan al país.
Una forma de desaparecer a los pueblos originarios, es también privandolos de la atención médica. En los estados más pobres, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Guerrero, acuden brigadas de salud conformadas por uno o dos médicos para atender a cientos de pobladores, si es que hay personal disponible. La falta de agua limpia, la contaminación y los proyectos de muerte amenazan a esta población.
“La educación en nuestras comunidades está representada por primarias o secundarias repletas de niños y niñas malnutridos, maestras y maestros mal pagados. Los pocos que logran una educación superior se olvidan de sus pueblos, si de por sí en las ciudades no encuentran un trabajo digno, mucho menos en su comunidad. El trabajo en el campo cada vez da menos para sobrevivir, las oportunidades de trabajo son prácticamente nulas y es ahí donde la delincuencia organizada y el alcoholismo se presentan como terribles pero cercanas alternativas”, señaló el Congreso Nacional Indígena.
Es un llamado al gobierno, porque estas comunidades sufren no sólo por la miseria en que se encuentran, sino también porque sus territorios se han convertido en campos de batalla entre cárteles de droga, partidos políticos, empresas extractivas y múltiples religiones. “Mientras nosotros como pueblos indígenas seguimos siendo carne de cañón en todas esas batallas, solo nos buscan para poner el cuerpo y la vida, porque los beneficios y el saqueo se siguen perpetuando desde el poder, que claramente, no es indígena”.
¿Hasta cuándo se seguirá ignorando a estos grupos? Tras más de 500 años desde la llegada al nuevo mundo, los pueblos originarios exigen respeto a su cultura, tradiciones y territorios arrasados por la pobreza, el crimen organizado y empresas extractivas. En cambio, los siguen exterminando.
DESDE EL CENTRO
El expresidente, Felipe Calderón, niega su complicidad en el saqueo a la nación. Además, dejó el camino libre para que Enrique Peña Nieto continuara con el robo. Se dio a conocer que cuatro meses antes de que Calderón concluyera su mandato, se firmó por 19.8 millones de dólares, un contrato para capacitar durante hora y media a tres personas. Señalan a la empresa Nunvav Inc como “pieza clave para la triangulación de recursos para el caso García Luna”, misma que también obtuvo nueve contratos con el gobierno de Enrique Peña Nieto, por 390 millones de dólares… El pasado 11 de octubre se celebró el Día Internacional de la Niña, lo cual no tiene lugar en México por tantas desapariciones y asesinatos en contra de ellas. Asimismo, la ONU y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) calculan que actualmente hay 9 millones 602 mil niñas en condición de pobreza, es decir, el 49 por ciento de la población femenina entre 0 a 17 años en México… El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Víctor Villalobos Arámbula, presentó en español el informe Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2020-2029, donde habló de los subsidios destinados al campo, y mencionó que se han convertido en “poderosos incentivos para aumentar la productividad y la competitividad de los pequeños productores”. Agregó que México ha mostrado un fuerte compromiso por mantener un entorno macroeconómico estable, políticas fiscales y productivas con responsabilidad y sentido social, cuyos resultados reflejan una competitividad creciente, mayor productividad, mano de obra calificada, innovación y liberalización comercial.
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