Foto: Cortesía.
Luis Tovar (Ciudad de México).- El 6 de abril de 2005 durante el juicio de procedencia de desafuero, Andrés Manuel López Obrador, entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, señaló ante el pleno de la Cámara de Diputados lo siguiente: “Un empresario me contó que el 10 de junio del año pasado, en una reunión en casa de Rómulo O’Farrill, ese grupo compacto de intereses creados le dijo al ciudadano presidente, palabras más, palabras menos: Nos has quedado mal, no has podido llevar a cabo las privatizaciones y la reforma fiscal, pero eso ya no es lo que nos importa. Ahora lo único que te pedimos es que, por ningún motivo permitas que ese populista de Andrés Manuel llegue a la Presidencia”
AMLO se refería a Vicente Fox, el ciudadano presidente cuyo patético desempeño dejaba a Acción Nacional con sus posibilidades de triunfar en el proceso electoral de 2006 pendiendo de alfileres. En el mismo discurso remarcaba el tabasqueño: “Tal vez, a partir de entonces o de una lectura febril de las encuestas, al presidente de la República se le volvía una obsesión hacer campaña en mi contra. Eso es lo que explica este desafuero, tramado desde Los Pinos”.
Aunado al desafuero, se generó la llamada “guerra sucia” en la que se utilizó todo el poder del Estado y la influencia de los medios de comunicación a través de los spots donde se comparaba a AMLO con Hugo Chávez, se alertaba sobre la posible crisis económica, la pérdida del patrimonio o la tendencia de Andrés Manuel de convertirse en un dictador en caso de ganar la presidencia. De los más impactantes spots se encontraban aquellos que culminaban con una voz en off que decía: “López Obrador, un peligro para México”.
Guardando toda proporción, en el Estado de Hidalgo se vive una situación similar, no existe una sola encuesta seria que no augure una realidad: el PRI perderá la próxima elección para elegir gobernador en el Estado del General Felipe Ángeles. Pero, ¿Cómo habría de ganar el PRI? ¿De qué forma podría (cuando menos) tener una votación digna si el Estado tiene un alto rezago social? Según cifras del INEGI y del CONEVAL, en Hidalgo el 43.8% de la población se encuentra en pobreza, el 6% en pobreza extrema y la población indígena hablante de una lengua tiene el 74.9% de pobreza en relación al no hablante que es del 34.4%. Más datos: en materia de seguridad la entidad ocupa el séptimo lugar nacional en el delito de violación, se encuentra entre los primeros diez estados por el delito de trata de personas, además de que los feminicidios se presentan de manera alarmante ocupando hasta la primera mitad de 2020 el lugar número 16. En materia de educación, el rezago alcanza el 35.5% lo que lo coloca en el lugar número 10 a nivel nacional.
Esta realidad que aqueja al Estado ha alcanzado al gobernador, y sí, en su saber está que no existe la mínima posibilidad de ganar la elección, por eso ha optado por realizar una serie de acuerdos que le garanticen perder la contienda electoral, por decirlo de alguna forma “acordada”, el problema es ¿Con quién? ¿Quién podría garantizar al gobernador saliente un pacto en el que se realice una transición sin mayor contratiempo con lo que esto implica? La respuesta es más que clara: Con todos, excepto con lo que muchos, de manera peyorativa señalan como grupo universidad.
Y es que en el Estado de Hidalgo ganará Morena la elección, eso es previsible, tanto como lo es el hecho de que Gerardo Sosa Castelán es quien posee más adeptos entre la sociedad y los morenistas para ser quién encabece la candidatura. De ahí se originan las acciones que emprende el gobierno del Estado contra la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) sin considerar que la confrontación política, el revanchismo y la guerra sucia no sólo afectan la participación electoral (cuya consecuencia puede ser el abstencionismo que dicho sea de paso beneficiaría al gobierno priista) también afecta a la comunidad estudiantil, lo que de por sí es grave.
No existe la menor duda: el presidente del patronato ha sido sometido al linchamiento mediático tras su detención para regocijo del gobernador. Se ha desatado toda una campaña de desprestigio replicada en medios nacionales con señalamientos más que atroces, tan solo por la venganza política de unos cuantos o de una sola persona. Así como en el desafuero de AMLO, pareciera que, a los intereses de un grupo compacto, le ha dejado de importar el destino de Hidalgo, parece que lo que verdaderamente les importa es no permitir, por ningún motivo, que Sosa Castelán llegue, ya no a la gubernatura, ni siquiera a la contienda. Es decir, igual que señaló AMLO en su caso y comparándolo con la situación actual del Estado, tal vez, a partir de una lectura febril de las encuestas, al gobernador se le vuelve una obsesión hacer campaña sucia contra Sosa Castelán.
En fin, no logro entender cómo es posible que, en este caso, como en el desafuero, los intereses políticos y económicos actúen de manera vil y vulgar. Por esa razón, al igual que la comunidad estudiantil, organizaciones sociales, culturales y demás colectivos independientes, desde mi humilde posición me sumo a la demanda de que se respete el Estado de Derecho y que exista un juicio justo en el que se esclarezca la realidad de los ataques tanto a la universidad como al ex rector. Desde esa misma posición, solicitaría a López Obrador, se revisen los intereses que posiblemente relacionen a funcionarios de la Secretaría de Hacienda con el gobierno del Estado de Hidalgo, de esta administración y de la anterior. En una de esas ni siquiera está informado el presidente de la verdadera situación.
En este país supuestamente existe la presunción de la inocencia, pero también existe la persecución política desde siempre, por eso mientras no exista un juicio justo, Gerardo Sosa no es un delincuente, es un perseguido y preso político que ha hecho de la UAEH una de las instituciones educativas más prestigiadas del país y de América Latina.
Luis Tovar, contacto: 55 30 58 61 83
El alcalde, Moisés Alejandro Anaya, indica que la mayor entrada de recursos proviene del Gobierno del Estado y de las propias arcas municipales.
Manuel Jacobo (Chapala, Jal).- Por considerar que el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha abandonado a los municipios del país, el Alcalde de Chapala, Moisés Alejandro Anaya Aguilar, considera que su gestión fue pésima y desaprueba lo realizado por el mandatario federal.
“Continua pésimo para mí; a los municipios le ha ido muy mal, muy, muy, mal y soy claro y no me canso de decirlo: el presidente de la república a los municipios los tiene en un total abandono”, aseveró Anaya Aguilar, al opinar acerca del segundo Informe de Gobierno de AMLO.
A inicios de la administración del presidente de México, se decidió quitar el ramo 23, un programa de donde los municipios del país obtenían recursos económicos principalmente para hacer obras públicas y que, ahora al estar extinto, representa una complicación.
Lamentó también, que esos recursos que antes eran destinados a la obra pública de los municipios, ahora se otorguen mediante programas sociales, que si bien llevan dinero a la población, no permiten el desarrollo en cuestión de infraestructura.
“Ellos justifican que a los municipios les llega dinero a través de los programas sociales, lo cual es cierto pero los programas sociales no reparan calles y no dotan de servicios y, definitivamente, eso no es la ruta correcta para llevar a un país adelante”, lamentó.
Pese a su desacuerdo con la gestión de AMLO, también considera que hay quienes califican de buen proyecto la transformación que supone la administración de López Obrador, pero lo que tiene bien claro es que como alcalde de Chapala está “buscando los mejores resultados para nuestro municipio”, por lo que no puede encontrar argumentos válidos para señalar el beneficio que debiera existir.
Mientras que AMLO en su segundo informe -presentado el pasado martes primero de septiembre- resaltó que con los programas y créditos, la pandemia no ha generado hambruna. Además, en 8 meses se han destinado a estos programas 115 mil millones de pesos, en beneficio de 9 millones de personas.
En el mismo informe se destacó sobre todo el combate a la corrupción y al inicio de su sexenio había señalado que el ramo 23 era una fuente de corrupción donde los políticos e intermediarios eran quienes se quedaban con la mayor parte de recursos federales destinados a infraestructura.
La propuesta del paquete económico para 2021 que el Ejecutivo federal envió a la Cámara de diputados tendrá un recorte de 13 por ciento para la CNDH.
Abigail Correa (Ciudad de México).- El colectivo feminista que tiene tomada las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México exhibe la desesperación de víctimas de la delincuencia. Pero también es un grito a las autoridades, que demanda la atención inmediata a solucionar casos de violación, desaparición, abusos de fuerzas policiales, entre otros.
La propia CNDH ha dado a conocer en diversas ocasiones la crisis que atraviesa México en el tema de derechos humanos. El país, desde hace años, enfrenta un entorno complicado en estas cuestiones debido a la inseguridad, la violencia, la falta de cumplimiento y aplicación de la ley, la corrupción, impunidad, así como ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Miles de desaparecidos, torturas, el desplazamiento de familias indígenas por disputa de tierras, la violencia de género, ataques contra periodistas y activistas ambientales, explotación y abuso contra migrantes, son delitos que van en aumento en el país.
La CNDH emitió 29 recomendaciones en lo que va del año. En 2019, en el mismo periodo se reportaron 59. Según el Informe de Actividades del 2019, con base en 167 expedientes de queja e inconformidad resueltos, el año pasado se emitieron 99 recomendaciones particulares y 15 por violaciones graves, además de 7 recomendaciones generales, para un total de 121 instrumentos recomendatorios.
De las 90 recomendaciones ordinarias, emitidas el año pasado, 78 fueron dirigidas a autoridades. Las seis que fueron destinatarias de mayor número de recomendaciones durante este periodo son el IMSS, con 21; la Procuraduría General de la República, con 13; la Comisión Nacional de Seguridad, con 10; la Fiscalía General del Estado de Chiapas y la Secretaría de la Defensa Nacional, con cinco casos cada uno; y los gobernadores de Chiapas y Veracruz, la SEP, la SEMAR y la SEMARNAT, con cuatro, respectivamente.
El descontento se debe a que, pese a que las recomendaciones de esta comisión se aceptan, se cumplen parcialmente y con lentitud. Basta mencionar que hay 5 casos que llevan más de 10 años sin que se cumplimenten.
Para el 2021, el presupuesto que recibirá la CNDH tendrá un recorte de 13 por ciento, es decir, 194 millones 301 mil 992 pesos, de acuerdo con la propuesta del paquete económico
que el Ejecutivo federal envió a la cámara de diputados. El presupuesto proyectado es de mil 679 millones 905 mil 810 pesos. “Para el ejercicio 2021 el objetivo es la renovación de la CNDH, es por ello que es necesario entablar una reingeniería institucional que permita hacer de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una institución más eficiente y menos costosa”, se lee en el documento. Lo importante es que la función de la Comisión, que es promover y proteger los derechos humanos, en especial ante la perpetración de abusos por parte de funcionarios públicos o del Estado, tenga efecto.
Desde el inicio del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador se mantiene un plan de austeridad estricto que tiene en descontento a algunos sectores. Asimismo, en los gobiernos anteriores las trasgresiones a los derechos humanos se dispararon; los funcionarios públicos negaron abiertamente el alcance de las desapariciones forzadas, la tortura y otras violaciones. La obstrucción de la justicia fue común en investigaciones, como la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Incluso el gobierno avivó extensas campañas de criminalización contra las víctimas.
Al respecto, el presidente López Obrador ofreció disculpas públicas y reconoció también que México está lleno de fosas clandestinas. Lo que esperan las víctimas es justicia. La sociedad mexicana necesita que además de combatir la corrupción, se consoliden las reformas al sistema de justicia penal de México. Efectuar plenamente las leyes históricas aprobadas en 2017 para combatir las desapariciones y la tortura y fortalecer el marco institucional del país para finalmente dar respuestas a las decenas de miles de familias de personas desaparecidas.
A decir de Gina Hinojosa y Maureen Meyer, expertas en el tema e investigadoras de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), “el gobierno mexicano debe garantizar mecanismos sólidos de control interno y externo sobre las fuerzas de seguridad y los agentes de migración de México. Esto debe incluir la garantía de la autonomía de la CNDH, que tiene un papel importante de supervisión sobre las instituciones gubernamentales”.
En el reporte El estado de derecho en México: 11 años después de las reformas de justicia penal, las especialistas destacan que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene la oportunidad de proporcionar a este sistema los recursos que necesita para enfrentar los desafíos. Para esto, señalan que es necesario el apoyo a las reformas de 2008, que exigieron la aplicación de un sistema penal acusatorio a escalas nacional y estatal. También se deben afianzar las dos leyes que México aprobó en 2017 para abordar la tortura y las desapariciones.
Del 1 de septiembre de 2019 al 30 junio de este año, 38 mil 467 personas fueron reportadas como desaparecidas, de las cuales 15 mil 837 siguen sin ser localizadas. En el Segundo informe de gobierno, se reportó la atención a mil 348 personas desplazadas de Tierra
Caliente y Costa Grande de Guerrero, así como la entrega de alimentos a 343 personas desplazadas de Chilón, Chiapas.
También menciona los ataques a periodistas y defensores de derechos humanos. El documento indica que 240 personas se incorporaron al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de manera que a junio de este año hay mil 258 personas inscritas: 396 periodistas y 862 defensoras de derechos humanos.
Sobre la violencia contra niñas y mujeres, se atendió a 150 mil 201 personas en los 48 Centros de Justicia para Mujeres distribuidos en 28 entidades, y en ocho estados se destinaron 124 mil 201 millones de pesos para fortalecerlos.
Son acciones positivas que se siguen opacando por el incremento de feminicidios en México, que entre enero y julio de 2020 alcanzaron 566 casos, “lo que representa un aumento de 5.4% respecto a 2019 (536) y de 9.6% respecto a 2018 (516)”.
DESDE EL CENTRO
La minera canadiense Equinox Gold contaminó mantos acuíferos de Guerrero, por lo que ejidatarios y campesinos padecen la falta de agua. La trasnacional se comprometió a mejoras en salud, infraestructura, becas y obras, pero no ha cumplido. Los pobladores que mantienen un paro en la mina Los Filos, demandan que la empresa cumpla con las cláusulas del contrato que signaron en 2019. Los campesinos sostienen que negociarán con las condiciones del ejido, “porque ya no vamos a tolerar más discriminación ni que la empresa se venga a burlar del pueblo”.
El gobierno se muestra positivo ante el futuro del país. Las acciones de la 4T destacaron en su segundo año en su lucha contra la corrupción, el peor de los males del país, según AMLO.
Abigail Correa (CDMX).- México no se repondrá de décadas de corrupción en dos años. Muchos mexicanos esperaban que en este periodo el país se levantara después de tanto despojo, pero habrá que tener paciencia, porque, aunque el gobierno actual asegure que vamos por buen camino, se siguen cometiendo muchos actos de corrupción.
Este 1 de septiembre, como dicta la Constitución mexicana, se presentó el informe anual de gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador, habló de la pandemia de coronavirus, corrupción, justicia, pobreza, empleo y delincuencia organizada.
La guerra contra la corrupción no dará tregua. Es el principal tema del Segundo Informe presidencial. “Este Gobierno no será recordado por corrupto, nuestro principal legado será purificar la vida pública de México”, destacó López Obrador en su mensaje sobre las cuentas hacia la ciudadanía.
A pesar de que se están recabando firmas para solicitar a las autoridades la convocatoria de una consulta ciudadana a fin de decidir si se debe investigar y enjuiciar por corrupción y otros delitos a los expresidentes de México, AMLO reiteró que no se iniciarán persecuciones ni venganzas políticas. Sin embargo, esto no quiere decir que se encubrirá a los corruptos o se permitirá la impunidad.
Las investigaciones actuales respaldan el compromiso de la 4T. Aquellos involucrados en el despojo a la nación están siendo enjuiciados, ojalá que el brazo de la ley alance a todos, sin importar de quiénes se trate.
Por otra parte, el gran golpe este 2020 fue de la pandemia, que no solamente afectó los intereses de México, sino del mundo. El creciente desarrollo que se pretendía alcanzar se retrasó por la covid-19. Los retos en el rubro de Economía conllevarán un esfuerzo en políticas de seguridad social y acceso a la salud.
Desde que iniciaron las medidas de contención y distanciamiento social se afectaron empresas de todos los tamaños, por lo tanto, los trabajadores y sus familias sufren por la pérdida de empleos. En este sentido, lo mencionado por el presidente López Obrador en su informe es que se llevaron a cabo “acciones encaminadas a proteger la salud de la población con recursos presupuestarios”.
Habla de un impulso en la creación de empleos; sin embargo, no están claras las cifras. Según el gobierno de la 4T se priorizó a las regiones más pobres del país y a los sectores productivos con mayor rezago en los últimos años.
El aumento al salario mínimo no ha mejorado el poder adquisitivo. Actualmente, en gran parte del país corresponde a 123.22 pesos diarios, y de 185.56 pesos diarios en la llamada zona libre de la frontera norte. Obteniendo dos salarios mínimos de 123.22 pesos diarios, al mes el ingreso es de 7,639 pesos. La cifra todavía queda corta para acceder a la Canasta básica, que por persona es de 1615 pesos, según el Coneval.
El Informe de gobierno habla de un aumento en la creación de empleos. Sin embargo, en el contexto de la pandemia se perdieron 925 mil 490 empleos formales entre enero y julio, es la mayor pérdida para los primeros siete meses de cualquier año en la historia. Al cierre de julio 2020, el número de trabajadores asegurados ante el IMSS sumó 19 millones 495 mil 952 trabajadores, 4.36 por ciento menor a la que se tenía registrada en el mismo mes del 2019, cuando se contaba con 20 millones 385 mil 379 trabajadores registrados.
Lo que sí ha crecido es el comercio informal. En los últimos meses, la Tasa de Informalidad Laboral (TIL) se situó en 53 por ciento.
Otro tema que destaca es “el rescate del sector energético”. Las reformas que se hicieron en administraciones pasadas son la prueba fehaciente del robo sin escrúpulos a los mexicanos. Las nuevas acciones todavía mantienen la duda del beneficio. El reforzamiento a las empresas del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), son la apuesta del gobierno para que México tenga autosuficiencia energética en materia de combustibles.
Valdría la pena que se reconsideraran estas políticas. El informe anual sobre inversiones en energías renovables del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (UNEP), expresa la preocupación por la política energética de México. Señala que, aunque en 2019 en México se invirtieron 4.300 millones de dólares en proyectos de energías renovables, un 17 por ciento más que el año anterior, la cifra está lejos de los 6.100 millones invertidos en 2016.
Un tema pendiente en este segundo Informe es la violencia y seguridad que avanza agigantadamente en el país. Menciona que La Estrategia Nacional de Seguridad Pública ha demostrado resultados positivos en su implementación, pues aborda la violencia desde su origen social y privilegia la inteligencia sobre el uso de la fuerza.
Desde el 30 de junio de 2020, más de 90 mil elementos de la Guardia Nacional mantienen un despliegue en 176 Coordinaciones Regionales en las 32 entidades federativas, para garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad en México. Los cárteles y miembros del crimen organizado siguen causando terror en las plazas que se disputan. Esto se lo debemos a los gobiernos pasados que solaparon y fueron cómplices de la delincuencia.
Guanajuato sigue en medio del fuego. El reporte diario del gabinete de seguridad federal señala que el mes pasado, en promedio 81 personas fueron asesinadas cada día y Guanajuato se mantiene como la entidad con el mayor número de asesinatos al contabilizar 348 víctimas. Luego de la captura del líder del Cártel de Santa Rosa, José Antonio “N”, alias El Marro, esperemos que estas cifras bajen.
Los estados con incidencia alta en materia de homicidios dolosos son: Estado de México con 223, Michoacán (185), Baja California (173), Jalisco (161) y Guerrero (108), mientras que en la Ciudad de México se contabilizaron 68 asesinatos. Agosto también se ubicó como el mes con el mayor número de días violentos en los que se cometieron más de 100 homicidios: el 2 de agosto con 104 asesinatos, 16 agosto 102, el 25 y 26 de agosto con 101 homicidios por cada día, y el 1 de agosto se contabilizaron 100 víctimas.
En su mensaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que durante su gobierno todos los delitos registran una baja del 30 por ciento en promedio, aunque, admitió, ha aumentado el homicidio doloso y la extorsión 7.9 y 12.7 por ciento respectivamente.
Fueron escasas las menciones sobre medio ambiente. En el Informe se aborda las participaciones a foros sobre cambio climático y México reafirma su compromiso en promover el desarrollo sostenible, el combate a la pobreza, la protección del medio ambiente, y la mitigación y adaptación al cambio climático. Sobre todo, destaca la Estrategia Nacional para Evitar los Riesgos al Ambiente de los Plaguicidas en México.
A México se le avecina un periodo crítico, en el que el gobierno tendrá que mejorar las políticas sociales y de desarrollo para evitar que más mexicanos se sumen a la pobreza. Es vital que la estrategia de seguridad de mejores resultados porque los ciudadanos están no sólo en esa crisis de seguridad, también en la de mantener su empleo o conseguir alguno. Y en la materia de medio ambiente es necesario que se atiendan las necesidades de los mexicanos, el cambio climático es otro reto para los siguientes años, puede que no sea tan tarde para mejorar las políticas del Estado.
DESDE EL CENTRO
Es lamentable la salida de Víctor Manuel Toledo Manzur de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) En casi año y medio atendió las regiones más contaminadas del país, se acercó a los afectados, impulsó la agroecología. En este periodo suspendió importaciones del glifosato con el objetivo de buscar su eliminación del país al
2024. Autorizó los proyectos del gobierno federal: el Corredor Transístmico y el aeropuerto de Santa Lucía. Queda pendiente el aval al Tren Maya. Sigue cuestionando la actividad minera… Qué preocupación el leer en los medios masivos y redes sociales que un segundo periodo de Donald Trump es muy posible. El último pronóstico lo dio Michael Moore, quien no se equivocó en 2016, cuando advirtió que el magnate racista podría llegar a la Casa Blanca. “El nivel de entusiasmo de 60 millones de seguidores de Trump es muy alto. El de Joe (Biden), no tanto», escribió el cineasta en sus redes sociales. abicorrea79@hotmail.com
El INIFAP a la fecha ha desarrollado más de 1400 variedades mejoradas
Ernesto Perea.- A cumplir sus 35 años Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) es un ejemplo de resistencia o resiliencia institucional, la cual pasa por enfrentar la drástica reducción de sus presupuestos hasta en siete veces en este lapso; con una planta de investigadores que disminuyó a menos de la mitad y cuya edad promedio es superior a los 50 años, sin renovación generacional; Fox lo intentó desaparecer; pero hoy sigue en pie y realizando investigación para apoyar a los productores, incluso, los investigadores muchas veces aportan dinero de sus bolsillos para continuar su tarea.
El doctor Alejandro Espinosa Calderón, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias e investigador reconocido del INIFAP considera que esta institución tiene que reinventarse, fortalecerse e ir a un escenario donde sus investigadores de excelencia, quienes tienen una capacidad creativa relevante, asuman el rol que les corresponde en la Cuarta Transformación, la cual necesita un organismo sólido con directrices claras.
El investigador del Sistema Nacional de Investigadores (SNI-Nivel III) considera que hoy lo fundamental son los recursos que se asignan al instituto, porque en 1985 recibía 9 mil 320 mdp, en 1989 bajó a 4 mil mdp, en 2003 a 938 mdp y ahí se mantuvo hasta el 2020 con unos mil 500 mdp. Los presupuestos se han ido reduciendo, pero además una parte significativa es para su operación y sólo alrededor del 12% es propiamente para investigación; incluso los investigadores ponen de sus bolsillos para solventar gastos inmediatos, “sino lo hicieren así, el INIFAP ya hubiera desaparecido”.
Alejandro Espinosa recuerda que cuando se fusionaron el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), el Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias (INIP) y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales (INIF) para crear el INIFAP (23 de agosto de 1985), había 2,600 investigadores y hoy no llegan a 1000, con un promedio de edad de más de 50 años, ya que no se ha renovado la planta de investigadores, como sí sucede con Embrapa de Brasil, un caso exitoso de investigación pública, que antes siguió el ejemplo de INIFAP y ahora, paradójicamente, es al revés.
Sin embargo se mueve
Para el secretario general del Sindicato Independiente de Investigadores del INIFAP (SIIINIFAP), Ramón Garza García, aun con las limitaciones injustificadas y las agresiones para extinguir a está institución de investigación pública nacional, ésta “continúa firme y sirviendo a México, gracias a la decidida y gallarda defensa de sus investigadores, quienes incluso aportan recursos personales, para cumplir con las tareas institucionales”.
El INIFAP a la fecha ha entregado más de 1400 variedades mejoradas de cultivos de importancia para México, más de 300 variedades de maíz, más de 160 de frijol, 250 de trigo, 60 arroz, 50 de papa, 30 de cebada, 45 de soya. En el área pecuaria ha desarrollado vacunas de relevancia y en el área forestal cuenta con tecnología para optimizar la explotación maderable, así como la tecnologías que requieren los productores en las diversas zonas del país.
Los integrantes del SIIINIFAP consideran que el material genético desarrollado en la dependencia, con el apoyo de programas gubernamentales permitiría lograr la suficiencia y soberanía alimentaria de México, la cual es urgente ante la situación grave de importaciones de alimentos básicos que cada año se hacen: 17 millones de toneladas (t) de maíz, 5 millones de t de trigo y 400 mil t de frijol, además del 85% del arroz que se consume y 97% de la soya que requerimos.
Alejandro Espinosa considera que la dependencia debe tener recursos para establecer estrategias de gran visión a 10 o 15 años, lo cual en este momento los investigadores no pueden hacer, porque lo que se les pide resultados a un año. Su limitante, recalca, es el presupuesto; solo con que hubiese crecido de manera proporcional como sucedió con el Colegio de Postgraduados o la Universidad Autónoma Chapingo, pero INIFAP perdió su vigencia, cuando era el “brazo técnico” de la Secretaría de Agricultura, que hoy ya no requiere a esta institución de investigación pública y prefiere asesorarse por organismos internacionales.
El fracaso de las fundacione
Los investigadores del organismo refieren que la crisis de apoyo a la investigación al INIFAP ocurrió cuando entonces director Jorge Kondo López, después del año 1997, se sumó a la propuesta del doctor Jesús Moncada y otros para formalizar las fundaciones Produce, que funcionarían con recursos del instituto más otro tanto aportado por los estados y se contemplaba que 50% de los proyectos que se convocarán serían asignados al propio INIFAP, lo que ocurrió sólo unos años.
“Al final el INIFAP se quedó sin recursos y las fundaciones se convirtieron en algo muy grave, encareciendo administrativamente el poco recurso que había, algunos estados caso no aportaron, las gerencias estatales de las fundaciones fueron asumidas por aspectos políticos, asignando proyectos con conflicto de interés y poca transparencia, con honrosas excepciones”.
Para Alejandro Espinosa “la 4T en algún momento va a poner el orden que merece esta institución, luego de la noche oscura neoliberal de 36 años, que en los últimos 20 años intentó desaparecer al instituto; Vicente Fox lo intento borrar en 2003, y como no lo lograron han intentado que muera por inanición al no otorgarle recursos; sin embargo, con todo y eso los investigadores del INIFAP son suficientemente creativos para ofrecer resultados sorprendentes a la vista de quienes quieren que desaparezca”.
En una carta dirigida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el SIIINIFAP señalaba que “en el momento actual, para la 4T, el país necesita un INIFAP fuerte y pujante, que responda a las necesidades del campo mexicano y apoye el objetivo de lograr la suficiencia y soberanía alimentaria que usted ha señalado”.
Se puede convertir en la primera crisis en las relaciones comerciales y diplomáticas entre EU, México y Centroamérica.
El proceso electoral y el posible cambio de partido y de presidente en Estados Unidos, afectará de manera fundamental al fenómeno de migración hacia el país del norte. Será notable en lo que corresponde a los mexicanos y centroamericanos, que cruzan esa frontera en un promedio de un millón al año en la búsqueda de empleo mejor remunerado que en sus países de origen. Esta perspectiva se podría convertir en la primera crisis en las relaciones comerciales y diplomáticas entre EU, México y Centroamérica a partir de 2021.
En la administración de Donald Trump la represión para impedir el paso a territorio norteamericano fue violenta. Sólo se detuvo con la colaboración de diplomáticos mexicanos y con el apoyo 17 mil elementos de la Guardia Nacional Mexicana, hecho que provocó protestas notables tanto en la frontera norte del país como en la del sur, por donde se da un flujo natural de hondureños, guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses, a los que se unieron migrantes de países africanos. En este freno migratorio influyó definitivamente la presencia de la pandemia del Covid 19.
Es de señalar que, en los últimos meses a partir de marzo, cuando la pandemia se empezó a manifestar por la vía de los contagios, ha habido diversas tensiones en los límites fronterizos, derivados del narcotráfico, de las relaciones comerciales de importaciones y exportaciones alimentarias; la exigencia por parte del gobierno de EU, del pago con agua de las presas mexicanas fronterizas, con base en el Convenio entre EU y México para el intercambio hidráulico, firmado desde 1944.
La migración de mexicanos a EU se viene presentando desde hace muchas décadas. Gran parte del desarrollo industrial, de la agricultura y otras actividades económicas importantes en el país del norte, se debe al trabajo intenso de los migrantes mexicanos. Así, el potencial económico e industrial y agrícola en particular, se debe al trabajo de los migrantes, como ha ocurrido en California, Texas, Arizona y otras muchas entidades de la Unión Americana.
Así, hay que reconocer que los migrantes mexicanos, en los inicios del siglo pasado, prácticamente todos eran trabajadores del campo. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, se incorporaron en otras actividades laborales. La prestación de sus servicios ya no era temporal, sino que pasaban gran parte del año en fuentes de trabajo permanentes, a lo cual correspondía un mejor ingreso.
Ha habido vaivenes en el proceso de migración, dependiendo de las condiciones económicas, fundamentalmente de parte de México, que reflejan aumentos en las migraciones de co-nacionales hacia el norte, como fueron los casos de crisis financieras en las décadas de 1980 y 1990, así como en la primera década del 2000.
Dentro del territorio mexicano, existen cerca de cinco millones de migrantes centroamericanos que prestan servicios temporales en las cosechas de café de estados como Chiapas, Veracruz y Oaxaca. O de hortalizas y frutas en Baja California, Sonora, Baja California Sur, Sinaloa y Colima. Muchos de ellos temporalmente cruzan la frontera para incorporarse en cuadrillas a las cosechas de hortalizas y legumbres en California y Arizona.
En los últimos años han sido notables las migraciones de hombres, mujeres y niños de los países centroamericanos con aspiraciones de instalarse en territorio de EU, debido a la pobreza, etapas recurrentes de violencia y por una circunstancia de falta de empleo por la terminación de proyectos norteamericanos de cultivo de frutas tropicales con destino final en la atención de demanda de la población de EU.
En la presente administración de Estados Unidos, familias que se incorporaron al sistema de migración, fueron tratadas de manera inhumana, al ser separados los niños de sus padres y ubicados incluso en corrales, como si fueran animalitos.
La pandemia de Coronavirus ha sido factor importante en la disminución de la migración. Así, en abril y mayo se tienen datos de que disminuyó el flujo, aunque se tiene la expectativa de que este fenómeno reincida en agosto, septiembre y octubre, frente a la necesidad de empleo e ingreso con resultados funestos, sobre todo para las familias de condición económica insegura o de plano de pobreza extrema.
Se ha anunciado que la economía mexicana disminuya en números jamás vistos en los últimos 50 años, hasta en un nivel cercano al 20 por ciento, con una caída vertical en el Producto Interno Bruto, de 10 puntos porcentuales. Todo ello, debido, por una parte, a la pandemia y, por otra, por malas políticas públicas del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
Este gobierno da preferencia al chismorreo cotidiano relacionado con la corrupción, en lugar de trabajar de manera incansable que es lo que se espera de un presidente que abrigó grandes expectativas de trabajo y mejora económica de los mexicanos. Trabajo, trabajo y más trabajo, es lo que se requiere en un país, como México, donde más del 50 por ciento de sus habitantes (de un total de 127 millones de habitantes) se encuentran en una condición de pobreza, de los cuales 26 millones padecen pobreza extrema.
—–000—–
Afirman ser el movimiento de los pobres, pero líderes se trasladan en 14 vehículos de lujo que alcanzan un valor de 11.2 millones de pesos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectó movimientos irregulares de dinero de las cuentas de líderes de Antorcha Campesina, por lo que fueron congeladas.
Se bloquearon las cuentas bancarias del dirigente de Antorcha Campesina en Puebla, Juan Manuel Celis Aguirre, de su esposa y tres empresas que habría utilizado para dispersar recursos ilícitos; así como de integrantes de la misma organización en el Estado de México.
El monto es de más de 2 mil 800 millones de pesos. Entre 2010 y 2020, la directiva recibió 658 mdp en efectivo. Además, entre 2014 y 2019 recibió transferencias interbancarias por 128 mdp, principalmente de sujetos relacionados al sector de la construcción. Y simultáneamente se enviaron transferencias bancarias por 18 millones de pesos, de ellos 3.6 millones llegaron a tres empresas fachada.
Este organismo priista siempre ha estado relacionado con la invasión de terrenos. Apenas ayer, colonos del Fraccionamiento Misiones de San Francisco, en Puebla, denunciaron ante la Secretaría de Gobernación del estado (Segob) que integrantes de esta organización invadieron decenas de viviendas deshabitadas, lo que provocó un conato de violencia la semana pasada. Desde 2016, en esta zona, al menos 700 inmuebles están invadidos.
En Tlaxcala, el representante de Antorcha Campesina, José Orlando Isidro Ramos, aseguró que el gobierno federal ha emprendido una persecución política imparable. Por lo pronto, la UIF detalló que en Puebla se bloquearon las cuentas del líder de la organización política, de su esposa y tres empresas que eran utilizadas para distribuir los recursos obtenidos de manera ilícita por la organización. También se retuvieron las cuentas de integrantes en el Estado de México, se bloquearon los saldos de la dirigencia y de personas físicas y empresas vinculadas con la organización.
Según la UIF, la dirigencia cuenta con 14 vehículos de lujo por un monto de 11.2 millones de pesos. Agrega que la organización sostuvo su estructura financiera mediante una red de
empresas constructoras, gasolineras, hoteles, farmacias, tiendas de conveniencia y agroindustria. El movimiento se autodenomina “la organización de los pobres en México”.
A finales del año pasado exigían 3800 millones de pesos del presupuesto de este año para 1500 obras de infraestructura que se harían en los territorios de Puebla y Estado de México, donde mantienen un auge entre simpatizantes. Sin embargo, las obras que llevan a cabo, supuestamente para apoyar a comunidades de escasos recursos, son deficientes o nunca se llevaron a cabo. En los inmuebles que construyen para supuesta ayuda a las comunidades necesitadas, cobran por su uso a las personas de escasos recursos.
Aseguran que son acusados de realizar ellos mismos las obras, pero lo niegan categóricamente, como varias veces se ha escuchado en los discursos del vocero del movimiento, Homero Aguirre. Sin embargo, alcaldes de los municipios de Chimalhuacán e Ixtapaluca, en el Estado de México, así como Xicotepec, San Martín Texmelucan y Tecomatlán, en Puebla, gobernados por Antorcha Campesina, con todo y que se les negó el registro como partido político, entregaron casi 500 millones de pesos a la empresa Acabados Arquitectónicos Frank, propiedad de la misma organización, para obras de uso exclusivo de los militantes.
Algunas obras no se llevaron a cabo o se hicieron con materiales deficientes. En Tecomatlán, Puebla, construyeron la casa de Cultura con Auditorio, una villa estudiantil, una escuela de Teatro y Música que beneficiaron al Instituto Tecnológico, propiedad de Antorcha Campesina, que cobra una mensualidad a estudiantes provenientes de la Mixteca poblana, en su mayoría se trata de hijos de campesinos.
El líder de Antorcha Campesina, Aquiles Córdova Morán y su familia, se desplazan en camionetas de lujo, Land Rover blindadas, valuadas en 5 millones de pesos cada una, para hacerse presentes en plantones donde “apoyan” a los miembros más pobres para exigir recursos al gobierno.
El organismo ya es investigado por lavado de dinero y robo de combustible o “huachicoleo”. ¿Le extrañará a alguien que pretendan sumarse al PRI o al PAN para contender a elecciones de Puebla, el próximo año?
En junio de 2017 Petróleos Mexicanos (Pemex) canceló definitivamente sus contratos con al menos cuatro gasolineras de Antorcha Campesina ubicadas en Tepexi, Libres y la capital de Puebla, debido a que la organización no pudo acreditar la procedencia del combustible que vendían, lo cual hace sospechar que procedía del huachicol.
El diputado federal poblano, Luis Eleusis Leonidas Córdova Morán, sería uno de los líderes de Antorcha Campesina a quienes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluyó en la cancelación de 10 cuentas bancarias. El representante popular que ingresó a la Cámara Baja del Congreso de la Unión por la vía plurinominal, es hermano del líder máximo del Movimiento Antorchista Nacional, Aquiles Córdova Morán.
Otro diputado federal de la organización que tiene sus finanzas bajo indagatoria es Brasil Alberto Acosta Peña, quien dijo que “sin aviso ni notificación alguna”, la UIF congeló sus cuentas bancarias.
Desde hace 44 años, Antorcha Campesina sólo se ha beneficiado de los más pobres, a través de la vivienda. Lo hizo con el apoyo de gobernantes como Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas.
El expresidente Peña Nieto facilitó a la organización varios asentamientos irregulares. Como el caso del Rancho Pimiango, en el Estado de México, 38 hectáreas que se adquirieron con una inversión de 250 millones de pesos, dinero en su mayor parte proveniente de recursos del Fondo Metropolitano del Valle de México. Se destinó a la reubicación de familias afectadas en la zona de Hidalgo y Carrizo que a cambio llenaron mítines en la campaña presidencial.
Sin embargo, el terreno fue lotificado en 2 mil 200 pedazos sin autorización alguna y vendido cada uno entre 125 mil y 150 mil pesos por Antorcha Campesina, cuando el propósito del rancho era la reubicación. Las ganancias que obtuvieron se dice que fueron entre 275 millones y 330 millones de pesos.
A los terrenos no llegaron agua ni luz, no hay caminos, los pobladores andan entre la polvareda. Eso sí, no faltan las pipas de agua, negocio de los líderes Antorchistas. Entre los requisitos para poder acceder a una vivienda está el de apoyar en mítines, pero incluso les cobran por su participación, el transporte más una cooperación.
Así sucedió el domingo 21 de junio de 2009, cuando Enrique Peña Nieto llenó el Estadio Azteca, se veía repleto de playeras rojas. Pero más que priistas, eran antorchistas desbordando el primer evento público y masivo del mexiquense hacia la Presidencia de México.
Hoy se relaciona al exmandatario con actos de corrupción investigados por el actual gobierno. Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, detenido por el caso Odebrecht, acusó a Enrique Peña Nieto en complicidad con el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de ser los responsables directos de recibir y gestionar parte de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Por ahí dicen que a todo marrano le llega su Nochebuena.
DESDE EL CENTRO
Las estimaciones más recientes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señalan que en México se cometen 10.5 asesinatos de mujeres al día, es decir, cada 2 horas y 29 minutos una de ellas es asesinada. Los feminicidios han aumentado en lo que va del año. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 549 hasta julio, mientras que en los primeros siete meses del 219 fueron 519… Aunque la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de León, Guanajuato, diga que las detenciones durante una manifestación pacífica de
colectivos feministas se realizaron por “actos vandálicos y agresiones a la autoridad”, no se justifican las agresiones cometidas por agentes de seguridad pública. Las detenidas fueron liberadas sin cargos, y señalaron que durante la detención fueron víctimas de amenazas, así como de violencia física, consistente en golpes y ahorcamientos. También se reportaron hechos constitutivos de violencia sexual en contra de al menos dos mujeres menores de edad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CN
Comienza el periodo escolar sin poder asistir a las aulas debido a la pandemia. Miles de niños tendrán acceso a las clases televisadas. Pero en comunidades originarias la falta de luz y de caminos sigue dificultando el acceso a la educación.
Abigail Angélica Correa Cisneros (Ciudad de México) . – El sistema educativo atraviesa en el mundo un cambio drástico a causa del coronavirus. En México mostró los huecos que la enseñanza tiene en zonas marginadas, aunque tampoco eran desconocidas. Es difícil seguir el ritmo de los programas de estudio para niños y jóvenes que viven en lugares donde desde hace décadas el acceso a la educación es limitado. Para la era en que vivimos estas necesidades deberían estar cubiertas tanto en ciudades como en zonas rurales.
Con las escuelas cerradas la educación a distancia es la solución que se dio para no perder los ciclos escolares. Resulta complicado para muchos estudiantes ponerse al día por medio de una laptop y la Internet. Es imposible, si además la infraestructura necesaria no llega a zonas de escasos recursos, donde ni siquiera hay red eléctrica, simplemente no hay manera de sumarse a la iniciativa que, aunque es positiva, no ayuda a todos.
Por otra parte, los encargados de la enseñanza se quedan también a la deriva por la falta de acceso a redes o no cuentan con la preparación adecuada para impartir estas clases a distancia. Al pensar en el futuro, nos damos cuenta de que muchos países se enfrentarán a una crisis no solamente financiera o de salud; también hay que resolver los retos que implican regresar a una normalidad que dejó de ser y que no podrá recuperarse, tampoco en el tema educativo.
La educación en México es un derecho constitucional. El desarrollo de herramientas modernas es urgente para no rezagarnos en comparación a otras naciones. En medio de la pandemia de coronavirus, la solución de las autoridades es la educación televisada. A partir del 24 de agosto se transmitirán clases desde preescolar hasta secundaria a través de los canales de Televisa, TV Azteca, Canal Once, entre otros.
De esta manera la educación gratuita seguirá garantizada. De acuerdo con el titular de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, al regresar a las aulas se medirá el avance o rezago de cada alumno en una atención personalizada. Se establecerá un periodo de tres semanas cuando se restablezcan las clases presenciales para que maestras
y maestros hagan una evaluación diagnóstica y conozcan los casos de retraso, pero también de avances superiores a los esperados.
Sin embargo, hay un atraso latente desde hace décadas en México que tiene que ver con la educación indígena. En estas zonas, donde la población sigue marginada, el derecho a la educación sigue siendo inalcanzable. A falta de escuelas y maestros se toman clases televisadas desde hace años, lo cual es una broma porque en muchos de estos lugares, los gobiernos anteriores donaron televisiones para cubrir esta demanda, pero no hay luz ni llega la transmisión.
En estas zonas, desde que comenzó la pandemia se respondió con clases por medio de la radio. El secretario de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, está consciente de que los infantes no cuentan con computadoras, tablets o celulares en sus comunidades, con los que puedan acceder a Internet para unirse a grupos de clases en línea o por televisión.
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Red de Radiodifusoras Comunitarias e Indígenas se sumaron desde abril a esta tarea. La duda es cómo lo hacían antes de la pandemia si en muchas zonas rurales no hay salones ni profesores. Es un avance que en este sexenio se cuente con programas radiofónicos donde se incluyen contenidos propios de las comunidades y se haga en lenguas indígenas.
Este año el Programa de Apoyo a la Educación Indígena tiene un presupuesto de poco más de un millón 590 mil pesos. Este Programa contempla cinco modalidades de apoyo a estudiantes indígenas de distintos niveles: hospedaje (Casas de la Niñez Indígena); alimentación balanceada y culturalmente adecuada; becas para nivel superior y apoyo a titulación; seguro contra accidentes, y; actividades complementarias social, lingüística y culturalmente pertinentes. Según reportan, durante la actual contingencia sanitaria se ha apoyado a 73,732 niños, niñas y adolescentes.
Pero para el acceso a la educación no solamente es necesaria una escuela, salones, material educativo. También se requiere de acceso a la salud, a la buena alimentación, a carreteras.
En un artículo de Pie de Página, abordaron la visión de algunos profesores que impartían clases en estas zonas. “Lo primero es arreglar la carretera. Si no la arreglan no se puede llegar. Si se va la luz en toda la comunidad, tampoco se puede llegar para arreglarlo. Les escribí (a la SEP) que son necesarios cubrebocas, gel antibacterial, asistencia de médicos en la clínica de la comunidad, porque la atención la dan dos enfermeras. También creo que es importante explicar a fondo lo que pasa con la enfermedad, pero en lengua, en audios y carteles, para que lo sepa toda la comunidad. Perifoneo para avisar los días de clases”, contó una maestra.
La enseñanza en los pueblos indígenas mexicanos es catalogada como intercultural, comunitaria, respetuosa de la diversidad e incluyente, pero la realidad es que está
limitada, tiene contrastes y rezagos. Desde el siglo pasado se pretende incluir a estas comunidades en los programas educativos. Sin embargo, los resultados son el desinterés y la deserción, el analfabetismo sigue en índices muy altos.
Desde el mismo punto de vista de los pueblos indígenas, durante décadas el proyecto de educación es “etnocida”, pretendieron “castellanizarlos”. A partir de la década de los 70 se pensó en una educación diferenciada, mediante lengua y cultura, promovida e impulsada por la Alianza Nacional de Profesionistas Indígenas Bilingües, A.C. (ANPIBAC), una organización indígena que cuestionó a la educación escolarizada en estas regiones y logró sentar las bases de la educación bilingüe y bicultural, la primera política pública educativa para indígenas.
Faltó interés de parte de las autoridades y la propuesta no rindió frutos, aunque hoy se siga hablando de que existe esta integración de las comunidades a la educación. Todavía hacen falta profesores que enseñen el español como segunda lengua y no como la única que se hable en México. Es prácticamente inexistente un sistema educativo bilingüe intercultural, en el que se capacite a los docentes. Todavía hacen falta materiales bilingües y textos pedagógicos con este enfoque.
En este sentido, pareciera que el gobierno sigue marginando a estas comunidades. Por otra parte, problemas como la migración debido a la falta de oportunidades hacen que estos grupos pierdan interés en asistir a escuelas y por lo mismo, estos programas bilingües no pueden tener éxito porque no hay quien se beneficie.
Al contrario, hay comunidades que se aferran a su identidad. Bruno Baronnet, autor de una investigación realizada en territorio zapatista, habla de una educación autónoma, distanciada de los programas oficiales, en la que estos pueblos se organizan y sostienen la educación con sus propios recursos.
Por lo pronto, la siguiente semana comenzará en nuestro país el ciclo escolar 2020-2021. Es cierto que la mayoría de las familias mexicanas cuenta con un televisor. Estará cubierto ese requisito para aprender. Pero hay huecos que se irán llenando conforme avance este programa nombrado Aprende en casa II, que producirá y transmitirá 4,550 programas de televisión y 640 de radio en 20 lenguas indígenas.
DESDE EL CENTRO
Grupos armados mantienen sitiados a por lo menos siete comunidades tzotziles de Aldama, Chiapas. El presidente municipal, Adolfo López Gómez, envió un mensaje desesperado al gobierno federal para que intervenga ante las agresiones de las que son víctimas desde hace más de 72 horas, sin que La Guardia Nacional, Ejército Mexicano y policías estatales logren todavía restablecer la paz y el estado de derecho… Incrementan hasta 35 por ciento productos de la canasta básica: limón (35.71 por ciento), jitomate (20.78), frijol (20.26), naranja (19.8), tomate (17.82), lentejas (10.92), café soluble (3.08),
arroz (2.24), avena (1.32 por ciento), entre otros, reporta la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec)… El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende cobrar una tarifa a los automovilistas que crucen desde México hacia su país. Así pagarían los mexicanos la construcción del muro fronterizo, dice. abicorrea79@hotmail.com
Modelo de producción agrícola actual es insostenible desde la perspectiva económica y ambiental.
Ernesto Perea (CDMX) – La polémica en torno al glifosato en México abre la oportunidad de plantear la urgente necesidad de cambiar el modelo de producción agrícola actual, basado en el uso de agroquímicos, que ya es insostenible, por una agricultura más eficiente, rentable y sustentable, recurriendo a prácticas como la reutilización de residuos de cosecha enriquecidos con bioinsumos e incursionar en procesos de desarrollo que plantea la economía circular.
En nuestro país cada año se generan alrededor de 45 millones de toneladas (mt) de esquilmos en los diez principales cultivos, maíz, sorgo, trigo, frijol, arroz, cebada, soya, algodón, cártamo y ajonjolí; el rastrojo y olote de maíz aportan 25 mil 500 mt, las pajas de sorgo, 6 mil 600 mt y de trigo, 4 mil 500 mt, lo cual representa poco más del 81% de los residuos de cultivos, según datos del Colegio de Postgraduados.
De estos esquilmos 20% se destina a alimento animal, en promedio, y el resto no tiene un uso adecuado y se convierte en un problema. Diversos estudios han validado que de la producción de maíz que se obtiene en una hectárea 46% es grano y 54% rastrojo; en pajas de sorgo, trigo y cebada, el porcentaje de grano representa 47% y 53% de materia seca. De los derivados de la caña de azúcar sólo alrededor del 20% de las puntas de caña y 10% del bagazo se usan para alimento pecuario y el resto es una alternativa viable para aprovecharlos con la adición de bioinsumos.
El director de la empresa de base biotecnológica Biofábrica Siglo XXI, Marcel Morales Ibarra, expone que en el contexto actual la “economía circular” está siendo revalorada en el mundo, el reúso de materiales en diversos sectores y de desechos agropecuarios para el campo y su combinación con otros bioinsumos, como el caso de los biofertilizantes, puede convertirse en una opción rentable y sustentable para la producción agrícola, que permita incrementar rendimientos, disminuir el uso de agroquímicos y bajar costos, respetando los recursos naturales y el medio ambiente.
Una tendencia que se está fortaleciendo en el ámbito global es el reciclaje de residuos agrícolas en los cultivos, como es el caso de la caña de azúcar, café o maíz; así como desechos pecuarios de la producción ganadera. Estos materiales pueden ser reutilizados en la agricultura, como aportación de materia orgánica a los suelos, pero, además, se les puede dar un valor agregado si se le incorporan bioinsumos que ya han probado su eficacia en campo.
Morales Ibarra subraya que en México miles de toneladas de residuos orgánicos de distintas industrias como la agrícola o la ganadera podrían ser reincorporadas al suelo adicionándoles biofertilizantes, lo que generaría un círculo virtuoso: primero, al disminuir el uso de agroquímicos altamente contaminantes por bioinsumos amigables con el medio ambiente; segundo, al aprovechar desechos orgánicos que hoy no tienen un tratamiento útil; y tercero, propiciaría la recuperación de la diversidad y actividad microbiológica de los suelos agrícolas, regresando la fertilidad a los mismos.
Para el experto en temas agrícolas, uno de los principales retos que representa el aprovechamiento de estos residuos, es el alto volumen que demanda su uso. Las compostas en general requieren aplicar de 15 a 20 toneladas por hectárea, lo que eleva mucho los costos y complica su manejo. En cambio, si se enriquecen con productos biológicos como los biofertilizantes microbianos (productos hechos a base de bacterias y hongos benéficos para las plagas), su nivel de eficiencia se multiplica, logrando disminuir significativamente los volúmenes requeridos de aplicación e incrementando la producción, lo que se traduce en aumento de rentabilidad.
Alto potencial en compostas enriquecidas con microorganismos
En algunos ingenios del país, se utiliza la práctica del composteo de la cachaza para su aplicación en el cultivo de la caña de azúcar, sin embargo, la aplicación requerida de esta composta es del orden de 20 toneladas por hectárea, lo que significa altos costos de transporte y aplicación, por lo que dicha práctica no se ha extendido entre los productores de este cultivo.
La cachaza es un residuo que se produce durante el proceso de producción del azúcar de caña, particularmente del proceso de clarificación del jugo. Durante la zafra se producen miles de toneladas de cachaza, las cuales frecuentemente se consideran un desecho y una fuente de contaminación. Empero, la cachaza tiene un alto contenido de carbono (fuente de energía), fósforo, nitrógeno y calcio (nutrientes esenciales para las plantas), por lo que, procesada adecuadamente, se convierte en un valioso recurso para la fertilización de cultivos y mejoramiento de suelos.
Tenemos experiencias que ya tienen un proceso de evaluación y validación, por ejemplo, “cuando enriquecemos la composta con los biofertilizantes, su volumen de aplicación disminuye a máximo cuatro toneladas por hectárea, teniendo rendimientos muy superiores que con la aplicación de las 20 toneladas de la composta únicamente. Esto se traduce en una disminución de los costos de aplicación, haciendo más sencillo su manejo por parte del agricultor”, subraya el especialista.
Con esta combinación, además, se reduce la aplicación del fertilizante químico de 30% a 50%, con respuestas en la producción superiores a las obtenidas con la aplicación del 100% del fertilizante químico. En este sentido, en diversas regiones cañeras en las que se ha trabajado con este bioinsumo se han incrementado los rendimientos hasta en un 40%, disminuyendo la fertilización química hasta en un 50%, puntualiza Morales Ibarra.
Por Abigail Angélica Correa Cisneros
Lo que nunca se vio en México. En la era de la 4T ¿será posible juzgar a un expresidente por cualquier delito? Y no sólo dejarlo en un juicio sino, de ser culpable, hacer justicia. Muchos exmandatarios dejaron el poder con una larga cola de corrupción. Uno de los recientes, Felipe Calderón, por encubrir a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante su sexenio, enjuiciado en Estados Unidos por brindar protección al Cártel de Sinaloa, dice que se trata de una persecución política y que su gobierno nada tuvo que ver con un narco Estado.
No hay que anclarnos en el pasado, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y se expresa en contra de juzgar a exmandatarios, aunque abre la posibilidad de que sean los ciudadanos quienes se organicen y exijan castigo en caso de encontrar culpables.
Pero estos sobran tras los últimos gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Ahora está acorralado por delitos de corrupción, quien fue titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y al entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de ser los responsables directos de recibir y gestionar parte de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Más de 100 millones de pesos, provenientes del cohecho, fueron utilizados para la campaña electoral de Peña Nieto en 2012. Además de otros 400 mdp que se destinaron a la compra de votos de congresistas, según anunció el fiscal general Alejandro Gertz Manero. El exdirector de Pemex está acusado de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, derivados de estos sobornos millonarios tanto de Odebrecht como de la siderúrgica mexicana Altos Hornos. También su madre, su hermana y su esposa son investigadas por la trama de corrupción.
A Lozoya no le quedó otra más que cooperar como testigo y se dice víctima porque “no se mandaba solo”. Según sus abogados fue “intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado” por un “aparato organizado de poder”. De alguna manera quiere librar la cárcel y proteger a su familia, por lo que ahora está dando detalles de los delitos orquestados por la más alta jerarquía en el sexenio peñista.
Otros señalados por recibir presuntamente sobornos a cambio de votar a favor, entre otras leyes, de la reforma energética de 2013, son Ricardo Anaya, entonces diputado federal por el PAN, y otros cinco senadores panistas: Ernesto Cordero, Francisco Domínguez Servién, Francisco García Cabeza de Vaca, Salvador Vega Casillas y José Luis Lavalle Maury.
Pero no es nueva revelación. Desde 2017 exdirectivos de la constructora brasileña hablaron de los sobornos que comenzaron en 2012, cuando Lozoya era director de la campaña de Enrique Peña Nieto. El premio para el ex director de Pemex fue una mansión con valor de 1.9 millones de dólares en Ixtapa, Zihuatanejo.
Se sabe que en 2013 un directivo de Altos Hornos de México (AHMSA) adquirió el inmueble en representación de la esposa de Lozoya. Una investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, revela que la compra de la mansión incluye una transferencia de USD 1.2 millones, hecha a través de una cuenta en Suiza ligada con sobornos presuntamente pagados al exdirector de Pemex. Esto sucedía mientras la petrolera mexicana compró la planta de AHMSA, a un sobrecosto de 620 millones de pesos, instalación que resultó ser pura chatarra.
El lodazal salpica a muchos, pero sobre todo empapa a Enrique Peña Nieto. Además de Lozoya, hay un proceso contra Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, quien podría llevar su proceso judicial en libertad condicional, tras el amparo promovido por su defensa. La exfuncionaria es señalada por el delito de ejercicio indebido de la función pública cuando estaba a cargo de la Sedesol. Se le investiga por el desvío de más de 5 mil millones de pesos.
Otro cercano a Peña Nieto, su exabogado, Juan Collado, desde hace un año está en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, acusado de fraude, delincuencia organizada y lavado de dinero.
Esta semana se dieron órdenes de aprehensión contra otros 19 exfuncionarios del sexenio peñista acusados de un millonario desfalco desde la Secretaría de Gobernación. Entre los sospechosos está el excoordinador de Administración y Servicios de la Secretaría de Gobernación, Eleuterio Pérez Romero, quien ya está detenido. Destacó también la orden de aprehensión contra Jesús Orta Martínez, entonces secretario de la Policía Federal. Miguel Ángel Osorio Chong sigue en la lista, podría ser investigado por este millonario desfalco, por lo que ya se amparó.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto la corrupción se dio de manera cínica. ¿Pensaron que los mexicanos ignorarían las empresas fantasmas con las que robaron millones de pesos?, ¿o las compras a sobreprecio?
Hay quienes opinan que un expresidente no puede ser llevado a juicio. Sin embargo, no hay limitante, mucho menos que sea constitucional, para proceder contra un exmandatario, y no hay jurisprudencias de la Corte que marquen lo contrario, según expertos en el tema.
Luis Echeverría fue consignado por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado de la PGR por su probable responsabilidad en la violencia y los homicidios de estudiantes en 1968 y 1971. Se libraron dos órdenes de aprehensión, aunque finalmente fue absuelto por un Tribunal, el proceso existió.
Hay confianza en que estas investigaciones concluyan en justicia y finalmente los mexicanos vean encerrados a los corruptos que se merecen pasar un buen tiempo tras las rejas. Especialmente a los que siempre se salen con la suya.
DESDE EL CENTRO
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y representantes de la industria cárnica acordaron acciones conjuntas para impulsar la ingesta de proteína animal de producción nacional. El titular de la Sader, Víctor Villalobos Arámbula, se reunió de manera virtual con representantes de distintas industrias cárnicas, quienes por primera vez se agruparon en un frente común: México Unido Proteína Animal (MUPA), la cual tiene como fin posicionar a esta cadena como un eje relevante de la economía nacional.
© 2016. Todos los derechos reservados. Semanario de la Ribera de Chapala