Opinión por Abigail A. Correa Cisneros.
Las sequías de las últimas décadas deberían impulsar proyectos para mitigar los estragos provocados por el cambio climático. ¿Es posible combatir este problema? Por ejemplo, estudios proponen la adecuación de cultivos a especies que necesiten el mínimo de agua y adecuar el sistema de riego.
Este problema se agrava en el Norte del país, donde agricultores de los estados fronterizos están molestos por el pago de agua que Estados Unidos demanda al gobierno mexicano tras el Tratado de Aguas de 1994 y que en 2017 se actualizó mediante el Acta 323, que deja en desventaja a los mexicanos.
Ambas naciones se enfrentan a una escasez de agua, pero Estados Unidos tendrá que superar su peor sequía en 20 años. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que hay agua para todos, y que quienes protestan son políticos de la oposición que quieren llevar agua a su molino. Pero en el Norte del país no están de acuerdo con este punto de vista y reclaman apoyo de su gobierno.
Bajo el tratado de 1944, México le debe a Estados Unidos cerca de 500 millones de metros cúbicos de agua que debe pagar antes del 24 de octubre. Además, está atrasado con los pagos de años anteriores y le piden cumplir cuanto antes.
El Tratado Internacional de Aguas firmado en 1944 entre ambas naciones, estipulaba un intercambio de este líquido. México daría a Estados Unidos agua de la cuenca del Río Bravo, mientras que Washington le cedería agua del Río Colorado, el cual fluye por Colorado, Utah, Arizona, Nevada y California.
La actualización de 2017 consiste en el pago que México hará con agua a cambio de infraestructura hidráulica por cuenta de su vecino del Norte. En opinión de muchos, esto es ilegal porque el agua no debe estar en venta, es un derecho universal. La deuda se saldará hasta 2026.
El tratado binacional afecta desde entonces a habitantes de Baja California que de por sí se enfrenta a la escasez de agua desde hace varios años. Los ciudadanos no fueron consultados y resistían también a una cervecera que buscaba acaparar el 44 por ciento de agua de Mexicali. Finalmente rechazaron el proyecto en una votación masiva.
Según el acuerdo, México cedió 283 millones de metros cúbicos de agua a cambio de 31.5 millones de dólares. Esta cantidad se destinaría al Revestimiento de canales, Conservación a nivel parcelario, Conservación de vasos reguladores, Pago por el descanso de tierras de cultivo, Modernización y tecnificación de riegos, Mejoras en la operación del sistema, Creación de humedales, todo en la parte Norte de Baja California.
Por otra parte, el Acta 323 se firmó sin haber sido aceptada por el Senado, es decir, nunca llegó a la Cámara Alta pese a que tenía que ser revisada por legisladores antes de ser firmada; pero el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, ignoró la solicitud de rechazo que pidió el senador Marco Antonio Blásquez.
Al parecer, no hay salida del Tratado firmado en 1994. Sin embargo, nuestro gobierno debe resolver la disponibilidad de agua para los estados fronterizos. El presidente López Obrador dijo que las versiones sobre la escasez se deben en gran medida al oportunismo político, ante las elecciones en Chihuahua del siguiente año. Sostuvo que el acuerdo es equitativo y que los agricultores contarán con agua para sus cosechas.
El Congreso de Chihuahua emitió un exhorto para pedir al Gobierno federal que antes de cumplir con los compromisos que tiene con EU debe permitir que el ciclo de lluvias beneficie primero a los campesinos y después, en octubre, se proceda con el Tratado de Aguas de 1944.
Como sea se debe cumplir con la deuda y será hasta dentro de seis años. Mientras tanto, campesinos se enfrentaron hace unos días con la Guardia nacional cuando protestaron y a cambio les llovieron balas de goma y gas lacrimógeno, reportaron medios de comunicación.
Por otra parte, estos campesinos argumentan que el agua que se pretende sacar de la Presa conocida como Las Vírgenes, es para riegos de Tamaulipas. La Conagua aseguró que tiene capacidad tanto para el pago a Estados Unidos como para los cultivos de nogal, sandía, melón, chile, cebolla y alfalfa, y la continuidad de todas las actividades productivas en la región.
Preocupa bastante la escasez de agua que desde hace varios años se vive en el Norte. De acuerdo con el Monitor de Sequía de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 21 municipios de Chihuahua están en condiciones de anormalmente seco, los cuales se verían afectados por la ausencia de lluvia.
Los más afectados en el presente año, por la ausencia de lluvia y que están en el catálogo de sequía son los ubicados en el centro de la entidad como Aldama, Aquiles Serdán, Chihuahua, Meoqui, Delicias, Rosales, Julimes, Saucillo, Camargo y San Francisco de Conchos, además de Valle de Zaragoza y La Cruz. En los últimos cuatro años se ha mantenido entre sequía severa en algunas regiones, sequía moderada en otras, pero en la gran parte del estado se ha encontrado anormalmente seco. El estado cuenta con el 77.4 por ciento de superficie afectada por la sequía, según el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La Comisión Nacional del Agua informó que al corte del mes de junio existen un total de 633 municipios en sequía en el país, de los cuales 35 de ellos corresponden al estado de Chihuahua con niveles de sequía moderada y sequía severa, que están afectando a los productores de Ojinaga, Jiménez, Delicias, Coyame y otros más.
En el estado hay 10 presas que almacenan 3 mil 915 hectómetros cúbicos, pero a la fecha, según el informe de la Conagua, hay un nivel concentrado de mil 754 hectómetros cúbicos, es decir que falta más de 64 por ciento del nivel en las presas en toda la entidad.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), advirtió el aumento de las sequías. En este contexto y cualquier otro, el agua es un recurso valioso. La disponibilidad del líquido para este año 2020 ha bajado en 6 por ciento con relación al 2000, y la demanda seguirá creciendo, incluso se prevé para el año 2050 incremente en 300 por ciento.
En una década la producción de alimentos para abastecer a 10 mil millones de personas requerirá de 300 millones de hectáreas más de tierra cultivable.
DESDE EL CENTRO
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y Cargill Nutrición Animal México establecieron una alianza con la que se apoyará con mil toneladas de alimento para animales a los productores pecuarios de pequeña escala, que han visto afectadas sus capacidades para alimentar a sus hatos o aves de corral a causa de la problemática derivada del COVID-19, así como a centros de investigación pecuaria. Por otra parte, la Sader trabaja en un plan de diversificación de mercados agroalimentarios en aprovechamiento de la modernización del Acuerdo Comercial con la Unión Europea y la generación de acercamientos con países de Asia, Medio Oriente, África, Centro y Sudamérica, así como el incremento de los flujos comerciales con otras regiones. El sector agropecuario y pesquero es el principal beneficiario. Entre los productos que reducirán su arancel o tendrán preferencias a la entrada en vigor de este acuerdo destacan plátano, jugo de naranja, jarabe de agave, espárrago, tomate, chícharo, cítricos, uva de mesa, limón, trigo duro, maíz blanco, miel, carne y despojos de res, carne de aves, azúcar cruda, alcohol etílico, trigo, flores, ovoproductos, piloncillo, jugo de cítricos, jugo de piña, dulces y artículos de confitería y levaduras, entre otros… Oaxaca combatirá la obesidad infantil con una ley que prohíba la publicidad de comida chatarra en las escuelas. 73 organizaciones firmaron un pronunciamiento donde piden a los legisladores ponderar la salud y la vida de la infancia oaxaqueña por encima de los intereses económicos de la industria alimentaria, y votar a favor del dictamen.
El 20 por ciento de la población mexicana tendrá más de 65 años en el 2030. Es necesaria una reforma que además incentive el ahorro para el retiro.
Abigail Angélica Correa Cisneros |
Acceder a una pensión digna será complicado en el futuro si la seguridad social no se actualiza. La proyección en América Latina se inclina al aumento del envejecimiento poblacional. Sumado a esto, el ahorro y las aportaciones actuales son insuficientes en nuestro país, además de que son pocos los que tienen acceso a una pensión.
La Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) indicó que más del 72 por ciento de las personas no han ideado un plan para su jubilación.
Desde 1997, cuando la Ley del Seguro Social cambió, cada trabajador es responsable de ahorrar un porcentaje de su salario, cercano a cinco por ciento. Sin embargo, gran parte de la población, más del 60 por ciento, no contará con este ahorro porque están en la informalidad y la cultura del ahorro para el retiro sigue vaga en la consciencia de los mexicanos. Para 2030 se calcula que casi el 20 por ciento de la población mexicana tendrá más de 65 años. Comenzaremos a ver los problemas del sistema de pensiones de 1997.
Hasta hace un par de años, 71 millones 700 mil mexicanos no contaban con seguridad social, es decir, seis de cada 10 personas, de las cuales aproximadamente 48 millones viven en zonas urbanas.
El gobierno actual propuso la semana pasada una reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) con la finalidad de que los trabajadores puedan elevar el monto que reciben de pensión y se reduzcan los requisitos mínimos para acceder a esta.
De acuerdo con el INEGI, la población mayor de 60 años en México es de 15.4 millones de personas. En 2017 se reportó que del total de los pensionados 55.1 por ciento son hombres y las mujeres el 44.9 por ciento. La institución que concentró el mayor porcentaje de pensionados en el país es el IMSS con 72.9 por ciento en dicho año, le sigue el ISSSTE con 19.7 por ciento y otras instituciones con el 7.4 por ciento.
Lo que propone el gobierno es que más personas puedan acceder a este beneficio que corresponde hoy a 34 por ciento de los trabajadores y de aprobarse la reforma subiría a alrededor de 82 por ciento. También pretende reducir el requisito mínimo para acceder a una pensión garantizada. Bajará de las 1,250 semanas de cotización actuales, que representan unos 25 años, a 750 semanas, que equivalen a 15 años, para después subir paulatinamente.
Esta pensión garantizada se refiere a un complemento otorgado a las personas que cumplan con los requisitos de edad y 1250 semanas cotizadas pero que los recursos de su cuenta Afore no le alcancen para contratar una Renta Vitalicia o un Retiro Programado.
Además, contempla el aumento de las cuotas patronales para lograr una pensión que se acerque más al salario percibido, porque con la reforma actual los trabajadores recibirían menos de la mitad de su salario.
El mayor problema al que se enfrenta México es la pobreza, significa un obstáculo para un envejecimiento decente y seguro. El promedio de las personas adultas mayores que viven así en nuestro país representa el 27 por ciento. Aquellos que no cuenten con ahorro para el retiro serán vulnerables ante enfermedades, porque tampoco cuentan con seguridad social, que entre otras cosas ofrece atención médica. Esto implica gastos severos que recaen en familiares que estarían asumiendo los riegos sociales de la población en vejez, mismos que le corresponderían al Estado.
Por lo mismo, muchos adultos mayores siguen trabajando, a pesar de que para los 65 años ya deberían estar gozando de una pensión digna. Según los datos de la Encuesta Intercensal 2015, 20.8 por ciento de la población de 65 años o más es económicamente activa, y de esta 1.7 millones se encuentran todavía trabajando, principalmente en actividades en la informalidad, como trabajos por cuenta propia, trabajo doméstico, agricultura o elaboración de artesanías.
Se estima que 85 por ciento de las personas mayores que aún trabajan no cuentan con ningún tipo de pensión ni con asistencias mediante programas de ayudas estatales y federales destinados a personas de edad avanzada.
Las mujeres siguen siendo las más afectadas debido a que el mercado laboral les cierra las puertas. Estudios determinaron en años recientes que 78 por ciento no recibe pensión por parte de algún instituto de seguridad social, 53 por ciento no recibe pensión ni beneficios de programas de asistencia social. El 58 por ciento de esa población dependiente son del sexo femenino.
La reforma que propone el presidente López Obrador es necesaria. Sin embargo, como señaló la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, es insuficiente, pues no incluye a los trabajadores que carecen de seguridad social. Como ejemplo, los jornaleros agrícolas, de los que sólo 13 de cada cien cuentan con cobertura de seguridad social por el trabajo en el campo.
El sexto reporte del Observatorio de Trabajo Digno basado en datos del primer trimestre de 2020 indicó que el 99.9 por ciento (12.4 millones) de quienes trabajan “por su cuenta” carecen de seguridad social; de estos, el 74 por ciento (8.2 millones) no puede adquirir dos canastas básicas (para mantenerse a sí mismos y a una persona más).
El Estado de México lidera desde hace una década la lista de estados con el mayor número de población sin acceso a la seguridad social. Siguen Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla las que presentan los mayores índices y están muy por arriba de la media nacional, ubicada entre 60 y 55 por ciento. En esas regiones hasta el 85 por ciento de la población no tiene asegurado ese derecho.
La OCDE señala que hay tres elementos básicos para garantizar que la población de adultos mayores de un país tenga una vejez o una pensión dignas: acceso a un empleo formal con ingresos superiores al costo de vida mensual, control de ingresos y gastos, así como un plan de jubilación o de retiro (ahorro).
Los datos preocupan, solamente el 4 por ciento de la población mexicana que cotizó a partir de 1997, logrará cumplir con el total de semanas para alcanzar una pensión mínima garantizada, de acuerdo con estimaciones de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
DESDE EL CENTRO
El exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de Agro Nitrogenados, luego de que la defensa declarara que pedirá un acercamiento de oportunidad con la Fiscalía General de la República (FGR)… La crisis económica que dejará la pandemia de Covid-19 alcanzará a varias regiones. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya analiza con empresarios la estrategia a seguir para que el golpe a la economía nacional no sea tan grave… En las tiendas de autoservicio ya comienza a verse el etiquetado en productos, alertando de exceso de grasas o azúcar. Hay que recordar que siete por ciento del total de las muertes en México durante 2018, aproximadamente 40 mil, estaban relacionadas al consumo de refrescos, causantes de enfermedades cardio-metabólicas, obesidad y diabetes, entre otras… El presidente estadunidense, Donald Trump, recurre a estrategias sucias para posicionarse en las próximas elecciones, pero ya pocos creen en él. Continúa reprimiendo y desacreditando a los manifestantes que buscan el respeto a los derechos humanos en su país y siguió con las mentiras respecto a la enfermedad que aqueja hoy al mundo, minimizando la relevancia en estrategias de salud pública y asegurando que gran parte del país ya está libre de coronavirus. Prometió nuevamente que eliminará el programa de legalización temporal (DACA) para inmigrantes que llegaron como menores de edad, conocidos como Dreamers. Se preguntó por qué nadie lo quiere… En el Partido Revolucionario Institucional, se dice de Eduardo “bebé Orihuela” Estefan, que es un diputado producto de la imposición, gris y sin liderazgo.
Por: Luis Tovar
La semana pasada leí con atención el desplegado firmado por intelectuales en los que manifiestan lo imperativo de corregir el rumbo y recuperar el pluralismo político para lograr el equilibrio de poderes. Para ellos, los intelectuales que suscriben, la vía para corregir el rumbo es la consolidación de una amplia alianza ciudadana con los partidos de oposición, que logre una representación importante en la cámara de diputados para la siguiente legislatura.
¡Caray! Ofrezco disculpas, pero la lectura del desplegado me hizo recordar aquella canción del profeta del nopal nacido en Tampico, Rockdrigo González:
En lejano lugar retacado de nopales había unos tipos extraños llamados intelectuales / Se la pasaban leyendo para ser sabios y doctos pues no querían seguir siendo vulgares tipos autóctonos / Los veías en los cafés llenos de libros profundos y en eventos culturales olía a conciertos Rotundos / constantemente escribían poemas y cuentos cortos y aunque no los comprendían se quedaban como absortos / Si veías tal escritura te sentías medio agotado
Porque con tal estructura te ibas bien apantallado / No sabías si eran marcianos, mexicanos o europeos, ángeles, diablos o enanos, cardiacos o prometeos / Y así estos tipos extraños
Siempre estaban cavilando y hasta cuando iban al baño se la pasaban pensando /
Pensaban cuando comían en la esquina en el avión / pensaban cuando dormían, pensaban en el camión y entre tanto pensamiento análisis y estructura
Decían conocer la neta y hasta también la locura.
Difiero de la opinión de los intelectuales. En este país, con los graves problemas y crisis que atravesamos, lo que menos requiere la ciudadanía es una alianza meramente electoral que beneficie a una desdibujada oposición. La ciudadanía lo que requiere es la consolidación de colectivos y organizaciones en las que se vean representados los intereses comunes con miras a la solución de sus demandas. Por esa razón y dadas las condiciones actuales, más que alianzas, distintos frentes y colectivos de intelectuales, nos pronunciamos por lograr acuerdos nacionales que conlleven a un nuevo pacto social. Por cierto, consideramos que puede lograrse por una vía alterna que incluya a los más amplios sectores de la sociedad con una fórmula muy sencilla: erradicar los errores, reforzar los aciertos y organizarnos, no para confrontarnos, sino para alcanzar los objetivos de la colectividad.
Por eso he señalado de manera reiterada que uno de los principales obstáculos a los que nos enfrentamos todos los mexicanos es la polarización política que crece y se desborda a diario en el acontecer político, polarización de la que también han sido parte los intelectuales o al menos una parte. Podría entenderse de aquellos que perdieron el poder o los privilegios de los que gozaban, pero me es difícil entenderlo de los llamados o reconocidos cómo intelectuales.
Quisiera retomar una frase del Ing. Heberto Castillo que señalaba la responsabilidad que tienen los intelectuales de participar activamente con soluciones tangibles:
“A los intelectuales de mi patria les quedan dos caminos: dedicar su esfuerzo y actividad al desarrollo de las ciencias, de las artes, de la cultura con el propósito de darse nombre y brillo intelectual, o bien entregar toda su capacidad creadora y toda su voluntad para establecer las bases técnicas y científicas de un amplio y sano desarrollo de México. La primera posición proporciona honores, distinciones y pingües beneficios económicos, pero da la espalda a la historia. La otra, de frente al futuro, sólo ofrece riesgos y privaciones, pero allá en lontananza, permite vislumbrar la verdadera libertad de nuestros pueblos y con ellos su salvación definitiva”
El pensamiento de Heberto Castillo sigue vigente, estoy convencido de ello. Hoy, los firmantes del desplegado, quizá salvo una rarísima excepción, viven en ese supuesto que mencionaba el ingeniero, le dan la espalda a la historia por las distinciones, honores y sobre todo los pingües beneficios económicos. Pero a pesar de ello tengo claro que la ciudadanía, más que el electorado, contarán con alternativas reales de participación ya que actualmente ni la oposición ni estos intelectuales los representan.
Por: Abigail Angélica Correa Cisneros
Acceder a una pensión digna será complicado en el futuro si la seguridad social no se actualiza. La proyección en América Latina se inclina al aumento del envejecimiento poblacional. Sumado a esto, el ahorro y las aportaciones actuales son insuficientes en nuestro país, además de que son pocos los que tienen acceso a una pensión.
La Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) indicó que más del 72 por ciento de las personas no han ideado un plan para su jubilación.
Desde 1997, cuando la Ley del Seguro Social cambió, cada trabajador es responsable de ahorrar un porcentaje de su salario, cercano a cinco por ciento. Sin embargo, gran parte de la población, más del 60 por ciento, no contará con este ahorro porque están en la informalidad y la cultura del ahorro para el retiro sigue vaga en la consciencia de los mexicanos. Para 2030 se calcula que casi el 20 por ciento de la población mexicana tendrá más de 65 años. Comenzaremos a ver los problemas del sistema de pensiones de 1997.
Hasta hace un par de años, 71 millones 700 mil mexicanos no contaban con seguridad social, es decir, seis de cada 10 personas, de las cuales aproximadamente 48 millones viven en zonas urbanas.
El gobierno actual propuso la semana pasada una reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) con la finalidad de que los trabajadores puedan elevar el monto que reciben de pensión y se reduzcan los requisitos mínimos para acceder a esta.
De acuerdo con el INEGI, la población mayor de 60 años en México es de 15.4 millones de personas. En 2017 se reportó que del total de los pensionados 55.1 por ciento son hombres y las mujeres el 44.9 por ciento. La institución que concentró el mayor porcentaje de pensionados en el país es el IMSS con 72.9 por ciento en dicho año, le sigue el ISSSTE con 19.7 por ciento y otras instituciones con el 7.4 por ciento.
Lo que propone el gobierno es que más personas puedan acceder a este beneficio que corresponde hoy a 34 por ciento de los trabajadores y de aprobarse la reforma subiría a alrededor de 82 por ciento. También pretende reducir el requisito mínimo para acceder a una pensión garantizada. Bajará de las 1,250 semanas de cotización actuales, que representan unos 25 años, a 750 semanas, que equivalen a 15 años, para después subir paulatinamente.
Esta pensión garantizada se refiere a un complemento otorgado a las personas que cumplan con los requisitos de edad y 1250 semanas cotizadas pero que los recursos de su cuenta Afore no le alcancen para contratar una Renta Vitalicia o un Retiro Programado.
Además, contempla el aumento de las cuotas patronales para lograr una pensión que se acerque más al salario percibido, porque con la reforma actual los trabajadores recibirían menos de la mitad de su salario.
El mayor problema al que se enfrenta México es la pobreza, significa un obstáculo para un envejecimiento decente y seguro. El promedio de las personas adultas mayores que viven así en nuestro país representa el 27 por ciento. Aquellos que no cuenten con ahorro para el retiro serán vulnerables ante enfermedades, porque tampoco cuentan con seguridad social, que entre otras cosas ofrece atención médica. Esto implica gastos severos que recaen en familiares que estarían asumiendo los riegos sociales de la población en vejez, mismos que le corresponderían al Estado.
Por lo mismo, muchos adultos mayores siguen trabajando, a pesar de que para los 65 años ya deberían estar gozando de una pensión digna. Según los datos de la Encuesta Intercensal 2015, 20.8 por ciento de la población de 65 años o más es económicamente activa, y de esta 1.7 millones se encuentran todavía trabajando, principalmente en actividades en la informalidad, como trabajos por cuenta propia, trabajo doméstico, agricultura o elaboración de artesanías.
Se estima que 85 por ciento de las personas mayores que aún trabajan no cuentan con ningún tipo de pensión ni con asistencias mediante programas de ayudas estatales y federales destinados a personas de edad avanzada.
Las mujeres siguen siendo las más afectadas debido a que el mercado laboral les cierra las puertas. Estudios determinaron en años recientes que 78 por ciento no recibe pensión por parte de algún instituto de seguridad social, 53 por ciento no recibe pensión ni beneficios de programas de asistencia social. El 58 por ciento de esa población dependiente son del sexo femenino.
La reforma que propone el presidente López Obrador es necesaria. Sin embargo, como señaló la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, es insuficiente, pues no incluye a los trabajadores que carecen de seguridad social. Como ejemplo, los jornaleros agrícolas, de los que sólo 13 de cada cien cuentan con cobertura de seguridad social por el trabajo en el campo.
El sexto reporte del Observatorio de Trabajo Digno basado en datos del primer trimestre de 2020 indicó que el 99.9 por ciento (12.4 millones) de quienes trabajan “por su cuenta” carecen de seguridad social; de estos, el 74 por ciento (8.2 millones) no puede adquirir dos canastas básicas (para mantenerse a sí mismos y a una persona más).
El Estado de México lidera desde hace una década la lista de estados con el mayor número de población sin acceso a la seguridad social. Siguen Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla las que presentan los mayores índices y están muy por arriba de la media nacional, ubicada entre 60 y 55 por ciento. En esas regiones hasta el 85 por ciento de la población no tiene asegurado ese derecho.
La OCDE señala que hay tres elementos básicos para garantizar que la población de adultos mayores de un país tenga una vejez o una pensión dignas: acceso a un empleo formal con ingresos superiores al costo de vida mensual, control de ingresos y gastos, así como un plan de jubilación o de retiro (ahorro).
Los datos preocupan, solamente el 4 por ciento de la población mexicana que cotizó a partir de 1997, logrará cumplir con el total de semanas para alcanzar una pensión mínima garantizada, de acuerdo con estimaciones de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
DESDE EL CENTRO
El exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de Agro Nitrogenados, luego de que la defensa declarara que pedirá un acercamiento de oportunidad con la Fiscalía General de la República (FGR)… La crisis económica que dejará la pandemia de Covid-19 alcanzará a varias regiones. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya analiza con empresarios la estrategia a seguir para que el golpe a la economía nacional no sea tan grave… En las tiendas de autoservicio ya comienza a verse el etiquetado en productos, alertando de exceso de grasas o azúcar. Hay que recordar que siete por ciento del total de las muertes en México durante 2018, aproximadamente 40 mil, estaban relacionadas al consumo de refrescos, causantes de enfermedades cardio-metabólicas, obesidad y diabetes, entre otras… El presidente estadunidense, Donald Trump, recurre a estrategias sucias para posicionarse en las próximas elecciones, pero ya pocos creen en él. Continúa reprimiendo y desacreditando a los manifestantes que buscan el respeto a los derechos humanos en su país y siguió con las mentiras respecto a la enfermedad que aqueja hoy al mundo, minimizando la relevancia en estrategias de salud pública y asegurando que gran parte del país ya está libre de coronavirus. Prometió nuevamente que eliminará el programa de legalización temporal (DACA) para inmigrantes que llegaron como menores de edad, conocidos como Dreamers. Se preguntó por qué nadie lo quiere.
abicorrea79@hotmail.com
Por Abigail Angélica Correa Cisneros
El secuestro del pequeño Dylan, en un mercado de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, hizo que las autoridades dieran con 23 menores privados de su libertad. Tres mujeres los obligaban a vender artesanías en la zona turística más importante del estado.
La trata de menores es uno de los grandes pendientes que hay en México. Las víctimas son cada vez más jóvenes, incluso bebés son contrabandeados, en esta ocasión hallaron tres lactantes, y los delincuentes no sólo los obligan a trabajar o a la prostitución, también los manipulan para delinquir.
Las cifras sobre trata de menores son alarmantes. Basta decir que es el tercer negocio ilícito más redituable del mundo. En México, el 99 por ciento de las víctimas son mujeres y niñas. Se sabe que el territorio mexicano es fuente, tránsito y destino para la trata de personas, con fines de explotación sexual y trabajo forzado, ahora también se habla de extracción de órganos.
Otro dato que preocupa es que nuestra nación ocupa el primer lugar en la producción de pornografía infantil, el quinto en trata de personas. México ratificó en 2003 el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, comprometiéndose con la comunidad internacional a realizar reformas legislativas que atiendan el problema, así como apoyo a las víctimas.
Es un delito que parece avanzar sobre otros, como el tráfico de drogas. Los cárteles expanden sus tentáculos para convencer a niñas de entre 12 y 16 años para abandonar sus hogares, engañadas con promesas de una vida de ensueño que acaba siendo una pesadilla de muchos años, misma que incluso las puede llevar a las adicciones o la muerte. Pero también son víctimas hombres y niños, que terminan siendo explotados, no solamente con fines sexuales si no también de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos, entre otros.
La situación en que se describe a México obliga a cuestionarnos si el gobierno cuenta con las políticas públicas adecuadas para resolver el problema de la trata de personas, no sólo en la modalidad de trabajo infantil, lo mismo con el tema de explotación sexual o de forzar a los menores a delinquir.
Como el caso de los menores de Chiapas, de acuerdo con la Unicef, es común que los niños sean secuestrados para obligarlos a mendigar o robar carteras, hacen este trabajo forzado desde que sale el sol hasta que se mete. Niñas son engañadas con la promesa de emplearlas como modelos y después se encuentran atrapadas en un mundo de explotación sexual y pornografía, a otras les prometen trabajo legítimo que termina en virtual confinamiento y abuso, y hombres y mujeres por igual son llevados para obligarlos a trabajar en condiciones indignas.
En otros países de América Latina, los niños son alquilados para mendigar. Es el caso de muchos venezolanos que emigraron a Colombia, donde el negocio de las limosnas se ha vuelto rentable. Es común que padres alquilen a sus hijos para sobrellevar el día a día en aquel país. En México, se han formado redes de explotadores que se dedican a secuestrar menores con la finalidad de ganar dinero a expensas de la lástima que estos causan a la gente.
El delito de robo de menores creció en México. Sólo en la CDMX, el año pasado se denunciaron mil 164 y para 2020 a principio de año se reportaron más casos en comparación con los periodos de 2019. En varios casos se evidencia que las autoridades se quedan cortas en su actuar, desde el típico “seguro se escapó con el novio” al “hay que esperar 72 horas de la desaparición para denunciar y comenzar la búsqueda”, los encargados de salvaguardar nuestra integridad se quedan estáticos hasta que no tienen más remedio que actuar, muchas veces cuando ya es demasiado tarde.
La explotación infantil tiene muchos rostros que son invisibles a simple vista. La sociedad, en general, no se detiene a ver que muchos niños laboran en entornos peligrosos, como fábricas, minas, campos agrícolas, donde están expuestos a sustancias peligrosas. A estos menores se les priva de derechos primordiales, como es educación, salud, esparcimiento, entre otras cosas.
Otra violación a los derechos infantiles se deriva de la pobreza que orilla a todos los miembros de una familia a aportar gasto o llevar comida a la mesa, sin importar qué edad tengan. Según la Organización Internacional del Trabajo, a nivel mundial 7 de cada 10 niñas y niños que trabajan lo hacen en el sector agrícola; en México ése es uno de los mayores rezagos, pues no se ha logrado, a pesar de algunos avances, reducir significativamente el número de niñas y niños jornaleros agrícolas; a ellos deben sumarse quienes son víctimas de las peores formas de explotación infantil, como la mendicidad forzada o la trata de personas con fines de explotación sexual comercial.
De acuerdo con la medición 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay 3.2 millones de niños y adolescentes de cinco a 17 años que trabajan en México, de estos 2.1 millones trabaja en actividades que no están permitidas. Se estima que 30.5 por ciento de los infantes trabajan en el sector agropecuario, 25.9 por ciento en el comercio, y 24.6 por ciento en el sector servicios.
DESDE EL CENTRO
Decía el comandante de la División del Norte, Francisco Villa, “La incultura es una de las desgracias más grandes de mi raza. La educación de los hijos de mi raza es algo que no debe pasar inadvertido para los gobernantes y para los ciudadanos. Nunca al problema educativo se le ha dado la atención necesaria…” A propósito de su 97 aniversario luctuoso, recordado este 20 de julio.
Empresas como Monsanto son un peligro para la humanidad, uno de sus plaguicidas más utilizados se relaciona con cáncer y otras enfermedades crónicas.
Abigail Angélica Correa Cisneros. – (Ciudad de México) La soberanía alimentaria del país depende de acciones contra grandes empresas que se aferran como Monsanto (recién fusionada a la alemana Bayer), a seguir afectando al campo y a los trabajadores agrícolas del mundo. A pesar de diversas demandas, esta empresa pretende seguir envenenando a la población mundial.
Nuestro gobierno comienza a frenar las acciones que atentan contra la salud de los mexicanos. Por fin se comienza a bloquear a uno de los plaguicidas más peligrosos para los humanos y la naturaleza, el glifosato. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) prohibirá totalmente su uso para 2024.
Muchos estudios han demostrado cómo se degradó la salud de la gente que estuvo expuesta a este agrotóxico. No sólo en nuestro país, en diversas partes del mundo incluso se ganaron demandas contra Monsanto-Bayer; pues se demostró que provoca cáncer, malformaciones, encefalopatía, autismo y párkinson.
Estudios comprobaron que la tortilla, alimento primordial de las familias mexicanas, que se preparaba con harina de maíz blanco y amarillo de la marca Maseca, contenía maíz transgénico, así como altos niveles de glifosato. La empresa defendió su producto, obviamente, bajo las regulaciones existentes y aseguró que su harina de maíz cumplía con todas las normas.
Falta mucho por avanzar en contra de este agroquímico, clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como potencial cancerígeno. Pero vale la pena decir que desde 2019 la Semarnat tomó medidas precautorias para que este y otros 40 plaguicidas dejen de usarse en nuestro país. Organismos como el Consejo Nacional Agropecuario respondieron en contra y pretenden que se dé marcha atrás a la eventual transformación del sistema agroalimentario, basado en un modelo agroecológico, respetuoso de la naturaleza y de la salud humana.
El campo mexicano ha sido afectado desde hace décadas con el uso de este agrotóxico y transgénicos de maíz, soya y algodón, que también serán prohibidos eventualmente.
La pandemia de covid-19 nos recordó, entre otras cosas, la importancia de una buena alimentación. Repetiré que nuestro país tiene el número más alto en casos de obesidad,
seguido de diabetes, padecimientos que se relacionan con el alto consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas, que son las responsables de más de 24 mil muertes cada año en México, de acuerdo con el Instituto Nacional De Salud Pública.
Hace diez años 7 de cada 10 adultos tenían diabetes y 3 de cada 10 niños sobrepeso u obesidad. El costo de estas enfermedades era de más de 85 mil millones de pesos al año en tratamiento y más de 400 millones de horas laborales perdidas por diabetes asociadas al sobrepeso y obesidad.
En octubre entra en vigor el etiquetado de alimentos, para que la gente se informe de manera sencilla qué es lo que consume. La industria dedicada a estos alimentos buscará estrategias para que sus pérdidas no sean grandes, como lo hicieron las empresas refresqueras luego del incremento de 1 peso por litro en 2014, que intensificaron promociones de venta y estrategias publicitarias para conservar sus números a pesar de la medida recaudatoria.
La población mexicana sigue desinformada, el gran reto es romper con la cadena de alimentos con los que la publicidad nos bombardea. Para dar el paso al consumo de comida sana, derivada de una producción con sistemas agroecológicos, es decir, una agricultura, ganadería y pesca ecológicamente adecuados, para empezar el gobierno tiene que incentivar esta revolución agrícola con la que se pueda dar batalla a las enfermedades derivadas de la mala alimentación.
Víctor M. Toledo, titular de la Semarnat refiere que para esto ya se trabaja en una estrategia nacional con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que deberá implementarse en los próximos meses. “Los alimentos, además, deben circular por medio de mercados justos, orgánicos, solidarios y de corta distancia, multiplicando los tianguis y las ferias de semillas y productos diversos. Finalmente, se deben de crear miles de cooperativas que conecten la producción agroecológica con los amplios sectores de consumidores de las ciudades: edificios, barrios, escuelas, sindicatos, universidades, fábricas, hospitales, etcétera. Sólo así el gobierno de la 4T logrará purificar la sangre de los mexicanos hoy todavía contaminada por refrescos, plaguicidas, hormonas, antibióticos y otros tóxicos, luego de tres décadas de gobiernos neoliberales”, escribió recientemente.
El año pasado, esta dependencia autorizó la importación de 86 mil 449 toneladas de glifosato. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), informó que sólo se importaron 21 mil 147 toneladas del herbicida. Gradualmente se ha impedido la entrada de este veneno, pero las empresas interesadas en su uso siguen presionando al gobierno mexicano para que se retracte.
Estas compañías han lastimado a la humanidad en una gran medida. Monsanto-Bayer son responsables de que miles de humanos padezcan de encefalopatía, autismo, parkinsonismo, linfoma No Hodgkin, teratogénesis, estrés oxidativo, mutagenicidad,
genotoxicidad, trastornos en el sistema endocrino, toxicidad en el sistema reproductivo, sistema inmunológico (de suma importancia en tiempos de la pandemia del COVID-19), sistema nervioso y sistema renal, entre otras enfermedades. Además, el uso del glifosato tiene que ver con toxicidad en peces, anfibios, tortugas, crustáceos, moluscos, fitoplancton, zooplancton, organismos polinizadores y otros insectos benéficos, y en aves y reptiles.
La multinacional alemana Bayer compró Monsanto en 2018 por 66.000 millones de dólares. Se transformó así en la mayor empresa de semillas transgénicas y agrotóxicos del mundo. Esta semana se hizo público el acuerdo extrajudicial de Bayer-Monsanto con casi 100 mil denunciantes de Estados Unidos. La multinacional almena ofertó casi 11.000 millones de dólares para frenar demandas por las consecuencias en la salud del agrotóxico.
El glifosato una vez que llega a la tierra pasa al aire al agua, se expande como una plaga. Estudios recientes realizados por la Universidad de Guadalajara (UDG) y Ciesas Occidente, encontraron el agrotóxico en orina de niños y niñas de comunidades cercanas a cultivos de Jalisco, “gigante agroalimentario”. Todos mostraron síntomas como dolores de cabeza, vómitos y náuseas.
Para corroborar los resultados acudió una supuesta asociación civil, Proccyt, que en realidad resultó una fachada de las empresas que envenenaron a los niños, (sus miembros son Syngenta, Bayer-Monsanto, Corteva, FMC, Basf y otras). Dieron talleres y determinaron que solamente bebiendo el glifosato antes de tomar la muestra a los niños, podrían aparecer residuos en la orina. Aunque las autoridades fueron parte del engaño durante mucho tiempo, la gente ya no cree estás mentiras y se frenará el uso de estos agrotóxicos en los siguientes años.
Además de Estados Unidos, Argentina también sufre las consecuencias del uso de este herbicida que hoy alcanza 28 millones de hectáreas en aquel país. Nada que no sea soja, maíz y algodón transgénicos puede crecer en esos campos. También se utiliza en cítricos, frutales de pepita (manzana, pera, membrillo), vid, yerba mate, girasol, pasturas, pinos y trigo. A partir del avance transgénico, aumentó geométricamente el uso del glifosato, desarrollado y comercializado inicialmente por Monsanto desde la década del 70.
En nuestro país, comunidades mayas luchan desde 2012 contra varias empresas multinacionales que obtuvieron licencia para plantar soya transgénica en sus territorios, afectando principalmente a los apicultores, debido a la deforestación y al uso de pesticidas y plaguicidas a cargo de los grandes productores de soya.
DESDE EL CENTRO
El 1 de julio entra en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC o USMCA por sus siglas en inglés), tras varios meses de negociaciones con el fin de mejorar
el TLCAN, acuerdo que duró 26 años. Se añadieron 10 capítulos y mejoraron 24, entre los principales cambios se habla de derechos laborales y salarios. Los nuevos capítulos tienen que ver con comercio digital, medio ambiente, competitividad, anticorrupción, buenas prácticas regulatorias, y pequeñas y medianas empresas… Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), aceptó ser entregado de manera voluntaria a las autoridades mexicanas y dio su consentimiento de ser trasladado a territorio nacional. Colaborará en el esclarecimiento de los hechos que se investigan por actos corrupción en la petrolera… abicorrea79@hotmail.com
Foto: Cortesía.
Ernesto Perea (Ciudad de México) . – Investigadores del INIFAP documentaron el registro de 42 variedades de arroz y frijol, que como institución han desarrollado, con lo que refutaron los dichos del diputado federal Eraclio Rodríguez, quien para justificar la iniciativa de Ley Federal de Variedades Vegetales, -que él promueve- ha señalado que en México se tiene de 15 a 30 años de no generar estas tecnologías.
De acuerdo con el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales 2019, del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), el INIFAP cuenta con 35 variedades de frijol registradas ante este organismo, de las cuales 18 tienen Títulos de Obtentor, cuya vigencia va desde los años 2010 o 2019 hasta 2027 o 2033.
El documento indica que de 2011 al 2016, el INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias) también ha registrado siete variedades de arroz, de las cuales seis tienen Título de Obtentor, con vigencias que van desde 2011 o 2016 hasta el 2031 o 2033.
Entre las variedades de frijol están Albicampo, Sangre Maya, Mayomex, Bayo Azteca, Negro Comapa, Pinto Bravo, Pinto Libertad, Flor De Mayo Dolores, Azufrasin, Primavera 28, Rarámuri, Negro Tacaná, Frailescano y Altiplanomex. En las variedades de arroz están Morelos A- 2016 , Choca A05Aztecas, Iniflar, Pacifico Fl15 y Golfo Fl16. Todas cuentan con su número de inscripción y cumplen los requisitos del SNICS, además que están adaptadas a diferentes condiciones de clima, suelo y temperatura para diversas regiones del país.
Cabe recordar que el legislador por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) defendió la iniciativa de Ley Federal de Variedades Vegetales y señaló, el 22 de junio pasado en Aristegui Noticias, que: “en el caso del arroz tenemos 30 años que no se genera ninguna semilla, según estudios que ha hecho, incluso, el Estado mexicano tenemos un disminución del 46% en la capacidad productiva de las semilla de arroz; en el caso del frijol tenemos más de 15 años que no se genera ninguna nueva variedad, lo cual nos hace totalmente inviables y nos posiciona ante el mercado internacional en una total desventaja, porque tenemos tecnologías mucho más atrasadas”.
El secretario general del SIIINIFAP, Ramón Garza García, refutó lo dicho por el diputado, ya que los datos del SNICS ahí están, son públicos y refieren lo contrario.
Hizo hincapié en que a pesar del desmantelamiento institucional que se vino haciendo por los gobiernos neoliberales, las bajas presupuestales, el escaso apoyo a la investigación y las limitaciones tecnológicas, “es un gran mérito que los investigadores del INIFAP sigan desarrollando semillas para los agricultores mexicanos, las cuales no se han multiplicado y desarrollado aún más debido a los factores mencionados”.
Los investigadores nacionales –subrayó– requerimos el apoyo de los diputados y senadores para promover mayor presupuesto para la investigación agropecuaria y forestal, con miras a hacer un país autosuficiente en alimentos y otras tecnologías e insumos para el campo.
Diversos sectores, productores, investigadores, legisladores y hasta funcionarios públicos han criticado severamente a Eraclio Rodríguez porque argumentan que la iniciativa del diputado responde a los intereses de las grandes corporaciones, a lo establecido en la firma del T-MEC y, además, “criminaliza” a los campesinos, que tienen prácticas ancestrales con el intercambio de semillas, lo cual el legislador rechaza.
Por: Abigail A. Correa Cisneros
La Corte Suprema de Estados Unidos puso el freno al presidente estadunidense Donald Trump en su intento de cancelar el programa que beneficia a 700 mil jóvenes inmigrantes, los llamados “soñadores” (dreamers), conocidos así por una ley previa conocida como DREAM, la cual se presentó en 2001 y que otorgaría una vía para la ciudadanía estadounidense y les daría protección para la deportación.
La insistencia de expulsar del país a estos miles de estudiantes viene desde 2017. En cambio, hace unos días la corte estadunidense destacó los méritos del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Seguramente el primer mandatario seguirá intentando cumplir con esta promesa de campaña ahora que está de gira irresponsable, por el tema de la covid-19, ya que sin importar el riesgo de contagio Trump sigue convocando a mítines en su aspiración a seguir en la Casa Blanca otro periodo.
Recordemos que el DACA fue iniciativa del expresidente estadunidense Barack Obama para proteger de la deportación a personas que hubieran llegado a Estados Unidos cuando eran niños. El estatus es renovable y se otorga por dos años. El programa no brinda una vía para obtener la ciudadanía.
Con esta acción los beneficiarios tienen permiso de permanecer en el país y obtener un trabajo, lo cual es importante también porque al mismo tiempo obtienen beneficios como seguro de salud, licencia de manejo, becas, entre otras cosas.
La mayoría de estos jóvenes son mexicanos, pero también los son de Centro y Sudamérica, Asia y el Caribe. Llegaron a Estados Unidos siendo niños y hoy no pasan de los 30 años. Sus padres buscaron mejores oportunidades de vida fuera de sus países seguramente por la falta de empleos y la situación sigue muy similar o peor a la de hace tres décadas.
Aunque la migración ha disminuido en los últimos años, muchos siguen persiguiendo ese sueño que tal vez décadas atrás sí alcanzaron millones de personas; sin embargo, cada día es más difícil la situación de este sector en el vecino país del Norte, los motivos van desde las duras medidas de seguridad tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 hasta las sanciones para quienes son “ilegales”.
La pandemia de covid-19 dificultó todavía más el cruce de aquellos que buscan asilo. Desde el 20 de marzo pasado cuando Estados Unidos cerró sus fronteras debido a la pandemia, miles han quedado varados en México.
Las causas que orillan a migrar hacia Estados Unidos son diversas. Los sexenios pasados que causaron crisis económicas, el abandono al campo, la fallida reconversión industrial, la alta dependencia de la industria maquiladora, son algunos de los factores económicos que explican la entrada ilegal a un país, en donde el costo puede ser la muerte.
Cifras del INEGI indican que, en 2002, 92 de cada 100 connacionales del sexo masculino migraron en busca de oportunidades laborales. En el caso de las mujeres son la mitad de los casos. Otra causa es la unión familiar, el intentar reunirse con quienes ya cruzaron, en el caso de los hombres representa el 9.8 por ciento de los migrantes. En el caso de las mujeres es el 39 por ciento.
Hubo una ilusión colectiva de que en Estados Unidos los trabajos son inagotables o la paga es mucho mejor. Sin embargo, las oportunidades comenzaron a escasear desde hace mucho, incluso desde el gobierno que precedió a Donald Trump, actualmente los migrantes son perseguidos con todo y que obtuvieron su estancia legal, basta con que alguien hable español para ser víctima de racismo, son cotidianas las historias al respecto.
Trump sostiene su amenaza de construir un muro. Cuando recién llegó a la presidencia en 2017, se dio el más bajo número de detenciones de los últimos 5 años (casi 300.000 en el periodo febrero-diciembre).
Pero para el siguiente año este se duplicó, (cerca de 600.000) y en los primeros 5 meses de 2019 se produjeron casi 500.000 detenciones. En esos años aumentó la cantidad de menores que intentaron cruzar con sus padres, aunque también quienes viajaban sin la compañía de familiares. En enero de 2019 fueron detenidas 24.198 familias, para marzo ese número se duplicó hasta las 53.208 y en mayo alcanzó la cifra de 84.542. De esta manera las familias podían pedir asilo, si las autoridades detenían a un menor estaban obligados a liberarlo en la frontera en menos de 20 de días. Pero más tarde se conocieron los casos de violación a derechos humanos en contra de los infantes.
Los mexicanos que intentan cruzar son cada vez menos, los números aumentaron en casos de centroamericanos, especialmente de Guatemala, Honduras y El Salvador. Las razones principales en estos países son el aumento de la población, la falta de empleos y los sueldos escuetos además de las pésimas condiciones de trabajo.
La victoria para los dreamers puede no ser permanente, el presidente Trump aspira a ganar las elecciones del próximo 6 de noviembre, de ser así continuará levantando el muro de todas las maneras posibles, aunque sin éxito hasta ahora. La solución es una Reforma migratoria que regularice a los 13 millones de inmigrantes sin papeles que se calcula que viven en Estados Unidos.
DESDE EL CENTRO
La masacre en la comunidad indígena ikoots en San Mateo del Mar, Oaxaca, no puede quedar como otro caso de injusticia sin siquiera ser investigado. Según las autoridades se trata de un conflicto entre comunidades, que tiene desde el año pasado a raíz de conflictos sociales y políticos, cuando se eligieron las autoridades locales mediante el sistema de usos y costumbres. Como consecuencia 15 personas fueron “torturadas y quemadas vivas”. Las familias piden justicia… El Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, concedió una suspensión definitiva a la comunidad indígenal ch´ol, en contra de la ejecución del proyecto de Tren Maya, en el tramo 1 que comprende de Palenque a Escárcega. El recurso tiene como efectos detener cualquier actividad relativa a la implementación del proyecto, salvo la relacionada al mantenimiento de vías, hasta en tanto el juicio de amparo no sea resuelto de manera definitiva… El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal presentarán siete querellas en contra de 43 empresas dedicadas a la elaboración de facturas falsas para amparar ilegalmente la evasión fiscal por más de 55 mil millones de pesos. El procurador fiscal Carlos Romero Quienes adelantó que aquellos que incurrieron en la compra de facturas falsas tendrán tres meses para regularizarse, de lo contrario se procederá legalmente contra ellos por evasión fiscal…
Marcha por los desaparecidos en Chapala.
Por Santiago Baeza
El lunes 15 de junio fue uno de los días más emocionantes que he vivido. Fui testigo del poder y de la fuerza que emana del ciudadano y no porque lo diga la constitución, sino porque cuando el pueblo se une por una causa noble, ese poder hace cimbrar a los edificios vibra, contagia, mueve, conmueve.
Centenas de ciudadanos, madres, esposas, hijos, hermanos y amigos de chapalenses desaparecidos en los últimos años, convocados por la ausencia de Gris, Adán y Wences, jóvenes conocidos y apreciados en la comunidad y que habían sido “levantados” -es decir, privados ilegalmente de su libertad- al principio de la semana pasada, salimos a la calle a exigir seguridad, justicia y paz.
Últimamente hemos visto cómo las manifestaciones públicas en el país y en Jalisco se tornan más violentas. Los saqueos, los disturbios, la destrucción, el amotinamiento y el ataque directo a los policías, por un lado, y la respuesta en ocasiones desmedida por parte de las fuerzas de seguridad, se han vuelta algo cotidiano.
Es verdad que la inseguridad reina en Jalisco y México. Es un hecho que el crimen organizado controla territorial y estructuralmente de una u otra forma en cada rincón de nuestro estado. Por eso los malos saben que tienen el fuero que les otorga la impunidad de la barbarie y se rigen bajo una ley alterna en la que impera el más fuerte, el más violento y buscan someternos a todos a sus propias reglas.
Las últimas manifestaciones en Jalisco han tenido que ver con la alarmante inseguridad. El asesinato de un jóven en el vecino municipio de Ixtlahuacán indignó a la sociedad. Las imágenes de un EEUU en llamas debido a los disturbios que se dieron tras la muerte del afroamericano George Floyd y, presumiblemente, la intromisión de algún grupo político para desestabilizar al gobernador Enrique Alfaro, prendieron la chispa de una semana difícil para Guadalajara.
La siguiente semana las dificultades se trasladaron a Chapala. La noticia de la desaparición de los tres provocó la indignación social y también el hartazgo. Las redes sociales se movieron de tal forma que la noticia subió a nivel nacional, primero, y luego se publicó en agencias internacionales. Estoy seguro de que en el gobierno de Jalisco ya no estaban dispuestos a que Chapala se convirtiera en el nuevo dolor de cabeza del gobernador, pues rápidamente se anunciaron movilizaciones sociales, tanto en la alcaldía ribereña, como en Casa Jalisco, en Guadalajara.
Da la impresión de que el gobernador instruyó a su fiscal y a su secretario de seguridad para que utilizaran todos los recursos disponibles a la búsqueda de nuestros tres desaparecidos, seguro por el peligro inminente de las vidas de los cautivos, pero también para “desactivar” las movilizaciones programadas. Tan es así, que al no poder dar una rueda de prensa para anunciar su rescate, por la premura del tiempo, decidieron difundir un comunicado menos de una hora antes de la protesta en guadalajara.
Mientras los ciudadanos nos manifestábamos, en ese preciso momento, la policía del estado inició el operativo de rescate, pues a través de los equipos técnicos de la fiscalía habían logrado ya rastrear y ubicar la casa de seguridad donde estaban, maltrechos pero con vida, nuestros tres amigos y otros cinco desconocidos más. Entiendo que llegaron justo a tiempo, pues al parecer ya estaba dispuesta la fosa en la que los pensaban enterrar.
Evidentemente hubo un trabajo eficaz y muy profesional por parte de los cuerpos de seguridad estatales. Pero también hay que reconocer que la prontitud de respuesta por parte de nuestras autoridades se debió también a la presión social. A que en Chapala perdimos el miedo a que nos vean en la calle pidiendo seguridad aún en medio de una pandemia, ejerciendo ciudadanía, uniéndonos al dolor de los que sufren, pero también alzando la voz para decir ya basta.
El lunes pasado para mi será inolvidable. La marcha fue en total silencio, el silencio de los que se llevaron. En cuanto el contingente arribó, todos nos tiramos al piso un par de minutos, en homenaje a los que nos han arrancado de nuestras comunidades. Los mismos manifestantes dispusimos una soga a lo largo de la fachada del antiguo hotel “Lido”, la actual alcaldía, a manera de valla, para contener cualquier intento de ataque al edificio. Mantuvimos total disposición al diálogo y en consecuencia el alcalde de Chapala, Moisés Anaya, nos recibió y nos escuchó en su oficina.
Todavía hay muchos cabos sueltos y nos falta mucha información como para sacar las mejores conclusiones sobre este dramático incidente por el que atravesamos la semana pasada. Todavía debemos seguir involucrados como sociedad activamente si queremos vivir en un mejor lugar. Pero estoy seguro de que nuestra movilización fue un parteaguas, por lo menos aquí en Chapala. Movimos nuestro poder y ese poder abrió puertas, movilizó estructuras, acorraló a la delincuencia y propició el rescate de los nuestros. Sociedad y gobierno ganamos. Por lo menos en esta ocasión.
En abril, la Sader registró 28,033 fuentes de empleo más que en el mismo periodo del año anterior.
Abigail Correa. – El aumento de desempleo a nivel mundial alcanza puntos críticos. Debido a la pandemia de coronavirus, en México se perdieron más de un millón de plazas. Las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) muestran que en mayo quedaron sin empleo 344,526 personas, además de 130,593 en marzo y 555,247 en abril.
Hablamos sólo de empleo formal, pero la covid-19 también afectó el trabajo informal. Las Naciones Unidas advirtieron sobre el aumento de la pobreza, la cifra podría alcanzar hasta 400 millones de personas en el mundo las que subsistan con menos de 1.90 dólares al día.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indicó que la subocupación fue en el primer trimestre de 2020 de 8.5 por ciento, el trabajo informal fue de 56.1 por ciento mientras que la ocupación en sector informal fue de 27.6 por ciento.
Uno de los grupos más vulnerables ante la pérdida de empleos son los adultos mayores. El Inegi informó que, durante 2019, 23 por ciento de esta población dijo tener un empleo y recibir un salario por dicha actividad, se trata de alrededor de un millón 700 mil ciudadanos. Otro 79 por ciento lo hace en la informalidad y un 21 por ciento cuenta con trabajo formal.
Se augura un panorama desalentador para los mexicanos. Según análisis de expertos, el país no podrá recuperarse del golpe este año y difícilmente lo hará el siguiente. Las entidades del Sur son las más afectadas en México. Un estudio realizado por Banxico registró que en abril pasado la inflación de la región Sur fue de 2.8 por ciento, frente al 1.4 por ciento de las entidades del Norte. En mayo fue 2.5 y 2.4, respectivamente.
Sin empleo la sociedad corre más riesgo ante la delincuencia organizada. Aumentan los asaltos, las extorsiones y demás delitos. Sin embargo, hay otras proyecciones positivas
como las del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos Arámbula. El sector agricultura y pesca muestra un ritmo de contratación con tendencia positiva de 1 por ciento para el tercer trimestre del 2020, comentó Villalobos en entrevista con medios.
Además, recalca que en su administración se impulsa el mejoramiento de la productividad agrícola en la superficie destinada para ello –sin ampliar la frontera agrícola–, echando mano de la tecnología; promover la sustentabilidad, con el uso responsable de los recursos naturales, como agua y suelo, y establecer la inclusión como un componente fundamental de justicia social.
Este sector no ha parado pues es una actividad esencial que, hasta abril de este año, tiene un registro de 697,914 trabajadores; cifra que es superior en 4.18 por ciento en su comparación anual; es decir, reportó 28,033 fuentes de empleo más con registro en el IMSS. Villalobos Arámbula estimó que en 10 años serán 137 millones de personas que alimentar en el país, y una alternativa viable para atender esta demanda es voltear la atención hacia el sur del país.
En este sentido también los programas que impulsa el gobierno han logrado resultados positivos, como Canasta Básica, que beneficia a cerca de 25 millones de mexicanos en situación vulnerable, 5.5 millones de familias, la mayoría del sector rural. La alimentación de los mexicanos no es la ideal pues sabemos que predominan enfermedades como diabetes y obesidad, derivadas de una escasa educación alimentaria.
Las viejas políticas en el sector agroalimentario provocaron estas epidemias de sobrepeso y malnutrición en México, incluso dañaron el medio ambiente, afectaron a los pequeños productores y el resultado fue una dependencia alimentaria, entre otras cosas.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), advirtieron que los 21.7 millones de personas en pobreza extrema en México corren riesgo de sufrir una crisis alimentaria.
El apoyo a los pequeños productores y dirigir los recursos públicos hacia la apertura de mercados de comercio justo y medios de distribución de producción local, son el primer paso para dejar de depender de las importaciones, que actualmente son el 43 por ciento de nuestros alimentos y según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), un país que importa más del 25 por ciento de los alimentos que consume está en grandes problemas.
Por otra parte, dirigirnos hacia una agricultura ecológica, podría reducir la contaminación y preservar la biodiversidad, con lo que también estaríamos cumpliendo el Acuerdo de París, cuyo objetivo es reducir el calentamiento global.
DESDE EL CENTRO
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), informó que este mes llegará a nuestro país el primer embarque de ganado bovino certificado proveniente de territorio guatemalteco, el cual está conformado por 272 cabezas. Por su parte, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) se encargó de constatar —a través de los modelos de certificado enviados por la parte guatemalteca— que existen las condiciones sanitarias, técnicas y operativas para dar inicio al intercambio comercial… El sábado 20 de junio se celebrará el Día Mundial de los Refugiados. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2019 había más de 70 millones de personas que habían tenido que huir para sobrevivir. Era el número más alto de personas desplazadas registrado por ACNUR hasta la fecha. De ellos, más de 25 millones son personas refugiadas… Entre 2001 y 2018, la deforestación en México fue de 280 mil hectáreas en promedio al año, 34 por ciento ocurrió en selvas cálido-húmedas; 25 por ciento en selvas cálido secas y 17 por ciento en sierras templadas, indicó el director general de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), León Jorge Castaños Martínez… Cientos de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia marcharon este fin de semana para exigir aumento salarial y la libertad de sus compañeros recluidos por presuntamente agredir a una adolescente en Polanco.
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