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Atienden quejas de los manifestantes; gobierno pide la regularización de los transportistas de Chapala

Los funcionarios de estado: Javier de Jesús Lechuga Millán, director del Área de Desarrollo Político y Atención a la Problemática; Luis Pablo Guerrero Preciado, director de Gestión de Transporte del Gobierno; el presidente municipal de Chapala, Alejandro de Jesús Aguirre Curiel y los líderes de Uber’s Unidos, en la Ribera de Chapala.

Redacción.- Se atenderán los señalamientos por corrupción y abuso de poder por parte de la Policía Estatal; a cambio, se pidió a los transportistas autodenominados Uber’s de Chapala su regularización legal, se determinó durante la reunión del 18 de febrero, donde los manifestantes se reunieron con autoridades estatales en el Ayuntamiento de Chapala.

Los líderes de Uber’s Unidos, quienes encabezaron las manifestaciones el pasado 7 y 12 de febrero en contra de las unidades de policía estatal, fueron invitados el 18 de febrero a exponer su problemática frente a Javier de Jesús Lechuga Millán, director del Área de Desarrollo Político y Atención a la Problemática del Estado, de la Secretaría General de Gobierno Jalisco y Luis Pablo Guerrero Preciado, director de Gestión de Transporte del Gobierno Estatal.

Omar, líder de los manifestantes, abrió la mesa de diálogo y explicó la situación actual de corrupción que los habitantes de Chapala enfrentan a manos de las unidades CP-003, PA-024 y CP-028 de la Policía Estatal. Dichas unidades, no son del municipio, ya que la numerología de la Base de Policía Regional Estatal de Chapala comienza con las siglas PRJ, según investigaron los quejosos.

Se aclaró también, que los manifestantes provenientes de los municipios de Jocotepec e Ixtlahuacán de los Membrillos se sumaron a las manifestaciones en las últimas semanas, que bloquearon las principales vías de tránsito en Chapala, debido a que la Base de Policía Regional Estatal se encuentra en la cabecera municipal de este municipio, afirmó Omar.

Durante las conocidas «revisiones de rutina» que los elementos de la Policía Estatal realizan a vehículos privados, suele haber muchos casos de supuesta corrupción, «preguntan si somos halcones, nos cambian las placas, revisan los celulares, siembran bolsitas o te quitan el dinero», tampoco se quiere demandar en la Fiscalía por estar bajo amenaza, explicó el afectado.

Estos incidentes, de abuso de poder y violar la protección datos personales, no solo ocurren con unidades de transporte irregulares, sino también a civiles y comerciantes que han sido afectados, como se ha viralizado en el grupo de WhatsApp ‘Anti Tamaros’ que circula por la ribera de Chapala.

A ello, Javier de Jesús Lechuga Millán expresó su preocupación con la promesa de hacer una revisión y control de las unidades señaladas, bajo el mando del comandante Juan Bosco Pacheco Medrano, secretario General de Seguridad Jalisco, quien en su momento determinará si los elementos deben ser reemplazados o sólo reubicados en otra base.

Así como instalar un vínculo directo con el del Área de Desarrollo Político y Atención a la Problemática del Estado, de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, para atender las afectaciones de manera anónima y legal. «Los derechos de las personas deben ser respetados, pero también se tienen obligaciones», les recordó Lechuga Millán a los quejosos.

La atención se les prestará como particular en cada caso, ya que, al no estar registrados en la Secretaría de Transporte del Estado, ni en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), los transportistas están infringiendo la ley. «Es como si estuvieras robando un banco y te dispara un policía», ejemplificó el funcionario estatal.

Por su parte, Luis Pablo Guerrero Preciado, director de Gestión de Transporte del Gobierno Estatal, exhortó a los quejosos a escoger una de las plataformas dadas de alta en Guadalajara y su zona metropolitana: Didi, Uber y Siggo Drive o en su caso, presentar y registrar una nueva para la región de Chapala-Jocotepec.

Las plataformas «artesanales no autorizadas», como llamaron a los grupos de WhatsApp donde los choferes se organizan, no cuentan con ningún tipo de respaldo jurídico, seguridad o comprobantes fiscales, lo que los vuelve vulnerables a este tipo de situaciones, explicaron los representantes del Gobierno del Estado.

A su vez, si hay un operativo por parte de la Secretaría de Transporte Jalisco a transportistas públicos, “también les van a retirar los vehículos por ser un acto ilícito”, afirmó Guerrero Preciado. Una vez que regulen su situación pueden estar bajo la protección de un marco jurídico, seguros y representantes legales, además de prestar un servicio más seguro al pasajero.

Sin embargo, las plataformas registradas debido a sus cuotas por kilometraje no son rentables para los habitantes de la región. Ya que, los viajes cortos se cobraban entre los 20 y 30 pesos, según las aplicaciones, menos el 30 por ciento de comisión, la renta semanal del automóvil y la gasolina. Los choferes prefirieron abandonarlas.