Alcaldes exigen cancelación del acueducto Solís-León

Advierten que el proyecto reduciría drásticamente el ingreso de agua al lago

En el marco del Día Mundial del Agua, alcaldes de la ribera del Lago de Chapala reiteraron su rechazo al proyecto del Acueducto Solís-León y exigieron al Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cancelación definitiva de la obra, advirtiendo posibles afectaciones ambientales, sociales y económicas en la región.

Por segunda ocasión, los presidentes municipales se reunieron en el Club de Yates de Chapala para fijar una postura conjunta. El alcalde de Chapala, Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, señaló que el pronunciamiento responde a la profunda preocupación por el futuro del embalse.

“No estamos aquí solo para conmemorar el Día Mundial del Agua, sino porque hay momentos en los que guardar silencio sería irresponsable”, expresó el edil, enfatizando que el Lago de Chapala “no se toca, se cuida y se conserva”, al ser el corazón hídrico del occidente del país.

Acompañado por los alcaldes de Ocotlán, Jamay, La Barca, Poncitlán, Jocotepec, Tizapán el Alto e Ixtlahuacán de los Membrillos, Aguirre Curiel insistió en que la oposición no responde a intereses políticos, sino a criterios técnicos y ambientales. Por su parte, la alcaldesa de Ocotlán, Deysi Nallely Ángel Hernández, subrayó que el lago es un sitio protegido bajo la Convención Ramsar desde 2009, lo que obliga legalmente a su conservación.

El contraste: la postura de Guanajuato y la Federación

Pese a las protestas en Jalisco, el proyecto es una pieza clave del Plan Nacional Hídrico. La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, ha defendido la viabilidad de la obra asegurando que no se afectará el caudal que llega a Chapala.

Guanajuato argumenta que el agua que conducirá el acueducto no es "agua nueva" extraída de la cuenca, sino agua recuperada gracias a la modernización y tecnificación del Distrito de Riego 011. Según las autoridades estatales, al hacer más eficiente el riego agrícola, se liberan volúmenes que actualmente se desperdician, permitiendo abastecer a más de 2,6 millones de personas en León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya sin alterar el equilibrio hídrico.

Por su parte, el Gobierno Federal ha respaldado la obra bajo la premisa del derecho humano al agua. La administración de Sheinbaum sostiene que el proyecto es necesario para mitigar el estrés hídrico en el Bajío y que la inversión de 15 mil millones de pesos incluye medidas de mitigación para asegurar que el ciclo hidrológico de la cuenca Lerma-Chapala no se vea vulnerado.

Advierten impacto crítico al lago

No obstante, los ediles de la ribera alertaron que estas estimaciones podrían ser optimistas. Citando investigaciones de la UNAM y la Universidad de Guadalajara, señalaron que el ingreso anual de agua al lago podría reducirse de 800 millones de metros cúbicos en años favorables a apenas 200 millones, lo que representaría un colapso.

Recordaron la crisis de 2001, cuando el lago descendió a cerca del 20% de su capacidad, afectando gravemente a pescadores, prestadores de servicios turísticos y la economía regional.

Situación legal y falta de diálogo

En el ámbito legal, se informó que se han interpuesto más de 10 mil amparos contra el proyecto. Sin embargo, cerca del 40% han sido desechados bajo el argumento de que no existe una "afectación directa" comprobada.

A pesar de haber entregado un pronunciamiento formal desde agosto del año pasado, los alcaldes señalaron que no han recibido respuesta de las autoridades federales. Ante este vacío, no descartaron emprender nuevas acciones legales y movilizaciones sociales, además de insistir en la instalación de mesas de diálogo técnico donde participen especialistas de ambas entidades y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).