Juzgados de Guanajuato resolverán amparos contra el Acueducto Solís-León

La resolución del Pleno Regional destraba los juicios promovidos por habitantes de la Ribera de Chapala al definir la competencia territorial

A partir de este lunes 27 de abril, los miles de amparos interpuestos por ciudadanos de la Ribera de Chapala contra el Acueducto Solís-León tienen una vía jurídica clara. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil determinó que deberán ser los juzgados federales de Guanajuato quienes resuelvan estos juicios, por ser el lugar donde se ejecuta materialmente la obra.

Esta decisión judicial pone fin a una disputa de criterios entre tribunales que mantenía en vilo la defensa legal del lago. Al establecerse esta jurisprudencia (una norma obligatoria dictada por jueces de alto rango), se elimina la confusión sobre qué autoridad debe atender las demandas, permitiendo que las quejas ciudadanas finalmente sean analizadas de fondo.

El fallo se basa estrictamente en el Artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual dicta que la "competencia territorial" —es decir, qué juez tiene permiso legal para decidir— se define por el sitio donde se realiza el acto reclamado.

Aunque el proyecto del acueducto afecta el nivel de agua y el ecosistema en Jalisco, el tribunal determinó que, al construirse físicamente en Guanajuato, son los jueces de dicha entidad quienes deben llevar el proceso. Este criterio es ahora de aplicación obligatoria para todos los tribunales del país desde su publicación en el Semanario Judicial de la Federación.

Para el gobierno de Chapala, encabezado por el alcalde Alejandro Aguirre Curiel, esta resolución representa un avance estratégico para las familias ribereñas. El edil señaló que esto abre la puerta para que el Poder Judicial escuche formalmente los argumentos de los habitantes que consideran que el acueducto pone en riesgo el equilibrio ambiental del lago.

“Confiamos en que el Poder Judicial escuche la voz de los pueblos ribereños y sea cancelada la obra del Acueducto Solís-León, porque arriesga el ecosistema de Chapala”, sostuvo el primer edil.

Antes de esta resolución, existía una "contradicción de criterios", lo que significa que distintos tribunales daban respuestas opuestas sobre dónde debían juzgarse estos casos. Con el nuevo criterio identificado como PR.A.C.CS. J/9 K (12a.), se unifica el camino legal para los opositores al proyecto que busca llevar agua a ciudades como León, Celaya e Irapuato.

El Gobierno de Chapala confirmó que mantendrá el acompañamiento jurídico a los ciudadanos en estos juicios de amparo indirecto (recursos legales para proteger derechos humanos y ambientales frente a actos de autoridad). 

Desde que se anunció la planeación del acueducto Solís-León, la ciudadanía ribereña y los gobiernos municipales que rodean el Lago de Chapala han consolidado un frente común para rechazar el proyecto, bajo el argumento de que éste causaría daños irreversibles al ecosistema del cuerpo de agua más grande de México.

Esta oposición, que comenzó con la organización de los alcaldes de la zona, ha escalado hacia la movilización civil mediante diversas acciones de resistencia. Las manifestaciones han incluido desde la instalación de módulos para la recolección de firmas en plazas públicas, hasta bloqueos viales en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) registrados el pasado 23 de marzo de 2026.