Protestan en Guadalajara contra Acueducto Solís-León

Desechan el 40% de los amparos contra la obra; crece la tensión social

Cerca de 250 habitantes de la ribera del Lago de Chapala se manifestaron el lunes 23 de marzo en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) para rechazar el proyecto del acueducto Solís-León. La movilización cobró fuerza tras la reciente resolución de un Tribunal Colegiado que desechó el 40% de los 10 mil amparos promovidos contra la obra, la cual pretende desviar agua hacia el estado de Guanajuato.

La protesta comenzó en las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el cruce de Federalismo y Garibaldi. Al encontrar la sede cerrada, los manifestantes bloquearon momentáneamente la vialidad con pancartas y canoas, provocando severos congestionamientos.

Posteriormente, el contingente se trasladó a la Ciudad Judicial, donde realizaron bloqueos parciales sobre el Periférico (sentido sur). Con consignas como “¡Es por Chapala!” y “No al acueducto Solís”, los inconformes exigieron frenar el proyecto que busca abastecer a ciudades como León, Celaya, Salamanca, Irapuato y Silao.

Los activistas y ciudadanos alertaron que el acueducto alteraría los escurrimientos naturales y afectaría el equilibrio ecológico del Lago de Chapala, principal regulador de la región y fuente de agua para Guadalajara. 

Entre los riesgos señalados destacan: sobreexplotación de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago; afectaciones económicas para miles de familias que dependen de la pesca y el turismo; pérdida de biodiversidad, específicamente en humedales y especies locales.

A esta resistencia social se sumó la postura de los alcaldes de la región (Jamay, Jocotepec, Ixtlahuacán, Ocotlán, Chapala, Poncitlán, Tuxpan y La Barca), quienes el pasado 22 de marzo pidieron formalmente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconsiderar la obra.

A través de folletos informativos, la comunidad ha difundido "10 razones" para detener el proyecto, en el que se advierte, entre otros puntos, el riesgo de sobreexplotación de la cuenca, afectaciones a miles de familias que dependen de la pesca y el turismo, así como la posible pérdida de especies y humedales.

Los manifestantes insistieron en la necesidad de abrir un diálogo con las autoridades federales y revisar a fondo el proyecto antes de continuar con su ejecución.