Victoria para Mezcala: cesa la persecución judicial contra defensores de la tierra

El juzgado de Ocotlán pone fin al expediente 318/2011, cerrando un proceso marcado por denuncias de irregularidades y criminalización de la defensa del territorio

Tras una batalla legal que se prolongó por más de una década, ha quedado sin efecto la orden de aprehensión emitida en 2011 contra comuneros de Mezcala de la Asunción, en el municipio de Poncitlán. El proceso, que los pobladores denunciaron como un intento de criminalización por la defensa de su territorio, finalmente llegó a su fin administrativo este mes de enero.

El conflicto se originó en el predio conocido como El Pandillo, una zona de montaña que fue invadida por el empresario tapatío Guillermo “M” y su presunto prestanombres, Crescenciano “S”. En su lucha por recuperar la tierra, 10 habitantes de la comunidad indígena fueron señalados judicialmente, enfrentando consecuencias legales bajo un proceso plagado de inconsistencias.

A pesar de que el proceso principal se consideraba concluido, tras la recuperación física del predio se promovieron nuevas acciones legales que reactivaron las órdenes de captura dentro del mismo expediente (318/2011-3).

La resolución definitiva se formalizó el pasado 14 de enero con la emisión del oficio 063/2026, el cual notifica oficialmente la cancelación de los mandatos de captura. Para ratificar este hecho, integrantes de la comunidad acudieron este 22 de enero a los juzgados penales con sede en Ocotlán para realizar los trámites correspondientes.

Antecedentes y vulneración de derechos

El caso cobró relevancia nacional en 2011 con la detención de la comunera Rocío Moreno, quien fue liberada posteriormente al demostrarse que no se encontraba en el lugar de los hechos; en ese momento, participaba en un evento académico de la Universidad de Guadalajara.

Desde entonces, la defensa legal y los habitantes de Mezcala han sostenido que el sistema judicial fue utilizado para vulnerar los derechos de la comunidad y favorecer intereses particulares. Con esta cancelación, se cierra un capítulo de incertidumbre jurídica para los defensores de la tierra en la Ribera de Chapala.