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El calendario marca hoy una fecha que se siente como una cicatriz abierta en el asfalto de Guadalajara. Han pasado 34 años desde que la mañana del 22 de abril de 1992 transformara para siempre el rostro del sector Reforma. Lo que comenzó como un fatídico derrame de combustible en las entrañas del sistema de drenaje terminó por fracturar la vida de miles de familias en colonias emblemáticas como Analco, Las Conchas, San Carlos y Atlas. Hoy, esa profunda huella en la memoria colectiva no solo se conmemora con silencio, sino con una renovada exigencia de certidumbre para quienes sobrevivieron al estruendo.

Una imagen (arriba) que captura la devastación tras las explosiones de alcantarillado en Guadalajara el 22 de abril de 1992. La fotografía, que ha aparecido en numerosos medios de comunicación nacionales e internacionales a lo largo de los años para ilustrar el suceso, muestra una escena de destrucción masiva. Una calle entera ha colapsado, convertida en un profundo cañón de tierra y restos de pavimento. En el fondo, un coche azul descansa sobre los escombros y se ven a personas, civiles y posiblemente socorristas, de pie entre la devastación, mientras que la vegetación y las estructuras circundantes han sufrido daños significativos. El evento fue el resultado de una fuga de gas en el sistema de alcantarillado, que se encendió y provocó una serie de explosiones que destruyeron alrededor de 13 kilómetros de calles.
En este aniversario cargado de simbolismo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, sostuvo una mesa de trabajo con el grupo representativo de víctimas que encabeza Sonia Solórzano; el mandatario estatal aseguró que se garantizarán todos los recursos necesarios para cubrir las pensiones y gastos médicos a través del Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social (FIASS). Lemus se comprometió a que su administración cubrirá la totalidad de los apoyos correspondientes a este año.

Ante el riesgo latente de que los fondos del FIASS se agoten, Lemus Navarro anunció que pondrá en marcha un estudio actuarial riguroso. Este análisis científico será la brújula financiera que permitirá calcular las necesidades de los próximos años, sirviendo como base para una iniciativa que se enviará al Congreso del Estado. La meta es asegurar la suficiencia presupuestal definitiva para que ninguna administración futura pueda dar la espalda a los compromisos adquiridos con los lesionados de 1992.
La líder de los afectados, Sonia Solórzano, reconoció con honestidad que actualmente no existen adeudos ni pendientes en la atención médica por parte del Gobierno estatal. A pesar de los avances locales, la sombra de la impunidad sigue proyectada por Petróleos Mexicanos (PEMEX). Con un reclamo que cala hondo, Solórzano denunció que la empresa paraestatal, responsable del origen del desastre, no ha aportado un solo peso ni ha mostrado la voluntad de reconocer el daño histórico provocado a la ciudad. "PEMEX nunca ha dado nada", sentenció, mientras solicitaba la intervención directa del Gobierno federal para resarcir la deuda moral y económica. Ante este vacío, el gobernador Lemus reiteró que tanto Jalisco como Guadalajara seguirán asumiendo la responsabilidad que otros han evadido, manteniendo firmes las gestiones para que, finalmente, la justicia llegue también desde el centro del país.
En el ámbito de la salud, el Hospital General de Occidente, el emblemático "Zoquipan", continúa siendo el bastión de cuidados especializados, operando con un consultorio y una farmacia exclusivos para este colectivo; brindando desde cirugías hasta la entrega de prótesis y sillas de ruedas.
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