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Habitantes de la delegación de San Antonio Tlayacapan han manifestado su rechazo ante las obras de ampliación de la bodega de Coca-Cola, ubicada sobre la carretera Chapala–Jocotepec.
Los ciudadanos denuncian una presunta invasión de la lateral y el entorpecimiento de la movilidad, advirtiendo que la nueva construcción reduce el espacio para peatones y automovilistas.
A pesar de la indignación social, el área de prensa del Gobierno de Chapala confirmó que la empresa cuenta con todos los permisos municipales vigentes.
Según la autoridad, la construcción se encuentra alineada dentro de los límites de propiedad de la distribuidora, por lo que los trabajos están legalmente autorizados.
No obstante, la comunidad argumenta que la legalidad del terreno no resuelve los problemas operativos de la planta. A través de redes sociales, usuarios calificaron la obra como un “abuso” y cuestionaron que se priorice la expansión comercial sobre el bienestar urbano. Entre las quejas recurrentes destacan:
Bloqueo de vialidades: camiones de carga estacionados en calles aledañas y en la lateral de la carretera.
Daño a la infraestructura: deterioro del empedrado por el paso constante de vehículos pesados.
Falta de higiene: acumulación de basura en los alrededores de la planta.
El temor principal de los vecinos es que la reducción de la lateral agrave un conflicto vial ya existente. Trabajadores de la zona señalaron que, anteriormente, el espacio de estacionamiento permitía un flujo mínimo, el cual ahora podría desaparecer.
“A lo mejor sí es su terreno, pero cuando tenían el estacionamiento más grande los camiones apenas dejaban un margen en la lateral. Ahora sí va a estar bloqueado el paso. ¿Para qué construyen hacia adelante si sus camiones siempre están afuera?”, cuestionó un empleado del sector.
Por otro lado, una residente local comparó la situación con otros comercios de la zona, señalando que el nuevo muro dificultará el paso incluso para peatones, debido a la presencia de árboles en la banqueta. La expectativa de los ciudadanos es que, tras la inversión en infraestructura, la empresa sea obligada a mantener sus unidades dentro del recinto y no en la vía pública.
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