El gobierno mexicano toma medidas enérgicas contra quienes excedan la estadía permitida por sus visas de expatriados

Mensaje de las autoridades: regularízate o piérdelo

La agencia de inmigración de México está, discreta pero claramente, reforzando la aplicación de la ley contra los extranjeros que intentan vivir en el país con documentación turística, y los estadounidenses son una parte importante de esta situación. Si bien no existe un recuento público oficial de ciudadanos estadounidenses en situación irregular, un análisis legal basado en datos del censo estimó que, para mediados de la década de 2010, aproximadamente 670 mil estadounidenses se quedaban más tiempo del permitido por sus documentos de turista. Algunas estimaciones proyectan cifras aún mayores en unos pocos años.

Durante años, el camino para muchos ciudadanos estadounidenses y canadienses fue simple: llegar con una tarjeta de turista FMM, recibir 180 días casi por defecto, salir brevemente, luego reingresar y repetir el ciclo (“saltar de visa”). Estas “visitas rápidas” permitían a las personas vivir indefinidamente en México sin dejar de ser turistas. Desde aproximadamente 2021, y más notablemente desde 2023, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha revertido esa práctica informal.

Los agentes aeroportuarios y de fronteras terrestres ahora examinan los historiales de viaje, hacen preguntas detalladas sobre la duración de la estancia y las fuentes de ingresos, y cada vez emiten permisos más cortos, a veces de tan solo 7, 15 o 30 días en lugar de seis meses. Los extranjeros que acumulan estancias prolongadas son identificados como residentes de facto en lugar de visitantes ocasionales. Los funcionarios solicitan fechas de salida y comprobantes de planes, y los permisos a menudo solo son por el período exacto de estancia solicitado.

México comenzó a tomar medidas enérgicas contra quienes cambian de visa tras conversaciones de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y mexicanos en octubre de 2021. El secretario de Estado, Antony Blinken, y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, llegaron a un acuerdo: México combatiría la migración irregular a través de su territorio a cambio de flexibilidad por parte de Estados Unidos en otros asuntos de política. La implementación y el impacto real de ese acuerdo comenzaron en 2015 y ahora se están sintiendo ampliamente.

Las cifras concretas sobre la ofensiva son escasas, debido a que México no publica un informe sobre quienes exceden su estadía, pero el patrón es visible. Un resumen de la ley de inmigración ampliamente citado, basado en datos del censo y encuestas mexicanas, señaló que la permanencia de estadounidenses que exceden el límite de sus permisos de visitante aumentó casi un 38% entre 2015 y mediados de la década de 2020. Muchos de estos residentes son jubilados, trabajadores remotos o personas que han permanecido en el país durante largos periodos y nunca formalizaron su estatus.

Las directrices oficiales, tanto de los especialistas mexicanos en inmigración como de los consulados extranjeros, ahora enfatizan que el permiso de estancia temporal (FMM) es para estancias cortas no residenciales y que los residentes de largo plazo deben obtener la residencia temporal o permanente a través de un consulado.

Los estadounidenses que continúan dependiendo de entradas turísticas consecutivas enfrentan una lista creciente de riesgos: que se les conceda solo unos días a su llegada, que se les niegue la entrada y se les devuelva en el siguiente vuelo o, en el peor de los casos, que se les detenga mientras se revisa su estatus.

Para los ciudadanos estadounidenses que ya se encuentran en México y que han excedido su estadía o tienen un historial de residencia turística prolongada, la conclusión práctica es que la zona gris se está reduciendo. El cambio en la aplicación de la ley puede ser desigual según la región, pero el mensaje de México ahora es inequívoco: se espera que los residentes de larga duración presenten sus documentos de larga duración.