18 Abr. 2026 | Actualizado 19:18 GMT-6


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Va Sheinbaum contra fraude y carestía en combustibles

Gobierno fija precio máximo de 24 pesos y aumenta vigilancia de Profeco

Sellos de inmovilización de la Profeco en dispensadores de una gasolinera por irregularidades. Foto: Cortesía.

En respuesta a la creciente indignación social por el costo de la energía, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha una estrategia nacional para frenar el alza de los combustibles y erradicar prácticas abusivas en estaciones de servicio. El plan gubernamental establece un acuerdo con propietarios de gasolineras para mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro, además de buscar la estabilización del diésel y la aplicación de sanciones severas a los establecimientos que operan de forma fraudulenta.

Durante su conferencia matutina, la mandataria advirtió que no se permitirán márgenes de ganancia desmedidos, subrayando que los minoristas que incumplan el acuerdo enfrentarán inspecciones, multas y la exposición pública en el espacio de la "Mañanera". Esta estrategia federal combina herramientas fiscales, como exenciones específicas, con un pacto voluntario pero firme con las grandes cadenas distribuidoras del país.

Este control de precios resulta crítico en regiones donde el litro de combustible ha rozado los 30 pesos. Según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el impacto de esta política ya es visible en zonas de Jalisco históricamente marcadas por precios altos; al 14 de abril, estaciones en el municipio de Chapala reportaron costos alineados con la directriz federal, ubicando la gasolina Magna en 22.72 pesos, la Premium en 24.93 pesos y el diésel en 23.59 pesos por litro.

Más allá del costo nominal, el Gobierno ha intensificado la vigilancia para garantizar que los consumidores reciban el volumen exacto por el que pagan. La Profeco estima que el 10% de las estaciones a nivel nacional incurre en la venta de "litros de menos", por lo que se han multiplicado las inspecciones sorpresa y las denuncias penales ante la Fiscalía General de la República. Un operativo reciente en la Ribera de Chapala resultó, incluso, en el aseguramiento de una distribuidora de gas LP tras detectarse medidores alterados, lo que derivó en una causa penal por fraude.

Para desincentivar el abuso, la autoridad ha comenzado a colocar sellos y pancartas en establecimientos con costos excesivos. Actualmente, los conductores en el corredor de la ribera de Chapala, Ajijic y el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) cuentan con herramientas de monitoreo en tiempo real a través de portales independientes que utilizan datos oficiales. Para la ciudadanía, el éxito de la medida se resume en dos pilares fundamentales: la estabilidad del precio y la honestidad en el surtidor.

 

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