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La investigación mediante encuestas es una de las herramientas más poderosas de las que disponen académicos, profesionales del marketing y políticos. Aunque están sujetas a limitaciones prácticas, así como a posibles errores metodológicos y analíticos, las encuestas pueden revelarnos mucho sobre nuestro mundo y sobre nosotros mismos, sacando a la luz patrones y tendencias que permanecen invisibles hasta que aparecen en los datos. Yo mismo he realizado investigaciones mediante encuestas en busca de respuestas a cuestiones de política pública, y he descubierto hechos y tendencias de los que no tenía conocimiento.
Antiguamente, la investigación mediante encuestas era un ámbito exclusivo de empresas de investigación y académicos. Hoy en día, gracias a la disponibilidad de herramientas gratuitas o de bajo costo —como SurveyMonkey—, prácticamente cualquier persona puede crear una encuesta; y muchas lo hacen, algunas incluso con gran profesionalismo. Sin embargo, independientemente de la calidad de la encuesta, existen consideraciones éticas establecidas por asociaciones nacionales e internacionales de investigadores de opinión pública, tales como la AAPOR (American Association for Public Opinion Research), la Insights Association (EE. UU.) y ESOMAR (a nivel global). Una de las normas éticas que exigen a todos sus miembros es indicar la identidad del patrocinador si los resultados van a hacerse públicos o a utilizarse en el ámbito público. Se trata de un estándar innegociable de «divulgación mínima» para aquellas encuestas cuyos datos o análisis se difundan ante el público o se empleen en debates o foros públicos.
Hace poco recordé esto al encontrar un anuncio en otro periódico sobre una encuesta de «Acción Comunitaria» («Community Action»), organizada por un grupo llamado «lcscitizencomittee»; una entidad sobre la cual no existe información alguna, ni en el propio anuncio ni en internet. En la «letra pequeña» del anuncio se afirma que los «resultados serán analizados e informados en función de las respuestas recibidas», lo que sugiere —aunque no lo declara explícitamente— que los resultados se harán públicos si, llegado el caso, el contenido resulta de su agrado. Sin embargo, cuando les solicité por correo electrónico los nombres de los miembros del comité, se mostraron reticentes; me respondieron cortésmente que, «una vez que concluya la encuesta y se hayan analizado los resultados, los harán públicos». No obstante, esto no resuelve el problema: no revelan quiénes son, pero sí solicitan información a los participantes.
Precisamente por este motivo, APOR, INSIGHTS y ESOMAR establecieron el requisito ético de transparencia, con el fin de evitar que los responsables de encuestas dirigidas al público permanezcan en el anonimato. Esto no se aplica a las encuestas privadas que no solicitan información al público en general. En mi opinión, dado que el «lcscitizencomittee» (comité ciudadano de LCS) realiza una difusión pública, no se trata de una encuesta privada y, por tanto, le resulta aplicable esta consideración ética.
La «Encuesta de Acción Comunitaria» («Community Action Survey») afirma que su objetivo es «comprender qué piensa la comunidad sobre LCS hoy en día y qué papel debería desempeñar en el futuro». Es un objetivo loable —que seguramente también interesa a LCS, por lo que es probable que la propia organización realice su propia encuesta para averiguarlo—; no obstante, al recopilar información del público general sobre una institución de carácter tan público, considero que existe una exigencia ética de identificarse: quiénes son los miembros y qué pretenden hacer con los datos obtenidos. Cuando uno proporciona información en una encuesta, tiene derecho a saber quién la recibe y qué uso se le dará. El anonimato genera sospechas.
Puede que el «lcscitizencomittee» —quienesquiera que sean— no esté de acuerdo; de hecho, no tienen ninguna obligación legal de hacerlo. Pero yo sigo una regla personal: cuando alguien me contacta para realizar una encuesta, siempre pregunto: «¿Quién es su cliente y qué uso le darán a mis respuestas?». Si no me facilitan esa información, no obtienen la mía.
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