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En Jalisco ya hay una iniciativa para que quienes cometan el delito de despojo de terrenos e inmuebles tengan penas de hasta 18 años de cárcel, mientras que en Ciudad de México el ilícito tiene condenas que llegan hasta los 22 años de prisión.
Para el centro del país, el Congreso local aprobó incrementar las sanciones en noviembre de 2025, aumentando en un año la pena base y hasta siete en caso de contar con agravantes, sumando un total de hasta 22 años de cárcel.
Es agravado el delito cuando hay víctimas en situación de vulnerabilidad, como personas mayores de 60 años, con discapacidad, menores de edad, mujeres embarazadas o pertenecientes a comunidades indígenas, así como el uso de engaños y falsificación o la participación de servidores públicos. También hay agravante si se trata de inmuebles públicos o terrenos declarados como suelo de conservación.
Para el caso de Jalisco, la condena máxima en el código estatal ronda los 11 años de encierro, aunque en el Congreso de Jalisco ya hay una iniciativa presentada en abril de 2025, misma que busca un incremento de hasta 18 años de prisión para quienes encabecen fraudes inmobiliarios en Jalisco.
En el contexto federal, la Cámara de Diputados aprobó una reforma para elevar las penas de despojo hasta 15 años de cárcel, pero solamente aplica para inmuebles o terrenos bajo jurisdicción federal o investigaciones atraídas por la federación.
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