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El Gobierno de Jalisco y alcaldes de distintas regiones y fuerzas políticas exigieron al Gobierno Federal la entrega de recursos pendientes y la compensación por recortes presupuestales que suman casi 800 millones de pesos, afectando directamente la infraestructura hídrica y básica de los 125 municipios del estado.
En conferencia de prensa, el Secretario General de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, explicó que la exigencia comprende 232.7 millones de pesos retenidos del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) y una afectación acumulada de 547.1 millones de pesos derivada de la reducción del 10 por ciento al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) durante 2025 y 2026.
El adeudo del PRODDER afecta a 30 beneficiarios, de los cuales 13 son organismos operadores de agua y 17 municipios, además de comprometer 127 millones de pesos para la Comisión Estatal del Agua (CEA) y 22 millones para el SIAPA, mientras que Tlaquepaque y Zapotlán el Grande también demandan el reintegro.
Zamora Zamora detalló que los municipios realizan inversiones con recursos propios en obras hidráulicas bajo el compromiso de que la Federación les reintegre la mitad al comprobar las reglas de operación, lo cual no ha ocurrido. A esto se suma el impacto del FAIS, un fondo cuya reducción del 10 por ciento —asignada de manera discrecional pese a estar destinada a comunidades indígenas y afromexicanas— limita la atención de redes de agua potable, drenaje y alcantarillado.
Durante el pronunciamiento, presidentes municipales respaldaron el reclamo al señalar que tuvieron que absorber con recursos propios la totalidad de las obras hídricas ante la falta de los fondos federales.
Martha Liliana Padilla Ramírez, alcaldesa de Atotonilco El Alto (PRI), advirtió que la reducción del FAIS limita la atención en comunidades alejadas; Olivia Sevilla López, de Jesús María (PAN), indicó que su demarcación absorbió el 100 por ciento de los costos de proyectos del PRODDER por un millón 700 mil pesos; y Erika Adriana Cuevas Fuentes, de Encarnación de Díaz (MC), señaló que el freno presupuestal impide rehabilitar redes con décadas de rezago.
En el mismo sentido, Viridiana Rodríguez Topete, alcaldesa de Guachinango (Morena), y José de Jesús Sánchez González, de San Diego de Alejandría (PVEM), recalcaron que los recortes vulneran el acceso al agua como derecho humano y frenan el desarrollo de la infraestructura básica local.
Ante este panorama, el Gobierno del Estado exhortó a la Federación a informar el destino de los fondos comprometidos, establecer un calendario para regularizar los pagos pendientes del PRODDER e implementar mecanismos de compensación por los recursos retirados del FAIS.
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