Personas presentes en la movilización por la liberación de Omar O’Rourke. Foto: Semanario Laguna.
Redacción. – Que se haga justicia y se libere al empresario Omar O’Rourke es la exigencia de un grupo de ciudadanos que manifestaron su reclamo a las autoridades judiciales durante la mañana del nueve de septiembre en la zona centro de Chapala.
Amigos, familiares y personas que se han sumado para apoyar a Omar, se reunieron frente a la antigua presidencia de Chapala, portando carteles que visualizaron el caso. Los manifestantes advirtieron corrupción, abuso de autoridad y un proceso judicial mal hecho que ha dejado durante tres años a un inocente en prisión preventiva sin que se haya realizado un juicio.
Hace tres años, Omar, que en ese momento llevaba la administración de un centro comercial en San Antonio Tlayacapan, recibió una llamada de la persona demandante para sostener una reunión, pero al salir fue abordado por agentes del Ministerio Público, sin siquiera haber recibido un citatorio y pese a esto, se le acusó de no atender los citatorios, según lo narrado por personas presentes en la movilización.
La acusación fue por supuesto fraude, señalamiento que puede no generar cárcel al poderse alcanzar fianza, pero de forma sorpresiva, a Omar le sumaron el señalamiento de amenazas y asociación delictuosa, acusaciones que poco a poco se fueron desmoronando.
Falsedad de firmas fue otro señalamiento que le sumaron, aunque el empresario cuenta con todas las actas en orden de la sociedad del centro comercial, además de estar autorizadas por quienes después buscaron inculparlo. Aunque fueron dos años sin poder desahogar pruebas ante el congelamiento del juicio, ya se acreditó que las firmas son reales y que jamás existió la asociación delictuosa.
Al haber pruebas en favor de Omar e irse desechando los señalamientos, curiosamente una nueva acusación apareció, ahora siendo señalado de un delito aún mayor.
“Se les está cayendo el caso y como se les está cayendo, ahora vienen a acusarlo, a echarle el muertito de aquella persona que fue asesinada en el centro comercial cuando Omar ya estaba en la cárcel”, declaró uno de los manifestantes.
Otra de las irregularidades denunciadas es que la Fiscalía de Jalisco aseguró las propiedades de la familia del empresario, pese a que ellos no están vinculados al proceso, algo que está fuera de la ley y que ha afectado a los seres queridos del empresario.
“Es muy injusto que esto esté pasando en México, en Chapala, realmente es muy triste ver que el dinero lo compra todo y que los seres humanos no tenemos derechos”, dijo una de las participantes en la movilización por Omar.
Las personas presentes insistieron en la inocencia de Omar O’Rourke, advirtiendo que se movilizarán las veces que sean necesarias para que la verdad salga a flote y que la justicia se haga presente en el caso, esperando que en el sistema judicial de Jalisco haya integridad para que Omar pueda ser libre luego de tres años de ser víctima de lo que catalogan como un proceso corrupto y falto de justicia.
Esta es la segunda movilización que amigos y familiares de Omar realizan para exigir justicia en el proceso del caso y su inmediata liberación. La primera de estas manifestaciones ocurrió el 2 de mayo.
El alcalde de Chapala, Alejandro de Jesús Aguirre Curiel. Foto: Cortesía.
D. Arturo Ortega. – En medio de una creciente preocupación ambiental y social, el alcalde de Chapala, Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, hizo un llamado a los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que escuche las más de 5 mil voces que han presentado amparos contra el polémico proyecto del acueducto presa Solís-León, que busca llevar agua del Lago de Chapala a cinco ciudades del corredor industrial de Guanajuato.
“Esperamos que todos los ministros que acaban de tomar su cargo, el ministro Hugo Aguilar pueda tomar en consideración estos amparos”, expresó Aguirre Curiel en entrevista. “No puede ser posible (el proyecto) porque sí afectaría gravemente el Lago de Chapala, eso está comprobado. Tanto los especialistas como las universidades de nuestro estado han estado dando la información al respecto”.
El alcalde destacó que más de ocho municipios de la Ribera de Chapala, así como el propio gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, están firmemente en contra del proyecto. “Nosotros por el momento respaldamos la posición que ha hecho el gobernador levantando la voz por esta presa Solís que afectaría al Lago de Chapala”, agregó.
Una amenaza múltiple para el lago más grande de México
El Lago de Chapala ya enfrenta serios problemas como el cambio climático, la evaporación acelerada, la contaminación industrial y agrícola, y la falta de cumplimiento de los acuerdos hídricos firmados en 2004 y decretados en 2014. El nuevo proyecto plantea extraer agua adicional para abastecer a las ciudades de León, Silao, Celaya, Salamanca e Irapuato, lo que representaría casi la mitad del volumen que actualmente se utiliza para abastecer a la Zona Metropolitana de Guadalajara.
De acuerdo con el doctor José Arturo Gleason Espíndola, experto de la Universidad de Guadalajara, “el debate se cierra en sacarle más agua a un cuerpo vivo como si fuera un simple tinaco. No hay decisiones basadas en conocimiento científico”.
Universidades y especialistas: “No hay sustentabilidad, sólo intereses industriales”
Expertos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la Universidad Autónoma de México (UNAM) advierten que el manejo de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago está al borde del colapso. La Doctora Alicia Torres Rodríguez sostiene que “la gestión del agua está guiada por intereses económicos más que por el derecho humano al agua”.
Además, destacan que no existe una coordinación efectiva entre los estados de Jalisco y Michoacán, lo que impide políticas públicas conjuntas y sostenibles.
El lago se encuentra actualmente a un 63.62% de su capacidad, mientras que otras presas de la región, como Calderón y Santa Rosa, reportan niveles de llenado superiores. Para especialistas como la Doctora Adriana Sandoval Moreno, esto refleja una mala distribución y prioridades equivocadas en la gestión del recurso.
Una agenda verde como única salida
Frente a este escenario, académicos, ambientalistas y organizaciones sociales han propuesto la construcción de una “Agenda verde” nacional, con base científica, democrática y sustentable, que reemplace la actual visión pragmática de extraer agua sin estudios técnicos adecuados.
El gobernador Pablo Lemus fue contundente al señalar: “No estoy de acuerdo en que se haga ese acueducto. Afectaría gravemente a Chapala. La presa Solís no llegará al 90% de su capacidad como marca la norma para enviar agua a Chapala, lo que nos dejará sin recurso”.
Amparos, movilización social y presión política
Más de 5 mil amparos ciudadanos se han presentado para frenar el proyecto, y ahora está en manos del nuevo Poder Judicial de la Federación determinar su curso legal. Paralelamente, movimientos sociales, colectivos ambientales y habitantes de la ribera han comenzado movilizaciones para defender el lago.
El senador Francisco Ramírez Acuña también se sumó al llamado en el Senado de la República, exigiendo reconsiderar el acueducto Solís-León. Sin embargo, el respaldo al proyecto por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Presidencia de la República sugiere que la batalla será larga.
Un recurso vital, en disputa
El lago de Chapala, declarado sitio Ramsar desde 2009 por su importancia ecológica, no solo regula el clima y sostiene la biodiversidad, sino que también abastece de agua a millones. Hoy está en riesgo, no solo por la extracción, sino por la contaminación industrial y agrícola.
En poblaciones como Poncitlán, estudios han documentado alarmantes niveles de enfermedad renal en niños, asociadas a metales pesados y agroquímicos, lo que evidencia las consecuencias del mal manejo de la cuenca.
Conclusión: la defensa del lago es una lucha por la vida
“El lago es un ente vivo que genera vida. Si lo acabamos, nos vamos con él”, advirtió el doctor Gleason.
El llamado del alcalde de Chapala se suma al clamor de especialistas, habitantes y organizaciones que ven en este proyecto una amenaza existencial. La presión ahora está en el Poder Judicial, que tendrá en sus manos la decisión de proteger uno de los ecosistemas más importantes del país o permitir su degradación irreversible.
Aprobación de los nuevos valores catastrales durante la sesión ordinaria del 29 de agosto. Foto: Captura de Pantalla.
D. Arturo Ortega.- Con 10 votos a favor y tres en contra, el Cabildo de Chapala aprobó el pasado 29 de agosto un aumento en las tablas de valores catastrales que entrará en vigor en 2026, lo que derivará en un incremento del impuesto predial para los contribuyentes del municipio.
La propuesta, impulsada por el Consejo Técnico Municipal de Catastro y ratificada por mayoría del pleno, fue respaldada por regidores de Acción Nacional, mientras que ediles de Morena y Movimiento Ciudadano votaron en contra al considerar que el ajuste representa una carga excesiva para los habitantes.
Los incrementos aprobados
De acuerdo con la síndico municipal, Lilia Alvarado Macías (PAN), los nuevos valores tendrán un tope máximo del 12% en predios urbanos con un valor superior a 2 millones de pesos y un 8% en predios rústicos.
La funcionaria aseguró que el incremento será progresivo y que se incluyeron “candados” en la Ley de Ingresos 2026 para evitar aplicar el aumento original del 35% propuesto en las cartas catastrales.
“Sí coincidimos en que era un aumento excesivo, pero acordamos poner límites en la Ley de Ingresos. De este modo el impacto será gradual y no mayor al 12% en predios urbanos de alto valor ni al 8% en predios rústicos”, explicó Alvarado durante la sesión.
Oposición y críticas
El regidor de Morena, Juan de Dios García Velasco, se manifestó en contra al señalar que los costos de construcción en Chapala ya son más elevados que en municipios vecinos como Jocotepec o Ixtlahuacán de los Membrillos.
“Una licencia de construcción de 150 metros aquí cuesta alrededor de 39 mil pesos, mientras que en Jocotepec vale 21 mil y en Ixtlahuacán apenas 12 mil 900. Estamos muy excedidos, lo que limita a las familias para edificar su patrimonio y frena la derrama económica local”, apuntó García Velasco.
En la misma línea, el regidor morenista Celso Nava Aldana criticó que el aumento “violenta el principio de progresividad” previsto en la Constitución, pues no se trata de ajustes graduales sino de incrementos abruptos.
“Debemos ser conscientes de que representamos a los ciudadanos, quienes al final de cuentas son los que pagarán. Estoy de acuerdo en que haya incrementos, pero deben respetar la proporcionalidad y la equidad tributaria”, sostuvo.
Nava advirtió que el fenómeno de gentrificación en Ajijic ya obliga a habitantes originarios a mudarse a delegaciones más accesibles, por lo que aplicar mayores cargas fiscales puede agravar la situación.
Votación final
Tras poco más de 15 minutos de debate, el acuerdo fue aprobado con 10 votos a favor y 3 en contra. Los regidores que se opusieron fueron Juan de Dios García Velasco y Celso Nava Aldana, ambos de Morena, así como Karla Monserrat García García, de Movimiento Ciudadano.
La ratificación será turnada al Congreso del Estado de Jalisco, que deberá avalar las tablas de valores catastrales para su publicación oficial y entrada en vigor en 2026.
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