El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero. Foto: FGR.

Redacción.– El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero no cree que las autoridades municipales y estatales no estuvieran enteradas de lo que ocurría en Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.

 Durante una conferencia de prensa reciente, Gertz Manero calificó el hallazgo de crematorios clandestinos y fosas comunes en el lugar como un tema «muy crítico y grave», subrayando la necesidad de esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.

El rancho, presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue descubierto por colectivos ciudadanos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas. En el sitio se encontraron restos humanos calcinados, prendas de vestir y otros objetos personales, lo que ha generado conmoción a nivel nacional. 

Según Gertz Manero, resulta «increíble» que las autoridades locales no estuvieran al tanto de estas actividades, dado el impacto y la magnitud de los crímenes cometidos.

El Fiscal General destacó que el 95% de los delitos en México son del fuero común, lo que implica que las autoridades locales tienen la responsabilidad principal de prevenir y combatir este tipo de actividades. 

Sin embargo, también señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) llevará a cabo una investigación exhaustiva para determinar si el caso puede ser atraído al ámbito federal. 

«No podemos permitir que una situación de esta naturaleza quede en algún tipo de confusión», afirmó Gertz Manero.

El hallazgo en Teuchitlán pone de manifiesto la crisis de desapariciones en Jalisco, estado que registra más de 15 mil casos desde 2018. Gertz Manero enfatizó la importancia de investigar no solo a los responsables directos, sino también a quienes pudieron haber facilitado o permitido estas actividades. 

«Los graves problemas de la delincuencia organizada no nacen de la nada; nacen y crecen de los problemas locales», concluyó el Fiscal.

Este caso ha generado un intenso debate sobre la eficacia de las autoridades locales y estatales en la lucha contra el crimen organizado, así como sobre la necesidad de una mayor coordinación entre los distintos niveles de gobierno para abordar esta problemática de manera integral.