ABIGAIL A. CORREA CISNEROS.- Recién dieron a conocer que en América Latina los activistas en favor del medio ambiente siguen corriendo peligro frente a intereses de industrias extractivas, agroindustria y crimen organizado. El informe de Global Witness dice que al menos 120 activistas fueron asesinados o desaparecidos en 2024, de estos 18 fueron en México, Guatemala con 20 casos y Colombia encabeza la lista con 48 asesinatos. Esto indica que las garantías que afirma el gobierno que tiene con las comunidades originarias son nulas. El año pasado ONGs recordaron a las autoridades mexicanas que debían cumplir con los compromisos internacionales adquiridos para salvaguardar el medio ambiente, esto en el marco de la construcción del Tren Maya, la cual señalaron por devastar la selva y afectar cenotes.
En México quienes más defienden la tierra, el agua y los recursos naturales son las mujeres indígenas. Durante el histórico Grito de Independencia de este 15 de septiembre por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum tras 215 años de hacerlo los hombres, se reconoció a las heroínas de la historia, en sus redes destacó: «En el 215 Aniversario del Grito de Independencia, hacemos historia porque llegamos todas: Josefa Ortiz Téllez Girón, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, Manuela Molina, las heroínas anónimas y las mujeres indígenas. ¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria!». Muchas siguen cuestionando si realmente llegamos porque sobran las demandas por parte de las madres buscadoras, de las guardianas de la tierra también.
La organización civil EDUCA Servicios de una Educación Alternativa A. C., recabó datos que muestran que desde 2018 al menos 252 activistas ambientales fueron agredidos por defender la tierra y el medio ambiente. Hablan de 225 homicidios y ejecuciones extrajudiciales y 27 desapariciones. Oaxaca es la entidad en donde más defensores fueron asesinados con 58 casos; le sigue Guerrero con 39; Michoacán con 21; Chiapas con 17 y Puebla, Morelos y Chihuahua con 10 homicidios. Jalisco y Sonora con 8 casos; Veracruz con 7; el Estado de México con 6; Hidalgo, Guanajuato y Baja California con 5; Ciudad de México con 4; Zacatecas con 3; San Luis Potosí y Sinaloa con 2 y, finalmente, Campeche, Tlaxcala, Aguascalientes, Colima y Baja California Sur con un asesinato por cada entidad.
Las mujeres no sólo se enfrentan a este tipo de amenazas, sigue firme el machismo y la discriminación de género, les impiden todavía formar parte de espacios para la toma de decisiones sobre sus territorios, aunque en sus comunidades ellas representan la resistencia, siguen siendo víctimas de amenazas, hostigamiento y asesinato, sin que se les brinde la protección adecuada.
El gobierno debe promover leyes para su protección y proteger también a las comunidades, territorios y recursos ambientales que son asediados por empresas y del crimen organizado. Con el presupuesto que propone el gobierno para el año que viene, las Áreas Naturales Protegidas quedan más vulnerables, habría una reducción de recursos que impedirían la realización de los estudios necesarios para elaborar un Programa de Manejo que establezca lineamientos para la conservación de las 91 áreas que carecen de esta herramienta, estos son instrumentos rectores de planeación y regulación que establecen cuáles son las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración de estas áreas y se establece en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y en el artículo 3° del Reglamento en materia de ANP.
DESDE EL CENTRO
En agosto pasado las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afore) obtuvieron plusvalías para los trabajadores por el orden de 143 mil 606 millones de pesos, según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). En lo que va del año las instituciones que operan las Afore reportan plusvalías acumuladas por 752 mil 72 millones de pesos, una cifra sin precedente que es 35 por ciento superior a los 556 mil 800 millones de pesos de igual lapso de 2024.
Jalisco lidera el país con el número de cuerpos encontrados en fosas clandestinas. Foto: Cortesía.
Con información de Sin Embargo.- En un informe que abarca casi dos décadas de horror, el Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana ha documentado 4 mil 92 fosas clandestinas descubiertas en México entre enero de 2006 y mayo de 2024. De ellas han sido exhumados al menos 6 mil 900 cuerpos, revelando una crisis humanitaria y forense que continúa agudizándose.
La investigación muestra que casi la mitad de estas fosas se concentran en Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas, mientras que Jalisco, Sinaloa, Chihuahua y Guerrero destacan por el número de cuerpos recuperados. La evidencia señala que Jalisco no sólo lidera en cifras, sino también en el grado de brutalidad.
“El Rancho Izaguirre no es un caso aislado; tristemente hay varios campos de exterminio en México”, lamentaron el 28 de marzo pasado investigadoras del PDH durante la jornada “Desaparición de personas, sitios de exterminio y fosas clandestinas en México”, organizada por la Dirección General de Vinculación Universitaria. En ese evento se reveló que, entre 2020 y 2024, se identificaron siete campos de exterminio, seis crematorios clandestinos y tres fosas utilizadas de manera reiterada.
La entidad más golpeada por esta tragedia es Jalisco, descrita por académicos y colectivos como una «fosa abierta». En las últimas tres administraciones estatales —encabezadas por Emilio González Márquez (PAN), Aristóteles Sandoval (PRI) y Enrique Alfaro (MC)— la crisis humanitaria se profundizó, sin una respuesta institucional adecuada.
Durante el primer año de Alfaro, las morgues del estado reportaban 824 cuerpos sin identificar. Al cierre de su gestión, en noviembre de 2024, la cifra se había quintuplicado: 4 mil 771 personas fallecidas sin identificar (PFSI) seguían en poder de las autoridades, entre cadáveres, segmentos, osamentas y lotes óseos.
En el actual gobierno del también emecista Jesús Pablo Lemus Navarro, el horror persiste. En julio de 2025, una excavación forense realizada en la colonia Las Agujas, a unos metros del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, dio como resultado el hallazgo de 249 bolsas con restos humanos. El hallazgo fue impulsado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que desde febrero advertía de restos encontrados por trabajadores de construcción en la zona.
Los casos documentados en Jalisco durante la última década son espeluznantes. Entre noviembre y diciembre de 2013, 67 cuerpos fueron exhumados en la orilla del Río Lerma, en La Barca. Un mes y medio después, se sumaron 7 cadáveres más en el mismo sitio. Paralelamente, en Zapopan se localizaron 17 cuerpos, la mayoría muertos por asfixia. Sólo en esos dos casos, en un lapso de dos meses, se contabilizaron 91 cuerpos.
En febrero de 2014, en Tlajomulco, se hallaron 19 restos humanos en fosas cercanas a La Calera, mismos que datan del sexenio de González Márquez, cuando surgió y se fortaleció el Cártel Jalisco Nueva Generación, que tras la muerte de Nacho Coronel en 2010 se convirtió en un poder dominante en la entidad.
En 2020, Jalisco lideraba a nivel nacional en cadáveres exhumados. La fosa localizada en el fraccionamiento Los Sabinos, en El Salto, albergaba 115 cuerpos, de los cuales sólo 30 habían sido identificados hasta noviembre de ese año.
La crisis de las fosas está estrechamente ligada a una crisis forense nacional. Entre 2019 y 2023, ingresaron a las morgues del país 34 mil 699 cuerpos sin identificar, de los cuales más de 72 mil permanecían en estado de abandono hasta septiembre de 2024, según la plataforma A dónde van los desaparecidos.
Estos cadáveres, olvidados por el sistema, son el rostro de un Estado rebasado por la violencia y la impunidad. Muchos terminan en fosas comunes, sin haber sido identificados ni reclamados.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas da cuenta de 120 mil 355 personas desaparecidas entre marzo de 2022 y marzo de 2025. Un número indeterminado de ellas podría encontrarse en alguna morgue, fosa clandestina o refrigerador estatal que permanece cerrado.
La violencia homicida es otro indicador de la gravedad. De acuerdo con cifras del INEGI y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad:
En total, más de 476 mil personas asesinadas en tres gobiernos, mientras las fosas clandestinas, los cadáveres sin nombre y los desaparecidos siguen aumentando.
El dolor y la impunidad continúan marcando el rostro de México. Mientras el número de desaparecidos crece y las fosas clandestinas se multiplican, la crisis forense, la negligencia institucional y la violencia estructural muestran un país fracturado, donde la búsqueda de justicia se convierte en un acto de resistencia civil.
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