Desapariciones

ONU investigará las desapariciones forzadas en México

Sede de la ONU, en Nueva York Estados Unidos. Foto: Cortesía. 

Redacción.- En un hecho sin precedentes, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) activó el procedimiento estipulado en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Este mecanismo, reservado para casos graves, busca abordar la crisis de desapariciones forzadas en México, que han sido señaladas como sistemáticas y generalizadas.

El artículo 34 permite al Comité solicitar información urgente al Estado mexicano sobre la situación de las desapariciones y, si se confirma un patrón sistemático, escalar el caso ante la Asamblea General de la ONU. Según Olivier de Frouville, presidente del Comité, esta decisión responde a años de documentación y recomendaciones ignoradas por el gobierno mexicano. Desde 2021, el CED había identificado patrones sistemáticos de desapariciones en el país, recomendando la implementación de una Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones, medida que no se ha adoptado de manera efectiva.

“El comité recibió informaciones que indican que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática bajo jurisdicción de México”, declaró Olivier de Frouville.

La activación del protocolo ha generado reacciones inmediatas. El gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, rechazó categóricamente las acusaciones de que exista una política de Estado orientada a desaparecer personas. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que México mantiene una cooperación constante con el Comité y aseguró que responderá a la solicitud de información conforme a los mecanismos establecidos. Sin embargo, esta postura contrasta con las evidencias que han salido a la luz en la última década, incluyendo casos emblemáticos como Ayotzinapa.

Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil han celebrado la activación del artículo 34 como un paso crucial para garantizar el acceso a la verdad y la justicia. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) calificó el hecho como «inédito» y destacó su importancia para las familias que buscan a sus seres queridos. En un comunicado, el CEPAD subrayó que este reconocimiento internacional refleja la gravedad de la situación en México.

El Comité también dictó medidas cautelares relacionadas con casos específicos, como la protección de fosas comunes en el Rancho Izaguirre, Jalisco, señalado como centro de exterminio operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Estas medidas incluyen el resguardo del predio y la participación de familiares en las investigaciones.

La activación del artículo 34 marca un hito en la lucha contra las desapariciones forzadas y pone a México bajo el escrutinio internacional. Aunque el procedimiento no implica sanciones, busca que la Asamblea General considere medidas adecuadas para abordar la situación, como mecanismos de vigilancia y apoyo en la búsqueda de justicia.

Este desarrollo plantea interrogantes sobre el compromiso del gobierno mexicano con los derechos humanos y la implementación de políticas efectivas para combatir este flagelo. Mientras tanto, las familias de los desaparecidos y las organizaciones civiles esperan que este reconocimiento internacional impulse cambios reales y sustanciales en la búsqueda de justicia y verdad.

Según datos oficiales, en el país hay 127.018 desaparecidos, más de 5,600 fosas clandestinas, se superan los 72,000 cuerpos sin identificar en las morgues y existe 99 por ciento de impunidad en los delitos de desaparición forzada.