Aprobadas por mayoría las muy debatidas medidas contra la corrupción en los tribunales. Foto: Reuters

Emily Alison. – La polémica reforma judicial que ha propuesto el gobierno de AMLO fue sometida a una larga revisión y votación en la Cámara de Diputados de México, el órgano legislativo que es similar a la Cámara de Representantes en EE.UU. Después de reunirse y debatir durante 17 largas horas el martes y el miércoles, la reforma obtuvo el 73% de los votos a favor de la aplicación de la revisión constitucional. El Senado se reunirá para debatir y votar la propuesta de reforma el 10 de septiembre. Si la medida se aprueba en el Senado, se presentará al poder ejecutivo y López Obrador la convertirá en ley.

Durante el debate, hubo voces de protesta y también de apoyo. Representantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) presentaron su postura con playeras en las que se leía «la voz de la resistencia». Este grupo se opone a las acciones que perturben el funcionamiento actual del Poder Judicial. En representación de la coalición Morena, Ricardo Monreal pronunció un apasionado discurso en el que afirmó que el pueblo de México está harto de la corrupción, la dictadura, el tráfico de influencias y los conflictos de intereses. Los partidarios de la reforma afirman que actualmente los tribunales aplican y mantienen los privilegios de los ricos y la élite. Los discursos continuaron hasta las cuatro de la madrugada, cuando finalmente se procedió a la votación.

Durante al menos 30 años se ha discutido y debatido en México el tema de la corrupción judicial. Modificar las estructuras de toda una rama del gobierno es un objetivo de enormes proporciones. AMLO ha aprovechado el breve lapso, tras la toma de posesión de la recién electa legislatura de mayoría de Morena y antes del ascenso de Sheinbaum a la presidencia el 1 de octubre, para ejercer su autoridad y seguir adelante con su propuesta de reforma. En respuesta, estallaron protestas y huelgas. Estudiantes y trabajadores del sistema judicial salieron a las calles para oponerse a esta propuesta.

La reforma judicial exige que los jueces sean elegidos por votación popular. Muchos jueces siguen ocupando cargos que les fueron otorgados bajo el sistema de partido único del siglo anterior. Sus defensores argumentan que los cargos designados facilitan el nepotismo, el amiguismo y la influencia indebida. AMLO afirma que estar sujetos a elecciones populares motivará a los jueces a ser más sensibles a las preocupaciones del público mexicano. La reforma incluye medidas para que los tribunales sean más ágiles y eficientes y para educar y preparar a los jueces para que sean defensores equilibrados del público y de los derechos humanos. También se hace hincapié en la necesidad de proteger a las mujeres contra la violencia y el acoso sexual. 

El número de jueces del Tribunal Supremo se reducirá de 11 a nueve. El cargo de presidente del Tribunal Supremo rotará cada dos años, y se establecerán límites de mandato de 12 años para los jueces. Se eliminará la pensión vitalicia de los jueces y se sustituirá por una indemnización proporcional a la de otros trabajadores: tres meses de sueldo y 20 días de paga por cada año servido. 

Alrededor del 80% de los secretarios, funcionarios y trabajadores del sistema judicial seguirán siendo los mismos. Serán los jueces con mayor poder e influencia los que se verán afectados. 

Los críticos de esta reforma expresan su preocupación por el tiempo y la inversión necesarios para convertir el sistema judicial de su configuración actual. Además, afirman que los jueces recién elegidos podrían verse sometidos a la influencia del crimen organizado y de intereses adinerados. La complejidad de las votaciones es otra cuestión que se ha planteado. El público puede encontrarse con largas listas de nombres desconocidos sin tener claro quién puede representar mejor sus intereses. Los embajadores en México de Estados Unidos y Canadá, así como intereses empresariales en México, han expresado su preocupación de que esta reforma pueda resultar en inestabilidad económica, debilitando el peso y desalentando la inversión extranjera. Con frecuencia se expresa la preocupación de que el partido Morena elija jueces que reflejen la plataforma de su partido, sesgando los tres poderes del gobierno a favor de sus iniciativas. 

No hay duda de que esta amplia reforma judicial es ambiciosa y desafiante.  Si esta medida se aprueba en el Senado el martes 10 de septiembre, como se espera, AMLO firmará la reforma constitucional como ley. Cuando Claudia Sheimbaum asuma la presidencia el 1 de octubre, continuará supervisando el proceso de reforma judicial. Los avances de la reforma serán revisados formalmente en 2025 y 2027.