Este martes, el fiscal general Alejandro Gertz informó que finalmente han tomado el control del caso durante la conferencia mañanera. Foto: Captura de pantalla.

Redacción.- El Rancho Izaguirre, señalado como un sitio utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para llevar a cabo secuestros, torturas y asesinatos en Teuchitlán, se ha convertido en el epicentro de una confrontación política entre fiscalías. Mientras las autoridades se deslindan responsabilidades, la investigación permanece estancada.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el lunes que no ofrecería más detalles sobre el caso hasta que la Fiscalía General de la República (FGR) asumiera la indagatoria. Este martes, el fiscal general Alejandro Gertz informó que finalmente han tomado el control del caso, tras una semana de disputas burocráticas y acusaciones cruzadas con el Ministerio Público de Jalisco.

Desde septiembre de 2024, tras un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y sicarios en el rancho, la Fiscalía de Jalisco había encabezado las investigaciones. Sin embargo, la carpeta fue entregada a la FGR el 20 de marzo de 2025, quedando en un limbo mientras se decidía si se atraería oficialmente el caso.

Negligencias e inacción en el Rancho Izaguirre

El rancho, descrito por buscadores y forenses como un “centro de exterminio”, muestra evidencia alarmante: restos calcinados y ropa abandonada. A pesar de la gravedad del hallazgo, las autoridades han sido criticadas por la falta de peritajes oportunos y por un aparente abandono del sitio durante meses.

Mientras tanto, la FGR anunció que su investigación abordará el crimen de delincuencia organizada, algo que excede las competencias de las fiscalías estatales. No obstante, se han señalado omisiones por parte de ambas instituciones. Testimonios de colectivos de búsqueda y antiguos funcionarios subrayan que los indicios debieron haber sido procesados desde septiembre, para evitar la contaminación de pruebas cruciales.

Implicaciones políticas y sociales

La gestión del caso ha evidenciado tensiones políticas entre los gobiernos estatal y federal, especialmente en un contexto donde la crisis de desapariciones en México supera las 125,000 personas, de las cuales Jalisco lidera con más de 15 mil casos. A pesar de las promesas de priorizar el caso, la respuesta ha sido lenta y ha alimentado la frustración de los familiares de víctimas, quienes exigen justicia y transparencia.

Con el control del caso en manos de la FGR, queda por verse si la investigación avanzará de manera más diligente o si continuará enfrentando obstáculos burocráticos y políticos.