El secretario de Seguridad Omar García Harfuch, durante la conferencia mañanera del lunes 24 de marzo. Foto: Captura de Pantalla.

Redacción.- El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha confirmado que el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, fue utilizado como un centro de reclutamiento forzado, tortura y asesinatos, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este rancho, que operaba como un campo de entrenamiento y exterminio, ha sido el centro de una investigación que ha sacudido a la sociedad mexicana.

Según las declaraciones de Harfuch durante la conferencia mañanera de este lunes, las víctimas eran atraídas mediante ofertas laborales falsas publicadas en redes sociales y páginas web de las cuales ya se han anulado 39. 

Estas promesas de empleo, que ofrecían salarios atractivos, resultaban ser una trampa para llevar a las personas al rancho, donde eran sometidas a un entrenamiento forzado. Durante este proceso, las víctimas eran incomunicadas y en muchos casos, torturadas. Aquellos que intentaban escapar o se resistían al adoctrinamiento eran asesinados.

La información del caso se confirmó luego de la detención y declaraciones de José Gregorio «N», alias «El Lastra», identificado como uno de los principales responsables del reclutamiento y las operaciones en el rancho. 

Su captura, acontecida el 21 de marzo en la ciudad de México, ha permitido a las autoridades obtener información crucial sobre las actividades del CJNG en esta región. Además, se han encontrado restos humanos, prendas de vestir y otros objetos personales en el lugar, lo que confirma la magnitud de los crímenes cometidos.

A pesar de las declaraciones del capturado y las evidencias encontradas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha tratado de evitar el concepto “campo de exterminio” que la prensa nacional ha difundido, argumentando la falta de evidencias científicas que la Fiscalía General de la República (FGR) aún no ha recabado para que se corroboren los hechos acontecidos en dicho predio.

El secretario también destacó las omisiones en las investigaciones iniciales realizadas por las autoridades estatales. Estas fallas han llevado a que la FGR asuma el caso, con el objetivo de garantizar una investigación exhaustiva y transparente, sin embargo; el caso y el predio aún está en manos de la Fiscalía de Jalisco, según declaraciones de Sheinbaum Pardo. 

Por otra parte, la sociedad civil y los colectivos de búsqueda han sido invitados a participar en el proceso, promoviendo la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas.

Este caso ha reavivado el debate sobre la crisis de desapariciones en México y la necesidad de una respuesta coordinada entre los diferentes niveles de gobierno. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, ha enfatizado el compromiso de su administración para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

No obstante, la confirmación del secretario de Seguridad subraya la urgencia de abordar la violencia y la impunidad que afectan a la región, mientras las familias de las víctimas exigen justicia y el fin de estas prácticas atroces.