El alcalde de Jocotepec, José Miguel Gómez López, tomó protesta a su esposa, Dilia Ibarra Espinoza, como presidente del DIF.
D. Arturo Ortega (Jocotepec, Jal).- A casi un mes de retraso en la entrega a recepción de la administración 2015-2018 del Sistema Municipal para el Desarrollo de la Familia (DIF) Jocotepec, el alcalde de Jocotepec, José Miguel Gómez López, tomó protesta a su esposa, Dilia Ibarra Espinoza, como presidente y a Janeth Casillas como directora de la Organización Publica Descentralizada (OPD) el viernes 26 de octubre.
El alcalde de Jocotepec expresó que este retraso se debió a que la OPD de la administración pasada no contaba con la administración contable del último año, por parte de la persona encargada de la contabilidad.
En este sentido el alcalde descartó de la responsabilidad a la presidente, Leticia Chacón Olmedo, quien al igual que su esposa Dilia no son políticos y dan la cara para dar apoyo social y respaldar al presidente con esta labor, aunque no la entienden.
José Miguel dice que contempla romper el protocolo establecido y desaparecer la figura de la presidente del DIF, debido a que su esposa ni es política y reconoce que no sabe de administración.
El presidente municipal calificó de injusto e incorrecto que las esposas de los alcaldes asuman posiciones políticas que no decidieron o no les interesaban y que de manera obligada tomaron el cargo.
José Miguel detalló que en este caso, su esposa “es odontóloga. Le encanta la cultura, el diseño, la imagen y los eventos”, y anunció que respetaría su decisión en caso de que decida retirarse del cargo, puesto que él como político daría la cara porque buscó el cargo para encabezar un proyecto político.
José Miguel calificó de injusto que el cargo de presidente del DIF sea honorífico y que las mujeres en el cargo no reciban un solo pesos por tener que dejar a sus hijos para tener que servir.
El primer edil aseguró que sin embargo, su esposa se va a dar la oportunidad de estar al frente de la institución para hacer las cosas bien y en caso de que decida retirarse, sería él quien daría la cara por la OPD.
El presidente concluyó que durante la entrega a recepción del DIF se dieron todas las facilidades a la administración pasada para que se llevara a cabo el trabajo contable, aunque reconoció que se trató de un desajuste.
Manuel Jacobo (Chapala, Jal).- Debido a que las gestiones se realizaron en la administración de Javier Degollado, el actual presidente municipal, Moisés Alejandro Anaya Aguilar, inició la ejecución de la calle Lázaro Cárdenas en su segunda etapa después de haber quedado suspendida por más de casi un mes.
La obra del programa HABITAT es por 5 millones 109 mil 716 pesos, incluye desde la calle Cuauhtémoc hasta calle Colina de las Chalanas en la cabecera municipal y debe estar terminada física y financieramente el 31 de diciembre.
La readecuación incluye 2 mil 857 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico (loza de rodamiento), cambio de redes hidrosanitarias (agua potable y drenaje), realización de banquetas nuevas, 11 luminarias y se plantarán árboles de olivo negro.
La obra realizada dará continuidad con el trabajo iniciado en 2016 y que incluyó desde la calle Cuauhtémoc hasta la Emiliano Zapata. Ésta tiene como objetivo primordial hacer un desahogo en el tráfico que actualmente existe sobre el Libramiento Chapala-Ajijic.
El director de comunicación social, Felipe Montes de Oca, informó que la obra había pasado de largo y les había llegado el requerimiento, pero al entrar la nueva administración se dieron cuenta de esto y alcanzaron a rescataron el recurso para poderlo implementar.
Foto cortesía: La falta de espacios en el panteón de Jocotepec ha provocado que la ciudadanía opte por enterrar a sus difuntos entre los caminos.
D. Arturo Ortega (San Juan Cosalá).- El Ayuntamiento de Jocotepec busca la adquisición de un terreno que sirva para panteón en la comunidad de San Juan Cosalá debido a que ya no hay espacio para enterrar a una sola persona más.
El jefe de cementerios del municipio, Carlos De Santiago Hernández, informó que hasta el momento se contempla la adquisición de un terreno aledaño al panteón que se ubica en el lado norte.
Sin embargo, las negociaciones aún no inician debido a que no han identificado a la persona propietaria de este predio, cuyas dimensiones se desconocen; pero podría representar una solución para que la gente de San Juan tenga un espacio donde enterrar a sus seres queridos.
En este punto se planea ofrecer a los propietarios el intercambio del terreno por uno en alguno de los fraccionamientos que se ubican en la delegación y que son patrimonio del ayuntamiento.
La falta de espacio en el panteón sigue siendo uno de los principales problemas que aquejan a los pobladores de San Juan Cosalá.
Debido a esta saturación y a que nunca se hizo un plano para identificar los espacios comunes (caminos), las personas con necesidad de enterrar a sus difuntos construyen tumbas en los caminos, obstruyendo el paso hacia las demás tumbas.
Otro de los problemas al que se enfrenta es que las personas con propiedades en el cementerio no respetan los metros que les fueron asignados por la delegación y se aprovechan a la hora de construir sus tumbas y toman metros de más.
Esto ha provocado que los dueños de tumbas afectadas y a los que se les ha obstruido el paso tengan discusiones entre sí o hasta en ocasiones llegar a golpes con el encargado del panteón, al momento de llamarles la atención por la irregularidad que están cometiendo al construir tumbas más grandes de lo que les fue permitido.
El ayuntamiento, para remediar un poco la saturación, construyó el año pasado 80 urnas para cenizas, de las cuales no se sabe cuándo estarán disponibles para ser adquiridas, ya que la obra fue dejada a la mitad.
De momento, el jefe de panteones de Jocotepec informó que se planea concluir la obra una vez que se cuente con el presupuesto, aunque está consciente de que esto solo representará un paliativo ante el problema de la falta de espacio.
Redacción.- Con la finalidad de exigir mejoras a su plantel, así como recordar el ingreso de policías a su escuela hace 31 años, estudiantes de la Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo de Atequiza se manifestaron en Guadalajara el 6 de octubre.
El movimiento dio inició en el cruce de la Avenida Federalismo y Ávila Camacho, y se desplazó hasta llegar la Avenida Fray Antonio Alcalde. Al llegar a las puertas de la Torre de Educación, ubicada en la Avenida Alcalde, entregaron un pliego petitorio dirigido al Secretario de Educación Jalisco, Francisco Ayón López. Entre las demandas de los estudiantes están las peticiones para mejorar las problemáticas que suceden año con año en su plantel, así como mejores becas.
Las decenas de estudiantes que arribaron en once camiones provocaron el cierre temporal de algunas vialidades en la zona centro de Guadalajara, pero una vez entregaron sus peticiones se retiraron.
Redacción.- La Sala de Arqueología del Centro Cultural González Gallo (CCGG), en Chapala, reabrió sus puertas al público la mañana del 6 de noviembre.
La nueva sala presenta una serie de piezas que dan cuenta de la actividad humana en el lugar desde hace 13 mil años y hasta la época colonial.
Uno de los objetivos principales de la Sala de Arqueología es mostrar cómo las distintas culturas que han habitado en Chapala han coincidido en un constante culto al lago, con sus ofrendas y deidades, más allá de los recursos naturales que ofrece la naturaleza en este lugar, publicó en su cuenta de Twitter la Secretaria de Cultura.
La Sala de Arqueología del CCGG en Chapala está abierta al público de martes a sábado de las 10:00 a las 18:00 horas y domingos de las 10:00 a las 15:00 horas. La entrada es libre.
Por: Guillermo Correa Bárcenas
Todavía no inicia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y todo indica que la población rural del país se une en contra de una iniciativa de ley que lleva la bandera de combatir el latifundio. Las organizaciones que representan a las presuntas víctimas de lo que llaman un despojo anunciado porque significa continuar con la privatización de la tierra que llevó a cabo en 1992 Carlos Salinas de Gortari. La propuesta es del senador Ricardo Monreal Ávila quien la presentó en tribuna el pasado 23 de octubre. Desde entonces la reacción crece y se esparce por el país a través de grupos radicales e incluso de simpatizantes de AMLO, a lo que se debe agregar un sospechoso silencio de apoyo –el que calla otorga– de organizaciones que integran el Congreso Agrario Permanente (CAP) y la priista Confederación Nacional Campesina (CNC), poderosa central que atraviesa por sus peores momentos.
La iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena contempla la expedición de la Ley para el Desarrollo Agrario que es rechazada. El problema es que el senador Ricardo Monreal no ha podido convencer de las supuestas bondades o que las organizaciones de indígenas y campesinos no la han sabido leer. El asunto, afirman, obliga a recordar la puñalada salinista de hace 27 años contra el campo mexicano que –curiosamente, también contó con la complicidad del CAP y de la CNC– porque atentó contra la principal conquista de la Revolución Mexicana que fue el reparto de la tierra, pues al privatizarla para que se volviera a los tiempos de Porfirio Díaz acabó con hundir a los poseedores del grandísimo territorio rural que se considera todavía propiedad social y que abarca alrededor de 100 millones de hectáreas.
Dos años después de haberse modificado el artículo 27 de la Constitución se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y luego llegaron las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto que respaldaron todos los partidos políticos cuando aún no existía MORENA. Lo peor, señalan expertos y presuntas víctimas, está por venir si no se frena, advierten, la continuidad del despojo neoliberal que tanto denunció en campaña el próximo presidente de la República.
La iniciativa de Monreal consta de 86 cuartillas que tocan al ejido y a la comunidad –más de 30 mil núcleos agrarios–, es decir, a campesinos e indígenas. De aprobarse, derogaría a la actual Ley Agraria salinista.
En su Exposición de Motivos explica que busca el respeto a la dignidad humana a través de sus once títulos, diez de ellos vinculados al derecho agrario sustantivo y el último a la justicia agraria ante órganos jurisdiccionales. Propone reconocer al ejido y a la comunidad como la organización social y económica propietaria de tierras más representativa de la sociedad rural. Adelanta que por medio de un Fondo operado por la Secretaría de Agricultura se financiarán, cuidando el medio ambiente, actividades productivas en las tierras de uso común. Asimismo, se eliminarían obstáculos para recibir subsidios y créditos. Informa que habrá respeto a los derechos humanos y a las decisiones de las asambleas.
Aspecto importante es el relativo a las inversiones de particulares en ejidos y comunidades para contribuir al desarrollo nacional, a fin de promover una mayor participación y asociación en proyectos al valor comercial de las contraprestaciones, incluyendo la tierra, bienes distintos a ésta y la previsión de daños que garanticen la sostenibilidad del proyecto. A esta iniciativa tan prometedora se sumaron a MORENA, el PRI, PRD y PAN, lo que de inmediato provocó sospechas de parte de observadores políticos, expertos en derecho agrario y organizaciones del campo mexicano.
Y, en efecto, se ha encontrado que la llamada Ley Antilatifundio en el fondo no lo es y que, por el contrario, representa una amenaza contra la propiedad social y los pueblos campesinos e indígenas. La advertencia es de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el Movimiento Campesino Plan de Ayala del Siglo XXI, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena. Dicen que la propuesta constituye una regresión y una nueva amenaza para los derechos de los pueblos campesinos, que facilita el acceso de terceros a tierras y territorios de núcleos agrarios, que agiliza la implementación de las reformas neoliberales de Enrique Peña Nieto, sobre todo la energética.
Según sus argumentos: vulnera, impulsa medidas limitativas para los territorios indígenas, facilita la entrada de industrias extractivas; acelera la mercantilización de la tierra y el desconocimiento de las comunidades como sujetas de derecho. Aseguran que la actual Ley Agraria es la principal defensa con que cuentan frente a proyectos extractivos que generan despojo, destrucción de la tierra y el territorio, daños a la salud y al medio ambiente, además de la criminalización y asesinatos de quienes se oponen a ello. Acusan que el documento está diseñado bajo la misma lógica que impulso la contrarreforma agraria de 1992 de Carlos Salinas de Gortari.
El EZLN y el CNI se agregaron a la preocupación que provoca la iniciativa. Al pretendido despojo de sus recursos naturales, cuestionan por qué no se dan esas concesiones a los ejidos y comunidades o en todo caso la asociación con empresas del gobierno como PEMEX y la CFE. Su rechazo obedece a que consideran que está en juego la apropiación de minas, aguas, petróleo, gas, bosques, selvas y demás bienes nacionales; tierras de uso agropecuario y forestal. Todo, aseguran, pasaría finalmente a poder de las trasnacionales.
Su análisis lleva a las organizaciones a señalar que lo más peligroso es que pide la iniciativa que aporten sus tierras a inversionistas privados, que las transformen en acciones tipo T y que celebren contratos que impliquen el usufructo de los ejidos por terceras personas.
“Con esta iniciativa olvidan que las tierras las han obtenido los ejidatarios y comuneros después de una lucha armada, hace ya cien años, y que no sólo se usan para producir y explotar los recursos naturales que ahí existen. Son territorios donde vivimos, donde recreamos nuestras culturas y nuestra convivencia como comunidades y pueblos mexicanos”, expresan.
Critican que las asambleas de ejidatarios obtengan facultades de cambiar el destino de las tierras de uso común para asentamientos humanos, industrias de hidrocarburos y de energía eléctrica. Que unos cuantos se lleven las ganancias y ya sobreexplotadas las tierras sean abandonadas dejando en la miseria a sus dueños.
El movimiento campesino Plan de Ayala Siglo XXI —integrado por cientos de organizaciones que confían en Andrés Manuel López Obrador—anunció que mañana presentaran su contra propuesta para que en tres meses sea sometida a una consulta nacional. Como los otros grupos, señalan que lo de Monreal es inadmisible, que no corresponde a los planteamientos del presidente electo y que por ahí no va la transformación de México. En pocas palabras están en contra de que se abra un mercado de tierras, que se desarticule el ejido y se concentren poderes en algunas autoridades; cuando lo que se requiere es fomentar la organización agraria, fortalecer a los núcleos y solucionar -no incrementar- los conflictos agrarios en el país.
Cabe recordar que planes de asociar a empresarios con campesinos se ha intentado en varias ocasiones bajo el pretexto de modernizar el campo. Con Salinas de Gortari existió el proyecto Vaquerías con la participación de Gamesa y productores del estado de Nuevo León. Fue en 1990, comprendió 5 mil hectáreas y una inversión de 12 millones de dólares de entonces. Se aspiraba a replicarlo en otras 50 mil hectáreas pero el fracaso fue rotundo al demostrarse que no pueden convivir lobos (empresarios) con ovejas (campesinos e indígenas). Para colmo, en el inter la empresa mexicana fue vendida a la trasnacional Pépsico. La fórmula de que el rico pone el dinero, el pobre la tierra y su mano de obra para al final repartirse las utilidades por lo producción de alimentos tampoco prosperó en Chihuahua, Tamaulipas y Chiapas.
Pero lo de ahora es distinto porque a decir de las organizaciones está en riesgo lo que se encuentra en el subsuelo, como el gas que hay en estados como Puebla, Hidalgo y Veracruz. Por eso es de ninguna manera aceptan la Ley Monreal.
DESDE EL CENTRO
La guadaña de Ismael Hernández Deras, seudo dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), se enseñorea una vez más al despedir a empleados que tienen más de 30 y 40 años de antigüedad, con salarios que van de los tres a los ocho mil pesos al mes; mujeres y hombres, varios de ellos sin derechos laborales como es el IMSS, jefes de familia que han dado su vida en defensa de los campesinos. La ahora fantasmal CNC contrata personal de confianza, asistentes, choferes y otros, amigos de la dirigencia, con sueldos arriba de los 30 y 40 mil pesos mensuales. Inconformes, los despedidos se quejan de que en la Campesina hay un elevado personal que solo va a cobrar cada quincena, es decir aviadores protegidos por el impugnado líder cenecista.
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