El pasado nueve de julio, un grupo de ciudadanos se manifestó contra una cuadrilla de agentes de movilidad del estado, en San Juan Cosalá, para entregarles un pliego petitorio
Los ciudadanos se manifestaron por primera vez el pasado 9 de julio, en San Juan Cosalá.
Miguel Cerna. – Hasta que no se les conceda un módulo de expedición de licencias, verificaciones, placas y validación que permitan regularizar la situación de sus vehículos, un grupo de civiles -de más de 200 integrantes- bloquearán los operativos de vialidad implementados por agendes de tránsito del estado de Jalisco.
Los constantes retenes instalados en el municipio desde marzo motivaron la inconformidad de los ciudadanos, pues más que una estrategia de seguridad tiene fines recaudatorios, según señalan los civiles, dado que hasta 8 mil pesos llegan a pagar para poder liberar sus vehículos.
Fue el pasado martes nueve de julio, que los quejosos se manifestaron en San Juan Cosalá contra los oficiales de tránsito con la finalidad de dialogar y entregarles un oficio con sus peticiones; sin embargo, los agentes huyeron escoltados por la policía municipal.
En un video que circula en redes sociales, se aprecia cómo los ciudadanos siguen a bordo de sus vehículos a dos unidades y bloquean el paso en la carrera Chapala-Jocotepec con la finalidad de interceptarlas, por lo que automáticamente los agentes se retiraron.
Para los afectados, los contantes operativos en la Ribera de Chapala responden a una medida recaudatoria, pues saben que la gente no tiene la oportunidad de regularizar la situación de sus motocicletas y automóviles porque tienen que trasladarse hasta Ocotlán, Tizapán el Alto o a la Zona Metropolitana de Guadalajara.
“Yo gano mil 300 pesos a la semana, mi moto me salió en 7 mil pesos. Yo no me niego a sacarle placas, pero me mandan a validar hasta Guadalajara. Voy a perder mi día de 380 pesos, voy a pagar mil 600 pesos más aparte el flete por llevar mi moto, más a parte las placas; estamos hablando de unos 3 mil 500. A la hora de venderla no me van a dar ni dos mil pesos”, manifestó uno de los agraviados.
Los ciudadanos organizados también calificaron de excesivos los cobros realizados por la empresa de grúas, pues les llegan a cobrar hasta 3 mil 600 por cada día que permanecen en el corralón, además del arrastre de los transportes que rebasa los mil 500 pesos.
El establecimiento de un cobro fijo, la expedición de facturas y la determinación de un horario laboral, son las exigencias de los civiles, pues denunciaron que además de ralentizar la liberación de los vehículos, les cobran lo que quieren.
“Que hubiera una persona que estuviera atendiendo en las grúas porque en ocasiones llegas a querer hacer el trámite para sacar tu vehículo y no hay quien te atienda. Marcas a los números y te dicen en una hora, vuelves a marcar y te dicen en dos horas porque se cruza un servicio, esto lo que hace es que pase más tiempo y ellos tengan más chanza de cobrar más”.
Los quejosos también cuestionaron el porqué del monopolio de la empresa proveedora de grúas, además del desuso del corralón municipal que tiene tarifas más bajas, pero que permitiría que el dinero se quedara en el pueblo.
El principal reclamo de los inconformes, es el daño al bolsillo que han sufrido decenas de personas en el municipio con los operativos de movilidad, pues la estrategia ha afectado especialmente a obreros, repartidores y comerciantes, cuyo ingreso depende de la utilización de sus vehículos.
“Los retenes es puro recaudar dinero para el estado, no sé por qué José Miguel permite si está municipalizada (la dirección de Movilidad y Transporte) en el pueblo y el dinero que se está recaudando aquí, estoy de acuerdo en que se quede en el pueblo, no que se vaya a Guadalajara”.
Por su parte, el presidente municipal, José Miguel Gómez López, dijo comprender la molestia de la ciudanía, pero no justifica la obstrucción del trabajo de una autoridad, por lo que pidió no “engancharse”, que se respeten las leyes y utilicen las vías y mecanismos legales para manifestar sus inconformidades.
“Primero: están mal, esas personas que están tratando de retar, que están tratando de obstruir la impartición de justicia, yo sé que están molestos porque pudo o puede haber elementos de movilidad tanto municipales o estatales que rebasan sus atribuciones o que no tengan la conducción correcta o adecuada o el criterio para atender muchos casos. Y eso propicia el coraje y se ve lastimada la población, pero absolutamente ninguna de esas que acabo de mencionar, justifica para que un ciudadano obstruya el trabajo de una autoridad y mucho menos los rete o lo quieran agredir, porque ese ya es un delito y es grave”, declaró en entrevista.
En cuanto a la exigencia de los ciudadanos de poder acceder a las instituciones que permitan regularizar la situación de sus vehículos, Gómez López aseguró que está trabajando para que se instalen oficinas en el municipio que lo permitan, aunque la decisión no está en sus manos.
“Deben de asumir que quien compra un vehículo o motocicleta, que necesite cumplir lo que dicen los reglamentos, lo tienen que hacer. Si tuvo dinero para adquirirlo debe tener dinero para tenerlo en orden, no es negociable, el desconocimiento a la norma no exime su cumplimiento, tampoco pueden ellos decir ‘porque no está aquí en joco no voy a cumplir’; que entiendan esa situación y que comprendan que no está en mis manos”, concluyó.
El grupo de más de 200 ciudadanos anunció que se seguirán manifestando hasta que sus exigencias sean escuchadas por el gobierno municipal, tanto de la prestación de los servicios que requieren para regularizarse como el impedimento a los tránsitos del estado de realizar operativos en el municipio.
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