Habitantes de El Chante han manifestado su inconformidad contra la obra y el Ayuntamiento mediante carteles y protestas.
Héctor Ruiz Mejía.- Habitantes de la delegación de El Chante y el Gobierno Municipal de Jocotepec, regresaron al diálogo luego de los desencuentros provocados por las manifestaciones.
Tras el enojo y la indignación que provocó en los pobladores las obras de conexión de un desarrollo inmobiliario en construcción, ubicado en la calle Ribera del Lago #38, al pozo de agua que alimenta a la comunidad; se retomaron las negociaciones con las autoridades municipales.
Fue el pasado martes 14 de febrero cuando se reunieron ambas partes con la intención de mitigar las fricciones y socializar la obra ante la comunidad. A la junta no asistió el presidente municipal José Miguel Gómez López, en su representación estuvo el síndico municipal Carlos Alberto Zúñiga Chacón, así como los regidores Hugo García “Bombín” de FUTURO y José Manuel “Manolo” Haro Chacón del Partido Verde. Además de Nancy Pérez Lupercio, directora de Participación Ciudadana.
Finalmente, los representantes presentaron ante el pueblo una serie de documentos donde se exhibió la “legitimidad” de dicho desarrollo conocido como Ribera Capital Living S. A. P. I. de C. V.
El inmueble con características urbanísticas tipo habitacional plurifamiliar, con una densidad de 25 departamentos, distribuidos en una planta baja y cuatro pisos, resolvió sus dictámenes de factibilidad de manera aprobatoria, según la documentación entregada a la comunidad.
También, entre otros documentos como el dictamen de trazos, la licencia de construcción otorgada bajo el permiso 2521/2018-2021 y los comprobantes de pago que en total suman 718 mil 935 pesos en permisos.
Por último, tras dicha reunión los habitantes de El Chante llegaron a la resolución de que revisarán la información recibida, pero por el momento las obras seguirán frenadas.
Fueron las protestas realizadas por los ciudadanos los días 4 y 8 de febrero, donde al unísono de “el pueblo unido jamás será vencido” y pancartas con mensajes como “este pozo es nuestro”, lo que provocó el cierre del diálogo con el Ayuntamiento.
Precisamente, José Miguel Gómez López, sentenció a través de sus redes sociales que El Chante se quedaría ya sin el apoyo, “pese a que la constructora había hecho todo bien y que habría otras delegaciones que sí utilizarían el recurso”.
Al respecto, Felipe Aguilar Montes de Oca, director de Comunicación Social aseguró que, en caso de recibir una respuesta negativa ante el proyecto de renovación de redes hidrosanitarias por parte de la comunidad, ya se visualiza a la delegación de San Juan Cosalá como la posible beneficiaria.
Al menos 200 unidades de transporte denominado «Uber»bloquean vialidades en la cabecera municipal de Chapala. Foto: Jazmín Stengel.
Redacción.- El Gobierno de Chapala condenó mediante un mensaje en redes sociales los bloqueos que se registran la tarde del 12 de febrero en vialidades del municipio ribereño por parte de choferes de transporte denominado «Uber»
‘Este Gobierno no va a tolerar que gente de otros municipios vecinos generen colapsos viales y alteren la vida de las y los chapalenses, por motivos que están al margen de la ley’, se lee en el mensaje, donde se invita a los quejosos a denunciar: ‘Exhortamos a los particulares que si tienen quejas de las autoridades estatales que comparezcan ante estas o bien, presenten las denuncias ante las instancias correspondientes’.
En el mensaje se les recordó que es la Secretaría de Transporte (Setran) del Estado de Jalisco, la única facultada para emitir permisos y regularizar a los prestadores de servicio de traslado de plataformas o Empresas de Redes de Transporte.
«Respetamos el derecho a manifestarse, sin que este derecho invada el derecho de los demás habitantes», puntualiza el comunicado oficial.
Y es que, chóferes de transporte denominado «Uber» se manifestaron esta tarde del 12 de febrero por segunda ocasión en la cabecera municipal de Chapala, debido a presuntos abusos de autoridad, robo y extorsión por parte de elementos de la policía del Estado, por lo que piden a la autoridad municipal retire los patrullajes de los mismos en la zona.
Fueron alrededor de 200 automóviles los que en dicha fecha del 12 de febrero -alrededor de las 3pm- cerraron por varios minutos la Avenida Hidalgo, en su cruce con Morelos, en la cabecera municipal de Chapala, para luego tomar carretera Chapala-Jocotepec y dirigirse rumbo al pueblo Mágico de Ajijic.
En la manifestación presuntamente participaron choferes de transporte denominado «Uber» de Chapala, Jocotepec e Ixtlahuacán de los Membrillos.
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En el video la periodista Jazmín Stengel graba el momento en que los transportistas se retiran del lugar de la manifestación.
Redacción.-Choferes de transporte denominado «Uber» se han manifestado por segunda ocasión en la cabecera municipal de Chapala, debido a presuntos abusos de autoridad, robo y extorsión por parte de elementos de la policía del Estado, por lo que piden a la autoridad municipal retire los patrullajes de los mismos en la zona.
Fueron alrededor de 200 automóviles los que este 12 de febrero -alrededor de las 3pm- cerraron por alrededor de una hora la Avenida Hidalgo, en su cruce con Morelos, en la cabecera municipal de Chapala, para luego tomar carretera Chapala-Jocotepec y dirigirse rumbo al pueblo Mágico de Ajijic.
En la cabecera municipal de Chapala, el bloqueo del tránsito también afectó el tráfico en la principal Avenida de Chapala, la Francisco I. Madero. ¡Fuera los estatales! Gritaron al unísono los quejosos afuera del edificio del Ayuntamiento de Chapala. Este medio estuvo presente en la manifestación, sin embargo los manifestantes se negaron a realizar declaraciones.
La primera protesta que se dio el 7 de febrero con 30 transportistas, frente al cuartel de la policía del Estado, instalado en el Parque de la Cristianía, ubicado al oriente de la cabecera municipal de Chapala, ha crecido en número de manifestantes.
En esta segunda ocasión fueron alrededor de 200 unidades las que salieron a la calle a manifestarse a diferencia de las 30 unidades que protestaron la primera ocasión.
Después de esta segunda manifestación en Chapala, algunos de los transportistas se reunieron con el coordinador de asesores del Ayuntamiento de Chapala, Juan Carlos Pelayo Pelayo, quien los invitó a denunciar al Ministerio Público las presuntas extorsiones por parte de elementos de la policía del Estado.
Pelayo Pelayo les pidió presentar pruebas de la acusación, pero les aclaró que estaba fuera de las facultades del gobierno municipal pedirle a la policía del Estado que deje de patrullar las calles del municipio. «Chapala también es territorio de Jalisco», espetó el funcionario público, se le oye decir un un vídeo publicado en redes sociales por la cuenta de Facebook: Reporteros Anónimos.
Las protestas tienen su origen en que presuntamente elementos de la policía del Estado han despojado de dinero en efectivo a varios de los chóferes en sus conocidas «revisiones de rutina», las cuales se han intensificado durante las últimas tres semanas.
La gota que derramó el vaso fue el supuesto despojo de 7 mil 500 pesos a un chófer de las unidades conocidas popularmente como «Uber ‘s», ya que no están regularizadas, lo que las hace más vulnerables a este tipo de supuestos abusos de autoridad.
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Los ciudadanos se manifestaron por primera vez el pasado 9 de julio, en San Juan Cosalá.
Miguel Cerna. – Hasta que no se les conceda un módulo de expedición de licencias, verificaciones, placas y validación que permitan regularizar la situación de sus vehículos, un grupo de civiles -de más de 200 integrantes- bloquearán los operativos de vialidad implementados por agendes de tránsito del estado de Jalisco.
Los constantes retenes instalados en el municipio desde marzo motivaron la inconformidad de los ciudadanos, pues más que una estrategia de seguridad tiene fines recaudatorios, según señalan los civiles, dado que hasta 8 mil pesos llegan a pagar para poder liberar sus vehículos.
Fue el pasado martes nueve de julio, que los quejosos se manifestaron en San Juan Cosalá contra los oficiales de tránsito con la finalidad de dialogar y entregarles un oficio con sus peticiones; sin embargo, los agentes huyeron escoltados por la policía municipal.
En un video que circula en redes sociales, se aprecia cómo los ciudadanos siguen a bordo de sus vehículos a dos unidades y bloquean el paso en la carrera Chapala-Jocotepec con la finalidad de interceptarlas, por lo que automáticamente los agentes se retiraron.
Para los afectados, los contantes operativos en la Ribera de Chapala responden a una medida recaudatoria, pues saben que la gente no tiene la oportunidad de regularizar la situación de sus motocicletas y automóviles porque tienen que trasladarse hasta Ocotlán, Tizapán el Alto o a la Zona Metropolitana de Guadalajara.
“Yo gano mil 300 pesos a la semana, mi moto me salió en 7 mil pesos. Yo no me niego a sacarle placas, pero me mandan a validar hasta Guadalajara. Voy a perder mi día de 380 pesos, voy a pagar mil 600 pesos más aparte el flete por llevar mi moto, más a parte las placas; estamos hablando de unos 3 mil 500. A la hora de venderla no me van a dar ni dos mil pesos”, manifestó uno de los agraviados.
Los ciudadanos organizados también calificaron de excesivos los cobros realizados por la empresa de grúas, pues les llegan a cobrar hasta 3 mil 600 por cada día que permanecen en el corralón, además del arrastre de los transportes que rebasa los mil 500 pesos.
El establecimiento de un cobro fijo, la expedición de facturas y la determinación de un horario laboral, son las exigencias de los civiles, pues denunciaron que además de ralentizar la liberación de los vehículos, les cobran lo que quieren.
“Que hubiera una persona que estuviera atendiendo en las grúas porque en ocasiones llegas a querer hacer el trámite para sacar tu vehículo y no hay quien te atienda. Marcas a los números y te dicen en una hora, vuelves a marcar y te dicen en dos horas porque se cruza un servicio, esto lo que hace es que pase más tiempo y ellos tengan más chanza de cobrar más”.
Los quejosos también cuestionaron el porqué del monopolio de la empresa proveedora de grúas, además del desuso del corralón municipal que tiene tarifas más bajas, pero que permitiría que el dinero se quedara en el pueblo.
El principal reclamo de los inconformes, es el daño al bolsillo que han sufrido decenas de personas en el municipio con los operativos de movilidad, pues la estrategia ha afectado especialmente a obreros, repartidores y comerciantes, cuyo ingreso depende de la utilización de sus vehículos.
“Los retenes es puro recaudar dinero para el estado, no sé por qué José Miguel permite si está municipalizada (la dirección de Movilidad y Transporte) en el pueblo y el dinero que se está recaudando aquí, estoy de acuerdo en que se quede en el pueblo, no que se vaya a Guadalajara”.
Por su parte, el presidente municipal, José Miguel Gómez López, dijo comprender la molestia de la ciudanía, pero no justifica la obstrucción del trabajo de una autoridad, por lo que pidió no “engancharse”, que se respeten las leyes y utilicen las vías y mecanismos legales para manifestar sus inconformidades.
“Primero: están mal, esas personas que están tratando de retar, que están tratando de obstruir la impartición de justicia, yo sé que están molestos porque pudo o puede haber elementos de movilidad tanto municipales o estatales que rebasan sus atribuciones o que no tengan la conducción correcta o adecuada o el criterio para atender muchos casos. Y eso propicia el coraje y se ve lastimada la población, pero absolutamente ninguna de esas que acabo de mencionar, justifica para que un ciudadano obstruya el trabajo de una autoridad y mucho menos los rete o lo quieran agredir, porque ese ya es un delito y es grave”, declaró en entrevista.
En cuanto a la exigencia de los ciudadanos de poder acceder a las instituciones que permitan regularizar la situación de sus vehículos, Gómez López aseguró que está trabajando para que se instalen oficinas en el municipio que lo permitan, aunque la decisión no está en sus manos.
“Deben de asumir que quien compra un vehículo o motocicleta, que necesite cumplir lo que dicen los reglamentos, lo tienen que hacer. Si tuvo dinero para adquirirlo debe tener dinero para tenerlo en orden, no es negociable, el desconocimiento a la norma no exime su cumplimiento, tampoco pueden ellos decir ‘porque no está aquí en joco no voy a cumplir’; que entiendan esa situación y que comprendan que no está en mis manos”, concluyó.
El grupo de más de 200 ciudadanos anunció que se seguirán manifestando hasta que sus exigencias sean escuchadas por el gobierno municipal, tanto de la prestación de los servicios que requieren para regularizarse como el impedimento a los tránsitos del estado de realizar operativos en el municipio.
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