Acuerdos desde arriba
Por Santiago Baeza.
En un acto verdaderamente insólito, legisladores federales del oficialismo y la oposición, lograron ponerse de acuerdo e impulsar juntos una reforma de nuestra constitución. Lástima que no sea para traer un beneficio al país, sino para devolverles a los partidos y sus élites, atribuciones que atentan contra nuestra democracia y que ya habíamos eliminado. Para eso sí lograron ponerse de acuerdo.
Se trata de un paquete de iniciativas que buscan limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), bajo el argumento de que sus miembros se han extralimitado en sus funciones, ya que supuestamente invaden responsabilidades propias del poder legislativo.
Lo que en realidad se percibe, es el intento de casi todos los partidos por recuperar el control de nombramientos internos y candidaturas, en beneficio de sus cúpulas, para el reparto discrecional. No olvidemos que este tribunal ya ha actuado en contra de algunas decisiones irregulares que han pretendido tomar los grupos que controlan sus dirigencias y que incluso afectan a sus propios militantes.
Ya el tribunal electoral anuló una reforma a los estatutos del PRI, que buscaba extender el mandato de Alejandro “Alito” Moreno, actual presidente de ese partido. Lo mismo sucede con Morena. En el tribunal hay ya un proyecto que pretende anular una resolución del congreso nacional de ese partido, que busca extender el mandato de Mario Delgado, su dirigente nacional.
Los expertos que han analizado la propuesta, ven con mucha preocupación el hecho de que también se lesionen las llamadas “acciones afirmativas”, es decir, decisiones que permiten favorecer la participación de minorías de cualquier índole, ya que limita las posibilidades del tribunal para sancionar cualquier acto contrario a la inclusión. Recordemos que ya ha habido casos de políticos que se hacen pasar por homosexuales o indígenas para llegar a algún cargo público, con la complicidad de sus dirigencias.
Por tratarse de una reforma a nuestra constitución, se requiere la mayoría calificada, es decir, dos terceras partes del total de diputados. Un número difícil de obtener en un congreso tan polarizado, de no ser porque en algo coinciden los coordinadores parlamentarios y sus dirigentes partidistas: el poder es canijo y no es fácil de soltar.
La sociedad civil tomó esto como un madruguete y en las redes sociales el tema lleva días circulando. Los legisladores de Movimiento Ciudadano de inmediato se opusieron y al momento en que escribo estas líneas, legisladores de otros partidos de oposición comienzan a mostrar sus dudas, en particular los diputados del PAN. Enredados en su propio trabuco, hoy anuncian que pospondrán la votación que tenían prevista para estos días, debido a lo endeble de su intención.
Hoy se requiere de una sociedad civil conformada por ciudadanos activos, vigilantes de lo público, incluidos por supuesto, los partidos políticos. Ciudadanos capaces de alzar la voz y organizarse para exigir mejores resultados de quienes nos gobiernan, no solo en lo local, sino también a nivel federal. El nivel de resultados de nuestro gobierno es representativo también de nuestra capacidad de exigir. Como sociedad no podemos permitir esta clase de retrocesos en nuestra vida democrática.
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