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¡Otra de jueces! Ordenan entregar a privados parte del malecón de El Chante

Zona usada como área de recreación por habitantes de El Chante y que pasará a ser propiedad privada por orden de un juez. Foto: Armando Esquivel.

Armando Esquivel.- Le apareció dueña a un espacio del malecón en El Chante, así como a parte del campo de fútbol y hasta una porción de la calle, luego de la decisión de un juez del Poder Judicial de la Federación ante un juicio contra el Ayuntamiento de Jocotepec. El Ayuntamiento logró rescatar el área deportiva, mientras la calle es negociada a cambio de otro terreno, pero la zona de convivencia que cuenta con un pequeño quiosco está dada como perdida.

La conclusión legal se da luego de que Ana María Franco Rosas reclamó jurídicamente el espacio, señalando contar con una escritura emitida a inicios de los años 80 en la ciudad de Guadalajara y que fue hace algunas administraciones que “prestó” el lugar con la condición de ser temporal. También argumentó que existe una cuenta predial del terreno, según los datos obtenidos de la resolución.

La denunciante fue en contra del Ayuntamiento de Jocotepec y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), siendo 2 mil 006 metros cuadrados los reclamados, aunque se demostró que parte del espacio marcado en la escritura que abarca la cancha de fútbol, sí correspondía a zona federal, siendo casi la mitad del predio; el resto, exactamente mil 104.98 metros cuadrados, se dictó que la demandante cuenta con el derecho de propiedad.

Se determinó que 474.40 metros cuadrados corresponden a la superficie del vaso lacustre y 399.09 son correspondientes a la superficie de la Zona Federal del Lago de Chapala, es decir, el área de playa.

La zona que un juez le reconoció a Ana María Franco Rosas, quien también se identifica como Ana María Franco de Gleason, cubre una parte de la calle Ribera del Lago, espacio que está en negociación para que el ayuntamiento otorgue terrenos donados en nuevos fraccionamientos a cambio de que se deje libre la vialidad, pero la zona de convivencia que cuenta con andadores de cemento y un pequeño quiosco se considera como perdida al no haber resultados positivos en las negociaciones.

“Ya tenemos un acuerdo previo en el que le regresamos los mil ciento y tantos metros que se ganó judicialmente pero que nos respete la servidumbre de paso porque hay una calle que es común que la usen, entonces el dice que nos respeta esa servidumbre, pero ya sea que le paguemos los metros que le pierde o le restituyamos con otro inmueble”, dijo a Semanario Laguna Carlos Alberto Zuñiga Chacón, síndico de Jocotepec.

El síndico recordó que fue una antigua administración la que construyó en ese terreno que no está registrado como bien municipal y que en caso de que el ayuntamiento desacate la resolución, podría haber consecuencias legales como congelación de cuentas bancarias o embargos. “Estamos obligados a restituirles la posesión”, dijo Zúñiga Chacón.

El espacio denominado «La Puerta de San Juan” se encuentra sobre la calle Morelos y Playas de la Laguna, en un proceso con el expediente 153/2018-III, siendo Carlos Calderón Espíndola, Juez Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, quien dio la sentencia, asistido por Esperanza Margarita Gutiérrez León, secretario de juzgado que autorizó y dio fé con fecha del 23 de febrero del 2024 en la ciudad de Zapopan.

La escritura presentada para reclamar el lugar es la número 14 mil 451 con fecha del 24 febrero del año 1982, otorgada por un notario público suplente adscrito a la notaría 22 de Guadalajara, Jalisco. La cuenta predial es la “Rústica 002273”

Algunos pobladores consultados se mostraron inconformes con el caso y la resolución del juez Calderón Espíndola, como el señor Enriquez, que desde hace 25 años y junto con varios vecinos se ha dedicado al mantenimiento y defensa del malecón, pues asegura que no es la primera vez que sucede algo similar.

“Desde antes como unos 15 años, ya habían venido, aquí siempre quieren agandallar, quieren hacer desarrollos porque tiene vista al lago, ya habían ido con mi papá con un portafolio pero mi papá está como yo, no nos vendemos”, contó en entrevista Sebastían Enriquez Aguilar, quien cuenta con una concesión por parte de la Conagua que cubre parte del malecón, más no de la zona que están por perder.

Otro entrevistado lamentó el caso comentando que algunos pobladores ya están enterados, pero a fin de cuentas es la autoridad quien toma la decisión.

“Aquí lo que era el campo a un lado era del mismo gobierno pero apareció dueño, nos enteramos por la misma gente que venía a pelear el lugar. Yo que puedo decir, el gobierno es el que se encarga de tomar la última decisión, mucha gente va a la presidencia a poner quejas y todo pero a fin de cuentas se quedaron con él”, dijo José.

El tema también estuvo presente dentro de la décimo segunda sesión ordinaria del Cabildo jocotepense realizada el 5 de junio, donde se presentó el convenio judicial a los regidores para el avance en el intercambio de bienes y la revisión de avalúos, siendo aprobado el punto, mientras que José Miguel Gómez López, presidente de Jocotepec, resaltó que el municipio no tiene que ver en la resolución judicial.

“Ya es orden, pues qué me queda, ni modo que le quitemos ese espacio a la gente de El Chante, van a creer ‘no, lo vendió José Miguel’ o sea, les encanta el mitote a algunas gentes de todas las localidades y la cabecera hay mucha gente mitotera, entonces van a empezar a decir que yo lo vendí cuando no lo vendí, ni en cuenta”, dijo el alcalde en la sesión.

Fue el 22 de octubre del año 2013 cuando la demanda fue admitida por el Juez Primero de lo Civil de Chapala bajo el registro 1099/2013 foja 7. El 3 de abril del 2015 se dictó sentencia condenatoria, pero cinco meses después se ordenó la reposición del procedimiento. Por su parte, desde el 2018 el municipio intentó postergar la resolución, que se basó en una escritura creada en una posible ilegalidad al no tomarse en cuenta los metros anexados de la zona declarada como bien de la nación.

Por lo pronto se está en espera de los resultados de acuerdos para compensar el espacio de calle, mientras los pobladores abordados coincidieron en sospechar de un tema inmobiliario detrás del caso, tomando en cuenta la serie de conjuntos departamentales de lujo que invadieron a la población en los últimos tres años. Otros dicen que no será fácil que les quiten lo que consideran sus espacios públicos de recreación. “El Chante se respeta y se va a respetar, que nos disculpen pero El Chante no se va a quedar callado”, sentenció uno de los habitantes.

Opinión: De Norte a Sur

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Internet. 

Por Abigail A. Correa Cisneros.

En varios estados de la República Mexicana, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se fueron a paro, en desacuerdo con el gobierno federal, por la intención del recorte presupuestal que cancelaría 13 de 14 fideicomisos millonarios. 

En días recientes se aprobó en el Congreso un recorte por 15 mil 450 millones de pesos (mdp), que afecta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral. Se trataba de beneficios estratosféricos que sólo benefician a los ministros y ministras.

En una iniciativa de Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, detallan que estos recursos no son administrados de manera transparente. Entre otras cosas, se trata de apoyo para gasolina, servicios ilimitados de peaje en autopistas, así como bonos, prestaciones y pensiones de los jueces magistrados. Estos beneficios son un insulto para los más necesitados.

Más aún cuando los magistrados se ponen de lado de los delincuentes. Estos beneficios ofenderían a cualquier trabajador común. Por esto parece inverosímil que los propios empleados del PJF tengan de cabeza las vialidades de la Ciudad de México y protestas constantes en otras ciudades (Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Sonora, Zacatecas, Tabasco, Baja California Sur, Yucatán, Morelos, Guanajuato, Chiapas, Oaxaca y el Estado de México), manifestándose en contra del recorte presupuestal.

Mientras las madres buscadoras padecen por falta de apoyo, las madres de jueces y ministros pueden festejar el Día de la Madre a todo lujo, pues la presidenta de la SCJN, Norma Piña, exige un bono de 24 mdp para celebrar a las progenitoras de los jueces; lo mismo para sus padres, a los que destinan 26 mdp.

No sólo eso solventamos los mexicanos, también el pago de su vestuario (235 mdp), lentes (90 mdp), para traslados 900 mdp y 282 mdp para sus acompañantes. 

El presupuesto del Poder Judicial de la Federación, integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, para este año fue de 80 mil 646 mdp. Para 2024, la ministra presidenta Norma Piña solicita un aumento de cuatro por ciento, con el cual llegaría a 84 mil 792 mdp.

Este presupuesto no se verá afectado, lo único que se pretende es eliminar los excesos, así como las compensaciones complementarias. Actualmente hay tres fideicomisos de pensiones complementarias de mandos superiores, con un fondo de 833 mdp, destinado únicamente a 25 personas. Otras compensaciones complementarias para mandos medios y personal operativo, solo para 184 personas, con un fondo de dos mil 976 mdp. Finalmente, el destinado a jueces jubilados y magistrados, beneficia a 387 personas y el fondo es de cuatro mil 723 mdp. 

DESDE EL CENTRO

Un grupo de indígenas otomíes que desde hace tres años tomó el edificio del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, hoy la Casa de los Pueblos Samir Flores, sufrió un ataque de aproximadamente 500 policías capitalinos, la madrugada del lunes. Desde el sismo de 2017 es notoria la indiferencia del gobierno, pues no les ha apoyado con un espacio para vivir, luego de desalojarlos en la colonia Juárez, de edificios dañados por el temblor. Además, denunciaron que un grupo de motociclistas realizaron disparos de arma contra ellos. Los otomíes recogieron los cartuchos y presentaron la evidencia durante una conferencia de prensa… 

El gobierno de Israel negó un ataque que dejó cientos de muertos en un hospital de Gaza. Sin embargo, los crímenes de guerra cometidos por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, van más allá de este atentado, del cual se deslindan y culpan a Hamás. Recientemente, millones de personas en el mundo se manifestaron para frenar el genocidio contra Palestina, pese a represiones de algunos gobiernos como Francia, Alemania y Reino Unido, las multitudes exigieron alto a los ataques contra este pueblo.