Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Internet.
Por Abigail A. Correa Cisneros.
En varios estados de la República Mexicana, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se fueron a paro, en desacuerdo con el gobierno federal, por la intención del recorte presupuestal que cancelaría 13 de 14 fideicomisos millonarios.
En días recientes se aprobó en el Congreso un recorte por 15 mil 450 millones de pesos (mdp), que afecta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral. Se trataba de beneficios estratosféricos que sólo benefician a los ministros y ministras.
En una iniciativa de Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, detallan que estos recursos no son administrados de manera transparente. Entre otras cosas, se trata de apoyo para gasolina, servicios ilimitados de peaje en autopistas, así como bonos, prestaciones y pensiones de los jueces magistrados. Estos beneficios son un insulto para los más necesitados.
Más aún cuando los magistrados se ponen de lado de los delincuentes. Estos beneficios ofenderían a cualquier trabajador común. Por esto parece inverosímil que los propios empleados del PJF tengan de cabeza las vialidades de la Ciudad de México y protestas constantes en otras ciudades (Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Sonora, Zacatecas, Tabasco, Baja California Sur, Yucatán, Morelos, Guanajuato, Chiapas, Oaxaca y el Estado de México), manifestándose en contra del recorte presupuestal.
Mientras las madres buscadoras padecen por falta de apoyo, las madres de jueces y ministros pueden festejar el Día de la Madre a todo lujo, pues la presidenta de la SCJN, Norma Piña, exige un bono de 24 mdp para celebrar a las progenitoras de los jueces; lo mismo para sus padres, a los que destinan 26 mdp.
No sólo eso solventamos los mexicanos, también el pago de su vestuario (235 mdp), lentes (90 mdp), para traslados 900 mdp y 282 mdp para sus acompañantes.
El presupuesto del Poder Judicial de la Federación, integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, para este año fue de 80 mil 646 mdp. Para 2024, la ministra presidenta Norma Piña solicita un aumento de cuatro por ciento, con el cual llegaría a 84 mil 792 mdp.
Este presupuesto no se verá afectado, lo único que se pretende es eliminar los excesos, así como las compensaciones complementarias. Actualmente hay tres fideicomisos de pensiones complementarias de mandos superiores, con un fondo de 833 mdp, destinado únicamente a 25 personas. Otras compensaciones complementarias para mandos medios y personal operativo, solo para 184 personas, con un fondo de dos mil 976 mdp. Finalmente, el destinado a jueces jubilados y magistrados, beneficia a 387 personas y el fondo es de cuatro mil 723 mdp.
DESDE EL CENTRO
Un grupo de indígenas otomíes que desde hace tres años tomó el edificio del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, hoy la Casa de los Pueblos Samir Flores, sufrió un ataque de aproximadamente 500 policías capitalinos, la madrugada del lunes. Desde el sismo de 2017 es notoria la indiferencia del gobierno, pues no les ha apoyado con un espacio para vivir, luego de desalojarlos en la colonia Juárez, de edificios dañados por el temblor. Además, denunciaron que un grupo de motociclistas realizaron disparos de arma contra ellos. Los otomíes recogieron los cartuchos y presentaron la evidencia durante una conferencia de prensa…
El gobierno de Israel negó un ataque que dejó cientos de muertos en un hospital de Gaza. Sin embargo, los crímenes de guerra cometidos por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, van más allá de este atentado, del cual se deslindan y culpan a Hamás. Recientemente, millones de personas en el mundo se manifestaron para frenar el genocidio contra Palestina, pese a represiones de algunos gobiernos como Francia, Alemania y Reino Unido, las multitudes exigieron alto a los ataques contra este pueblo.
Foto: Cortesía.
Por: Abigail A. Correa Cisneros.
Con el nombramiento de la ministra Norma Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se abren las puertas a más mujeres para formar parte de cargos trascendentales en la gestión del país.
Aunque la presencia de las mujeres es cada vez más notable en puestos importantes, que tradicionalmente estaban ocupados por hombres, todavía se ve la falta de equilibrio para lograr la equidad de género en México.
La ministra Norma Piña tiene una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Aunque no le gustan las etiquetas, hay varias personas que la consideran gran aliada del movimiento feminista de nuestro país. En su labor destaca la defensa de los derechos de las parejas del mismo sexo, votó a favor del uso recreativo de la marihuana, la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en los asuntos laborales y defiende el medio ambiente.
La ahora presidenta de la SCJN reconoce la labor de la mujer, los esfuerzos y sacrificios que muchas hacen para alcanzar un cargo importante en sus profesiones. México sigue rezagado en equidad de género. Sólo el 33 por ciento de las mujeres ocupan puestos directivos en el país, queda por debajo de Brasil y arriba de Argentina, de acuerdo con datos del informe “Women In Business 2022”, publicado por la firma Grant Thornton.
Vale la pena destacar que a pesar de que disminuyó el porcentaje en los últimos años, se ha mantenido por arriba del 30 por ciento, cuando hasta hace tres años era de 16 por ciento la cifra de mujeres que ocuparon un cargo importante en el país.
Durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, la presencia de las mujeres en cargos jerárquicos de instituciones públicas aumentó. En comparación con las administraciones anteriores, la actual supera por mucho, logrando que cada vez más mujeres participen, por ejemplo, como gobernadoras en las entidades federativas, de las 32, nueve son mujeres y 23 hombres. Claramente falta mucho para alcanzar el balance, pero hay que destacar que el gobierno anterior sólo una mujer ocupó este cargo.
Solamente en el Poder Judicial destaca que han incrementado en nueve puntos su presencia, pasando del 23 por ciento en 2017 al 32 por ciento en 2022.
A mediados del año pasado, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó las brechas de género en las secretarías de estado. Destacó que “a pesar del incremento en la participación de las mujeres en puestos como direcciones generales y de área, su representación en los puestos directivos (31 %) y de titularidad media (44 %) de las secretarías de Estado aún es baja, en comparación con el porcentaje de mujeres en la plantilla laboral (49 %).
En las secretarías de estado, la diferencia de ingresos promedio entre hombres y mujeres es de ocho por ciento en los puestos de mando medio y superior. Aunque esto representa una disminución de dos puntos porcentuales con respecto a 2021, una menor participación de las mujeres en los puestos más altos tiene un impacto en los ingresos que ellas reciben.
En ocho de cada 10 secretarías, los ingresos promedio de las mujeres son menores que los ingresos de los hombres en los puestos de mando. Entre 2021 y 2022 la brecha salarial aumentó en siete secretarías de Estado.
DESDE EL CENTRO
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) activó un nuevo Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (Dinesa), para mantener y fortalecer las medidas de vigilancia epidemiológica, así como potenciar las acciones para el control y erradicación de la influenza aviar de alta patogenicidad AH5N1, con el fin de reducir el riesgo de diseminación de la enfermedad.
Foto: Cortesía.
Redacción.- En México la justicia ampara al pudiente, al corrupto y al mafioso, pero nunca al pueblo y eso lo sabe bien la comunidad de Mezcala. Resulta que las autoridades judiciales siguen dando largas al caso de despojo de tierras a la población por parte de Guillermo Moreno Ibarra y su testaferro, Crescenciano Santana Sánchez. Después de 20 años, sigue sin llegar la justicia a Mezcala.
Se pasan la bolita. Fue el 27 de noviembre cuando se emitió la sentencia de turnar nuevamente el amparo directo 121/2019 que debería resolver la restitución de tierras invadidas en el predio conocido como “El Pandillo”, posponiendo nuevamente la sentencia final que ha esperado por años la comunidad coca de Mezcala.
La sentencia fue turnada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito a sus homólogos en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Señalando que el segundo tribunal resultaba incompetente para resolver la cuestión que se le planteaba, en razón de que; el diverso Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, ya había conocido del asunto cuando resolvió el recurso de revisión 390/16.
Ahora será el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien resuelva en definitiva el asunto, y está pendiente que se asigne el número del expediente que le corresponderá al amparo.
Por ahora, la comunidad está pendiente y a la espera de lo que emita el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito para que aplique la justicia y se confirme la sentencia dada al expediente 475/2013, donde se condena al empresario Guillermo Moreno Ibarra y a su testaferro Crescenciano Santana Sánchez, a restituir a sus legítimos propietarios la superficie de 10-00-00 hectáreas del predio “El Pandillo”, que ilegalmente ocupan.
La comunidad considera que los antecedentes y la razón histórica han mostrado que las tierras comunales pertenecen a Mezcala y no a un empresario particular de la ciudad de Guadalajara. Considerando que el pasado 14 de mayo del año 2002 -los en aquel entonces integrantes del comisariado de bienes comunales, para la comunidad indígena de Mezcala de la Asunción, municipio de Poncitlán, Jalisco- acudieron ante los Tribunales Agrarios a reclamar la restitución de una superficie aproximada de 10-00-00 hectáreas, ubicadas en el predio denominado “El Pandillo”, sobre la cual se había posesionado ilegalmente el empresario.
Después de haberse sustanciado todo el procedimiento agrario, con fecha 10 de septiembre del año 2014 el Tribunal Unitario Agrario Distrito XV, emite resolución dentro del expediente 475/2013 conforme a la cual se condena a los mencionados Guillermo Moreno Ibarra y Crescenciano Santana Sánchez, a restituir a la Comunidad Indígena la superficie de 10-00-00 hectáreas que ilegalmente vienen poseyendo en el predio denominado “El Pandillo”, dicha resolución fue confirmada en todos sus términos con fecha 14 de febrero del año 2019 por el Tribunal Superior Agrario al resolver el recurso de revisión 470/2014-15, lo cual significa que el empresario demandado y su testaferro, se encuentran obligados a restituir a la comunidad indígena la superficie que ilegalmente ocupan.
Inconforme con dicha determinación, el particular Guillermo Moreno Ibarra en compañía de su siempre fiel escudero Crescenciano Santana Sánchez, interpuso el juicio de amparo directo 121/2019 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual combate como último medio de defensa la resolución dictada por el Tribunal Superior Agrario dentro del recurso de revisión 470/2014-15, en dicho juicio de amparo, el empresario alega como defensa contar con la calidad de comunero integrante de la propia comunidad que lo demanda.
Ahora, la comunidad de Mezcala tendrá que esperar a que las autoridades judiciales resuelvan la situación, confiando en que darán la razón a quienes se dicen despojados.
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