Christopher Gerardo Z. presunto feminicida de Poncitlán. Foto: Internet.

Redacción.- La Fiscalía de Jalisco a través de la Fiscalía Especial Regional del Distrito IV, en audiencia con el Juez de Control, realizó la imputación contra Christopher Gerardo Z., por su probable autoría en las muertes de Alondra Liliana y su mamá, Liliana, ocurridas el pasado 31 de enero en la agencia del Ministerio Público del municipio de Poncitlán.

Ante la autoridad judicial el agente ministerial presentó datos de prueba contra dicho sujeto de su probable responsabilidad en el delito de feminicidio y violencia familiar en agravio de su hijo.

De las primeras investigaciones, se desprendió que Christopher Gerardo Z. amagó al personal de la institución, para posteriormente disparar contra las femeninas que se disponían a presentar una denuncia en su contra en las instalaciones, causándoles la muerte. Luego de esto, huyó.

Desde entonces, la Fiscalía de Jalisco a través de su Fiscalía Especial Regional con el apoyo de diversas áreas de la institución, implementaron operativos de búsqueda que arrojaron resultados en poco tiempo, ya que se obtuvo información de que dicho sujeto se encontraba en Nayarit, por lo que se activó la alerta.

A la par de lo anterior, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión en su contra y con base en los convenios de colaboración, fue capturado en un operativo conjunto de ambas fiscalías, en el fraccionamiento Castilla, en la ciudad de Tepic.

El sujeto fue trasladado a Jalisco, por lo que fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requería, ante quien el Ministerio Público le imputó los delitos ya señalados.

Durante la audiencia de imputación, dicho individuo presentó problemas de salud, por lo que se suspendió momentáneamente y una vez que Christopher Gerardo Z. fue estabilizado, se reanudó más tarde.

Debido a que el detenido se acogió al término constitucional de las 144 horas que establece la ley, el órgano jurisdiccional le impuso prisión preventiva oficiosa y fijó la fecha para el martes 7 de febrero para desahogar la audiencia de continuación.

Tras 23 años de lucha, miembros de la comunidad indígena de Mezcala recuperaron su territorio invadido en el cerro de El Pandillo. Foto: Mario Marlo.

Redacción.- Después de 23 años de lucha, el 4 de octubre la comunidad indígena coca de Mezcala de la Asunción, en Poncitlán, recuperó 10 hectáreas del cerro de El Pandillo invadidas desde 1999 por el empresario tapatio Guillermo Moreno Ibarra.

En un ambiente festivo un centenar de ciudadanos, entre niños y adultos, se congregaron a las nueve de la mañana en la oficina de Bienes Comunales de la localidad para emprender en conjunto el recorrido hacia las tierras que les fueron despojadas desde hace más de dos décadas.

Un centenar de personas, entre comuneros, niños y sociedad civil, arribaron al predio para ejecutar la histórica sentencia. Foto: Desinformémonos.

Esta invasión derivó en un juicio de restitución de tierras (475/2013 último número de expediente asignado al juicio) impulsado por los comuneros desde el año de 1999. En el mes de octubre del 2021, se dio la última sentencia que determinó tajantemente que el invasor Guillermo Moreno quien, manipulando las leyes del gobierno comunitario y del propio Estado mexicano, se asentó ilegalmente en la parte más alta del Cerro de El Pandillo, ordenando la restitución de las tierras.

En cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Agrario del distrito 15, lo comuneros de Mezcala, acompañados de elementos de la Guardia Nacional, del Tribunal, Colectivos y Organizaciones, acudieron el 4 de octubre al predio señalado para efectuar la ejecución legal de la restitución de parte de su territorio.

“Como hijo de la comunidad, nunca me imaginé vivir este momento, nos desanimábamos porque muchas personas, muchos comuneros que han apoyado esta lucha ya fallecieron y quedaron con el sueño de ver este día, y yo sé que desde el cielo ellos están también con nosotros”, declaró José Luis Rosales al diario NTR.

Colocando lonas con el símbolo de la comunidad indígena de Mezcala y con pancartas con leyendas como “La tierra no se vende; se trabaja y se defiende”, “Fuera Guillermo Ibarra, eres un invasor” y “23 años de lucha ante la soberbia del dinero y del poder”, el centenar de personas celebraron la sentencia histórica.

Con pancartas, miembros de la comunidad indígena de Mezcala celebraron la restitución de tierras. Foto: Mario Marlo.

En predio invadido el empresario tapatío construyó una vivienda de dos plantas con vista privilegiada al Lago de Chapala, además de establos y represas, causando la deforestación de algunas áreas y el desvío de arroyos.

Tras la visita, el Tribunal Agrario del distrito 15, alrededor de las tres de la tarde entregó a los comuneros un acta de restitución de las 10 hectáreas ocupadas de forma ilegal por más de 20 años, regresandoles todos sus derechos sobre las mismas, por lo que a partir del 4 de octubre de 2022 la comunidad de Mezcala es la responsable de cuidar y preservar este paraje del territorio, lo cual hará valer a través de una guardia comunal que resguardará estas tierras.

Según informaron mediante un boletín de prensa, las instalaciones recuperadas serán utilizadas en beneficio de todo el pueblo de Mezcala y la región, a través de
un proyecto educativo que planea recuperar los saberes y conocimientos tradicionales.

La lucha por la justicia sigue

La comunidad indígena coca de Mezcala mantiene otro litigio contra Guillermo Moreno Ibarra por la invasión de otras 10 hectáreas ubicadas en la planicie de El Comal, que también forman parte de las tierras comunales y que no fueron incluidas en la sentencia del Tribunal Agrario del distrito 15.

La comunidad de San Pedro Itzicán en el municipio de Poncitlán es la delegación donde más niños y adolescentes se mandan a pedir dinero en las zonas turísticas de Chapala. Foto: D. Arturo Ortega.

Domingo M. Flores / Jazmín Stengel.- Para la asociación altruista «Poco a Poco», los niños de las comunidades San Pedro Itzicán y Mezcala, en el municipio de Poncitlán, se ven en la necesidad de pedir limosna en Chapala y Ocotlán debido a factores económicos.

Dado que muchos de los menores prefieren pedir dinero que ir a estudiar, mientras otros son enviados por su papás para que ayuden en el hogar debido a las necesidades.

Integrantes de la asociación que se hacen cargo de al menos seis comedores comunitarios donde alimentan diariamente alrededor más de 700 menores gratuitamente, indicaron que otros de los factores que influyen para que los menores en lugar de ir a la escuela decidan ir a vender verduras o pedir dinero en la zonas turísticas de dichos municipios, es la gran cantidad de enfermos renales que hay la zona, que tiene una de las tasas más altas de esta enfermedad a nivel mundial.

“Estudios multidisciplinarios comprobaron que el epicentro de las enfermedades renales en México (que ocupa el segundo lugar mundial en este tipo de padecimientos) se localiza en varias de las comunidades más marginadas de Poncitlán, en la ribera del lago de Chapala, donde a la pobreza y altas tasas de natalidad se suman el abandono de todos los niveles de gobierno, la contaminación del agua y el uso de agroquímicos como glifosato, entre otras variables”, de acuerdo a información publicada en el periódico La Jornada, en enero del 2022.

De la gran cantidad de enfermos renales que existen en el municipio de Poncitlán nació la necesidad económica en las familias de escasos recursos para mantener el tratamiento de sus seres queridos. Como lo explicó Julia, una de las voluntarias en Poco a Poco, “vendimos todo y aún así no nos alcanzaba”, recordó.

Las diálisis o hemodiálisis de los enfermos renales suelen superar los 260 mil pesos anuales, y quienes logran obtener un trasplante de riñón, también debe mantenerse bajo tratamiento, explicó la doctora Angela María Soto Cruz, especialista en nefrología en la nueva clinica de hemodialisis en Chapala, durante la inauguraciòn de la misma, meses atrás.

De las decenas de niños, niñas y adolescentes de San Pedro Itzicán que acostumbran esta práctica, la mayoría de ellos son enviados por sus familiares o van por voluntad propia a trabajar para aportar para el gasto del hogar, reiteraron integrantes de Poco a Poco.

Además, añadieron que los padres de los menores están desempleados, sufren de codependencias a algunas sustancias, otros trabajan fuera y dejan los niños a cargo de algún familiar, mismo que los envía a pedir limosna.

Olga, una vecina del lugar, contó a Laguna que platicó con un menor de ocho años mientras viajaban en el transporte público rumbo a Chapala. El menor le dijo que prefería el dinero que ir a la escuela, su madre no lo obliga pero tampoco le da la cantidad que el menor requiere. Además le ayuda cuando su padre se ausenta a causa de las drogas y el alcohol. “Parece que se invitan uno al otro para ir”, expresó la entrevistada.

Ya sea por desinformación del peligro que corren o desinterés de los padres, los menores son enviados por las mañanas solos, en camionetas de empresas privadas o en el transporte público a los municipios de Ocotlán y Chapala, según vecinos de San Pedro Itzicán que prefirieron el anonimato.

En ocasiones los menores se han llegado a extraviar por algunos días y quienes no logran volver a su casa, pasan la noche en la central de autobuses. A pesar de que hasta la fecha no se sabe de algún menor que se haya perdido, sí se tiene conocimiento de adolescentes que decidieron abandonar la comunidad por completo, señalaron los entrevistados.

Una voluntaria de la Asociación Poco a Poco, quien prefirió el anonimato dijo que es común que los infantes y adolescentes prefieran este tipo de vida, pues les “gusta traer dinero en la bolsa” por lo que, carecen de educación escolar y una vida sana.

Desde el punto de vista de las tres personas entrevistadas de la asociación, en San Pedro Itzicán ya no hay justificación para que los niños se vayan a pedir dinero para conseguir alimento, ya que la delegación cuenta con cuatro comedores asistenciales y dos más en Mezcala, que dan de comer una vez al día a más de 700 niños, durante seis días a la semana, desde hace 7 años.

Aún así, muchos menores o los familiares de ellos prefieren la facilidad del dinero que la educaciòn de los infantes, por lo que algunos abandonan los comedores, cursos y actividades recreativas y educativas que les ofrece de manera gratuita, con la intenciòn de distraerlos de su realidad, señalaron integrantes de la asociación.

En estos comedores participan alrededor de 15 voluntarios de la misma comunidad, cada voluntario que se integra a esta asociación es investigado por la misma antes de entrar en contacto con un menor. Los donantes no suelen tener contacto con los infantes, sino que la coordinadora y gestora de la asociación funge como intermediaria, dieron a conocer los entrevistados.

Sin embargo, para cambiar es necesario comenzar una intensa campaña de concientización. Tanto por parte del Gobierno de Poncitlán para explicar a los padres sus obligaciones y respetar el derecho de los menores, como por parte del gobierno de Chapala y Ocotlán para persuadir a las personas a dejar de seguir dando dinero a los niños, “si no hay dinero no van”, concordaron las tres entrevistadas.

Niños pidiendo limosna a turistas en el malecón de Chapala.

Jazmín Stengel.- Tras las quejas recibidas en Derechos Humanos de Chapala por casi cien comerciantes del malecón respecto a los infantes provenientes de Mezcala y San Pedro Itzicán que piden dinero a locales y turistas, el Gobierno de Poncitlán y el Gobierno de Jalisco se comprometieron a atender el tema y mejorar su calidad de vida.

Por medio del oficio 143/2022 con fecha del 20 de junio, la dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Poncitlán, se informó que funcionarios estatales y locales se reunieron para establecer un plan de trabajo para «erradicar el traslado de nuestros menores a su municipio» -haciendo referencia al destino turístico de Chapala-, por medio de programas sociales que mejoren su calidad de vida.

Además, se determinó en el documento que si los menores son víctimas de explotación infantil, se encontrará  a los responsables y se procederá legalmente para salvaguardar su integridad y restituir los derechos que les fueron vulnerados. 

Esto debido a que según los reportes de civiles, los menores arriban al municipio de Chapala en una camioneta alrededor de las 07:00 de la mañana y se retiran en la misma a las 08:00 de la noche. No obstante, otros testigos informaron a Laguna que han visto a varios infantes transportarse en el camión de regreso a casa.

La queja colectiva fue presentada a Derechos Humanos de Chapala el 7 de junio, con la firma de 90 personas, debido a que los cerca de 30 menores que asisten a las zonas turísticas del municipio para pedir dinero, se han vuelto cada vez más exigentes. Ya sea, porque ofenden con palabras altisonantes a la persona que se niegan a apoyarlos o porque toman los alimentos y bebidas de los turistas sin permiso previo.

En la reunión que se llevó a cabo el 8 de junio para entablar el plan de trabajo, estuvieron presentes los funcionarios Eurídice Perales Jaramillo, representante de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Jalisco; Víctor Hugo Escalante Juárez, director de Representación a Niñas, Niños y Adolescentes e Irvin Rodrigo Anaya Meléndez, coordinador de la Unidad de Trata de Personas, entre otros.

Por parte de Poncitlán estuvieron presentes, la directora del DIF, María Angélica Rosales Reyes, acompañada de Noelia Alejandra Enciso Barraza, psicóloga y la delegada de la Procuraduría de Niñas Niños y Adolescentes municipal, María Alicia López Flores.

Del municipio de Chapala fueron Erika Erín Torres Herrera, presidenta del Dif Chapala, María Eugenia Real Serrano, directora del mismo y Paloma Ventura, delegada de la Procuraduría de Niñas Niños y Adolescentes en Chapala.

Juan trabajaba en un rancho de frutos rojos. Foto: Cortesía.

Redacción.- Familiares y amigos de Juan Díaz Ródriguez exigen justicia y que las autoridades esclarezcan lo que sucedió con el jóven ingeniero, mismo que era conocido y apreciado por muchas personas de la localidad de San Juan Tecomatlán, municipio de Poncitlán. Juan había sido reportado como desaparecido durante el lunes, pero días después fue localizado sin vida en la localidad de Mezcala.

Juan no se metia con nadie, según lo comentado por sus amigos, además de ser una persona trabajadora, siendo ingeniero y laborando en un rancho de cultivo de frutos rojos, además de colaborar con la página de internet “San Juan Tecomatlan Oficial”, sitio que mediante un desplegado lamentó los hechos y exigió las autoridades mayor seguridad y el esclarecimiento de lo sucedido.

Díaz Rodríguez salió de San Juan Tecomatlán en una camioneta, misma que contaba con localizador satelital, por lo que la unidad fue encontrada, pero sin el conductor. Durante el jueves 17 de marzo se informó que el ingeniero había sido encontrado sin vida, siendo localizado en Mezcala, en un terreno a un costado de la carretera.

Por ahora se desconoce el móvil del crimen, serán las autoridades quienes se encarguen de realizar las investigaciones para resolver el asesinato, mientras que los habitantes de San Juan Tecomatlán, piden entre el consternamiento y enojo que se haga justicia.

Poblado de Mezcala.

Redacción.- Luego de más de 20 años de lucha, la comunidad de Mezcala logró recuperar alrededor de 20 hectáreas que habían sido invadidas por el empresario de Guadalajara, Guillermo Ibarra Moreno que con influencias y corrupción intentó despojar a los habitantes de sus tierras para la construcción de su casa de campo.

Ibarra Moreno inició con la invasión del cerro El Pandillo desde 1999, apropiándose primero de nueve hectáreas, que con el tiempo se convirtieron en 20, en las que construyó casas de descanso con vista al lago para él y sus allegados, además desvió arroyos para que llegara el agua y formó un grupo para militar que amedrentaba a los opositores.  

No obstante, fue el Tribunal Superior Agrario quien ordenó el 28 de octubre la devolución de las tierras invadidas tras ratificar la sentencia que en 2019 emitió el Tribunal Unitario Agrario del distrito 15, en la cual se condenó a Moreno Ibarra y a su prestanombres, el comunero Crescenciano Santana, a restituir las tierras ocupadas.

Cabe mencionar que, durante el proceso por la restitución de la tierra, se emitieron dos sentencias a favor de la comunidad de Mezcala; sin embargo, el empresario interpuso amparos, pero el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, resolvió a favor de los comuneros.

En rueda de prensa en Guadalajara, la comunera Rocío Moreno, quien por buscar la recuperación de las tierras fue apresada en 2011 como parte del proceso penal 318/2011-C contra diez comuneros interpuesto por el empresario, por “daño a las cosas”, dijo que la decisión del tribunal es inatacable.

Con la sentencia a favor de la comunidad Coca, ya se tienen planes de lo que harán con la finca que fue del empresario invasor:

“El predio que ilegalmente fue invadido por el empresario tapatío será de uso común, para disfrute de lo que decida la comunidad coca y debido a que desde 2008 se interpusieron medidas cautelares para que no se hicieran construcciones en el predio El Pandillo, el invasor está condenado a retirar bienes muebles, no así las construcciones realizadas”, señaló la comunidad tras conocerse la sentencia.

Foto: Cortesía. 

Redacción.- Desde hace 22 años, la comunidad de Mezcala de la Asunción, Poncitlán, ha luchado contra un invasor, un empresario de Guadalajara de nombre Guillermo Moreno Ibarra, quien llegó a la localidad pegada al lago para, por la fuerza, influyentismo y corrupción, apropiarse de 12 hectáreas. 

En el 2019, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito XV resolvió en favor de la comunidad de Mezcala, por lo que el invasor tenía que regresar las tierras, pero esto no pasó, debido a la burocracia del poder judicial, sumado a la pandemia por COVID19. Moreno Ibarra interpuso un amparo, lo que retrasó que se cumpliera la sentencia.   

Al invasor se le acusa de usar prestanombres, hacer uso de amiguismo con políticos, de amenazas contra la comunidad y hasta de pagar para convertirse en comunero. En un inicio la comunidad de Mezcala planteó la posibilidad de defender su terreno con el poder y fuerza del pueblo, pero al final se decidió actuar por la vía legal, confiando en que las autoridades resolverán en su favor.  

Será en este mes cuando el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Zapopan deberá dictar la sentencia definitiva, en la que ya no se podrán interponer más recursos ni “artimañas” legales, por lo que la comunidad se encuentra a la espera de lo que pueda suceder, esperando que se haga justicia para Mezcala.

El presidente de Rotarios del Distrito 4140 Óscar Montaño, acompañado del Presidente Municipal de Poncitlán, Luis Miguel Núñez López, Héctor España y otros destacados miembros del Club Rotario Chapala Sunrise cortaron el listón inaugural de la obra.04

Jazmín Stengel.- Con una inversión de 3 millones 76 mil pesos, el Club Rotario Chapala Sunrise, el Ayuntamiento de Poncitlán y la gestión de Héctor España Ramos se perforó y equipó un pozo de agua, se instalaron redes hídricas y 40 tomas de agua que beneficiarán a 70 familias de la comunidad de Ojo de Agua.

Para llevar a cabo el proyecto, Héctor España mantuvo la coordinación entre el Club Rotario Chapala Sunrise, quienes por primera vez lograron reunir un apoyo de 1 millón 435 mil 281 pesos con ayuda de otros clubes hermanos y mientras que el gobierno de Poncitlán, encabezado por Luis Miguel Núñez López, aportó 1 millón 640 mil 720 pesos por parte de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y el municipio.

Héctor España expresó su agradecimiento a todos los involucrados por su tiempo, esfuerzo y dedicación.

“Agradezco al presidente que jamás nos dio la espalda y continuó apoyándonos en todas las circunstancias que se dieron, aprovechar también la ocasión para pedir a la nueva administración, el cuidado y mantenimiento de la obra”, fueron las palabras de Héctor España, quién reconoció la gran inversión de tiempo, esfuerzo y dinero entre los involucrados.

Para lograr el abastecimiento de agua para la comunidad, fueron necesarios tres perforaciones infructuosas que retrasaron el proyecto, comentó el arquitecto Rodrigo Amilcar Solís Vera, más esto no fue impedimento para que los miembros del Club Rotario continuarán su labor social con pequeños arreglos en la plaza principal y clases de salubridad para la población.

Los miembros del Club Rotario Chapala Sunrise colocaron una lona donde presumen a los clubes hermanos que aportaron al proyecto.

Para concluir la ceremonia, el presidente distrital de rotarios, Óscar Montaño, se solidarizó con el equipo de trabajo y la población abriendo las puertas para apoyar proyectos futuros en la ribera de Chapala. 

En representación del alcalde electo, Arturo Israel Asencio Gómez, su secretario particular, Daniel Ramírez, habló de una estrategia para mantener los vínculos con ciudades hermanas y la comunidad extranjera.

“La idea es seguir trabajando en conjunto para que con la ayuda, contribución y trabajo del Club Rotario y otras instituciones se pueda seguir beneficiando a la población sobre todo en temas de salud”, comentó Daniel Ramírez quien también aseguró que se tomarán en cuenta a los líderes que han fungido como enlace durante este proyecto.

Foto: Cortesía.

Redacción.- En México la justicia ampara al pudiente, al corrupto y al mafioso, pero nunca al pueblo y eso lo sabe bien la comunidad de Mezcala. Resulta que las autoridades judiciales siguen dando largas al caso de despojo de tierras a la población por parte de Guillermo Moreno Ibarra y su testaferro, Crescenciano Santana Sánchez. Después de 20 años, sigue sin llegar la justicia a Mezcala.

Se pasan la bolita. Fue el 27 de noviembre cuando se emitió la sentencia de turnar nuevamente el amparo directo 121/2019 que debería resolver la restitución de tierras invadidas en el predio conocido como “El Pandillo”, posponiendo nuevamente la sentencia final que ha esperado por años la comunidad coca de Mezcala. 

La sentencia fue turnada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito a sus homólogos en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Señalando que el segundo tribunal resultaba incompetente para resolver la cuestión que se le planteaba, en razón de que; el diverso Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, ya había conocido del asunto cuando resolvió el recurso de revisión 390/16. 

Ahora será el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien resuelva en definitiva el asunto, y está pendiente que se asigne el número del expediente que le corresponderá al amparo. 

Por ahora, la comunidad está pendiente y a la espera de lo que emita el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito para que aplique la justicia y se confirme la sentencia dada al expediente 475/2013, donde se condena al empresario Guillermo Moreno Ibarra y a su testaferro Crescenciano Santana Sánchez, a restituir a sus legítimos propietarios la superficie de 10-00-00 hectáreas del predio “El Pandillo”, que ilegalmente ocupan. 

La comunidad considera que los antecedentes y la razón histórica han mostrado que las tierras comunales pertenecen a Mezcala y no a un empresario particular de la ciudad de Guadalajara. Considerando que el pasado 14 de mayo del año 2002 -los en aquel entonces integrantes del comisariado de bienes comunales, para la comunidad indígena de Mezcala de la Asunción, municipio de Poncitlán, Jalisco- acudieron ante los Tribunales Agrarios a reclamar la restitución de una superficie aproximada de 10-00-00 hectáreas, ubicadas en el predio denominado “El Pandillo”, sobre la cual se había posesionado ilegalmente el empresario.

Después de haberse sustanciado todo el procedimiento agrario, con fecha 10 de septiembre del año 2014 el Tribunal Unitario Agrario Distrito XV, emite resolución dentro del expediente 475/2013 conforme a la cual se condena a los mencionados Guillermo Moreno Ibarra y Crescenciano Santana Sánchez, a restituir a la Comunidad Indígena la superficie de 10-00-00 hectáreas que ilegalmente vienen poseyendo en el predio denominado “El Pandillo”, dicha resolución fue confirmada en todos sus términos con fecha 14 de febrero del año 2019 por el Tribunal Superior Agrario al resolver el recurso de revisión 470/2014-15, lo cual significa que el empresario demandado y su testaferro, se encuentran obligados a restituir a la comunidad indígena la superficie que ilegalmente ocupan. 

Inconforme con dicha determinación, el particular Guillermo Moreno Ibarra en compañía de su siempre fiel escudero Crescenciano Santana Sánchez, interpuso el juicio de amparo directo 121/2019 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual combate como último medio de defensa la resolución dictada por el Tribunal Superior Agrario dentro del recurso de revisión 470/2014-15, en dicho juicio de amparo, el empresario alega como defensa contar con la calidad de comunero integrante de la propia comunidad que lo demanda. 

Ahora, la comunidad de Mezcala tendrá que esperar a que las autoridades judiciales resuelvan la situación, confiando en que darán la razón a quienes se dicen despojados.  

Foto: Archivo.

Redacción.- Autoridades de salud reportaron otra muerte en Jocotepec por COVID-19, el caso corresponde a una mujer de 45 años, quien inició con síntomas el 03 de enero, falleciendo el 10 de enero. En Ixtlahuacán de los Membrillos se reportó la muerte de un hombre de 71 años, mientras que Poncitlán sumó dos decesos.

En el caso de la víctima de Jocotepec, ella fue atendida en el Hospital 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social y padecía de diabetes, inmunosupresión y problemas cardiacos. El masculino de Ixtlahuacán de los Membrillos inició con síntomas el 05 de enero, falleciendo el día 11.

Poncitlán registró dos fallecidos, se trata de dos mujeres, una de 69 años y otra de 66. Con eso, Jocotepec cuenta con 22 muertes por el virus, Ixtlahuacán de los Membrillos 27 y Poncitlán 26 decesos.