Poncitlán

Adam Levesque, persona a quien le quitaron la vida en su domicilio. Foto: Cortesía.

Armando Esquivel.- Con presuntas huellas de violencia fue encontrado el cuerpo de un popular vendedor de autos en la Ribera de Chapala de nacionalidad canadiense, en el municipio de Poncitlán, exponiéndose el caso en redes sociales; mientras que la Fiscalía de Jalisco no ha emitido información.

Fue durante la noche del domingo 28 de julio cuando ocurrió el crimen, pero el cuerpo del originario de Quebec, Adam Levesque -nombre con el que era conocido, siendo Jonathan, su nombre real- de 42 años de edad-, fue encontrado el lunes 29 dentro del lugar que residía sobre la calle 16 de Septiembre con el número 154 cerca de la población de Ojo de Agua, localidad aproximada a Mezcala dentro del municipio de Poncitlán. Según testimonios de un cercano al caso, quien prefirió no hacer público su nombre, la víctima estaba atada, con severas marcas de violencia y con aparentes heridas provocadas por un objeto punzocortante, algunas sobre el cuello.

El canadiense se dedicaba a la venta de autos en la Ribera de Chapala y Puerto Vallarta entre la comunidad extranjera, siendo catalogado como una persona íntegra dentro de sus labores, por lo que mediante las redes sociales el tema se popularizó.

Con el fin de conocer un informe de las autoridades, se cuestionó a la Fiscalía de Jalisco por medio del área de Comunicación Social, pero aún no contaban con información. Entre los cuestionamientos estaba el saber el motivo por el qué presuntamente dos automóviles que estaban en la propiedad, un vehículo KIA seminuevo y un Subaru 2009, fueron llevados en grúas por autoridades que llegaron a la escena del crimen. Un tercer vehículo, un Jetta clásico 2012 en color blanco, se sospecha fue robado por quien o quienes asesinaron al canadiense.

“¿Por qué se llevaron los autos si fue un homicidio?, más dudas”, señaló una amiga de la víctima entrevistada por Semanario Laguna, asegurando que Adam no tenía amenazas ni enemigos.

En los cinco años que Adam tenía en la Ribera de Chapala entabló un lazo de amistad con una mujer de nombre Michelle, quien habló con este medio de comunicación para exponer un hecho del que espera se haga justicia y no quede impune, señalando que existen cosas extrañas en este tema.

La entrevistada dijo saber que fue el dueño de la propiedad rentada por Adam fue quien descubrió el cuerpo de la víctima y que esa persona le informó que el canadiense fue degollado, según lo dicho por la entrevistada.

Previo a la llamada, la mujer llegó a la casa donde presuntamente mataron a Adam, encontrando el lugar acordonado y una vecina le comentó que llegaron forenses al sitio, pero sin saber qué sucedía, hasta que encontró al trabajador dedicado al mantenimiento de hogares que según la entrevistada cuestionó. Ella asegura que el empleado le dijo que vio abierto el portón de la casa de Adam, por lo que ingresó al hogar y le habló al huésped pero este no le contestó, sólo escuchó la televisión prendida para luego hablar por teléfono a el dueño de la casa, pero el propietario de la vivienda le dio la instrucción al jardinero de salirse del lugar para ir él mismo en persona a revisar, pero hasta al siguiente día.

“No quería dar más detalles conmigo”, comentó la amiga de Adam, añadiendo que el dueño pidió a su empleado tomar fotografía a la mujer y a las placas de su vehículo.

Inmueble ubicado en Poncitlán donde denuncian ocurrió el asesinato del canadiense. Foto: Cortesía.

En una llamada telefónica que sostuvo Michelle con el dueño de la casa, dijo haber notado variaciones entre lo que le decían en ese momento y la respuesta del empleado de mantenimiento. “Él dijo «Yo y el jardinero nos metimos a la casa de Adam y lo encontramos muerto en la mañana» No era sólo él, pero de ahí yo me quedé callada, no concordaban los detalles”, contó la entrevistada.

Pocas personas conocían el domicilio de Adam, entre ellas la mujer entrevistada por Semanario Laguna; quien era la actual pareja sentimental de Adam y su ex novia del fallecido con quien, según lo contado por Michelle, las cosas no concluyeron del todo bien.

La ex novia, de alrededor de 25 años, manejaba las cuentas bancarias del negocio de venta y compra de autos, según lo dicho por la entrevistada, añadiendo que la ex novia no estaba tan involucrada en el negocio y que luego de una supuesta infidelidad, Adam dejó a su ex novia. “Cuando ella se alejó de él robó arriba de 50 mil dólares canadienses”, señaló Michelle.

Añade que la ex novia de Adam aún recibía dinero de Adam, todo por el miedo de que su ex novia fuera a revelar su estatus migratorio en México, hasta que un día decidió poner un alto, contó Michelle.

“Él ya dejó de mandar dinero a ella porque abrió una nueva cuenta bancaria, metió el dinero justo en esa cuenta bancaria justo en la semana antes que lo mataron él hizo eso”, reveló la amiga de Adam.

Su actual novia vio su última conexión en WhatsApp poco antes de las nueve de la noche, desde ahí ya no hubo contacto, fue parte de lo relatado por Michelle, quien junto con su actual novia, la más reciente novia de Adam, acudieron a Ocotlán para saber del caso y aportar datos que pudieran ayudar al esclarecimiento del crimen, ya que las autoridades sólo contaban con la versión del dueño de la casa.

Fueron cinco horas las que estuvieron declarando en el Ministerio Público de Ocotlán. Antes de que les tomaran la declaración, Michelle aseguró que en una oficina ubicada en la parte alta del Ministerio Público hablaron con un funcionario, al que luego de contarle parte de lo sucedido, en el momento en el que se mencionó al dueño de la casa que rentaba Adam, el funcionario rápidamente optó por no involucrar al casero, argumentando que lo conocía desde hace años y que su declaración fue correcta.

En la declaración, la entrevistada señaló que no se colocó todo lo que expuso. “Cuando dí mi testimonio y le pedí dejar verlo y leerlo, omitieron lo del jardinero, no querían saber de eso, él dijo, no es que sólo necesitamos ciertos datos”, contó.

Los padres de Adam realizaron trámites con un grupo de apoyo a canadienses en el extranjero pero en el consulado canadiense en Guadalajara les dijeron que no había registro del occiso, generando el temor de que el cuerpo terminara en una fosa común.

Para poder comprar los autos, la víctima contaba con dinero en efectivo. “Adam guardaba cantidades fuertes de dinero en su casa”, mencionó la amiga entrevistada.

Según la entrevistada, el que Adam estuviera entregando dinero a su ex pareja sentimental para que no se revelara su estatus migratorio, iba más allá de los trámites. El verdadero nombre de Adam es Jonathan, pero en México tomó su segundo nombre y el apellido de un amigo fallecido hace años, Levesque. En Canadá, Jonathan tuvo un pasado complicado, pues presuntamente estuvo en prisión por el robo de autos, además de contar con problemas fiscales. El canadiense buscaba una nueva vida, en la que pudiera trabajar de manera honesta y ser una persona respetable, dejando en el olvido lo que fue años atrás.

Adam vivió un tiempo en Riberas del Pilar, en el municipio de Chapala, pero en busca de un lugar con más tranquilidad, decidió mudarse a la vivienda donde denuncian que le quitaron la vida, quedando solamente su perro, que ya fue sacado de la casa para darle otro hogar.

Por ahora se espera que las autoridades puedan informar sobre el caso que ya cuenta con una carpeta de investigación.

Alcaldes del distrito 17 en la reunión informativa sobre la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte. Foto: Armando Esquivel.

Armando Esquivel.- Diversos alcaldes del distrito 17 estuvieron en Jocotepec el 30 de agosto, para ser informados respecto a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, que entró en vigor desde inicios de agosto y contiene adecuaciones en los requisitos para mayores de 75 años, el contar con seguro vigente, entre otras.

Los alcaldes fueron invitados a renovar o a realizar los reglamentos municipales en materia de movilidad para adecuarse al estatal, teniendo como plazo legal hasta el 19 de octubre para contar con él.

La reunión informativa estuvo dirigida por Mónica Magaña Mendoza, diputada local e impulsora de las adecuaciones a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte.

Diputada Mónica Magaña Mendoza, impulsora de la ley. Foto: Armando Esquivel.

“Esta ley da el empuje para que los reglamentos municipales reordenen lo que veamos necesario. Estamos hablando de que la atribución del municipio, precisamente es expedir los reglamentos para ordenar, regular y administrar los servicios de movilidad”, dijo la diputada a los alcaldes.

Uno de los temas abordados fue el de las motocicletas, en las que se les pidió a los alcaldes poner atención a las unidades con sobre cupo y a estar atentos con las tiendas que venden motos sin placas.

“La placa es obligatoria, ningún establecimiento puede vender la motocicleta sin placas. ¿Cuál es la facultad del municipio y cómo vamos a poder hacer equipo? Con las sanciones, a las tiendas que ustedes vean, como autoridad, que está vendiendo motocicletas que la esté vendiendo sin placas, inspección y vigilancia los infracciona o hasta los clausura en ese momento”, dijo la diputada Mónica Magaña, quien señaló que las tiendas llegan a venderles unidades hasta a los menores de edad.

Mónica Magaña Mendoza, quien preside la Comisión de Movilidad y Transporte en el Congreso de Jalisco, dijo que las adecuaciones son en beneficio de la seguridad vial, pero también con un gran enfoque en la movilidad peatonal.

La reunión fue organizada por la diputada del distrito 17, María Dolores López Jara, quien propuso una campaña a nivel estatal para que los motociclistas acaten las leyes, con el fin de salvar vidas.

“Realmente es por protección, no sé qué tanto lo tengan contemplado desde el Gobierno del Estado y la Secretaría de Transporte, una campaña a nivel estatal”, comentó la diputada María Dolores López Jara.

El alcalde anfitrión, José Miguel Gómez López, consideró la problemática abordada como uno de los temas más importantes de Jalisco.

“Este tipo de escenarios que se están viviendo hoy, donde estamos ya rebasados, en cualquier lugar hay muchísimos vehículos, motocicletas, está exagerado. Si nosotros no tomamos el tema con seriedad y profesionalismo, como Mónica lo está haciendo, creo que hubiéramos equivocado las políticas públicas y uno de los temas más importantes del estado es la movilidad”.

La nueva Ley de Movilidad en Jalisco comenzó a ser válida desde el 5 de agosto. Dentro de las adecuaciones se encuentra que las personas mayores de 75 años que busquen tramitar o renovar su licencia, tendrán que presentar un certificado que sea otorgado por alguna institución de salud, con el fin de demostrar aptitud física y mental para estar al volante.

Otra adecuación es que los conductores deberán contar con póliza de seguro vigente de daños a terceros, por al menos 414 mil 960 pesos, y en caso de fallecimiento un seguro de al menos 2.5 millones de pesos, caso contrario, la unidad podría ir al corralón. La sanción va de 10 a 30 veces el valor de la UMA, es decir, de entre mil 037 y tres mil 112 pesos.

Además, las personas que aparezcan en el registro de deudores alimentarios, no podrán tener o renovar licencia hasta cubrir con sus obligaciones.

En la reunión estuvieron presentes los presidentes de Poncitlán, Israel Arturo Ascencio Gómez; el de Tuxcueca, Antonio Aceves García; de Concepción de Buenos Aires, César Salvador Sánchez Navarro; el de Acatlán de Juárez, Mario Enrique Velazco López; de Villa Corona, Armando Asención Guzmán y de Atemajac de Brizuela, Santiago León Castro, mientras que el resto de los municipios enviaron a los directores de vialidad municipal como representantes.

La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, se aprobó en 2022 por las y los diputados locales, publicándose en una edición especial del periódico oficial “El Estado de Jalisco”. El Reglamento de la Ley de Movilidad contiene 303 artículos divididos en 180 cuartillas y puede ser consultado en el sitio de internet: periodicooficial.jalisco.gob.mx

Plaza en la cabecera municipal de Poncitlán. Foto: UdeG.

Redacción.- En el municipio de Poncitlán la incidencia de menores de edad con insuficiencia renal es 10 veces mayor que en el resto de los municipios de Jalisco, incluyendo la Zona Metropolitana de Guadalajara, y cuatro veces más en adultos con problemas renales según revelan datos de las Unidades Móviles de Salud de la Fundación Hospital Civiles de Guadalajara.
 
La mayor parte de los 600 casos de insuficiencia renal detectados en Poncitlán tienen un daño avanzado; actualmente 35 se encuentran en terapia de reemplazo, es decir, en hemodiálisis o diálisis peritoneal, y algunos ya han recibido un trasplante. 

“En Jalisco, en el registro que llevamos, la prevalencia en terapia de reemplazo es de alrededor de mil 600 casos por millón de habitantes. En el Municipio de Poncitlán anda en 2 mil 500 por millón de habitantes”, detalló el jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, Guillermo García García. “Esto es una contingencia epidemiológica, y si no hacemos nada, el número  de pacientes que van a requerir diálisis o trasplante va ir en aumento”, subrayó.
 
Lo que ocasiona la insuficiencia renal en esa región, es la tarea de la que se encarga el grupo multidisciplinario que encabeza el doctor Felipe Lozano Kasten, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), con el  proyecto de investigación “Estudio de la enfermedad renal crónica de origen desconocido”, en  los 950 habitantes de la  localidad de Agua Caliente.
 
“Hemos hecho alrededor de 400 exámenes en niños en Agua Caliente, buscando pesticidas de diferente tipo. Encontramos siete pesticidas en la orina, dos de éstos con una presencia en más del 80 por ciento de los niños. Hay un buen porcentaje de la población que está orinando pesticidas con los que tienen contacto”, mencionó Lozano Kasten.
 
Aunque no se tienen las causas o las vías por las que llegan los pesticidas identificados (molinato, dimethoate, 2,4D , metoxuron, picloram y glifosato), principalmente, se encontró una alta presencia de éstos en la orina de 231 niños,  que representan 24 por ciento de la población de Agua Caliente.
 
En colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet),  también se realizó una medición de partículas PM2.5 suspendidas en el aire, partículas contaminantes de diámetro más pequeño y que son las más dañinas, ya que pasan por el pulmón y llegan hasta el riñón, señaló el doctor que encabeza la investigación.
 
“Encontramos que las determinaciones estándar que emanan de la OMS o del gobierno mexicano, están cuatro, cinco y hasta seis veces arriba de lo que se respira en las ciudades de México, en determinadas horas”, destacó.
 
La investigación inició en 2016 y pretende culminar a finales de este año. Mientras tanto se continuará con la identificación de las partículas, ya que afectan de manera directa a los pacientes que habitan en la comunidad, por la desnutrición que presentan.
 
Con la adquisición de equipo técnico especializado, el grupo de estudiosos de la UdeG,  conformado por profesores y estudiantes de posgrado de los centros universitarios de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) y principalmente del CUCS, a finales de mes determinarán qué tipo de metales pesados se encuentran en la sangre de 240 individuos, así como tóxicos presentes en peces de la zona.
 
“Seguramente, no vamos a llegar a un solo agente causal, pero vamos a encontrar tres o cuatro cosas que producen, en el ser humano, daño renal. Van a ser múltiples efectos, pero con el sustrato de nutrición no se pueden defender”, concluyó Lozano Kasten.

Con información de la UdeG.

Christopher Gerardo Z. presunto feminicida de Poncitlán. Foto: Internet.

Redacción.- La Fiscalía de Jalisco a través de la Fiscalía Especial Regional del Distrito IV, en audiencia con el Juez de Control, realizó la imputación contra Christopher Gerardo Z., por su probable autoría en las muertes de Alondra Liliana y su mamá, Liliana, ocurridas el pasado 31 de enero en la agencia del Ministerio Público del municipio de Poncitlán.

Ante la autoridad judicial el agente ministerial presentó datos de prueba contra dicho sujeto de su probable responsabilidad en el delito de feminicidio y violencia familiar en agravio de su hijo.

De las primeras investigaciones, se desprendió que Christopher Gerardo Z. amagó al personal de la institución, para posteriormente disparar contra las femeninas que se disponían a presentar una denuncia en su contra en las instalaciones, causándoles la muerte. Luego de esto, huyó.

Desde entonces, la Fiscalía de Jalisco a través de su Fiscalía Especial Regional con el apoyo de diversas áreas de la institución, implementaron operativos de búsqueda que arrojaron resultados en poco tiempo, ya que se obtuvo información de que dicho sujeto se encontraba en Nayarit, por lo que se activó la alerta.

A la par de lo anterior, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión en su contra y con base en los convenios de colaboración, fue capturado en un operativo conjunto de ambas fiscalías, en el fraccionamiento Castilla, en la ciudad de Tepic.

El sujeto fue trasladado a Jalisco, por lo que fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requería, ante quien el Ministerio Público le imputó los delitos ya señalados.

Durante la audiencia de imputación, dicho individuo presentó problemas de salud, por lo que se suspendió momentáneamente y una vez que Christopher Gerardo Z. fue estabilizado, se reanudó más tarde.

Debido a que el detenido se acogió al término constitucional de las 144 horas que establece la ley, el órgano jurisdiccional le impuso prisión preventiva oficiosa y fijó la fecha para el martes 7 de febrero para desahogar la audiencia de continuación.

Tras 23 años de lucha, miembros de la comunidad indígena de Mezcala recuperaron su territorio invadido en el cerro de El Pandillo. Foto: Mario Marlo.

Redacción.- Después de 23 años de lucha, el 4 de octubre la comunidad indígena coca de Mezcala de la Asunción, en Poncitlán, recuperó 10 hectáreas del cerro de El Pandillo invadidas desde 1999 por el empresario tapatio Guillermo Moreno Ibarra.

En un ambiente festivo un centenar de ciudadanos, entre niños y adultos, se congregaron a las nueve de la mañana en la oficina de Bienes Comunales de la localidad para emprender en conjunto el recorrido hacia las tierras que les fueron despojadas desde hace más de dos décadas.

Un centenar de personas, entre comuneros, niños y sociedad civil, arribaron al predio para ejecutar la histórica sentencia. Foto: Desinformémonos.

Esta invasión derivó en un juicio de restitución de tierras (475/2013 último número de expediente asignado al juicio) impulsado por los comuneros desde el año de 1999. En el mes de octubre del 2021, se dio la última sentencia que determinó tajantemente que el invasor Guillermo Moreno quien, manipulando las leyes del gobierno comunitario y del propio Estado mexicano, se asentó ilegalmente en la parte más alta del Cerro de El Pandillo, ordenando la restitución de las tierras.

En cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Agrario del distrito 15, lo comuneros de Mezcala, acompañados de elementos de la Guardia Nacional, del Tribunal, Colectivos y Organizaciones, acudieron el 4 de octubre al predio señalado para efectuar la ejecución legal de la restitución de parte de su territorio.

“Como hijo de la comunidad, nunca me imaginé vivir este momento, nos desanimábamos porque muchas personas, muchos comuneros que han apoyado esta lucha ya fallecieron y quedaron con el sueño de ver este día, y yo sé que desde el cielo ellos están también con nosotros”, declaró José Luis Rosales al diario NTR.

Colocando lonas con el símbolo de la comunidad indígena de Mezcala y con pancartas con leyendas como “La tierra no se vende; se trabaja y se defiende”, “Fuera Guillermo Ibarra, eres un invasor” y “23 años de lucha ante la soberbia del dinero y del poder”, el centenar de personas celebraron la sentencia histórica.

Con pancartas, miembros de la comunidad indígena de Mezcala celebraron la restitución de tierras. Foto: Mario Marlo.

En predio invadido el empresario tapatío construyó una vivienda de dos plantas con vista privilegiada al Lago de Chapala, además de establos y represas, causando la deforestación de algunas áreas y el desvío de arroyos.

Tras la visita, el Tribunal Agrario del distrito 15, alrededor de las tres de la tarde entregó a los comuneros un acta de restitución de las 10 hectáreas ocupadas de forma ilegal por más de 20 años, regresandoles todos sus derechos sobre las mismas, por lo que a partir del 4 de octubre de 2022 la comunidad de Mezcala es la responsable de cuidar y preservar este paraje del territorio, lo cual hará valer a través de una guardia comunal que resguardará estas tierras.

Según informaron mediante un boletín de prensa, las instalaciones recuperadas serán utilizadas en beneficio de todo el pueblo de Mezcala y la región, a través de
un proyecto educativo que planea recuperar los saberes y conocimientos tradicionales.

La lucha por la justicia sigue

La comunidad indígena coca de Mezcala mantiene otro litigio contra Guillermo Moreno Ibarra por la invasión de otras 10 hectáreas ubicadas en la planicie de El Comal, que también forman parte de las tierras comunales y que no fueron incluidas en la sentencia del Tribunal Agrario del distrito 15.

La comunidad de San Pedro Itzicán en el municipio de Poncitlán es la delegación donde más niños y adolescentes se mandan a pedir dinero en las zonas turísticas de Chapala. Foto: D. Arturo Ortega.

Domingo M. Flores / Jazmín Stengel.- Para la asociación altruista «Poco a Poco», los niños de las comunidades San Pedro Itzicán y Mezcala, en el municipio de Poncitlán, se ven en la necesidad de pedir limosna en Chapala y Ocotlán debido a factores económicos.

Dado que muchos de los menores prefieren pedir dinero que ir a estudiar, mientras otros son enviados por su papás para que ayuden en el hogar debido a las necesidades.

Integrantes de la asociación que se hacen cargo de al menos seis comedores comunitarios donde alimentan diariamente alrededor más de 700 menores gratuitamente, indicaron que otros de los factores que influyen para que los menores en lugar de ir a la escuela decidan ir a vender verduras o pedir dinero en la zonas turísticas de dichos municipios, es la gran cantidad de enfermos renales que hay la zona, que tiene una de las tasas más altas de esta enfermedad a nivel mundial.

“Estudios multidisciplinarios comprobaron que el epicentro de las enfermedades renales en México (que ocupa el segundo lugar mundial en este tipo de padecimientos) se localiza en varias de las comunidades más marginadas de Poncitlán, en la ribera del lago de Chapala, donde a la pobreza y altas tasas de natalidad se suman el abandono de todos los niveles de gobierno, la contaminación del agua y el uso de agroquímicos como glifosato, entre otras variables”, de acuerdo a información publicada en el periódico La Jornada, en enero del 2022.

De la gran cantidad de enfermos renales que existen en el municipio de Poncitlán nació la necesidad económica en las familias de escasos recursos para mantener el tratamiento de sus seres queridos. Como lo explicó Julia, una de las voluntarias en Poco a Poco, “vendimos todo y aún así no nos alcanzaba”, recordó.

Las diálisis o hemodiálisis de los enfermos renales suelen superar los 260 mil pesos anuales, y quienes logran obtener un trasplante de riñón, también debe mantenerse bajo tratamiento, explicó la doctora Angela María Soto Cruz, especialista en nefrología en la nueva clinica de hemodialisis en Chapala, durante la inauguraciòn de la misma, meses atrás.

De las decenas de niños, niñas y adolescentes de San Pedro Itzicán que acostumbran esta práctica, la mayoría de ellos son enviados por sus familiares o van por voluntad propia a trabajar para aportar para el gasto del hogar, reiteraron integrantes de Poco a Poco.

Además, añadieron que los padres de los menores están desempleados, sufren de codependencias a algunas sustancias, otros trabajan fuera y dejan los niños a cargo de algún familiar, mismo que los envía a pedir limosna.

Olga, una vecina del lugar, contó a Laguna que platicó con un menor de ocho años mientras viajaban en el transporte público rumbo a Chapala. El menor le dijo que prefería el dinero que ir a la escuela, su madre no lo obliga pero tampoco le da la cantidad que el menor requiere. Además le ayuda cuando su padre se ausenta a causa de las drogas y el alcohol. “Parece que se invitan uno al otro para ir”, expresó la entrevistada.

Ya sea por desinformación del peligro que corren o desinterés de los padres, los menores son enviados por las mañanas solos, en camionetas de empresas privadas o en el transporte público a los municipios de Ocotlán y Chapala, según vecinos de San Pedro Itzicán que prefirieron el anonimato.

En ocasiones los menores se han llegado a extraviar por algunos días y quienes no logran volver a su casa, pasan la noche en la central de autobuses. A pesar de que hasta la fecha no se sabe de algún menor que se haya perdido, sí se tiene conocimiento de adolescentes que decidieron abandonar la comunidad por completo, señalaron los entrevistados.

Una voluntaria de la Asociación Poco a Poco, quien prefirió el anonimato dijo que es común que los infantes y adolescentes prefieran este tipo de vida, pues les “gusta traer dinero en la bolsa” por lo que, carecen de educación escolar y una vida sana.

Desde el punto de vista de las tres personas entrevistadas de la asociación, en San Pedro Itzicán ya no hay justificación para que los niños se vayan a pedir dinero para conseguir alimento, ya que la delegación cuenta con cuatro comedores asistenciales y dos más en Mezcala, que dan de comer una vez al día a más de 700 niños, durante seis días a la semana, desde hace 7 años.

Aún así, muchos menores o los familiares de ellos prefieren la facilidad del dinero que la educaciòn de los infantes, por lo que algunos abandonan los comedores, cursos y actividades recreativas y educativas que les ofrece de manera gratuita, con la intenciòn de distraerlos de su realidad, señalaron integrantes de la asociación.

En estos comedores participan alrededor de 15 voluntarios de la misma comunidad, cada voluntario que se integra a esta asociación es investigado por la misma antes de entrar en contacto con un menor. Los donantes no suelen tener contacto con los infantes, sino que la coordinadora y gestora de la asociación funge como intermediaria, dieron a conocer los entrevistados.

Sin embargo, para cambiar es necesario comenzar una intensa campaña de concientización. Tanto por parte del Gobierno de Poncitlán para explicar a los padres sus obligaciones y respetar el derecho de los menores, como por parte del gobierno de Chapala y Ocotlán para persuadir a las personas a dejar de seguir dando dinero a los niños, “si no hay dinero no van”, concordaron las tres entrevistadas.

Niños pidiendo limosna a turistas en el malecón de Chapala.

Jazmín Stengel.- Tras las quejas recibidas en Derechos Humanos de Chapala por casi cien comerciantes del malecón respecto a los infantes provenientes de Mezcala y San Pedro Itzicán que piden dinero a locales y turistas, el Gobierno de Poncitlán y el Gobierno de Jalisco se comprometieron a atender el tema y mejorar su calidad de vida.

Por medio del oficio 143/2022 con fecha del 20 de junio, la dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Poncitlán, se informó que funcionarios estatales y locales se reunieron para establecer un plan de trabajo para «erradicar el traslado de nuestros menores a su municipio» -haciendo referencia al destino turístico de Chapala-, por medio de programas sociales que mejoren su calidad de vida.

Además, se determinó en el documento que si los menores son víctimas de explotación infantil, se encontrará  a los responsables y se procederá legalmente para salvaguardar su integridad y restituir los derechos que les fueron vulnerados. 

Esto debido a que según los reportes de civiles, los menores arriban al municipio de Chapala en una camioneta alrededor de las 07:00 de la mañana y se retiran en la misma a las 08:00 de la noche. No obstante, otros testigos informaron a Laguna que han visto a varios infantes transportarse en el camión de regreso a casa.

La queja colectiva fue presentada a Derechos Humanos de Chapala el 7 de junio, con la firma de 90 personas, debido a que los cerca de 30 menores que asisten a las zonas turísticas del municipio para pedir dinero, se han vuelto cada vez más exigentes. Ya sea, porque ofenden con palabras altisonantes a la persona que se niegan a apoyarlos o porque toman los alimentos y bebidas de los turistas sin permiso previo.

En la reunión que se llevó a cabo el 8 de junio para entablar el plan de trabajo, estuvieron presentes los funcionarios Eurídice Perales Jaramillo, representante de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Jalisco; Víctor Hugo Escalante Juárez, director de Representación a Niñas, Niños y Adolescentes e Irvin Rodrigo Anaya Meléndez, coordinador de la Unidad de Trata de Personas, entre otros.

Por parte de Poncitlán estuvieron presentes, la directora del DIF, María Angélica Rosales Reyes, acompañada de Noelia Alejandra Enciso Barraza, psicóloga y la delegada de la Procuraduría de Niñas Niños y Adolescentes municipal, María Alicia López Flores.

Del municipio de Chapala fueron Erika Erín Torres Herrera, presidenta del Dif Chapala, María Eugenia Real Serrano, directora del mismo y Paloma Ventura, delegada de la Procuraduría de Niñas Niños y Adolescentes en Chapala.

Juan trabajaba en un rancho de frutos rojos. Foto: Cortesía.

Redacción.- Familiares y amigos de Juan Díaz Ródriguez exigen justicia y que las autoridades esclarezcan lo que sucedió con el jóven ingeniero, mismo que era conocido y apreciado por muchas personas de la localidad de San Juan Tecomatlán, municipio de Poncitlán. Juan había sido reportado como desaparecido durante el lunes, pero días después fue localizado sin vida en la localidad de Mezcala.

Juan no se metia con nadie, según lo comentado por sus amigos, además de ser una persona trabajadora, siendo ingeniero y laborando en un rancho de cultivo de frutos rojos, además de colaborar con la página de internet “San Juan Tecomatlan Oficial”, sitio que mediante un desplegado lamentó los hechos y exigió las autoridades mayor seguridad y el esclarecimiento de lo sucedido.

Díaz Rodríguez salió de San Juan Tecomatlán en una camioneta, misma que contaba con localizador satelital, por lo que la unidad fue encontrada, pero sin el conductor. Durante el jueves 17 de marzo se informó que el ingeniero había sido encontrado sin vida, siendo localizado en Mezcala, en un terreno a un costado de la carretera.

Por ahora se desconoce el móvil del crimen, serán las autoridades quienes se encarguen de realizar las investigaciones para resolver el asesinato, mientras que los habitantes de San Juan Tecomatlán, piden entre el consternamiento y enojo que se haga justicia.

Poblado de Mezcala.

Redacción.- Luego de más de 20 años de lucha, la comunidad de Mezcala logró recuperar alrededor de 20 hectáreas que habían sido invadidas por el empresario de Guadalajara, Guillermo Ibarra Moreno que con influencias y corrupción intentó despojar a los habitantes de sus tierras para la construcción de su casa de campo.

Ibarra Moreno inició con la invasión del cerro El Pandillo desde 1999, apropiándose primero de nueve hectáreas, que con el tiempo se convirtieron en 20, en las que construyó casas de descanso con vista al lago para él y sus allegados, además desvió arroyos para que llegara el agua y formó un grupo para militar que amedrentaba a los opositores.  

No obstante, fue el Tribunal Superior Agrario quien ordenó el 28 de octubre la devolución de las tierras invadidas tras ratificar la sentencia que en 2019 emitió el Tribunal Unitario Agrario del distrito 15, en la cual se condenó a Moreno Ibarra y a su prestanombres, el comunero Crescenciano Santana, a restituir las tierras ocupadas.

Cabe mencionar que, durante el proceso por la restitución de la tierra, se emitieron dos sentencias a favor de la comunidad de Mezcala; sin embargo, el empresario interpuso amparos, pero el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, resolvió a favor de los comuneros.

En rueda de prensa en Guadalajara, la comunera Rocío Moreno, quien por buscar la recuperación de las tierras fue apresada en 2011 como parte del proceso penal 318/2011-C contra diez comuneros interpuesto por el empresario, por “daño a las cosas”, dijo que la decisión del tribunal es inatacable.

Con la sentencia a favor de la comunidad Coca, ya se tienen planes de lo que harán con la finca que fue del empresario invasor:

“El predio que ilegalmente fue invadido por el empresario tapatío será de uso común, para disfrute de lo que decida la comunidad coca y debido a que desde 2008 se interpusieron medidas cautelares para que no se hicieran construcciones en el predio El Pandillo, el invasor está condenado a retirar bienes muebles, no así las construcciones realizadas”, señaló la comunidad tras conocerse la sentencia.

Foto: Cortesía. 

Redacción.- Desde hace 22 años, la comunidad de Mezcala de la Asunción, Poncitlán, ha luchado contra un invasor, un empresario de Guadalajara de nombre Guillermo Moreno Ibarra, quien llegó a la localidad pegada al lago para, por la fuerza, influyentismo y corrupción, apropiarse de 12 hectáreas. 

En el 2019, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito XV resolvió en favor de la comunidad de Mezcala, por lo que el invasor tenía que regresar las tierras, pero esto no pasó, debido a la burocracia del poder judicial, sumado a la pandemia por COVID19. Moreno Ibarra interpuso un amparo, lo que retrasó que se cumpliera la sentencia.   

Al invasor se le acusa de usar prestanombres, hacer uso de amiguismo con políticos, de amenazas contra la comunidad y hasta de pagar para convertirse en comunero. En un inicio la comunidad de Mezcala planteó la posibilidad de defender su terreno con el poder y fuerza del pueblo, pero al final se decidió actuar por la vía legal, confiando en que las autoridades resolverán en su favor.  

Será en este mes cuando el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Zapopan deberá dictar la sentencia definitiva, en la que ya no se podrán interponer más recursos ni “artimañas” legales, por lo que la comunidad se encuentra a la espera de lo que pueda suceder, esperando que se haga justicia para Mezcala.