Poder Judicial

Opinión: De Norte a Sur 

Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: Cepropie

Por Abigail A. Correa Cisneros.

La jueza Nancy Juárez Salas insiste en que hay un desacato de la presidencia al no eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación, ya se lo había exigido al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora insiste en que Claudia Sheinbaum está en desacato argumentando el artículo 61 de la Ley de Amparo, misma que dice que no se puede aplicar en modificaciones a la Constitución Política. Pero la jueza va más allá y quiere llevar su reclamo a instancias internacionales. 

Los beneficios a los que se aferran los jueces y magistrados ya se acabaron. Cómo no habría de aferrarse Juárez Salas a ellos si a pesar de tener denuncias por desempeño deficiente, nepotismo y acoso laboral, ella sigue con sus funciones. Ella, junto con los demás ministros y magistrados que insisten en desacreditar la reciente reforma son los que están en desacato. Recordemos que se aferran a ellos porque son quienes más dinero se llevan a los bolsillos, si sumamos las prestaciones y sueldo alcanzan los 2 millones 483 mil 376 pesos anuales, más un aguinaldo de 445 mil 334 pesos, lo que supera en 106 veces el salario mínimo del país, que es de 249 pesos diarios, en el caso de los ministros.

Esta semana el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el siguiente año que presentó la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, porque mantiene asignaciones millonarias para el pago de seguros privados, como el de gastos médicos mayores (132 millones 825 mil pesos) y el de separación individualizada (204 millones 988 mil 949 pesos), entre otros. 

Incluso el proyecto que presenta dice que el presupuesto operativo crecerá 8.2 por ciento respecto al del presente año, de 894.7 millones de pesos a mil 5 millones de pesos; también el rubro de proyectos aumentará su gasto en 74.9 por ciento, de 57.6 millones de pesos a 104.6 millones de pesos. Le toca a Norma Piña restructurar el presupuesto que presentó porque está solicitando 5 mil 922.9 millones de pesos que representan un aumento nominal del 2.3 por ciento en comparación con el presupuesto del año anterior. Ni siquiera contempló los ajustes derivados de la reforma judicial, que incluyen la eliminación de fideicomisos y la reducción de los sueldos de los miembros del Pleno y altos funcionarios de la Corte, quienes deben ganar menos que el Presidente de la República. Todo esto viola la Ley Federal de Austeridad Republicana.

La ministra Norma Piña dijo que los derechos humanos están en riesgo cuando el poder, de cualquier tipo “no puede ser contenido, frenado y controlado”, y tiene razón, pero debería poner el ejemplo, porque estamos en una austeridad, mientras exista pobreza en el país con qué indiferencia siguen los ministros de la SCJN recibiendo millones de pesos que bien podrían utilizarse en defender los derechos humanos, darles más presupuesto a los ministros sería reducirlo para grupos vulnerables que hoy requieren mejoras en la educación, la salud, y la vivienda digna. Todo el esmero que pone la Cuarta Transformación en aplicar políticas para combatir la pobreza y promover los derechos humanos, se ven opacados por la corrupción, la ineficacia administrativa y la falta de un enfoque integral que considere las necesidades específicas de las comunidades y en su lugar se sigan enriqueciendo aquellos que tienen de sobra. 

DESDE EL CENTRO

Rusia es el anfitrión en la decimosexta reunión cumbre de los BRICS+, el orden mundial está en constante cambio por lo que este encuentro que reúnen a 40 representantes del orbe es de gran importancia. Los integrantes del grupo fueron inicialmente Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y posteriormente se agregaron Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudita participa sin ser un miembro formal. En la cumbre que empieza este martes se abrirá la puerta a una posible ampliación, mediante la creación de una nueva categoría de estados socios, de acuerdo con el gobierno ruso… Siguen insistiendo los panistas en el uso de suelo en Chapultepec, donde quieren construir una torre de departamentos lujosos, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que seguirá defendiendo la zona, trabaja en ello desde que fue titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México.

 

*La opinión es responsabilidad de quien la escribe y no refleja el sentir o pensar de Semanario Laguna.

Exigen justicia para Mezcala

Foto: Cortesía. 

Redacción.- Desde hace 22 años, la comunidad de Mezcala de la Asunción, Poncitlán, ha luchado contra un invasor, un empresario de Guadalajara de nombre Guillermo Moreno Ibarra, quien llegó a la localidad pegada al lago para, por la fuerza, influyentismo y corrupción, apropiarse de 12 hectáreas. 

En el 2019, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito XV resolvió en favor de la comunidad de Mezcala, por lo que el invasor tenía que regresar las tierras, pero esto no pasó, debido a la burocracia del poder judicial, sumado a la pandemia por COVID19. Moreno Ibarra interpuso un amparo, lo que retrasó que se cumpliera la sentencia.   

Al invasor se le acusa de usar prestanombres, hacer uso de amiguismo con políticos, de amenazas contra la comunidad y hasta de pagar para convertirse en comunero. En un inicio la comunidad de Mezcala planteó la posibilidad de defender su terreno con el poder y fuerza del pueblo, pero al final se decidió actuar por la vía legal, confiando en que las autoridades resolverán en su favor.  

Será en este mes cuando el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Zapopan deberá dictar la sentencia definitiva, en la que ya no se podrán interponer más recursos ni “artimañas” legales, por lo que la comunidad se encuentra a la espera de lo que pueda suceder, esperando que se haga justicia para Mezcala.

Sin justicia para la comunidad de Mezcala

Foto: Cortesía.

Redacción.- En México la justicia ampara al pudiente, al corrupto y al mafioso, pero nunca al pueblo y eso lo sabe bien la comunidad de Mezcala. Resulta que las autoridades judiciales siguen dando largas al caso de despojo de tierras a la población por parte de Guillermo Moreno Ibarra y su testaferro, Crescenciano Santana Sánchez. Después de 20 años, sigue sin llegar la justicia a Mezcala.

Se pasan la bolita. Fue el 27 de noviembre cuando se emitió la sentencia de turnar nuevamente el amparo directo 121/2019 que debería resolver la restitución de tierras invadidas en el predio conocido como “El Pandillo”, posponiendo nuevamente la sentencia final que ha esperado por años la comunidad coca de Mezcala. 

La sentencia fue turnada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito a sus homólogos en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Señalando que el segundo tribunal resultaba incompetente para resolver la cuestión que se le planteaba, en razón de que; el diverso Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, ya había conocido del asunto cuando resolvió el recurso de revisión 390/16. 

Ahora será el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien resuelva en definitiva el asunto, y está pendiente que se asigne el número del expediente que le corresponderá al amparo. 

Por ahora, la comunidad está pendiente y a la espera de lo que emita el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito para que aplique la justicia y se confirme la sentencia dada al expediente 475/2013, donde se condena al empresario Guillermo Moreno Ibarra y a su testaferro Crescenciano Santana Sánchez, a restituir a sus legítimos propietarios la superficie de 10-00-00 hectáreas del predio “El Pandillo”, que ilegalmente ocupan. 

La comunidad considera que los antecedentes y la razón histórica han mostrado que las tierras comunales pertenecen a Mezcala y no a un empresario particular de la ciudad de Guadalajara. Considerando que el pasado 14 de mayo del año 2002 -los en aquel entonces integrantes del comisariado de bienes comunales, para la comunidad indígena de Mezcala de la Asunción, municipio de Poncitlán, Jalisco- acudieron ante los Tribunales Agrarios a reclamar la restitución de una superficie aproximada de 10-00-00 hectáreas, ubicadas en el predio denominado “El Pandillo”, sobre la cual se había posesionado ilegalmente el empresario.

Después de haberse sustanciado todo el procedimiento agrario, con fecha 10 de septiembre del año 2014 el Tribunal Unitario Agrario Distrito XV, emite resolución dentro del expediente 475/2013 conforme a la cual se condena a los mencionados Guillermo Moreno Ibarra y Crescenciano Santana Sánchez, a restituir a la Comunidad Indígena la superficie de 10-00-00 hectáreas que ilegalmente vienen poseyendo en el predio denominado “El Pandillo”, dicha resolución fue confirmada en todos sus términos con fecha 14 de febrero del año 2019 por el Tribunal Superior Agrario al resolver el recurso de revisión 470/2014-15, lo cual significa que el empresario demandado y su testaferro, se encuentran obligados a restituir a la comunidad indígena la superficie que ilegalmente ocupan. 

Inconforme con dicha determinación, el particular Guillermo Moreno Ibarra en compañía de su siempre fiel escudero Crescenciano Santana Sánchez, interpuso el juicio de amparo directo 121/2019 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual combate como último medio de defensa la resolución dictada por el Tribunal Superior Agrario dentro del recurso de revisión 470/2014-15, en dicho juicio de amparo, el empresario alega como defensa contar con la calidad de comunero integrante de la propia comunidad que lo demanda. 

Ahora, la comunidad de Mezcala tendrá que esperar a que las autoridades judiciales resuelvan la situación, confiando en que darán la razón a quienes se dicen despojados.