Funeral de Ociel Baena Saucedo. Foto: EFE/Miguel Sierra.

Por Abigail A. Correa Cisneros.

Que sólo un sector de la población esté conmocionado por el asesinato del Magistrade del Tribunal Local Electoral de Aguascalientes, Ociel Baena Saucedo, es muestra de la indiferencia hacia grupos vulnerables de la sociedad. La hipocresía política es más notoria cuando la conclusión apresurada es que se trató de un “crimen pasional”.

En meses previos, Baena Saucedo externó que temía por su vida por ser activista en pro de los derechos de la diversidad sexual. Por esto, miles salieron a expresar su repudio contra la primera hipótesis del fiscal general de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, quien informó que Ociel Baena fue asesinado por su pareja, misma que después se suicidó. 

Las investigaciones deberían continuar, pero al parecer ahí quedará la carpeta. Es necesario señalar que la comunidad LGBTIQ+ es de las más violentadas. México tiene el segundo lugar en Latinoamérica por ser el país con más crímenes de odio. De 2019 a 2022 las minorías sexuales padecieron 305 hechos motivados por el odio, entre estos, asesinatos, desapariciones, atentados a la vida y suicidios, según reportó el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTIQ+ en México. 

El año pasado documentó 22 desapariciones y 62 asesinatos, atentados y suicidios, entre personas de 25 y 29 años, mujeres trans y homosexuales. Destaca que por cada denuncia hay tres más que no se contabilizan.

Asimismo, la organización civil Letra S, Sida, Cultura y Vida reportó un aumento de más del 11.5 por ciento en los asesinatos de odio contra personas LGBT en México en 2022, cuando registró 87 frente a los 78 de 2021, aunque también advierte que la cifra real rondaría los 200.

Los derechos humanos deberían ser para cualquiera. Se puede decir que en México avanza el reconocimiento legal a este sector de la población. Desde 2022 todos los estados celebran bodas entre personas del mismo sexo. La Suprema Corte reconoció el derecho de las infancias trans a rectificar su género en las actas de nacimiento. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) y el Instituto Nacional Electoral (INE) expiden ya identificaciones que reconocen a personas trans y no binarias. 

Tras un juicio y un amparo, fue Ociel Baena quien obtuvo el primer documento oficial donde se reconoce a las personas no binarias. También fue la primera persona en recibir un pasaporte no binario, y con esto, México se sumó a los 16 países en el mundo que permiten un pasaporte con la opción de no identificarse como mujer o como hombre. 

Estos cambios son importantes en nuestro país. Se trata de un sector que asciende a cerca de cinco millones de personas, de acuerdo con el conteo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que por primera vez los incluyó en su reporte de manera oficial el año pasado; se trata del 5.1 por ciento de los habitantes de 15 años y más.

México tiene que dejar en el pasado cualquier tipo de discriminación. En cuestiones laborales, por ejemplo, se presenta diariamente por motivos de orientación e identidad sexual. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación (Enadis) 2022, casi cuatro de cada diez personas mayores de edad con diversidad sexual y de género sufrieron algún incidente de discriminación entre 2021 y 2022.

En datos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (Endiseg 2021), alrededor del 63.4 por ciento de las personas LGBTIQ+ mayores de 15 años —un poco más de tres millones de personas—, contaron con algún tipo de empleo. De este porcentaje, casi una tercera parte indicó que vivió algún tipo de agresión o evento de discriminación entre 2021 y 2022. Al comparar esta proporción con el de la población heterosexual que vivió la misma situación, el porcentaje baja a 18.4 por ciento.

Jesús Ociel Baena representó la lucha de personas que intentan expresar su identidad, sin que sean atacados o discriminados. Sentó las bases para que personas no binarias cuenten con documentos oficiales donde se les reconoce sus derechos e identidad. 

DESDE EL CENTRO

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) trabajan en el rescate de los lagos Cuitzeo, Pátzcuaro y Zirahuén, en Michoacán, con el objetivo de desarrollar sistemas productivos resilientes y sustentables en sus cuencas y contribuir al cuidado de los recursos agua, suelo y agrobiodiversidad. El titular de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula, comentó que los trabajos consisten en medir con datos los efectos que aceleran su deterioro, como el escurrimiento por la deforestación desmedida y mal manejo del uso del agua y, con base en ello, lograr su recuperación con acciones puntuales en el corto, mediano y largo plazo.

A nueve años de la desaparición de los normalistas, las manifestaciones siguen. Foto: Cortesía.

Por Abigail A. Correa Cisneros.

En búsqueda de la verdad tras nueve años, padres de los normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014, siguen clamando porque sus hijos aparezcan con vida. Confrontados con el ejército y el gobierno actual para que estos revelen información que los lleve a saber qué pasó con ellos; ahora son incansables luchadores de justicia.

Una de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue que se sabría la verdad al respecto. Sin embargo, siguen las inconsistencias en la investigación. Los padres de los 43 señalan que el ejército tiene información clave de aquella noche del 26 de septiembre, en Ayotzinapa.

Se sabe que los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” viajaron a Iguala, Guerrero, con la intención de secuestrar autobuses para venir a Ciudad de México y participar en la marcha del 2 de octubre. Pero corrieron con la misma suerte que muchos de 1968, fueron desaparecidos por policías municipales, federales y el crimen organizado.

Las investigaciones que empezaron en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, encabezadas por Tomás Zerón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía federal, concluyeron que los jóvenes fueron secuestrados por policías de Iguala y Cocula, quienes posteriormente los entregaron al grupo criminal “Guerreros Unidos”. Concluyeron que fueron asesinados e incinerados en un basurero.

Mientras fueron avanzando las investigaciones, más se demostró que la Fiscalía manipuló evidencias, por lo que los padres de los estudiantes siguen demandando se esclarezca lo que ocurrió aquella noche. Y es lo que a través de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), la Comisión para la Verdad Ayotzinapa (COVAJ) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se ha intentado hacer durante este gobierno, mismo que asegura que ya se entregó toda la evidencia.

Y es que estas conclusiones quitan responsabilidad al Estado, de acuerdo con lo que dicen los padres de los estudiantes.

En el último informe se mencionan tres posibles causas: que hubo infiltrados de Los Rojos entre los estudiantes de Ayotzinapa, por la presunta disputa de la plaza de la región de Iguala. Que quisieron dar un escarmiento a los estudiantes, esto por las supuestas amenazas del entonces alcalde, José Luis Abarca y Guerreros Unidos, por los destrozos y protestas en Iguala, por la desaparición y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera. Y, una última, el trasiego de drogas, armas y dinero que ocultaban en alguno de los camiones que tomaron los estudiantes para llegar a Ciudad de México.

Asimismo, el informe titulado “Ayotzinapa. Narrativa de los hechos de acuerdo a la investigación realizada” indica que hubo 132 personas detenidas por aquellos hechos. Se trata de 71 policías, tres funcionarios de la Fiscalía General de la República, el exsecretario de Seguridad Estatal de Guerrero, el expresidente municipal de Iguala, la expresidenta del DIF de Iguala y 14 elementos de la Sedena.

Estas nuevas conclusiones parecen estar más cerca de la llamada “verdad histórica”, “se afirma de manera categórica que el móvil del asesinato de la desaparición de los jóvenes obedece a una disputa entre los grupos delictivos, que estaban infiltrados los estudiantes por grupos delictivos”, declaró a medios Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes.

Los padres de los jóvenes acusan al presidente de encubrir al ejército, del que afirman, no ha entregado toda la información del caso, como denunció también en julio el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

DESDE EL CENTRO

Luego de que se publicaran imágenes de cárteles vitoreados por las comunidades en Chiapas, para liberarlos del yugo en que los tiene otro grupo criminal, el gobierno federal envió cerca de 800 elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, así como de la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, a Comitán hacia Frontera Comalapa. Parece zona de guerra, hay cortes de luz y la comida escasea, denuncian pobladores. Todo indica que es por la disputa de territorio entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Mujeres indígenas manifestándose en Chiapas. Foto: Cortesía. 

Por Abigail A. Correa Cisneros

Mujeres de diversas comunidades del sur de México denunciaron que el crimen organizado expande sus tentáculos sin que las autoridades resuelvan la peligrosa situación en la que viven. 

Durante la Asamblea del Movimiento de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra y sus territorios, tocaron el tema de violencia e inseguridad en el que hoy tienen que vivir porque los grupos criminales avanzan sin control y piden derecho de piso, asesinan, secuestran y se apropian de espacios públicos y privados. “El crimen organizado busca alianzas con las comunidades ofreciendo su apoyo en la resolución de conflictos de tierra a cambio de entrar a sus territorios”, ya no distinguen entre criminales y autoridad, denunciaron.

Específicamente en Chiapas, donde la pobreza y problemas por la posesión de tierras persisten, expresaron su preocupación porque también ha aumentado el turismo, que, en lugar de ser un beneficio que enriquezca a las comunidades, los ha ido despojando de agua y espacios, “los humedales siguen siendo rellenados y fraccionados para construcción de casas habitación, además de la corrupción a nivel del presupuesto público”.

Y es que, con la activación de las vías por el Tren Maya, la tierra es acaparada por grandes empresas y hay megaproyectos que ponen en riesgo a las comunidades. El flujo migratorio también va en aumento, lo que hace más vulnerables a los habitantes pues el crimen organizado encontró una fuente de ingresos mediante secuestros. Pero no solamente se trata de narcotraficantes, también la autoridad es cómplice al despojar a las familias de sus tierras por el “derecho de vía”, que no es más que la expropiación de 20 metros de tierra que dará paso a las vías del Tren Transístmico, donde hay construcciones de casas y bardas.

Expresaron que la lucha de las mujeres atraviesa el tema de explotación de la tierra, hidrocarburos, el negocio inmobiliario, la crisis del agua, la defensa de la tierra y el territorio.

Sin embargo, estos hechos se remontan a años previos, las mujeres en la zona Altos tsotsil, en Chiapas, tienen meses denunciando que la violencia va en aumento, “hay un incremento de cantinas, circulación de alcohol, drogas y armas”. Y hacen un llamado a los gobiernos para que las tomen en cuenta, desde su desacuerdo con los megaproyectos hasta el riesgo constante en que viven junto con sus familias. 

“En el Valle de Jobel identificamos un antes y un después del 14 de junio (del año pasado) luego de la disputa de diferentes grupos del Crimen Organizado: se viven despojos a través de la invasión de tierras provocado por grupos armados desde la complicidad de funcionarios de gobierno y empresarios hoteleros quienes acaparan el agua a través de la destrucción de humedales de montaña y ciénegas. Hay varios grupos de jóvenes armados llamados motonetos que hacen de las balaceras un cotidiano y ponen en tensión la vida diaria de las mujeres, niños y niñas. Hay más presencia de la Guardia Nacional que se hace la que no ve, ni escucha”.

El Sur de México sigue olvidado por el actual gobierno, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien con bombo y platillo anunció la próxima inauguración del Tren Maya. Pese a que aseguran que éste traerá desarrollo a los habitantes del Sur, ellos opinan lo contrario. 

Es urgente que se mire a estas comunidades que desde hace años son desplazadas y la autoridad sigue de brazos cruzados. Denuncian que la desaparición de jóvenes es constante, pero más de mujeres y niñas que se vuelven la mayoría de las veces en feminicidios y trata de personas.

Otra de sus preocupaciones es el aumento del uso de drogas entre jóvenes. Si en la frontera Norte preocupa el uso de fentanilo, el Sur no se queda atrás. 

Por otra parte, la criminalización hacia ellas por defender sus tierras, pues definitivamente están en contra de que el Tren Maya sea una realidad en esas zonas. La inminente puesta en marcha de este proyecto estrella del presente gobierno debería traer beneficio a estas familias; sin embargo, desde que inició su construcción sólo les acarreó preocupaciones, inseguridad y violencia. 

El gobierno debe hacer una revisión de la situación que atraviesan estas familias, encabezadas muchas veces por viudas o quienes vieron migrar a sus parejas. “Existe una constante criminalización hacia quienes estamos cuestionando la construcción del Tren”, afirman.

DESDE EL CENTRO

Las exportaciones agroalimentarias del país aumentaron 5.16 por ciento en el periodo enero-julio, al sumar 31 mil 487 millones de dólares, lo que representó el valor más alto reportado en los últimos 31 años y contribuyó al saldo positivo de la balanza comercial, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. En este lapso la balanza comercial agroalimentaria (agropecuaria y agroindustrial) registró un superávit de cinco mil 793 millones de dólares, cifra superior en 672 millones de dólares (13.12 por ciento mayor) respecto al mismo periodo de 2022. Víctor Villalobos Arámbula, titular de la dependencia federal, destacó que México se ubica como séptimo exportador de alimentos en el mundo y sobresale en los primeros tres lugares en producción de aguacate, jitomate, berries, nuez, limón, mango, pimientos, lechuga, espárrago y cebolla; previó que en el mediano plazo lo será en papaya y piña. Así mismo, la Sader promueve proyectos de inversión productiva y de agricultura protegida en entidades del sur sureste del país para incorporar esta región al desarrollo agroalimentario nacional. Víctor Villalobos Arámbula, comentó que el Gobierno de México ha realizado obras de infraestructura y logística para impulsar el sector primario y promover la industria alimentaria de la región y, de esta forma, aprovechar su potencial en recursos naturales y capital humano y abonar a la seguridad alimentaria del país y el bienestar de los productores. Destaca que en el norte y centro del país se ubica el 19 por ciento de las Unidades de Producción Rural (990 mil) con agricultura empresarial, mientras que el sur concentra el 81 por ciento (4.3 millones) de agricultura familiar y de autoconsumo… Ni boyas ni púas espantan a los miles de migrantes que pretenden cruzar hacia Estados Unidos. En Coahuila fueron detenidos miles de migrantes a bordo del tren que opera Ferromex, pese a las súplicas para que les permitieran continuar, la empresa determinó frenar máquinas debido al elevado número de personas a bordo. Los migrantes se arriesgan a morir o perder extremidades al caer del tren. Es tal la crisis que el pasado lunes varias personas resultaron lesionadas cuando miles de migrantes, en su mayoría haitianos, intentaron ingresar a la fuerza a la oficina migratoria de Tapachula (sur) para exigir la entrega de permisos de tránsito.

Pie de foto: AMLO mostrando datos de la red de hospitales de México. Foto: Cortesía. 

Por Abigail A. Correa Cisneros.

El daño que le hicieron al país los gobiernos anteriores es tal, que tendríamos que seguir pagando una deuda de 20 años con las concesiones de los hospitales. El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), busca cancelar los contratos leoninos que se hicieron en los periodos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. 

Dieciséis veces más es el costo que se pagó por nueve hospitales, es decir 93 mil millones de pesos, que además están beneficiando a gente que está o estuvo vinculada al gobierno, y eso es tráfico de influencias. Pero beneficia poco a los usuarios, porque ni siquiera operan en su totalidad. 

El gobierno actual anunció que busca comprar estos nosocomios concesionados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para ahorrarse el excesivo costo que actualmente es de seis mil millones de pesos anuales, solamente de seis hospitales. 

“Con esa cantidad hacemos tres hospitales, y es lo que pagamos en un año por seis”, subrayó el presidente AMLO. La mejor opción es adquirirlos, ya que, en caso de cancelar el contrato, tendría que iniciarse un proceso legal con desventaja.

Los hospitales pertenecen al IMSS, al ISSSTE y a la Secretaría de Salud, y sus instalaciones se ubican en Chiapas, Nayarit, Yucatán, Ciudad de México, Tabasco, Tamaulipas, Estado de México y la región del Bajío.

El derecho a la salud en México está estipulado en nuestra Constitución; sin embargo, desde hace décadas se ha caracterizado por una atención deficiente, con carencia de equipos médicos y medicamentos que casi siempre faltan. Actualmente, es uno de los mayores problemas en nuestro país y es debido, en gran medida, a que durante años las administraciones encargadas de brindar atención se dedicaron a despilfarrar presupuesto, a hacer fraudes mediante servicios con costos inflados, incluso a contratar servicios de mantenimiento con empresas que ni existieron. 

Con la adquisición de estos hospitales se estaría ahorrando dinero que podría emplearse en el mejoramiento de los servicios. El presidente López Obrador propone hacer un avalúo de los inmuebles y ofrecer una oferta a los propietarios para comprarlos. De esta manera, el gobierno mexicano busca poner fin a los contratos perjudiciales y asumir la responsabilidad total de la operación de estos hospitales, garantizando así una atención médica de calidad y eficiente para todos los ciudadanos. Esta medida mejoraría el manejo de los recursos públicos y por lo mismo, se daría mejor atención en los nosocomios del gobierno. 

DESDE EL CENTRO

Activistas a favor de los derechos de los animales trabajan sin ayuda del gobierno. Rebasados muchas veces por los casos de maltrato, exigen que los gobiernos locales volteen a verlos y les brinden apoyo. El caso de Elena Larrea, quien rescata caballos para cuidarlos en su santuario, demuestra que los encargados de velar por una vida digna de los animales, usualmente se quedan cruzados de brazos, argumentando que “no es su área, que ahí no corresponde, que es necesario un paso previo”, etcétera. 

En 4 años, Elena ha rescatado a 42 caballos y a todos los ha llevado a su santuario Cuacolandia, pocas veces con la ayuda gubernamental. Uno de sus últimos rescates fue del club hípico, Equestrian Mover, que pertenece a Juan Javier Moreno López, del municipio Emiliano Zapata, Veracruz, en el que tenían a equinos en un estado deplorable de maltrato extremo. Esperemos que sí haya justicia para estos caballos y muchos más que son maltratados. 

Otro caso es el de Guillermina Galván, de Ensenada, Baja California, quien denunció que la empresa Amaya Curiel destruyó su santuario y asesinó a decenas de perros con maquinaria pesada. A pesar de que las autoridades clausuraron la empresa, en redes sociales hay denuncias de que sigue operando de manera impune. Se busca hacer justicia para los animales maltratados y asesinados. 

Familias de Yucatán denunciaron el despojo de sus tierras y represión del gobierno. Foto: Cortesía.

Por Abigail Correa Cisneros.

El gobierno de Yucatán busca mejorar la calidad de vida de sus pobladores. Pero no de los indígenas mayas, ni de ciudadanos de zonas marginadas.

Es indignante cómo en varias ocasiones la policía ha reprimido a pobladores que se manifiestan en contra de construcciones que sólo afectan al medio ambiente, acaparan el agua y contaminan los cenotes, su única fuente de agua potable.

Este mes, habitantes del municipio Ixil, denunciaron que el gobierno intenta despojarlos de sus tierras. Los pobladores acusaron que la policía intentó dispersarlos con gas lacrimógeno y armas.

Afirman que esos terrenos son ejidales y se utilizan para cultivos y apicultura, por lo que defenderán el espacio que el gobierno pretende ocupar, para construir un fraccionamiento de lujo, obteniendo los terrenos mediante fraudes, denunciaron los habitantes de Ixil.

Mientras tanto, el ayuntamiento no se ha manifestado. Pero la tensión sigue con la presencia de uniformados que custodian más de 300 hectáreas, en las que hasta hace unos días los campesinos cultivaban alimentos y donde ahora se construirán departamentos exclusivos para extranjeros, según denuncian los pobladores.

Los yucatecos temen que se expanda más la gentrificación en el estado, porque prácticamente serán corridos de sus tierras.

Algo similar pasó en febrero, en la localidad maya Sitilpech. Policías llegaron de madrugada para reprimir a los pobladores, que se oponían a una mega granja que estaba contaminando los cenotes. Vivir ahí ya era insoportable. Rodeados de moscas y respirando un aire pestilente, debido al excremento de la granja que desde 2013 se instaló, afectando a mil 400 habitantes. La empresa Kekén, junto con el gobierno, según narran los pobladores, encarceló a ocho activistas mayas. La policía estatal reprimió un campamento conformado por mujeres y donde agentes sin uniforme detuvieron a cuatro jóvenes.

Los activistas del colectivo Esperanza para Sitilpech, siete hombres y una mujer, fueron procesados por “daños a las vías de comunicación cometidos en pandilla”, acusados directamente por el gobierno de Yucatán, que encabeza el panista Mauricio Vila.

La Constitución Mexicana reconoce los símbolos distintivos de los estados y hace dos días el gobernador de Yucatán izó la bandera del estado por primera vez desde hace 182 años. En 1841 se creó la bandera de Yucatán como símbolo de rompimiento con el gobierno central de México.

Las acciones violentas a manos de elementos de seguridad del estado exponen que el gobierno de Mauricio Vila sólo toma en cuenta a los pueblos originarios para la foto.

El portal ZonaDocs publicó que en Mérida “proliferan los proyectos de privadas y fraccionamientos que se construyen sobre tierras arrebatadas a pueblos y ejidos –en más de un caso, mediante la adulteración de títulos y permisos, y haciendo gala de un blindaje político que no se disimula–. Y las superficies de selva arrasada se han vuelto una constante a la sombra de avisos de comercializadores, que publicitan las bondades de sembrar con ladrillos y concreto los ecosistemas aún de pie, del sureste del país”.

Las comunidades de Ixil y Kinchil denuncian los atropellos al derecho sobre sus territorios y que hay mafia inmobiliaria que, en complicidad con las autoridades, opera apropiándose ilegalmente de terrenos de uso común. Supuestamente la alcaldesa Sandra Raquel Pech Chi otorgó documentos que avalan la venta de estos terrenos.

En este presunto despojo están relacionadas las familias Abimerhi y Millet, dueñas de gasolineras y de empresas de transporte y construcción de Yucatán y a quienes se señala por “importantes” contribuciones a la campaña de elección del gobernador Mauricio Vila.

En febrero de este año, y previa denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), las y los vecinos de Ixil lograron la suspensión de un megaproyecto de lotes que la inmobiliaria Aludra pretendía llevar a cabo, sin ningún permiso o aval, sobre más de 700 hectáreas de tierras ejidales cubiertas de monte. Pese a carecer de cualquier tipo de autorización, Aludra incluso llegó a comercializar cerca de 16 hectáreas de esa misma superficie, por un valor de 65 millones de pesos.

Los pobladores solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), la apertura de una investigación sobre las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de los pobladores de Ixil, por la Fiscalía General del Estado de Yucatán y la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP) y la intervención de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el Registro Agrario Nacional (RAN).

Otros municipios están en la misma situación, Kinchil, Seyé, Tetiz, entre otros, en los que prevalece el fraude para despojar de sus tierras a las comunidades.

Se reconoce el crecimiento del Sur de México, para fin de año se inaugurará el proyecto más ambicioso del gobierno federal en este territorio y se presume que beneficie a las comunidades originarias. Sin embargo, las comunidades cercanas parecen ser las más afectadas.

Foto: Cortesía.

Por Abigail A. Correa Cisneros

El reciente reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), dice que de 2018 a 2022 la pobreza en México disminuyó. En este periodo, 36 de cada 100 personas en México estuvieron privados de algún derecho social y su ingreso mensual fue insuficiente para adquirir una canasta alimentaria.

Según el Coneval, entre 2018 y 2022, el número de personas en pobreza pasó de 61.8 a 56.1 millones. Mientras que las personas con ingreso inferior y que estarían en pobreza extrema todavía, pasó de 17.3 a 15.5 millones.

Estas cifras las destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), porque en décadas, la pobreza en lugar de disminuir aumentó. «Demuestra que ha funcionado nuestra estrategia, que se puede resumir en una frase: por el bien de todos, primero los pobres. Y hay menos pobreza y menos desigualdad en nuestro país, esto es un gran logro, creo que ese es el objetivo principal de cualquier gobierno: lograr la justicia y la felicidad del pueblo», dijo.

Se pensaba que tras la pandemia de Covid la situación de los mexicanos empeoraría, pero las cifras del Coneval muestran que 5.1 millones de pobres dejaron de serlo desde 2018. El porcentaje de población en situación de pobreza bajó a 36.3 por ciento en 2022, frente a la proporción de 43.9 por ciento de 2020.

Sin embargo, la carencia que más afecta ahora es el acceso a los servicios de salud. Tras la desaparición del Seguro Popular, que atendía a la población sin seguro social, 64.7 millones de personas se quedaron sin el acceso a los servicios, a lo que el presidente de México se comprometió a mejorar antes de que termine su mandato. 

Las personas que presentaron carencia por acceso a los servicios de salud, pasaron de 20.1 a 50.4 millones de personas. De acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza en México, en 2022, el mayor porcentaje de personas con acceso a los servicios de salud reportó estar afiliado al IMSS (38.3 por ciento); en segundo término, declaró tener derecho a los servicios del INSABI (13.1 por ciento), este último componente estaba dirigido a brindar servicios de salud a las personas sin seguridad social.

Otras cifras son del rezago educativo. Entre 2018 y 2022, pasó de 19 por ciento a 19.4 por ciento, lo que equivale a 23.5 millones de personas en 2018 y 25.1 millones en 2022.

Las cinco entidades con el mayor porcentaje de la población en situación de pobreza en 2022, fueron Chiapas con 67.4 por ciento, Guerrero con 60.4 por ciento, Oaxaca con 58.4 por ciento, Puebla con 54.0 por ciento y Tlaxcala con 52.5 por ciento. En contraste, para 2022, las cinco entidades con menor porcentaje de la población en situación de pobreza fueron Baja California Sur con 13.3 por ciento, Baja California con 13.4 por ciento, Nuevo León con 16.0 por ciento, Chihuahua con 17.6 por ciento y Coahuila con 18.2 por ciento.

Las cinco entidades con el mayor porcentaje de la población en situación de pobreza extrema en 2022, fueron Chiapas con 28.2 por ciento, Guerrero con 22.2 por ciento, Oaxaca con 20.2 por ciento, Veracruz con 13.1 por ciento y Puebla con 11.4 por ciento.

Mientras que las cinco entidades con menor porcentaje de la población en situación de pobreza extrema en este año, fueron Baja California Sur con 0.8 por ciento, Nuevo León con 1.1 por ciento, Colima con 1.2 por ciento, Baja California con 1.3 por ciento y Sonora 1.7 por ciento.

DESDE EL CENTRO

Las políticas actuales de fomento agroecológico y de la agrobiodiversidad, desmontan tendencias nocivas de producción agrícola y alimentación que han dominado durante 50 años. Durante la conferencia 52 del ciclo Autosuficiencia Alimentaria e Innovación Tecnológica, destacaron las acciones que la 4T lleva a cabo para revertir el uso de agroquímicos y esquemas industriales y comerciales que propician que la población se alimente mal. 

Las políticas de antaño propiciaron la pérdida de recursos biológicos, el daño ambiental y a los ecosistemas, la afectación en la fertilidad de los suelos y, al mismo tiempo, daños graves a la salud humana por obesidad, desnutrición y una serie de enfermedades asociadas a la alimentación con productos ultra procesados. 

En la conferencia denominada: La Agrobiodiversidad en la Alimentación Adecuada, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), Daniel Quezada Daniel, destacó que la labor de propiciar y aprovechar la agrobiodiversidad se ha puesto en marcha en este gobierno, por medio de iniciativas donde colaboran instituciones del sector salud, de medio ambiente, agrícola y otros, y por supuesto la Conabio. 

Reconoció: son las familias campesinas las que crean agrobiodiversidad y ésta es fundamental para tener un sistema alimentario saludable, justo y sostenible que beneficia a las generaciones presentes y también servirá a las generaciones futuras… 

El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien enfrenta denuncias por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y por actos de corrupción, será coordinador del Frente Amplio por México en materia de seguridad, dieron a conocer las dirigencias nacionales de PRI, PAN y PRD.

Libros de textos elaborados por la SEP para el ciclo escolar 2023-2024. Foto: Cortesía. 

Por Abigail A. Correa Cisneros.

El intento de los empresarios de manipular a la sociedad les salió como tiro por la culata. La controversia desatada por los nuevos libros de texto que la Secretaría de Educación Pública (SEP) distribuirá a partir de este año escolar, provocó una campaña en contra del gobierno federal que sólo dejó al descubierto la desinformación que hacen algunos medios de comunicación. 

Los comunicadores de TV Azteca quedaron, otra vez, como títeres al intentar desatar pánico en las familias mexicanas y la sociedad en general por un “virus comunista”, como le llamó Javier Alatorre en su noticiero, en su crítica a los libros de texto para el nuevo programa de estudios de la SEP, claramente leyendo un guión creado por los dueños del canal.  

El comunicador fue criticado por influencers y expertos sobre el tema en educación. Pero, además, dejaron al descubierto los motivos reales de la campaña en contra de los libros que se usarán en las escuelas mexicanas este año.   

Las editoriales, que en sexenios pasados estuvieron a cargo de la impresión y distribución de los libros de texto, perderán la mina de oro que significaba este negocio. Hasta mil 500 millones de pesos anuales que se dividieron Santillana, Trillas, SM de Ediciones y Ediciones Castillo, hecho que tiene furiosos a los dueños de estas editoriales. 

Destacó otra vez la preferencia del expresidente Enrique Peña Nieto con los extranjeros, al beneficiar a la empresa española Santillana y a la alemana Verlagsgruppe Georg Von Holtzbrinck Gmbh, otorgándoles los contratos para hacer los libros de texto. Sin embargo, a partir de este año la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP fue la encargada de desarrollar y editar los nuevos ejemplares de texto para la educación básica.

TV Azteca recurrió al desgastado argumento de la imposición comunista en México por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Una amenaza sin pies ni cabeza, usada hace décadas para imponer miedo en la sociedad mediante la figura de una dictadura autoritaria en la que predomina la pobreza y la esclavitud.

La ultraderecha mexicana quiere aprovechar cualquier oportunidad para volver a gobernar y se colgó de la polémica para generar pánico, cosa que también les salió mal. Mediante las televisoras, tratan de mantener a los mexicanos en la ignorancia, hablando de un supuesto comunismo que no existe, porque si partimos de la esencia del término tendría que ser algo positivo para las sociedades, pero este es otro tema.

Precisamente para informar a los mexicanos, el presidente López Obrador dijo que durante las siguientes semanas se darán detalles sobre los libros de texto: “lo importante es ver la esencia de los libros, ver qué tienen, cómo eran antes, cómo son distintos, y la argumentación de los pedagogos. Participaron cientos de especialistas, técnicos, científicos, del Conacyt [Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías], de filosofía, de historia. Va a ser muy importante que se conozca lo de los libros, es una facultad del Ejecutivo lo de la elaboración de los libros, está en la Constitución”.

Por lo pronto, la ultraderecha mexicana quedó en ridículo, pidió arrancar las hojas de estos libros porque “están cargadas de ideología política” afines a López Obrador, como dijo el presidente nacional del PAN, Marko Cortés. 

Los textos pueden ser consultados por quien quiera, para que generen opinión propia y no se queden con la desinformación propagada por los que se quedaron sin chayote o tajadas millonarias otorgadas por gobiernos anteriores.  

DESDE EL CENTRO

En un contexto en el que el cambio climático ya es una realidad y la incertidumbre en los patrones de lluvia y temperatura son cada vez mayores, contar con información en torno a las perspectivas climáticas resulta de suma importancia para la planeación agropecuaria que llevan a cabo los productores y productoras del país. Es por esto que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural realizó en siete estados Mesas Técnicas Agroclimáticas, en las que personal técnico y científico analizó escenarios climáticos y sus efectos en los cultivos de cada una de estas entidades: Estado de México, Veracruz, Yucatán, Michoacán, Campeche, San Luis Potosí y Chiapas… ¡Tierra y libertad! Recordamos con su lema a Emiliano Zapata en su natalicio, quien nació el 8 de agosto de 1879. Fue uno de los principales líderes de la Revolución Mexicana, promotor de las luchas agrarias y sociales. Conocido también como el Caudillo del Sur, promulgó el Plan de Ayala en 1911, documento que suponía una reforma agraria y que incluía la repartición de los latifundios creados durante el porfiriato. 

El Gobernador de Florida, Ron DeSantis, busca la candidatura a la presidencia de EE.UU por el partido republicano. Foto: Getty Images.

Por Abigail A. Correa Cisneros.

La campaña del republicano estadounidense, Ron DeSantis, parece estar estancada. Hace unos días el actual gobernador de Florida se enlistó para la contienda presidencial de Estados Unidos, a llevarse a cabo el próximo año.

Parece que tiene menos ángel que el expresidente Donald Trump, incluso las encuestas lo colocan 30 puntos por debajo en las primarias del Partido Republicano, cuando el año pasado solo le faltaban 10 puntos para estar a la par. 

Mientras tanto, Trump tiene a su favor el 50 por ciento de las preferencias. Será difícil para DeSantis darle alcance, los votantes republicanos siguen adorando al expresidente, incluso con el proceso judicial que enfrenta acusado de 37 cargos por vulnerar la seguridad nacional.

La encuesta de Morning Consult sustenta la caída de DeSantis contra Donald Trump, y en teoría, contra el presidente Joe Biden, quien también buscará la reelección, lo ubica cinco puntos abajo.

El Partido Republicano realizará el próximo 15 de enero las asambleas electorales en el estado de Iowa para escoger al candidato presidencial del partido, un evento con el que dará comienzo el ciclo electoral de 2024 en Estados Unidos, con miras a las presidenciales del 5 de noviembre de ese año.

La primera reacción del gobernador de Florida fue despedir a un tercio de su equipo de campaña, para ver si así consigue renovarse ante los republicanos. Sin embargo, su retórica, similar a la de su principal contrincante en las primarias republicanas, sigue siendo el discurso contra los migrantes. 

El mes pasado aseguró que su estrategia, de llegar a la presidencia, será más dura en cuanto a la política migratoria y criticó a Trump por blando frente a los invasores de su país, como les dicen ellos. Aseguró que usará la fuerza letal para frenar la entrada irregular de quienes cruzan por México. 

Su estrategia, dice, será asegurar la frontera, continuar la construcción del muro y “detener la invasión”. Lo primero que haría sería decretar una “emergencia nacional”, establecer una ley marcial en algunos puntos de los más de tres mil kilómetros de línea y acabar con la “falsedad del asilo”. 

DeSantis promete eliminar los incentivos para los migrantes ilegales, por ejemplo, “empleo, beneficios sociales pagados por los impuestos” y la ciudadanía estadounidense por nacimiento. “Me refiero a esta idea de que puedes cruzar la frontera y dos días después tener un hijo que, de alguna manera, es un ciudadano estadounidense”. 

Su falta de empatía para aquellos que huyen de la violencia de sus países, del hambre, de la falta de empleo, lo llevó incluso a criticar las acciones de Trump durante su gestión como presidente. Dijo que se quedó muy corto en cuanto a las deportaciones y comparó los números con el periodo de Barack Obama: “Me sorprendí cuando me dijeron que hubo más deportaciones los primeros cuatro años de Obama que en la administración de Trump, lo que me pareció increíble”.

El gobernador de Florida dijo que el muro impulsado por Donald Trump ni siquiera se acerca a lo que se necesita. Quién sabe cómo logrará sus objetivos sin reformas constitucionales, porque se ve muy improbable que el poder Legislativo secunde sus iniciativas.

Mientras tanto, en Florida, estado que gobierna Ron DeSantis, sus leyes impulsaron el éxodo de cientos de trabajadores indocumentados. Los sectores de la construcción y el campo son de los más afectados, desde que entró en vigor una nueva ley contra inmigrantes el pasado 1 de julio.

Los latinos optaron por dejar el estado y buscar mejores condiciones en otros lugares de Estados Unidos. 

DESDE EL CENTRO

Representantes de los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá sostuvieron una reunión para acordar las acciones contra el tráfico de fentanilo que ha provocado una crisis, debido a muertes por sobredosis y la violencia generada por su comercialización ilegal. El encuentro fue encabezado por la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien informó durante el encuentro que el gobierno mexicano ha desmantelado mil 788 centros de procesamiento clandestino para la fabricación de drogas sintéticas. Se abordaron otros asuntos, como la migración y el tráfico de armas, tema que ha impulsado el gobierno mexicano para detener el trasiego ilegal de armas de fuego, en especial desde Estados Unidos.

Muro de boyas colocado en el Río Bravo para evitar el cruce de migrantes a Estados Unidos. Foto: Cortesía.

Por Abigail A. Correa Cisneros.

Las acciones en contra de los migrantes en la frontera de Estados Unidos (EE.UU.) y México son violaciones a los derechos humanos. El muro flotante que instala el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, es un nuevo intento para frenar a aquellos que huyen de condiciones deplorables en sus países de origen para enfrentarse en territorio estadounidense a tratos aún más inhumanos.

Y es que el solo acercarse a los límites de México es un riesgo, ya sea por morir de inanición en el desierto o ahogarse en el Río Bravo. Sin mencionar otros peligros como ser asesinados por los mismos “polleros” que les prometen el sueño americano.

Aunado a esto, instalaron cercos con alambres de púas en las orillas del río. El gobierno de México no pudo ignorar más e hizo una petición formal para que Estados Unidos respete el Tratado de Aguas Internacionales de 1944, que en su artículo 17 establece que “el uso del cauce de los ríos internacionales para las descargas de aguas de avenida o de otros excedentes será libre”. El gobierno mexicano también pidió remover las barricadas y cercas de púas desde junio pasado.

Cada vez son más crueles las medidas de las autoridades estadounidenses. Recientemente se supo que agentes estatales fueron impedidos para brindar ayuda a personas que resultaron heridas por el alambre de púas, ni siquiera les fue permitido brindar agua en medio de las altas temperaturas que llegan casi a los 40 grados Celsius.

Medios de comunicación reportaron que el agente de Texas, Nicholas Wingate, comentó en una instancia a un supervisor que cuando se encontró con un grupo de 120 migrantes, que incluía niños y madres amamantando a sus bebés, el 25 de junio en el condado de Maverick -un condado fronterizo de Texas-, él y otro agente recibieron órdenes de “empujar a la gente de regreso al agua para que se fueran a México”.

Han reportado niños heridos por las púas, deshidratados, y aún así los agentes están limitados para brindar ayuda, narraron algunos.

En los primeros meses de este año, Estados Unidos incluyó a México como uno de los principales países en que fuerzas de seguridad violan los derechos humanos. Como dijo entonces nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, “se asumen como el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”.

Los migrantes, una vez que lograron cruzar a su destino, tienen que enfrentarse a una vida de más injusticias y son los niños y jóvenes quienes más sufren. Desde muy temprana edad se les niega el derecho a la educación y a una vida digna. Trabajan en fábricas con jornadas extenuantes en las que por miedo a ser deportados no exigen buenos tratos de los empleadores. Trabajan empacando alimentos, cultivando en los campos y aceptando condiciones que muchas veces son de explotación humana.

“Esta mano de obra ha crecido lentamente durante casi una década, pero se disparó desde 2021, al tiempo que los sistemas implementados para la protección de menores han comenzado a fallar”, reportó el New York Times en una investigación que hizo sobre este tema.

“El Times habló con más de 100 niños trabajadores migrantes en 20 estados, quienes describieron ocupaciones que los molían hasta dejarlos extenuados y que expresaron sus temores ante la posibilidad de estar atrapados en circunstancias que nunca se imaginaron. La investigación del Times también se basó en registros de tribunales e inspecciones y en entrevistas con cientos de abogados, trabajadores sociales, educadores y funcionarios que se encargan del cumplimiento de la ley”.

Las autoridades estadounidenses de algunos estados prefieren endurecer sus leyes en contra de la gente que desde hace décadas contribuye al crecimiento de su economía. Es la situación que se vive en Texas y Florida, por ejemplo. El año pasado se reportó que los menores no acompañados que entraron a Estados Unidos alcanzaron la cifra de 130 mil -el triple del número registrado cinco años antes-.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado estas graves violaciones a los derechos humanos, no solamente en Estados Unidos, también en México y Canadá, países que tienen un acuerdo para controlar la migración que en los últimos años va en aumento. Sin embargo, los Estados, en lugar de buscar mejorar las condiciones de los inmigrantes, las empeoran.

La implementación de políticas restrictivas deja a las personas migrantes y refugiadas sin más opción que emprender travesías más peligrosas. Estas organizaciones informaron que estos últimos años fueron letales en la frontera entre Estados Unidos y México, donde más de 850 personas migrantes perdieron la vida en 2022. El Proyecto Personas Migrantes Desaparecidas calcula que hay siete mil ocho migrantes en paradero desconocido en las Américas, lo que representa un aumento del 55 por ciento respecto de los últimos cinco años.

DESDE EL CENTRO

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), a través de su Servicio de Agricultura Extranjera, solicitó a México demorar la implementación de los cambios a la Norma Oficial Mexicana (NOM) 187 para prohibir el uso de maíz transgénico en productos de consumo humano; así como presentar “evidencia científica” que respalde la medida. Estados Unidos dijo que “le preocupa que esta medida no se base en la ciencia y amenace con interrumpir el comercio”, por lo que “solicita la documentación” y la “evidencia científica” pertinentes, entre ellas la evaluación de riesgo que México consideró al desarrollar la medida propuesta, estudios relevantes y opiniones de expertos…

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural creó la Comisión Sectorial de Normalización Agroalimentaria como instancia consultiva en el apoyo técnico para el desarrollo y creación de estrategias en la elaboración, modificación o cancelación de normas oficiales mexicanas y de estándares, del ámbito de competencia de la dependencia federal. Con su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Agricultura precisa las políticas, criterios y lineamientos generales que deberán observar las áreas técnicas coordinadoras de los subcomités y grupos de trabajo integrantes del Comité Consultivo Nacional de Normalización Agroalimentaria. Además de determinar los criterios y políticas para la integración de temas en el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad y su Suplemento de cada año, y fungir en la planeación, elaboración y edición de material de investigación o informativo relacionado a la normalización y estandarización agroalimentaria.

Marcelo Ebrard durante la presentación del plan de seguridad denominado “Ángel”. Foto: Cortesía.

Por Abigail A. Correa Cisneros.

El aspirante a la candidatura a la presidencia por Morena, Marcelo Ebrard Casaubón, presentó un moderno plan de seguridad pública con el que hará de la tecnología un arma a favor de las fuerzas encargadas del orden en México.

La violencia sigue siendo uno de los pendientes del gobierno actual. En este sentido, el ex canciller dio a conocer detalles de sus planes para combatir este mal. Dado a conocer como “Plan Ángel” que consiste en “avanzadas normas de geolocalización y seguridad”, que utilizaría tecnologías probadas con éxito en otros países.

Entre ellas se encuentra el uso de la tecnología para el reconocimiento facial en vía pública, identificar sitios donde se haya disparado un arma, detectar armas, reconocer mediante datos fisonómicos a delincuentes, así como la dedicada a rastrear vehículos.

También se plantea que la Guardia Nacional emplee drones y porte cámaras inteligentes en sus uniformes, además de la puesta en marcha de una aplicación basada en inteligencia artificial, que conecte las bases de datos del país necesarias para la seguridad pública y la procuración de justicia.

Según expertos, el uso de la tecnología en seguridad pública es una necesidad imperante para la seguridad de los mexicanos a partir de soluciones basadas en la Nube, el Internet de las Cosas (IoT), Inteligencia Artificial y la Geolocalización. Los sistemas de videovigilancia, el mapeo de delitos y violencias son en la actualidad herramientas para la prevención, disuasión y control e investigación, por esto resulta interesante la propuesta presentada por Marcelo Ebrard.

Actualmente se utiliza la videovigilancia para actuar de manera rápida contra delitos como asaltos, robos y secuestros. Hace un par de años, el gobierno federal hizo una alianza con Google y Amazon Web Services (AWS) para proveer el Servicio de Localización de Emergencias a través de una puerta de enlace a la nube AWS de alta seguridad, todo en tiempo real, esto permite localizar de manera instantánea y precisa a ciudadanos que llaman al 911 a través de su dispositivo móvil.

Inició en 2019 y el primer año del Servicio de Localización en Emergencias de Android (ELS, por sus siglas en inglés), los Centros de Atención de Llamadas de Emergencias (CALLE) procesaron 1 millón 322 mil 994 llamadas de emergencia y efectuaron más de 135 millones de geolocalizaciones automáticas y dinámicas en los 18 estados del país que ya cuentan con él, cambiando la manera en que las autoridades ofrecen servicios de emergencia inteligentes, seguros y gratuitos para el bienestar de las personas.

Pero estar vigilados en todo momento también se interpreta como una violación a los derechos humanos. Varios países cuentan con este sistema; sin embargo, comienza a analizarse el hecho de que los sistemas de videovigilancia “pasan a ser un elemento represivo, debido a que resguardan la información por un tiempo determinado para luego, ante la ocurrencia de un hecho delictivo o su sospecha, proceder a buscar en los registros de imágenes para individualizar a los sospechosos del resto de la sociedad”.

Es decir, recurre a prácticas que atentan contra el derecho de los ciudadanos a la privacidad y a no ser discriminado, y no siempre se tiene la garantía de que un delito registrado por una cámara será debidamente procesado ante las instituciones correspondientes. Estos son debates que deben abordarse a profundidad desde el Gobierno y la ciudadanía.

DESDE EL CENTRO

A cinco meses de arrancar el programa Fertilizantes para el Bienestar a nivel nacional, el número de beneficiarios atendidos ya superó el millón, al sumar un millón 030 mil 592 agricultores y continúa la entrega del insumo en tiempo y forma, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. La dependencia federal apuntó que a la fecha se ha superado el número de productores atendidos en ejercicios anteriores y la meta de este año es entregar un millón de toneladas del insumo para atender una superficie superior a tres millones de hectáreas de granos básicos en las 32 entidades del país.