Luego de que algunas señoras los confrontaran, los policías se comunicaron en clave con sus superiores y se retiraron del lugar sin haber realizado ninguna detención
Julia Alejandra García (Santa Cruz de la Soledad, Jal).- Policías de Chapala al parecer intentaron arrestar a ejidatarios de Santa Cruz de la Soledad por difundir información respecto a la presunta obtención fraudulenta de 143 hectáreas del ejido con dinero del Sistema de Pensiones del Estado, el 8 de octubre.
El secretario general de la Federación General de Trabajadores de Estados y Municipios (FGTEM), Cuauhtémoc Peña Cortés, quien estuvo presente en aquel momento, atestiguó que los policías llegaron para preguntar qué estaban haciendo, al momento de repartir el periódico de la federación donde se denunciaba el caso del ejido de Santa Cruz y otras poblaciones de Jalisco.
Después llegó otra patrulla con un “comandante” a quien le explicaron que estaban ejerciendo su derecho constitucional de libertad de expresión, repartiendo el periódico editado por la federación.
Los policías pidieron que acudieran con ellos para que explicaran al juez municipal lo que estaban haciendo cuando trascurrían las 14:15 horas.
Peña Cortés acompañado de representantes de otros sindicatos, personal de Derechos Humanos, del Poder Judicial y del IJAS, cuestionó a los agentes cuál era la falta administrativa o delito por el cual se los pretendían llevar con el juez municipal a lo que no respondieron.
En ese momento, tanto pobladores como ejidatarios cuestionaron a los municipales la actitud que consideraron represiva hacia quienes repartían el periódico, donde se informa del uso de 390 millones de pesos del fondo de pensiones de los trabajadores del Estado para la adquisición de 143 hectáreas de los cerros ejidales del Junco y el Cántaro.
Luego de que algunas señoras los confrontaran, los policías se comunicaron en clave con sus superiores y se retiraron del lugar sin haber realizado ninguna detención.
Este sistema ya se ha replicado en otras partes del estado como Chalacatepec, donde se despoja a los ejidatarios de las tierras para invertir en desarrollos inmobiliarios y turísticos con dinero de los trabajadores del estado, en beneficio de particulares.
En el caso del ejido de Santa Cruz, las intenciones de revocación de la mesa ejidal encabezada por Martha Rodríguez García por parte de la Procuraduría Agraria y ejidatarios de la anterior mesa ejidal es para que no se le exijan cuentas de la administración del comisariado 2011-2014, representado por José Asunción Lomelí Cortés.
Lomelí Cortés es acusado de no haber entregado las cuentas de la casa ejidal, así como de la venta ilegal de más de 143 hectáreas que corresponden al cerro conocido como el Junco, a través de engaños a ejidatarios de la tercera edad y falsificación de firmas para tal propósito.
Rodríguez García asegura que la anterior mesa ejidal vendió el Junco a 19 personas, quienes, a su vez, vendieron a una empresa llamada Santa Cruz Inmobiliaria de Chapala SA de CV. Después se hizo un fideicomiso en el banco Banamex por 267 millones de pesos y de manera posterior los ejidatarios de Santa Cruz se dieron cuenta que Pensiones del Estado tiene el propósito de invertir 390 millones.
Al momento, la mesa ejidal presidida por Rodríguez García lleva un juicio en el que juega la revocación de su cargo tras un año de gestión y de demostrar el fraude en el que participa el Sistema de Pensiones y funcionarios de la Procuraduría Agraria.
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